Archivo de artículos de Fernando Esponda
El otro día volvía a mi casa en el 175 y no pude resistir la tentación de chusmear, parado en mitad del ómnibus, lo que una señora sentada leía en una tablet del tamaño de una cuadernola. No fue difícil, dada la ostentosa posición con la que la señora sostenía su tablet. El libro en cuestión era Las fuerzas armadas al pueblo oriental, un texto de 1976; el capítulo: “Propaganda comunista”.
Hace diez años no hubiera dudado de que se trataba de una historiadora, que repasaba aquel texto con curiosidad académica. El otro día tuve una sensación diferente: sentí que la señora estaba leyendo el texto de la dictadura como una fuente razonable de ideas.
Para distraerme, me puse a ver el celular. El algoritmo, que todo lo escucha y todo lo percibe, me puso en pantalla tres videos al hilo: uno de Donald Trump, otro de Javier Milei, otro de José Antonio Kast. Miré el celular, miré la tablet, miré el celular. Sentí que una revelación se presentaba frente a mí, similar a la que tuvo Newton cuando, al pegarle la manzana en la cabeza, se le ocurrió que la misma ley que regía la caída de la fruta debía explicar el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Hay acaso una fuerza superior que empuja al mundo en una dirección, y en su movimiento arrastra también a Uruguay?
Para llevar a números este intangible clima de época, actualicé un gráfico que había armado hace un par de años. El gráfico muestra el movimiento pendular de la orientación ideológica de los gobiernos sudamericanos en las últimas cuatro décadas, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
Hace 40 años, el péndulo de la democracia se lanzó desde el lado derecho, bajo la moda neoliberal del consenso de Washington y la caída del muro de Berlín. Atravesó en movimiento la década del noventa para llegar, en los albores del nuevo siglo, al otro extremo, en lo que se conoció como “la marea rosa”.
La marea rosa comprendió una década que incluyó a Tabaré Vázquez y José Mujica, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Evo Morales, Lula y Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Fernando Lugo, Ollanta Humala, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La izquierda estaba de moda y gobernaba en toda Sudamérica.
Allá por 2015, el péndulo desaceleró y comenzó su vuelta, ingresando en la década de la alternancia. Los oficialismos perdían sistemáticamente, en un extendido y sudamericano ping pong entre izquierda y derecha. Así llegamos al día de hoy, con el péndulo nuevamente en un extremo, con nombres como Milei, Kast, Daniel Noboa, Abelardo de la Espriella o Keiko Fujimori en la presidencia de los países sudamericanos.
Así las cosas, el año 2026 puede terminar con dos escenarios posibles. El primero es que en Brasil gane Lula en octubre y sea presidente por cuarta vez, lo que dejaría dos gobiernos de izquierda en Sudamérica. El segundo es que pierda, dejando al Frente Amplio como el único partido de izquierda en el gobierno, la aldea de Astérix y Obélix en la resistencia gala. En cualquiera de los dos escenarios, 2026 será el año con la menor proporción de gobiernos democráticos de izquierda del siglo XXI. Uno o dos, no más.
Hay quien matiza esta idea planteando que en realidad la caracterización correcta de la actualidad sudamericana sigue siendo la alternancia, la pérdida de los oficialismos con independencia de su signo ideológico. Que esta situación de vuelco a la derecha es casual, que las elecciones de Perú y Colombia fueron muy reñidas.
Creo que este enfoque contiene parte de la verdad, pero no toda. Porque el movimiento del péndulo no solo refiere a la proporción de gobiernos de derecha, sino también a la intensidad con la que se afirma la posición ideológica.
Observemos la diferencia entre los gobernantes de derecha de la primera y la segunda ola de derecha. En Argentina, Macri hablaba de “gradualismo” y del “sinceramiento” de tarifas; Milei plantea que “el Estado es una organización criminal” y que “la justicia social es una aberración”. En Brasil, Temer administraba con el lenguaje de la “responsabilidad fiscal” y de “modernizar” las leyes laborales; Jair Bolsonaro dijo preferir un hijo muerto que homosexual y dedicó su voto por el impeachment de Dilma a la memoria de su torturador. Su hijo Flávio Bolsonaro, al lanzar su candidatura presidencial, prometió, entre lágrimas, honrar el legado paterno y dejar que sea su padre –actualmente preso por liderar un intento de golpe de Estado– quien le coloque la banda presidencial. En Chile, Piñera sostenía un discurso de estabilidad y meritocracia, y declaró haber votado “No” en el plebiscito que pretendía continuar la dictadura de Pinochet; Kast dice “Pinochet votaría por mí”, prometió expulsiones masivas y un muro en la frontera. En Colombia, Duque hablaba de “seguridad democrática” y “emprendimiento”; De la Espriella dice: “A esta plaga sarnosa de los zurdos hay que tratarlos como enemigos” y se saca fotos caminando entre cadáveres.
¿Qué pasa con el resto del mundo? Si bien el eje izquierda-derecha es más difuso, podemos identificar algunas tendencias.
En la última cumbre entre las dos potencias mundiales, Xi Jinping le dijo a Trump, con elegancia milenaria, algo brutal: que tenían que evitar caer en la trampa de Tucídides. Esta trampa es un fenómeno definido por el politólogo estadounidense Graham Allison, quien identificó que cuando un imperio sucede a otro, en general hay una guerra. O sea, Xi Jinping dijo dos cosas: primero, “se terminó su imperio, ahora viene el nuestro”; segundo, “no entremos en una guerra entre nosotros”.
Por suerte –toco madera– el mundo no está en una guerra mundial. Sin embargo, hay guerras. Primero, la guerra tradicional: actualmente hay más conflictos interestatales activos que en cualquier momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.1 Segundo, la guerra comercial: las tarifas comerciales impuestas por Estados Unidos son las más grandes desde la gran depresión de 1930 (el péndulo es también intensidad; el segundo Trump no es igual al primer Trump).
La solución a los problemas globales y disputas entre naciones mediante organismos supranacionales y derecho internacional cotiza a la baja; el multilateralismo está en crisis. En Latinoamérica vivimos el corolario Trump de la doctrina Monroe. Entre el río Bravo y la selva del Darién, si bien la izquierda gobierna en países como México y Guatemala (en donde, como un chiste de excepcionalidad, el presidente es uruguayo), el presidente más famoso y ejemplo para muchos es Nayib Bukele, conocido por su radical estrategia de seguridad. En Europa, hace dos meses El País de Madrid titulaba: “A principios de siglo, casi el 70% de los ciudadanos de la Unión Europea vivía bajo primeros ministros de la órbita socialdemócrata; hoy, esa cifra se limita al 10%”. En los últimos días, la ultraderecha alemana logró una victoria histórica en las elecciones del estado alemán de Sajonia-Anhalt, situado en el este del país, quedando a las puertas de gobernar un estado alemán por primera vez desde el Tercer Reich.
En la dimensión cultural, la izquierda norteamericana hace una década utilizaba el término woke como símbolo de lucha contra el racismo, extendiéndose luego para abarcar temas como la desigualdad de género y los derechos de personas LGTBIQ+. Hoy en día, el término woke se dio vuelta; es usado mayoritariamente por la derecha norteamericana, de forma peyorativa, como burla frente a una tendencia izquierdista que debe ser combatida.
Hace una década, Conrado Hughes, de los pocos autodefinidos de derecha en esa época, decía: "En Uruguay, la izquierda logró ponerles tantas tachaduras a la derecha, que nadie se anima a decir que es de derecha". Circulaba en ese momento un aforismo que separaba a las personas en dos tipos: los que se decían de izquierda y los que decían que no existía la izquierda y la derecha (o sea, los de derecha). Tal era la victoria cultural de la izquierda.
Hace unas semanas, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez resumía un cambio: “Ya la derecha no es mala palabra. Entonces ahora le ponen un adjetivo, un apellido: derecha violenta. Porque ya derecha no es mala palabra, porque se percibe que esas ideas tienen más aceptación, sobre todo en los jóvenes”.
Sin embargo, y esto es bien interesante, el principal líder de la derecha uruguaya no se planta sobre una línea dura. Por el contrario, en su último discurso público, Luis Lacalle Pou hizo un discurso generalista, fuera de la coyuntura, elíptico, autodefiniéndose como “profundamente humanista”. Lejos de acercarse a las formas de Milei, Kast o de la Espriella, se reafirmó retóricamente en la derecha de la primera ola.
Por tanto, la derecha uruguaya no se esquina, sino que abre las alas, hacia la derecha y hacia el centro. Todavía sobre la base de los partidos tradicionales, ya que no tiene, por el momento, un nuevo partido o outsider que le compita por derecha.
En este mundo, en esta Sudamérica y en este Uruguay, la izquierda uruguaya encara su cuarto gobierno. Múltiples discusiones la atraviesan, en un contexto de baja aprobación gubernamental, discusiones sobre la gestión, sobre la comunicación y sobre las políticas que desarrolla o que debería desarrollar. Entre restricciones fiscales y minoría parlamentaria desde la primera hora, tiene dificultades para concretar en el presente e infundir esperanza sobre el futuro.
En cualquier caso, más allá del peso relativo de cada uno de estos elementos, creo que ningún diagnóstico –y por tanto ninguna línea de acción– resultará acertada si olvidamos el marco en el que vivimos actualmente. Si olvidamos que en este momento estamos atravesando la hora mundial de la derecha.
Fernando Esponda es economista. Este artículo fue publicado originalmente en Razones y personas.
El documento elaborado para el congreso del Frente Amplio de octubre es un excelente documento con muchos elementos de diagnóstico; allí encontré referenciados un par de documentos que sostienen este clima de guerra: Stockholm International Peace Research Institute: Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges (2025); Institute for Economics & Peace. Global Peace: Identifying and Measuring the Factors that Drive Peace, Sídney (2025). ↩
Uno sabe que, inexorablemente, en un momento de la vida llegará a ser un viejo de mierda, una persona que no comprende el mundo que lo rodea y, por tanto, todo le parece mal y se queja. Lo que no esperaba es que antes de cumplir 40 años ya empezaran a asomar reacciones de este tipo en mi persona. Pero debo aceptarlo. Luego de atomizar a mi entorno cercano con esta obsesión he decidido como terapia volcar al texto mi hastío: ya no se puede leer nada, todo lo escribe Chat GPT.
¿Cuál es el problema, si ahorra tiempo y el resultado es impecable? El problema es que su uso excesivo produce textos sin alma, con una proliferación de algunas estructuras sintácticas que, repetidas ad nauseam, terminan mostrando la misma redacción en todos lados, agotando la lectura.
Un día leí que los chicles tardan 20 años en biodegradarse, y detecté que las veredas estaban llenas de restos endurecidos. Desde ese día no puedo parar de ver los chicles que, como manchas negras, forman parte del camino. En las veredas montevideanas hay por lo menos un chicle por metro cuadrado, y frente a los liceos se puede llegar a ver hasta 10 chicles por baldosa.
Como los chicles, hace poco me di cuenta de que un texto repetía sistemáticamente una estructura sintáctica particular, y desde ese día no puedo parar de verla. Una negación seguida de una afirmación. En vez de decir “tal cosa es Z”, los textos ahora dicen “tal cosa no es X; es Z”. Ejemplifico: en vez de escribir “El ajuste es transitorio”, se escribe “El ajuste no es permanente; es transitorio”.
La estructura está buena, el contraste enfatiza el punto, la frase da un par de pasos hacia atrás, toma impulso y salta. El problema es que cuando lo toma la inteligencia artificial (IA), abusa. Abusa al punto de que lo usa en todos los párrafos.
Hermana de esta estructura es la forma “tal cosa no es solo X; es Z”. Ejemplifico: en vez de simplemente escribir “La propuesta es una redefinición del sistema”, se escribe “La propuesta no es solo un cambio administrativo; es una redefinición del sistema”. Aquí se potencia la expresión, no mediante la introducción de una negación que antecede a la afirmación, sino mediante una expresión menor que antecede a una mayor. También la frase toma impulso antes de saltar. Lindo recurso, pero que usado de forma abusiva por la IA vuelve al texto infumable.
Apuesto una cena a que el uso de los dos puntos en artículos de prensa ha tenido un salto exponencial en los últimos meses. El culpable es otra estructura sintáctica amada por la IA. En lugar de escribir “el plan no alcanza”, comienzan a pulular cosas como: “La conclusión es clara: el plan no alcanza”.
La frase busca causar impacto, prepara el terreno para la afirmación, hace una pausa mientras el público espera en silencio, para finalmente descorrer el telón y presentar bajo grandes luces la idea. ¿Y cuál es el problema? De nuevo, el abuso. La obra no puede tener diez protagonistas, no se puede estar presentando todo el tiempo triunfalmente lo que se va a decir, como hace la IA, ese abusador serial de estructuras literarias efectistas.
No hay dos sin tres, dice un dicho que seguro le encanta a la IA. La estructura “A, B y C” es su santísima trinidad. Es difícil que en un párrafo de Chat GPT no aparezca una lista de tres cosas. Como la heladera, una vez que uno se da cuenta de que suena, no puede parar de escucharla.
Le pido que me escriba un artículo sobre las playas uruguayas: “Las playas de Uruguay se destacan por su amplitud, su ambiente tranquilo y la diversidad de paisajes a lo largo de la costa.” De la papa: “Es una fuente accesible de energía gracias a sus carbohidratos complejos, aporta potasio y contiene fibra”. Sobre la selección uruguaya: “El equipo muestra una mezcla de presión alta, transiciones rápidas y mayor protagonismo con la pelota que en ciclos anteriores”.
Hay un símbolo para detectar el uso de IA que me gusta mucho. Para conocerlo entremos un momento en el apasionante mundo de la ortografía.
El idioma español tiene un signo ortográfico llamado raya, que se usa para establecer diálogos o para aislar fragmentos que introducen información complementaria o accesoria en el enunciado principal (de forma similar al paréntesis, aunque la raya implica un grado de separación menor con respecto al contenido principal). Es una línea horizontal, como el guion, pero más larga.
Para escribir la raya en el teclado suelen usarse dos opciones: presionar la tecla “-” (nivel principiante), o tocar la combinación de teclas “Ctrl + -” (nivel escritor avanzado). Sin embargo, ninguna es correcta para escribir la raya. El símbolo que aparece con la primera opción es un guion, mientras que con la segunda opción aparece un símbolo que estrictamente no pertenece al español, sino al inglés, y que aquí llamaremos “guion medio”. Técnicamente, para escribir la raya debe presionarse “Ctrl + Alt + -“ (nivel cinturón negro de escritura) o “Alt + 0151” (nivel Premio Nobel de Literatura).
Claro, a muy pocos seres humanos se les ocurre tocar “Ctrl + Alt + -” o “Alt + 0151” mientras están escribiendo. La raya es habitual en textos de libros que pasan por procesos editoriales, pero no aparece naturalmente en otros formatos. Salvo que la escriba alguien que no presiona teclas para escribir: la IA. Por eso, cuando aparece un guion más largo de lo común, se está ante un avezado usuario del idioma español... o frente a un texto hecho por Chat GPT.
No soy un negacionista de la IA. La uso a diario, me ha ayudado a organizar información, a buscar normativa legal, a escribir informes, a identificar plantas y víboras, a arreglar la bordeadora, a diseñar piñatas de cumpleaños, a hacer una imagen para mostrar cómo se distribuye la plata de la comisión fomento, a armar bitácoras de viaje. También me ha ayudado a escribir este artículo, para investigar las diferencias entre el guion y la raya y cómo se escriben en Word.
Sin embargo, también me causa un gran hastío toparme con textos que abusan de la herramienta. El uso excesivo de Chat GPT para generar un texto, sobre todo cuando la escritura no solo es un medio (como un correo o un resumen interno), sino un producto en sí mismo (un artículo de prensa), resulta tedioso. Somos testigos de una fábrica de textos plagados de negaciones que preceden afirmaciones, preparaciones de remates enfáticos, listas de tres cosas y rayas...
La IA no es un salto tecnológico más; es una verdadera revolución. No solo ayuda a ordenar ideas; escribe textos impactantes. Ofrece párrafos claros, precisos y ordenados. Y en ese camino que nos permite escribir sin esfuerzo —y cada vez más rápido y fácil— va dejando un paisaje homogéneo, donde todos usamos la misma voz.
Fernando Esponda es economista.
Me pasó en un par de asados durante 2025. Apenas servidos la picadita y el primer vaso de cerveza, surgía la discusión sobre la propuesta del 1% impulsada por el PIT-CNT. Con presteza, varios amigos manifestaban su apoyo a la propuesta, opinando que era importante dirigir dinero de los ricos hacia los niños pobres. Una medida razonable y de izquierda.
En ese momento yo manifestaba mi acuerdo con la intención redistributiva y decía que por eso me parecía bien la orientación del presupuesto presentado por el gobierno. Acto seguido, un silencio invadía el asado, interrumpido solo por el crujido de las papas chips... hasta que alguien preguntaba qué tenía que ver el presupuesto con el 1%.
Vivíamos una situación extraña. En diferentes lugares se discutía una propuesta que planteaba recaudar 600 millones de dólares de sectores de altos ingresos y volcar más recursos para la infancia y adolescencia, al mismo tiempo que en el Parlamento se discutía una propuesta que planteaba recaudar 600 millones de dólares de sectores de altos ingresos y volcar más recursos para la infancia y adolescencia. Por un lado, el 1%; por otro lado, el presupuesto. Dos universos paralelos, similares, propuestos por la izquierda, absurda y extrañamente desconectados.
En el presupuesto se destacan tres nuevas fuentes de ingresos: la renta de multinacionales con facturación anual mayor a 750 millones de euros, las ganancias de capital de activos en el exterior de residentes uruguayos y la distribución de dividendos de empresas uruguayas a socios o accionistas residentes en el exterior. ¿Complejo? Simplifiquemos: los aumentos de ingresos provienen del 1% de las empresas del mundo, del 1% de los uruguayos y del 1% de los extranjeros. Tres 1%.
¿Por qué mientras en el presupuesto se promovían las transformaciones tributarias más profundas de los últimos 18 años, teniendo como principal fuente los tres 1%, volaba en el ambiente de izquierda cierta desazón porque el gobierno no quería gravar al 1%? Las siguientes líneas indagan sobre esta pregunta, explorando el tono de la presentación pública, el énfasis en la relocalización tributaria y la multiplicidad de objetivos, y la forma en que todo ello se vincula con la narrativa y la épica frenteamplistas.
El 31 de agosto de 2025, las modificaciones tributarias del presupuesto no fueron presentadas con un tono revolucionario, no sonaba la internacional en los pasillos del Palacio Legislativo. En materia tributaria se enfatizó que los principales cambios no implicaban pagos adicionales, sino que simplemente localizaban en Uruguay impuestos que de todos modos se pagaban en otros países.
Esta postura comunicacional tiene tres grandes fundamentos. El primero es que el tono del presidente y el gobierno nunca ha sido revolucionario, ni rimbombante, ni superlativo; lo sorprendente sería otra cosa. El leit motiv del gobierno es la revolución, sí, pero de las cosas simples.
Segundo, porque luego de una década de crecer al 1% anual –lejísimos del 5% de la década anterior– la preocupación por el crecimiento económico ha cobrado una relevancia capital para el gobierno de izquierda. Las señales sobre el clima de negocios y la inversión son especialmente atendidas en la política económica.
Tercero, y más importante, porque por primera vez en su historia el Frente Amplio debía aprobar un presupuesto sin mayoría parlamentaria. La necesidad de conseguir votos extrapartidarios influye en el tono en el que un gobierno presenta los temas, más aún los tributarios, más aún si necesita aprobar el presupuesto nacional.
Estas decisiones comunicacionales (nótese que no utilizo el término errores, sino decisiones), vinculadas con el tono y con la concreción parlamentaria, restaron épica a la propuesta presupuestal.
A la propuesta del 1% se le han hecho dos grandes críticas: que no recaudará lo que estima y que tiene el riesgo de espantar inversiones. Ambas surgen de la movilidad que tienen los superricos “uruguayos” (entre comillas, muchos son extranjeros con residencia fiscal uruguaya, pocos saben jugar al truco con muestra).
Los defensores de la propuesta no eluden el punto. Reconocen que el sistema impositivo es un tema delicado porque puede afectar inversiones; aceptan que podría haber desvíos de capital, no a Europa, a Brasil o a Argentina, pero sí a Paraguay, a Panamá o al mundo árabe. Sin embargo, argumentan que estas fugas serían pequeñas, por lo que consideran buena la propuesta. Como contrapartida, otros colegas temen que el efecto sería importante, que muchos superricos cambiarían su residencia y que el resultado sería un impuesto con baja recaudación y menos inversiones.
Este es el quid de la cuestión tributaria, mucho más instrumental que moral, aquí y en el resto del mundo. La forma ideal de zanjar la discusión es el establecimiento de un impuesto mínimo global para que los superricos paguen sin importar dónde estén, como el que Gabriel Zucman propuso ante el G20 hace dos años. Esta idea se inspira en el impuesto mínimo global para las multinacionales, que luego de años de discusión aprobó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precisamente el que el presupuesto toma para su propuesta tributaria.
Paradoja de la narrativa: cuando por fin se concreta un impuesto mínimo global, el énfasis retórico de la aplicación nacional se desplaza de la justicia tributaria hacia la relocalización tributaria. Es más sencillo, además de cierto, argumentar que localmente no se agrega un nuevo impuesto, sino que se localiza internamente uno existente que se pagaría de todas formas en otro país. La condición que hace posible el cobro del impuesto –el acuerdo supranacional– también facilita el abandono de la narrativa que lo justificó en su origen. La épica redistributiva es sustituida por un frío ejercicio de ingeniería tributaria.
Si bien la movilidad de los ricos enfrenta dos bibliotecas, existe un punto de la propuesta del 1% sobre el que no hay cuestionamientos. Un aspecto que no solo no tiene dos bandos, sino que ha implicado un consenso nacional, amplio y absoluto. Intuyo que la ausencia de críticas obedece a que es políticamente estúpido hacerlo. De todas formas, arriesgo y pregunto: ¿es razonable destinar un eventual ingreso de 600 millones de dólares (¡600 millones!) únicamente a la pobreza infantil?
¿Y más recursos para la seguridad, principal preocupación de la ciudadanía? ¿Y la Universidad de la República (Udelar), que solicita un importante incremento presupuestal? ¿Y la ciencia y tecnología? ¿Y el Poder Judicial? ¿Y el control medioambiental? ¿Y la salud mental? ¿Y el creciente problema de las personas en situación de calle?
No son meras preguntas retóricas, ni para contraponer pobres contra pobres, sino para ilustrar una diferencia sustancial con la propuesta presupuestal. El presupuesto prioriza a la infancia y la adolescencia, a las que dedica la mayor parte de los nuevos gastos, es verdad, pero también atiende múltiples quioscos: seguridad, vulnerabilidad social, salud, educación, crecimiento, vivienda… Cualquiera de estas áreas de política tendría mejoras sustanciales si los 600 millones de dólares fueran solo para allí. El problema es que Uruguay no tiene solo un desafío, tiene varios.
Además de todo esto, hay otro objetivo al que van los nuevos ingresos del presupuesto: bajar el alto déficit fiscal heredado. Este es el destino menos épico posible, nunca nadie ha escrito ni escribirá en una pancarta “¡Equilibrio fiscal YA!”. Pero la dura verdad es que el déficit está allí y hay que financiarlo.
La multiplicidad de objetivos, y por ende la atención parcial a cada uno, es otro factor que resta épica al presupuesto y reduce su capacidad de enamorar.
2025 fue el año en que la izquierda presentó su cuarto presupuesto. De los cuatro, este ha sido el que enfrentó las mayores restricciones fiscales, el que propuso más cambios tributarios y el único que no tenía mayoría parlamentaria. Pese al desafiante escenario, logró la aprobación de sus cambios tributarios bajo un tono conciliador, enfatizando la relocalización tributaria y aportando recursos para múltiples objetivos. 2025 fue también el año en el que el movimiento sindical presentó su propuesta del 1%. Hacía muchos años que no confluían en el debate público propuestas tributarias de la envergadura de las que tuvimos en 2025.
En su nota “Impuestos y relatos: breve experimento mental”, Gastón González describe un universo paralelo con los roles cambiados. El movimiento sindical propone gravar al capital transnacional, mientras que el gobierno impulsa el aumento de una alícuota del impuesto al patrimonio. El ejercicio es fascinante: un universo inverso al nuestro, verosímil, con los instrumentos y las retóricas cruzadas, que nos invita a pensar qué tanto las discusiones son morales, qué tanto instrumentales y qué tanto retóricas.
“¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?”. Desde el fondo de los tiempos continúa resonando la protesta del profeta, fijada para siempre en las páginas del Antiguo Testamento. La acumulación de riqueza llega a niveles absurdos en el mundo contemporáneo, y la denuncia de esta injusticia histórica es más válida que nunca. La pobreza infantil, la distribución del ingreso y la progresividad del sistema tributario son cuestiones centrales para la izquierda y objeto de debate permanente. Transformar la realidad requiere transitar un equilibrio fino para la izquierda gobernante; un camino que permita expandir el menú de posibles políticas, sí, pero al tiempo que se consolida y defiende lo logrado.
Fernando Esponda es economista.
Me propongo, aprovechando el pasaje de posta entre diputados y senadores, escribir un artículo sobre el presupuesto nacional. Me imagino describiendo las nuevas políticas incluidas en el proyecto, comenzando por el nuevo bono escolar, el aumento del bono crianza para menores de 3 años, la multiplicación de becas estudiantiles, la incorporación de personal policial, la atención a personas en situación de calle...
En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia
...continuaría versando con entusiasmo sobre la incorporación del impuesto mínimo global, los cambios en el levantamiento del secreto bancario, la nueva regla fiscal...
Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él
...seguiría fluyendo sobre temas más concretos como el nuevo programa de ciencia e innovación, la aplicación gratuita de la vacuna contra el meningococo, la apertura de fiscalías de cibercrimen y género...
Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos
...y finalizaría con la explicación de temas variados, desde el plan nacional de bioinsumos al divorcio express, desde la lucha contra la garrapata a los despachantes de aduana.
En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. Jorge Luis Borges (1946), "Del rigor de la ciencia".
Me detengo antes de comenzar, antes de entrar en un camino sin salida. La descripción de todas las medidas y políticas no es buena idea; el artículo, eterno, sería un mapa total, tan largo como el propio presupuesto, y por tanto inútil.
Pienso entonces en otra opción: detenerme sólo en una parte del presupuesto, la más importante. Educación me parece importante, dedicaré entonces un artículo a detallar el presupuesto de los organismos como Udelar, Anep y UTEC...
Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo
...aunque quizás sería mejor analizar la seguridad, también muy importante, mirando sólo el Ministerio del Interior, junto con Fiscalía, el Poder Judicial y el Inisa...
A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas
...siempre me ha interesado la salud, ¿y si analizo sólo el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y ASSE?
Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges (1960), epílogo de "El hacedor".
¡Nuevamente, un camino sin salida! ¿Cuáles serían los organismos “importantes”? La elección tiene demasiada subjetividad, con este método no explico el presupuesto, sino la parte del presupuesto importante para mí. Construiría un mapa parcial, por tanto, inútil para entender el presupuesto en su integralidad.
Intento de nuevo, ¿qué es un presupuesto en lo esencial? Es un instrumento, un norte hacia donde avanzar, un plano hijo del cruce entre una orientación política y una restricción económica. Es un mapa que marca tres rumbos: uno para el equilibrio, otro para los ingresos y otro para los gastos.
Hace cinco años el presupuesto proponía un camino de ingresos y gastos que implicaba su descenso a lo largo del tiempo, acorde a la visión de disminución del Estado del anterior gobierno. La caída de gastos propuesta era mayor a la caída de ingresos, y de esta forma se llegaba al destino clásico de todo presupuesto: equilibrio fiscal primario a fin del período.1
El presupuesto actual también tiene, como sus antecesores, el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, pero adopta una forma diferente: proyecta aumentar los ingresos y mantener el nivel de gasto como porcentaje del PIB. Por tanto, el mapa trazado por el actual presupuesto para el equilibrio fiscal marca un camino cualitativamente diferente al del período pasado, y similar a los tres presupuestos aprobados en el período 2005-2019.
El presupuesto contiene un bloque específico destinado a cambios en el sistema tributario. En ese sentido el presupuesto actual también es diferente al anterior, que no incorporaba modificaciones relevantes en esta área (algunas habían sido introducidas antes del presupuesto, como la reducción de la devolución de IVA).
Cada uno de los impuestos presentados tiene su particularidad, algunos enorme complejidad, pero se pueden extraer dos condiciones fundamentales que constituyen novedades históricas: las fuentes de ingresos y el objetivo de relocalización.
En primer lugar, las fuentes de ingresos, de dónde provendrían los incrementos. En orden de magnitud:
Las modificaciones implican una recaudación proyectada de 600 millones de dólares, con una combinación de fuentes novedosa que le da singularidad a este presupuesto en perspectiva histórica.
La segunda novedad refiere a que los cambios más importantes se basan en la idea de localización de impuestos. Entra así en este juego de mapas el plano más abarcativo posible: el mapamundi. Gran parte de los cambios tributarios tienen a la localización como concepto central; son impuestos que ya se pagan, pero en otros países, y se busca localizarlos en Uruguay. Esta es la novedad y esencia del cambio impositivo más importante: la adecuación local del impuesto mínimo global para grandes empresas multinacionales que impone la OCDE, cuya inclusión además no debería sorprender, ya que estaba explicitado en el programa del Frente Amplio.
La trayectoria del gasto público sobre el PIB permite algunos aumentos por encima de la línea de base, lo que en la jerga común se suele conocer como “espacio fiscal”. ¿Cuáles son las áreas donde van estos aumentos? La primera prioridad de estas asignaciones del presupuesto es infancia y adolescencia, lo que tampoco debería sorprender: el programa del Frente Amplio la define como una prioridad transversal.
La segunda prioridad es seguridad, la principal preocupación de los uruguayos según los estudios de opinión pública; la tercera es crecimiento, un área que cobra prioridad en un país que ha crecido al 1% anual en la última década; la cuarta es vulnerabilidad social, acorde también a las prioridades que se manifiestan en el programa del Frente Amplio.
Un presupuesto no es la enumeración de las políticas allí contenidas; tampoco es la asignación presupuestal a algunos organismos elegidos subjetivamente; ni siquiera es (aunque sí lo es) un conjunto de montos que suman un millón de millones de pesos. Un presupuesto es un mapa que marca caminos para recorrer.
El que ahora discute el parlamento opta por tres grandes rumbos:
Hasta aquí este mapa esencial del presupuesto nacional; entrar en más detalles entraña el riesgo de cometer el pecado de los cartógrafos de Borges. Abrigo la esperanza de que al menos este mapa dure algún tiempo antes de ser entregado, como corresponde, a las Inclemencias del Sol y los Inviernos.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
Los valores proyectados para el período 2020-2024 son los presentados en el presupuesto correspondiente, sin cincuentones, con las estimaciones del PIB de ese momento (anterior al cambio de base presentado por el BCU). Los ingresos del presupuesto 2025-2029 son sin cuarentones. ↩
Hay que decirlo alto y claro: el calendario gregoriano es una porquería. Algunos meses tienen 30 días, otros tienen 31, ni siquiera están bien intercalados por caprichos imperiales (dicen que agosto tiene 31 días porque Augusto no quería que su mes tuviera menos días que el de Julio César), hay un mes con 28 días que cada tanto tiene 29 y cada mucho 30. Es horrible. Mucho más armonioso y elegante es el que formuló, hace 5.000 años, la civilización egipcia: un año de 12 meses de 30 días, con cinco días residuales al final (cada tanto seis, cada mucho siete). Los egipcios llamaban “epagómenos” a estos días residuales, que oficiaban de puente entre un año y otro y estaban dedicados a realizar fiestas y reflexionar sobre el año que se terminaba.
La democracia uruguaya tiene un período que se llama “transición” –cuya mayor intensidad es en febrero–, que no es más ni menos que un epagómeno democrático, un puente entre un gobierno y otro, dedicado a fiestas y a reflexionar sobre el gobierno que se termina. En los últimos días hemos asistido a una acalorada discusión sobre la situación fiscal, con idas y vueltas que hasta ameritaron una llamada del presidente actual al presidente electo. ¿Por qué este calor? Porque el déficit fiscal, que era el corazón del diagnóstico y de la propuesta económica del actual gobierno y por lo que pidió ser evaluado, termina igual que como empezó. Vayamos paso a paso.
Nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos a 2019. La economía uruguaya arrastraba algunos años de bajo crecimiento (1% anual en el período 2015-2019, lejos del 7% de 2005-2009 o el 5% de 2010-2014) y un bajo dinamismo en el mercado de trabajo que redundaba en una caída del empleo.
Ante esa situación, la entonces oposición planteaba un diagnóstico simplificado del problema económico uruguayo, tan simple que cabía en una línea: el excesivo gasto público conducía a un déficit fiscal que generaba atraso cambiario, restando competitividad al país y limitando su crecimiento. “Hoy estamos en una situación de luces rojas sobre las finanzas públicas”, declaraba en aquella época Azucena Arbeleche, la actual ministra de Economía y Finanzas. El programa del Partido Colorado de 2019 sintetizaba el problema: “El exceso de gasto es la madre del borrego en la pérdida de competitividad que ha sufrido el aparato productivo en los últimos años”.
Por tanto, solucionar el problema fiscal no era solamente relevante para ajustar ese desequilibrio macroeconómico puntual, sino que era la clave fundamental para que Uruguay volviera a crecer. Y el ajuste debía hacerse vía reducción del gasto, tal como describía Julio María Sanguinetti en diciembre de 2019: “Como decía un viejo financista francés de la época de Luis XIV: ahora viene el tiempo de ir desplumando al pollo de a una pluma, para que grite lo menos posible. El presidente electo dice ‘voy a ahorrar 900 millones de dólares’. Y los va a ahorrar, estoy seguro. Pero va a tener que ir pluma por pluma, porque siempre va a haber uno que grite, sin ninguna duda. Eso es lo que viene ahora”.
El nudo gordiano del desarrollo nacional era el déficit fiscal, y la espada que lo cortaría era una reducción del gasto público de 900 millones de dólares. De esta forma se desataría el círculo virtuoso de disminución del gasto público, corrección del déficit fiscal, reversión del atraso cambiario y crecimiento económico. El diagnóstico y el rumbo de la política económica estaban trazados.
Volvamos a la actualidad. Hace una semana cerraron las estadísticas fiscales de 2024: el déficit fiscal fue de 4,1% del PIB. ¿Cómo había cerrado en 2019? 4,3% del PIB. Si el semáforo tenía luces rojas en 2019, es difícil afirmar (salvo para los daltónicos) que ahora tiene luces verdes.
Hay quienes prefieren analizar el déficit fiscal del gobierno central y el BPS, que es un subconjunto del resultado fiscal global (básicamente excluye a las empresas públicas, las intendencias y el Banco Central). Esa comparación sería de 3,9% en 2019 versus 3,4% en 2024. Diferente... pero no tanto. “Poteito potato”, dirían los ingleses. La apelación a mirar sólo el resultado del gobierno central y el BPS tiene, además, la fuerza de un búmeran. ¿Por qué se apela a ese indicador? Porque es el perímetro de la regla fiscal. ¿Cuál regla fiscal? La que construyó este gobierno, con tres pilares vinculados con el resultado fiscal estructural, el gasto y la deuda pública. ¿Cómo cerró 2024 con relación a la regla fiscal? El gobierno incumplió los tres pilares que se había autoimpuesto.
Aquí enganchamos con un elemento adicional en el terreno fiscal que para una propuesta liberal es una puñalada en el corazón. 2024 cierra con el mismo déficit fiscal que 2019, pero además con un Estado más grande. Los ingresos del Estado (gobierno central y BPS) aumentaron de 26% del PIB en 2019 a 27,6% en 2024. Lo mismo con los egresos: de 29,8% en 2019 a 30,8% en 2024. La gallina, lejos de pelarse, tiene en la actualidad más plumas que en 2019. ¿Cuánto más? Paradójicamente, y en espejo a lo propuesto hace cinco años, aproximadamente 900 millones de dólares más.1
La evaluación económica de un gobierno por supuesto que excede la dimensión fiscal. ¿Se pueden destacar aspectos positivos del actual gobierno, mejoras respecto de 2019? Sin duda. La baja de la inflación, la baja de la informalidad, la mejora del empleo (aunque con grandes dudas con respecto a su cuantía dados los cambios metodológicos que hizo el Instituto Nacional de Estadística) son aspectos positivos de la gestión económica. ¿Hay otros elementos a destacar como puntos negativos? También. El menor crecimiento económico con respecto a la región, el patrón regresivo de ese crecimiento económico, el aumento de la pobreza infantil.
En su discurso de asunción, el actual presidente planteaba una noble y compartible aspiración como parámetro para ser evaluado: “Estamos convencidos de que si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas; de lo contrario, habremos fallado en lo esencial”. Más concreta, la ministra planteaba unos meses después su propio marco esencial para ser evaluada: “Nos tienen que medir por la inflación y por la meta fiscal”. En 2022 se alejaba un poco del primer punto: “La inflación no es un objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas, es un objetivo del Banco Central”. Por tanto, si tuviéramos que jerarquizar una dimensión por sobre las demás, atendiendo lo que el propio gobierno indicó como medida para ser evaluado, debemos elegir la dimensión fiscal.
El gobierno desplegó al inicio de su gestión un conjunto de políticas que apuntaban a reducir el déficit fiscal. Disminución del gasto, de los salarios y jubilaciones, regla fiscal con tres pilares. El déficit fiscal comenzó por encima del 4% y logró efectivamente bajar al entorno del 2% a mitad del período. Pero luego siguió la clásica curva de la U, acompañando el ciclo electoral, y volvió a superar el 4% en la actualidad.
Por eso el calor que genera la discusión fiscal. Más allá de las diferentes variables económicas que puedan comentarse, en estos epagómenos democráticos debemos recordar que lo que era el centro de la propuesta, el corazón del diagnóstico del problema económico uruguayo, el nudo gordiano del desarrollo, la gallina a desplumar, la madre del borrego, las luces rojas, la variable que ameritaba un sinnúmero de metáforas fue siempre el déficit fiscal. Y en ese aspecto, precisamente en ese, el actual gobierno no logró mejorar los valores que había dejado su predecesor.
Fernando Esponda es economista.
“2024 cierra con un déficit fiscal similar a 2019 y con un aumento de la deuda pública de más de diez puntos porcentuales del PIB”, de Silvia Rodríguez Collazo. ↩
Hasta hace poco, si alguien me preguntaba sobre el nivel de desarrollo de Uruguay en comparación con países cercanos, digamos, por ejemplo, con respecto a América del Sur, respondía sin titubear que estábamos en un lugar de privilegio. Que teníamos muchas cosas para mejorar, que había dimensiones insatisfactorias, es verdad, pero que, en términos generales, estábamos un escalón por encima. Y podía sostener esta afirmación con una amplia batería de indicadores que mostraban cómo Uruguay era más rico, más desarrollado, más igualitario y menos pobre que el resto.
Sin embargo, hace poco me surgió una pequeña duda que, como un virus, se fue expandiendo progresivamente. La paradoja del desarrollo uruguayo, presentada hace unos meses en clave temporal (ver Interpelación del progreso: la paradoja del desarrollo uruguayo),1 puede replicarse en la dimensión espacial. Como un déjà vu, un cambio de perspectiva con énfasis en el margen nos revela una conclusión desconsoladora: es posible sostener empíricamente que Uruguay es actualmente el país menos desarrollado de América del Sur.
Comencemos por el primer set de indicadores, tradicional, canónico: producto interno bruto (PIB) per cápita, índice de desarrollo humano (IDH), índice de Gini e índice de pobreza.
El primer indicador, que da una idea de la capacidad productiva de cada país, es el PIB per cápita. El Banco Mundial tiene datos estandarizados para todos los países del mundo, en los que Uruguay aparece con 34.000 dólares anuales de PIB per cápita ajustado por paridad de poderes de compra. Somos los más ricos de América del Sur.
El IDH, que calcula y sistematiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el indicador canónico que usamos para medir el desarrollo. Mezcla en un indicador, que va entre 0 y 1, tres variables: economía, salud y educación. Uruguay tiene un valor de 0,830 y es sólo superado por Chile y Argentina. Por lo tanto, en desarrollo humano también conseguimos una medalla, la de bronce.
Para quienes consideramos que la distribución del ingreso es importante para el desarrollo, el índice de Gini es un indicador fundamental. Va entre 0 y 1 y cuanto más bajo su valor, más igualitaria la sociedad. Nuevamente la base de datos del Banco Mundial nos ayuda para la comparación internacional. Uruguay aparece con un índice de Gini cercano a 0,40, parecido al de Argentina, Bolivia y Perú. Somos el segundo país más igualitario de América del Sur.
Finalmente, la pobreza es el cuarto indicador de nuestro set tradicional de desarrollo. Si bien cada país tiene su propia metodología, existen organismos internacionales que hacen mediciones alternativas en las que utilizan un criterio único que permite la comparación internacional. La referencia que recojo aquí es la de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en su cálculo nos ubica con una pobreza de 4,3%. Somos el país sudamericano con menos pobreza.
En los gráficos que acompañan este texto ordené los cuatro indicadores de forma tal que los mejores aparecen arriba y los peores abajo, como un ranking. Uruguay aparece arriba en los cuatro indicadores: primero, tercero, segundo y primero, respectivamente.
Un último paso que hice fue hacer una medida resumen. Utilicé un criterio súper simple: hacer un promedio de los lugares en cada indicador. De esta forma, el mejor valor del ranking resumen es el 1 (que se da sólo si un país está primero en todos los rankings) y el peor valor es el 10 (si es último en todos los rankings). En este indicador resumen del set tradicional Uruguay se ubica en primer lugar.
Por lo tanto, somos los mejores de América del Sur. Orgullosos, henchidos de nacionalismo, el set tradicional de desarrollo nos muestra a Suiza en el espejo. Suenan de fondo aquellas estrofas del Cuarteto de Nos: “No me jodan más / no somos latinos / no me jodan más / no somos latinos / yo me crie acá / en la Suiza del sur”.
En su momento, persiguiendo una disonancia y decididos a buscar respuestas en otros lugares, optamos por cerrar y guardar los libros de economía. El estante de la literatura nos dio otras perspectivas, y de la mano de Fiódor Dostoievski, Victor Hugo y Dante Alighieri habíamos llegado a un set de indicadores diferente, alternativo, para medir el desarrollo. La propuesta fue observar a los presos, las personas en situación de calle, los homicidas y los suicidas, sacarlos del margen para ponerlos en el centro. Aparentemente arbitrarios, descubrimos que estos indicadores podían unirse normativamente y justificarse como métrica del desarrollo a través de la teoría de la justicia de John Rawls, para quien el avance de una sociedad debe medirse por el avance de los últimos de la fila.
Comencemos por los presos. Encontré en el portal prisonstudies.org una sistematización de indicadores por país. Uruguay tiene 424 presos cada 100.000 habitantes, siendo el único país sudamericano que supera el umbral de los 400 presos. Somos el peor país de Sudamérica en el ranking de prisionalización.
La tasa de homicidios de Uruguay se ubica en el entorno de los diez homicidios cada 100.000 habitantes. La comparación, que podemos hacer con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), nos ubica en un lugar intermedio entre Bolivia, Chile, Argentina, Perú y Paraguay, que tienen menos homicidios, y Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador, que tienen más homicidios. En este ranking nos ubicamos en sexto lugar.
El tercer indicador es la tasa de suicidios. Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que todos los países de América del Sur tienen un valor inferior a 10 cada 100.000 habitantes, menos uno. ¿Cuál? Nuestro bendito país, en donde deciden quitarse la vida anualmente 21 personas cada 100.000. Somos los más suicidas de América del Sur.
Nuestro cuarto indicador son las personas en situación de calle. A diferencia de los otros siete indicadores, para los cuales, con paciencia y Google, es posible encontrar algún lugar que tiene datos sistematizados, la estadística internacional sobre personas en situación de calle me resultó un terreno desértico. Fuera del perímetro de las encuestas de hogares –la calle no es un hogar–, la estadística no llega naturalmente a quienes duermen a la intemperie, y no encontré un repositorio con datos de comparación internacional.
Sin embargo, me molestaba dejar un casillero vacío, más aún el de personas en situación de calle, así que me arremangué e intenté construir la estadística por mi cuenta. A partir de diferentes estudios, censos y noticias, elaboré un indicador de personas en situación de calle para siete ciudades sudamericanas: Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Asunción, Santiago de Chile, Bogotá y Guayaquil. Si bien estos datos hay que tomarlos con pinzas –desconozco qué tan comparables son las metodologías de cálculo de situación de calle en cada ciudad–, a lo que llegué es que Montevideo tiene 200 personas en situación de calle cada 100.000 habitantes, siendo la peor ciudad de las siete para las que conseguí información, que en este indicador andan en el entorno de las 100 personas cada 100.000 habitantes.
Por lo tanto, en el segundo set Uruguay se encuentra último, sexto, último y último. De forma análoga al set tradicional, con el set alternativo también podemos calcular un ranking resumen: en este caso Uruguay se ubica en el último lugar.
Por lo tanto, somos los peores de América del Sur. Golpeados, hundido nuestro orgullo nacional, el set alternativo de desarrollo nos muestra otra imagen en el espejo, más cercana a Biafra que a Suiza. Suenan de fondo aquellas estrofas que Ruben Rada cantaba en Tótem: “Mientras que Biafra estaba muerta, / muerta de sol y sin pan, / sus crías estaban blancas, / blancas de peste mortal”.
Teniendo los dos rankings resumen, una última tentación nerd era ponerlos juntos en un mismo gráfico. ¿Qué sucede si combinamos en un mismo gráfico el set tradicional de desarrollo (PIB per cápita, IDH, Gini, pobreza) y nuestro set alternativo (presos, personas en situación de calle, homicidios, suicidios)?
El gráfico, que también acompaña este texto, es elocuente. Además de mostrar a Uruguay en un extremo, como ya vimos, llama la atención cómo quedan los demás países. La nube de puntos se organiza en una línea descendente: un mejor lugar en un ranking implica un peor lugar en el otro ranking. La paradoja del desarrollo cobra dimensión continental.
Desconfiando ya de nuestra brújula, de nuestra batería tradicional de indicadores de desarrollo, y abandonando el temor de decir cosas incorrectas, cabe ahora preguntarnos: ¿hay un problema intrínseco en nuestro modelo de desarrollo, ya no el uruguayo, sino el sudamericano? ¿Por qué cuanto más ricos y desarrollados somos, más nos matamos, nos encerramos y dormimos en la calle? Conseguir las respuestas es una tarea que excede las posibilidades de este artículo. Quedan las preguntas hechas, como invitación a quienes les interesan y estudian los problemas del desarrollo.
Si hace unos meses hablamos de la paradoja del desarrollo uruguayo en términos temporales, hoy nos toca hablar de esta paradoja en términos espaciales. Aquí también aparece una anomalía. Así como en los últimos 25 años mejoramos y retrocedimos al mismo tiempo, en América del Sur somos los mejores y los peores también al mismo tiempo. Vivimos en un país de Schrödinger que puede tener simultáneamente dos estados aparentemente contradictorios. La física cuántica se posa sobre la teoría del desarrollo, el tiempo y el espacio se curvan sobre la pradera suavemente ondulada, se hace difícil saber dónde es el adelante, dónde es el atrás.
En este artículo de interpelaciones y dualidades, me gustaría cerrar dejando planteadas tres reivindicaciones: de la economía, del desarrollo y de Uruguay.
Primero, una reivindicación disciplinar. Es cierto, por deformación profesional los economistas buscamos relaciones causales fundamentales y en esa búsqueda separamos lo principal de lo accesorio, nos quedamos con lo central y descartamos lo marginal. Esta aproximación metodológica, muchas veces virtuosa, genera problemas en algunos terrenos y nos hace entrar desvalidos en la selva de la marginalidad, en donde otras disciplinas se mueven con más naturalidad y herramientas superiores. Sin embargo, desde nuestra pobreza herramental hay un aporte que podemos hacer quienes miramos la realidad con los lentes de la ciencia económica: resaltar la importancia de la métrica. “No basta con decir que los metales se dilatan con el calor, hay que decir cuánto”, dijo al pasar una vez un profesor de Historia Económica que tuve, y me conquistó. Sin métricas no hay avances ni retrocesos, no hay direcciones ni objetivos. Sin métricas hay anécdotas, pero no políticas públicas. Este artículo es involuntariamente un ejemplo de esta premisa, el ingreso con cautela en un terreno que la disciplina económica no maneja con naturalidad, pero al cual ingresa con la búsqueda de métricas como norte para entender y dimensionar el problema.
Segundo, una reivindicación del desarrollo. El crecimiento, el avance simultáneo en salud y educación, la distribución y el combate a la pobreza siguen siendo elementos fundamentales para evaluar nuestra marcha, objetivos deseables. El problema con los indicadores tradicionales no es que no sean necesarios, es que no son suficientes. El punto, entonces, no es tanto negar las métricas tradicionales, sino buscar nuevas e insertarlas en el corazón de la evaluación del desarrollo.
Tercero, una reivindicación de Uruguay. Un amigo me señaló alguna vez que la historia económica uruguaya es muy sencilla: simplemente son ciclos de 20 años entre crisis y crisis. Luego de la crisis de 1982 logramos transitar por años de crecimiento económico, pero con retrocesos en la equidad. Aprendimos que no había una relación automática entre ambos objetivos, y en el ciclo posterior a la crisis de 2002 logramos crecer y al mismo tiempo distribuir, porque dirigimos una batería de políticas públicas que explícitamente apuntaron a ambos objetivos, que formaron parte de una política económica concebida en sentido amplio. Fuimos ejemplo por poder crecer –de forma ininterrumpida y más resiliente a shocks externos– y al mismo tiempo lograr bajas abruptas de la desigualdad y la pobreza –quienes estudian temas distributivos a nivel mundial se sorprenden con lo que pasó con el índice de Gini uruguayo entre 2008 y 2013, buscan entender cómo se logró: son cosas que no suelen pasar en el mundo–. El gran desafío de este nuevo ciclo, posterior a la crisis de covid-19 y que según mi amigo se prolongará hasta 2042, será cómo combinar ya no sólo los objetivos de crecimiento y equidad –extremadamente desafiantes en sí mismos–, sino crecimiento, equidad y margen. Sólo podremos considerar que avanzamos hacia el desarrollo, que mejoramos con respecto a nosotros mismos y con respecto a nuestros vecinos, si logramos encadenar avances de forma simultánea en estas tres grandes áreas del desarrollo.
Según la numerología, el número 25 refiere a la necesidad de encontrar equilibrio en nuestras relaciones y de aprender a trabajar juntos para alcanzar metas comunes. Imbuidos en este espíritu, desde el centro de estudios etcétera elaboramos un documento que resume la evolución de 25 variables socioeconómicas fundamentales a lo largo de los últimos 25 años, el primer cuarto del siglo XXI. Para respetar la cábala, decidimos publicarlo y circularlo en estos momentos, exactamente 25 días antes de las elecciones nacionales del último domingo de octubre.
El documento se estructura en cinco grandes secciones: Macroeconomía, Equidad, Protección social, Trabajo y Convivencia. Las primeras cuatro secciones se asemejan a las utilizadas como ejes de análisis en el libro La economía del primer ciclo progresista, publicado el año pasado, y recorren cuatro pilares fundamentales de la economía y el desarrollo de un país. La quinta sección incluye aspectos que no suelen visitarse desde la perspectiva económica, pero que deberían, de manera creciente, ser tomados en cuenta desde una perspectiva amplia de desarrollo (como la cantidad de personas en situación de calle, de presos, los homicidios, los suicidios o el apoyo a la democracia).
Cada capítulo incluye cinco variables clave, fundamentales del tema que se aborda. Por ejemplo, en el capítulo de macroeconomía se releva la evolución del crecimiento económico, la inflación, el déficit fiscal, la inversión y la deuda.
Cada variable incluye una breve explicación, como una suerte de glosario para propender a su mejor entendimiento. Por ejemplo, la gráfica de la inflación es acompañada por una descripción de su definición y de cómo y quién construye el dato: “La inflación se define como el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios. Se calcula con el índice de precios al consumo (IPC), que contiene precios de 367 productos distintos. Lo calcula mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE)”.
El marco temporal escogido implica recorrer cinco períodos de gobierno de cinco años, que tuvieron como presidentes a Jorge Batlle, Tabaré Vázquez en su primer mandato, José Mujica, Tabaré Vázquez en su segundo mandato y Luis Lacalle Pou, actual presidente de la República. Para el último período no siempre se cuenta con la serie completa de datos; dependiendo de la variable se muestra hasta el último dato disponible.
Con el interés y el entusiasmo por realizar un aporte para el debate informado, ponemos a disposición de la ciudadanía este material que resume este primer cuarto del siglo XXI. Puede servir de referencia para contrastar ante declaraciones de prensa que se puedan escuchar en estos días y también, por qué no, para ganar alguna discusión o apuesta en un asado, en donde los dos temas predilectos de los uruguayos (política y fútbol) están más presentes que nunca.
El documento Uruguay en el primer cuarto del siglo XXI: 25 años en 25 variables se encuentra disponible en etcetera.uy. La realización del documento contó con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay.
La matemática tiene virtudes de formación moral y produce independencia de pensamiento, porque en ella el manejo individual y social de la verdad no admite el argumento de autoridad. James Marshall (1967)
Venezuela es un país difícil de comprender, constantemente coexisten informaciones ciertas con noticias falsas. Es uno de esos lugares del mundo en donde se entremezclan cuestiones de geopolítica internacional, y también suele ser utilizada en algunos países para desarrollar, elípticamente, discusiones y acusaciones de política interna. En ese cúmulo de información y desinformación presenciamos las elecciones del pasado domingo, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro electo presidente hasta 2031.
En la catarata de información que recibimos apareció una que es, al menos para mí, una joya que merece figurar en los libros de historia electoral y cálculos matemáticos (si es que existe alguno, que gustosamente compraría).1
En la madrugada del lunes el CNE anunció los resultados con el 80% de los votos escrutados. El anuncio fue que Nicolás Maduro había obtenido 5.150.092 votos, Edmundo González Urrutia 4.445.978 votos y otros candidatos 462.704 votos. Sobre un total de 10.058.774 votos, los resultados eran los siguientes: Maduro 51,2%, González Urrutia 44,2% y otros candidatos 4,6%.
A simple vista los números no nos muestran nada raro: se presentan cantidades de votos, coinciden con los porcentajes anunciados, suman 100%, ningún problema... hasta que aparece la lupa matemática y encuentra una cosa llamativa: la exactitud de los porcentajes.
En general, los resultados de las votaciones son porcentajes redondeados. Si uno agrega decimales aparecen diferentes números, tras un 51,2% puede haber un 51,23435%, tras un 44,2% podremos encontrar un 44,19679%. Se redondea para facilitar la lectura cuando no resulta relevante mostrar más valores después de la coma.
Lo que llama la atención en este caso es que se pueden agregar hasta cinco cifras después de la coma y sigue dando un porcentaje exacto. El porcentaje de votos para Maduro da 51,20000%, el de González Urrutia da 44,20000%, el de los otros candidatos da 4,60000%. Por lo tanto, al ver estos números se nos presentan dos alternativas.
Primera alternativa: efectivamente se dio esa combinación de votos. ¿Qué probabilidad hay de que eso suceda? Pensemos juntos. El resultado 51,2% se verifica con todos los números entre 5.145.063 y 5.155.121; son 10.058 posibilidades diferentes. De forma análoga, también hay 10.058 valores diferentes que dan 44,2%. La probabilidad de que salgan los valores que salieron (que son números muy particulares, porque son los que están exactamente en el medio de esos tramos) es la multiplicación de ambas probabilidades. Por tanto, redondeando, 10.000 por 10.000, una posibilidad en 100 millones. Para dimensionar: sacar el 5 de Oro es 60 veces más probable.
Segunda alternativa: que se hayan fijado los porcentajes antes que la cantidad de votos. Según esta opción, alguien definió primero que quería anunciar 51,2%, 44,2% y 4,6%, tomó 10.058.774 como total de votos y simplemente multiplicó los porcentajes por el total. Esa multiplicación da... exactamente 5.150.092, 4.445.978 y 462.704.
Lo más fascinante de este razonamiento es que no contiene ningún tipo de análisis político, no entran consideraciones sobre el chavismo o el antichavismo, interpretaciones de geopolítica, opiniones ideológicas. Ni siquiera es necesario hacer referencia a Venezuela; podría ser un caso de Kazajistán, Babilonia o Marte. No se basa en opiniones de expertos ni en observadores internacionales, no está escrito en español ni en inglés ni en ruso ni en chino. Simplemente son números, articulados por el lenguaje universal de la matemática, que, más allá de quién haya finalmente ganado, dan cuenta con claridad de que, a menos que haya ocurrido algo que sucede una vez en 100 millones, los anuncios del CNE posteriores a la elección constituyen un fraude electoral.
Fernando Esponda es economista.
Los primeros a los que vi descubrir y comentar esta particularidad matemática fueron el periodista argentino Matías Mowszet y el economista Leopoldo Tornarolli, de la Universidad Nacional de La Plata, en sus cuentas de X. ↩
En 1975 falleció Leonor Acevedo Suárez, la madre de Jorge Luis Borges, luego de haber vivido 99 años. Cuentan que en el velorio una vecina se acercó al escritor argentino a darle el pésame, diciéndole apenada: “¡Qué lástima! ¡Si hubiera vivido un año más habría llegado a los 100 años!”. Frente a esa expresión, Borges contestó: “Me parece que usted exagera los encantos del sistema decimal”.
Mucho más cerca de la vecina que del notable escritor, desde Etcétera1 nos rendimos ante los encantos del sistema decimal y festejamos con gusto las 200 ediciones del suplemento Economía que publicamos semanalmente en conjunto con la diaria2. Han pasado casi cuatro años desde aquel primer número, que tuvo como entrevistado inaugural a Danilo Astori.3 Estos 200 ejemplares tuvieron como semillas iniciales el conjunto de notas que desde el Grupo Jueves elaboramos durante aquel loco año 2020, que nos mostró que había masa crítica y ganas como para lanzarse hacia la aventura de publicar un suplemento económico semanal; son semillas que continúan germinando, semana a semana.
Decenas de entrevistados y más de una centena de economistas construyeron, con sus aportes y análisis económicos, una torre de 2.400 páginas que hoy son el motivo de celebración que nos convoca. Como cada vuelta de la Tierra al Sol, los números redondos tienen la virtud de inducir una pausa para apreciar el camino recorrido. Y es que muchos otros proyectos, hermanos de este suplemento, han florecido durante estos años también en clave colaborativa.
Es allí que se inscribe un libro sobre la economía de los 15 años de gobierno del Frente Amplio,4 el primer programa de televisión sobre economía, que se llamó Moneda corriente y se estrenó el año pasado en TV Ciudad,5 diversas actividades públicas de discusión e intercambio, documentos de políticas que han contribuido a tender una densa red de aportes para el debate, informes de coyuntura económica, concursos abiertos para artículos de divulgación6 e instancias diversas de formación y capacitación.
Estos han sido algunos de los proyectos y actividades que se han generado durante los últimos cuatro años en el seno de esta comunidad de conocimiento y difusión. Obviamente, esto no habría sido posible con la ausencia de un rico entramado de alianzas con actores a los que también queremos –volver a– agradecer en esta oportunidad.
Por supuesto, a la diaria, pero también al Centro de Investigaciones Económicas, al Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, a la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, a la Asociación de Docentes de Ciencias Económicas y de Administración, a TV Ciudad, Project Syndicate y a Lado F. También a la Usina de Percepción Ciudadana, a la editorial Fin de Siglo, al Colectivo Ciudad Abierta, a la Asociación Nacional de ONG, a la embajada británica y a medios de todo el país. Estas son algunas de las tantas organizaciones con quienes hemos tenido el gusto de caminar en algún momento de estos casi cuatro años.
En el cuento “Juan Muraña”, Borges pone en boca de Jorge Trápani una reflexión de su finado padre: “No se puede medir el tiempo por días, como el dinero por centavos o pesos, porque los pesos son iguales y cada día es distinto y tal vez cada hora”. Alineados ahora sí con la reflexión borgeana, en Etcétera no medimos el paso del tiempo ni en días ni en meses ni en años, sino en proyectos. En el día de hoy, en suplementos económicos. Felices por las 200 ediciones, vamos por las próximas 200. Gracias por acompañar.
¿Por qué un suplemento de economía?. la diaria. El primer año del suplemento: vientos, cometas y ganas de alargar la piola. la diaria ↩
Danilo Astori: “El gobierno parece continuar en campaña electoral”. la diaria. ↩
Novedad editorial: la economía del primer ciclo progresista. la diaria. ↩
Se estrena Moneda corriente, un programa de economía. la diaria. ↩
Premio Etcétera 2021: concurso periodístico sobre temas económicos. Concurso Etcétera 2023. ↩
Recuerdo la primera vez que una amiga me comentó, hace unos cinco o seis años, que estaba empezando a caer la natalidad en Uruguay. De los múltiples impactos que se me ocurrían en aquel momento, recuerdo que mi mente se detuvo en una virtud: era por lo menos una oportunidad para bajar la pobreza infantil. Uruguay podría incursionar en una forma heterodoxa de política pública: ¡si no podemos bajar la pobreza infantil teniendo menos pobreza, pues la bajaremos teniendo menos niños!
En estos últimos años se confirmó aquella tendencia, dando lugar a la caída más abrupta de la natalidad de la historia del país. De los casi 50 mil nuevos niños anuales que traíamos al mundo pasamos, en tan solo cinco años, a los 32 mil de la actualidad. La canción que decía “se precisan niños para amanecer” se escucha cada vez más bajo al oriente del río Uruguay. Por otro lado, la pobreza infantil… creció. A contrapelo de mi esperanza primigenia, Uruguay tiene actualmente menos niños que en 2019, y esos niños son más pobres.
La relevancia de la infantilización de la pobreza como gran problema del Uruguay encuentra amplio consenso en la comunidad académica vinculada a estos temas, en los técnicos gubernamentales e incluso, de forma creciente, en los programas políticos (véase por ejemplo el programa del Frente Amplio o el de Álvaro Delgado). ¿Por qué no logramos combatir la infantilización de la pobreza, si todos estamos de acuerdo en que es un problema de primer orden?
Porque no es cierto que estamos todos de acuerdo. No digo que no estemos de acuerdo en que no haya niños pobres, obviamente, en eso estamos de acuerdo. Lo que digo, y trato de argumentar a continuación, es que los uruguayos no pensamos que la pobreza tiene cara de niño, sino más bien lo contrario. El principal problema de la infantilización de la pobreza es que no creemos que sea un problema.
En las últimas ediciones de la Encuesta Contínua de Hogares (ECH) se ha incluido una pregunta fascinante. Además de las preguntas clásicas sobre los ingresos del hogar, ahora también se pregunta la opinión del encuestado sobre su condición de pobreza. Así, de frente y mano: “¿Usted considera que su hogar es pobre?”.
La comparación entre esta pregunta –que nos permite ver lo que se llama “pobreza subjetiva”– y los cálculos de pobreza que hace el INE a partir de los ingresos –la “pobreza objetiva”– es una fuente maravillosa de información sobre las percepciones de la pobreza. Por ejemplo, si bien el INE calcula que 1 de cada 10 personas son pobres, si le preguntamos a las personas nos da que 1 de cada 3 son pobres.
Me bajé la ECH del 2023 y me puse a jugar con esa variable, mirando ambas formas de calcular la pobreza en relación con la edad, y los resultados son sorprendentes.
Primero me puse a ver la pobreza en los hogares según hubiera o no menores a cargo. Los cálculos de pobreza objetiva –los tradicionales que presenta el INE y sobre las que sostenemos el debate técnico– muestran una diferencia considerable. Los hogares con menores tienen una pobreza cinco veces mayor que los hogares sin menores: 14% contra 3%.
Si miramos lo mismo pero con la pobreza subjetiva, entonces la diferencia se achica considerablemente. Los hogares con menores siguen teniendo más pobreza, pero no mucho más que los hogares sin menores: 35% contra 31%.
Luego hice un ejercicio similar pero con las personas. Recordemos que la pobreza siempre se calcula a nivel de hogar, y luego se baja a nivel de personas. A una persona se la considera pobre si vive en un hogar que se cataloga como pobre. Una vez clasificadas todas las personas como pobres o no pobres, se pueden ordenar por edad y hacer cálculos para cada tramo.
Lo interesante es que el famoso perfil etario de la pobreza cambia bastante cuando vemos la pobreza subjetiva. Para poner un ejemplo, calculé la pobreza para dos tramos diferentes de población: los niños de 0 a 4 años y los adultos mayores de 70 a 74 años. Mis hijos y mis padres, por decirlo de alguna manera.
El cálculo de pobreza objetiva es bastante conocido: la pobreza en los niños de entre 0 y 4 años es casi siete veces mayor que entre los adultos de 70 a 74 años: 20% contra 3%.
Sin embargo, cuando calculé lo mismo a partir de la pobreza subjetiva, la diferencia se anuló completamente. La pobreza subjetiva es, en ambos tramos etarios, de 36%. Desde este punto de vista los niños son igual de pobres que los viejos.
El primer documento de trabajo del Instituto de Economía de este año es un trabajo interesantísimo de Verónica Amarante, Maira Colacce y Federico Scalese sobre pobreza subjetiva. El documento profundiza, para varios países de Latinoamérica, sobre los factores asociados a que la gente se considere pobre. Allá en un anexo, un poco perdido porque no es el centro del artículo, pero que los autores dejan puesto en el informe como para seguir investigando, encontré un gráfico que reafirma lo que estábamos viendo.
En su caso los números son un poco diferentes a los que calculé yo porque ellos usan otra encuesta (la Encuesta de Gasto), otro año (2016-2017) y otra metodología (hacen algunas correcciones sobre la respuesta original), pero el mensaje es el mismo, e incluso más acentuado. Si miramos pobreza objetiva, los niños tienen 21% y los viejos 5%; si miramos pobreza subjetiva, los niños tienen 24% y los viejos 38%. La relación se invierte. Si en la pobreza objetiva la preocupación es la infantilización de la pobreza, en la pobreza subjetiva la preocupación es la abuelización de la pobreza.
¿Este fenómeno es una característica exclusivamente uruguaya? Por un momento me asaltó esta duda, pensé que quizás haya un sesgo inherente a la condición humana que haga que la pobreza subjetiva siempre sea más acentuada sobre la vejez, porque tal vez más allá de los ingresos, la condición de los viejos nos cause más pesar que la de los niños. El trabajo tiene este gráfico sólo para Uruguay, pero como soy amigo de Maira le pregunté qué pasaba en los otros países de Latinoamérica. Tuvo la amabilidad de pasarme otros gráficos iguales para países como Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay o Perú, y no hay una respuesta única. En algunos la pobreza subjetiva es mayor en la niñez y en otros en la vejez.
En esa comparación internacional, Uruguay se destaca por tener una particularidad extraña. Tiene la mayor distancia entre la pobreza en niños y en viejos, tanto en pobreza subjetiva como en objetiva, aunque en un caso con los niños más pobres y en el otro con los viejos más pobres.
En una reciente investigación sobre la matriz de protección social de Uruguay, elaborado por el centro de estudios Etcétera, hay un capítulo sobre percepción ciudadana en donde se presentan dos preguntas específicas que tienen que ver con la matriz de protección social:
● ¿Cuán de acuerdo estás con la siguiente afirmación: “Uruguay atiende correctamente la situación social de niños, niñas y adolescentes?
● ¿Cuán de acuerdo estás con la siguiente afirmación: “Uruguay atiende correctamente la situación social de personas mayores?
El panorama que muestra el análisis conjunto de ambas preguntas es elocuente. En ambas preguntas la visión mayoritaria de la población es que Uruguay no atiende correctamente a niños, niñas, adolescentes (51%) y tampoco a personas mayores (65%), siendo mucho más acentuada en el segundo grupo poblacional.
El documento destaca este hallazgo: “Es llamativo que, pese a que Uruguay presenta peores indicadores sociales para los grupos de niños, niñas y adolescentes, respecto a los adultos mayores (ver 3.4 Situación Social), la población tiene una visión más negativa sobre la protección social que reciben las personas mayores en relación a niños, niñas y adolescentes. Las respuestas a esta pregunta no varían de forma importante con la edad de la persona entrevistada, siendo relativamente homogénea la visión de la población en este tema.”
Muchas veces en la discusión pública, ante el encuentro con posiciones discordantes con lo que pensamos, solemos endilgar a la maldad o la estupidez lo que no nos agrada de la opinión de los otros. Este mecanismo perezoso no es sólo malo porque obtura la discusión y resulta autocomplaciente, sino porque equivoca las razones verdaderas de la discrepancia entre las personas. Por ejemplo, existe la posibilidad de que diferentes concepciones de justicia deriven en diferentes posiciones sobre un tema. O que diferentes diagnósticos sobre la realidad motiven conclusiones diferentes sobre lo que hay que hacer.
En el caso de la infantilización de la pobreza, claramente existen diferencias en el diagnóstico de la situación actual. Deberíamos tener más presente que la sociedad uruguaya piensa diferente a lo que la comunidad académica y técnica, e incluso y más recientemente la política, toman como consenso inexpugnable. El uruguayo medio piensa lo contrario que el experto. Su preocupación no es la infantilización de la pobreza, sino la abuelización de la pobreza.
Entender este escenario permite interpretar mejor el desarrollo y propuesta de políticas, no sólo vinculadas directamente a pobreza infantil, sino a cualquiera que implícita o explícitamente refiera a un cambio en las reglas de distribución intergeneracional de los recursos. La discusión sobre la condicionalidad de las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social o el Bono Crianza, el papel de estos instrumentos y su legitimidad tienen como marco este diagnóstico de la realidad y la pobreza. La existencia de un plebiscito sobre la seguridad social, el tercero en los últimos cuarenta años, también es mejor comprendido si entendemos que la visión del pueblo uruguayo sobre la pobreza en la vejez y las privaciones en esa etapa de la vida es muy distante a la que nos pinta la medición oficial de pobreza del INE del 2%, a pesar de que justamente es el nivel de desarrollo de nuestro sistema de seguridad social la principal causa del actual perfil etario de la pobreza objetiva.
La disonancia entre la visión técnica y la poblacional también abre una puerta de vaivén que nos invita a seguir pensando cómo calculamos la pobreza. ¿No estaremos subvalorando las economías de escala en hogares numerosos? ¿No habrá elementos vinculados con lo que en la conversación social entendemos como “pobreza” que no los vemos en el cálculo de pobreza por ingresos, y que golpean en mayor medida a los viejos? El mayor gasto en medicamentos o la incertidumbre con respecto al gasto futuro derivado de un problema de salud pueden ser dos ejemplos para profundizar.
Para finalizar, quizás ni siquiera estemos en lo correcto cuando afirmamos, como rasgo llamativo, que Uruguay es el país que tiene la mayor infantilización de la pobreza de Latinoamérica y la mayor abuelización de la pobreza en la mente de sus ciudadanos. Quizás la sentencia correcta sea que Uruguay es el país que tiene la mayor infantilización de la pobreza de Latinoamérica porque tiene la mayor abuelización de la pobreza en la mente de sus ciudadanos. Si la relación no es sólo una anomalía pintoresca, sino la causa misma del problema, por el marco de posibilidades que le da al desarrollo de las políticas, entonces el combate a la infantilización de la pobreza debe proponerse comenzar por un paso previo. Ya no discutir la estrategia o los instrumentos de política específicos, ni siquiera las magnitudes o los presupuestos, sino convencer de la existencia del problema. Convencer no a la comunidad académica, ni a los técnicos gubernamentales, y ya ni siquiera a la política, sino a la ciudadanía en su conjunto, que actualmente piensa y siente y opina desde otra perspectiva y preocupación, ya que cuando mira la cara de la pobreza no ve la de un niño, sino la de un viejo.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
Hasta hace poco, si alguien me preguntaba sobre el desarrollo de Uruguay en el último tiempo, digamos en los últimos 25 años, respondía sin titubear que habíamos tenido un importante progreso. Que teníamos muchas cosas para mejorar, que había dimensiones insatisfactorias, es verdad, pero que en términos generales habíamos mejorado en este primer cuarto del siglo XXI. Y podía sostener esta afirmación con una amplia batería de indicadores que mostraban cómo Uruguay había crecido, mejorado su distribución del ingreso y disminuido la pobreza.
Sin embargo, hace poco me surgió una pequeña duda que, como un virus, se fue expandiendo progresivamente y me hizo arribar a una conclusión desconsoladora: es perfectamente posible conjeturar que Uruguay no ha progresado en los últimos tiempos. No digo en los últimos meses o en los últimos dos o cinco años. Es posible sostener empíricamente que Uruguay ha retrocedido desde una perspectiva de desarrollo en los últimos 25 años.
Comencemos por el diagnóstico tradicional. Si del universo posible de indicadores para resumir el desarrollo de un país hubiera que elegir cuatro y sólo cuatro, pienso que el producto interno bruto (PIB) per cápita, el índice de desarrollo humano (IDH), el índice de Gini y el índice de pobreza constituyen un set razonable.1 Repasemos cómo le fue a Uruguay en cada uno.
El PIB per cápita es el indicador económico clásico para resumir si hemos avanzado o no. Uruguay tenía en el año 2000 un PIB per cápita de 7.000 dólares y lo triplicó hasta alcanzar los 21.000 dólares de la actualidad. Somos tres veces más ricos que a principios de siglo.
Pero claro, el PIB per cápita es un resumen demasiado simplificado. El economista indio Amartya Sen impulsó hace 40 años la construcción de un indicador que hoy es canónico en la Organización de las Naciones Unidas. El IDH mete en una licuadora tres dimensiones –economía, educación y salud– y saca un número entre 0 y 1. Ese indicador nos dice que también mejoramos: en el 2000 estábamos en 0,753 y ahora en 0,809. Tenemos más desarrollo humano que a principios de siglo.
Estos dos indicadores no dicen nada sobre la desigualdad, una dimensión que muchos consideramos relevante para evaluar el desarrollo. El indicador por excelencia para medirla es el índice de Gini, que toma valores entre 0 y 1 y cuanto menor es su valor más igualitaria es la sociedad. Hace unos 25 años el índice de Gini de Uruguay se ubicaba en 0,45 y actualmente está en 0,39. Somos una sociedad más igualitaria que la de principios de siglo.
Finalmente, el cuarto indicador clásico para pensar el desarrollo de un país es la pobreza. La cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza a principios de los 2000 era superior al 20%. Con la crisis de 2002 tuvo un salto –llegó a 40%– y luego bajó sostenidamente hasta ubicarse en el 10% de la actualidad. Somos menos pobres que a principios de siglo.
Por tanto, más ricos, con más desarrollo humano, más igualitarios y menos pobres. Un combo fundamental de crecimiento con equidad que nos lleva a decir que sí, que hemos progresado en este primer cuarto del siglo XXI. Icemos bien alta la bandera uruguaya, que el sol y las franjas azules y blancas flameen orgullosos al compás del viento.
Y sin embargo, todo esto que me bastaba hasta hace poco ya no se siente tan completo. La duda me ha asaltado: ¿hemos progresado?
Los indicadores presentados son usuales, robustos y presentan una mirada integral. Son un buen resumen del desarrollo, pero al mismo tiempo hay algo que se les escapa. Algo falta en este paquete de números, algo que sucede más lejos del promedio, al margen del aparato conceptual tradicional y macro de la economía. Algo más inasible, que se siente en el aire, se escucha en las noticias, se percibe en la calle.
La profesión de economista me interpela: no basta con describir sensaciones, hay que poder medirlas. Pero... ¿dónde buscar? En la biblioteca, el estante de economía ya no me ofrece respuestas. ¿Debería buscar en otro lugar pistas para poder captar, además de lo que sucede en el centro, lo que pasa en el margen?
El margen. Pensando en este concepto me surge el recuerdo de Victor Hugo y los tres tomos de Los miserables, ese maravilloso clásico de la literatura universal. Su protagonista, el gran Jean Valjean, preso por robar un pan, corrompido en el encierro, me invita a buscar datos sobre la prisión. Uruguay multiplicó su cantidad de personas privadas de libertad: comenzó el siglo con 4.000 presos y actualmente tiene 15.000. El número es elevadísimo también en comparación internacional: estamos dentro del top 10 del ranking global de población carcelaria. Tenemos casi cuatro veces más personas privadas de libertad que a principios de siglo.
Siguiendo en Los miserables, algunas páginas más adelante, con un pasaje tan fugaz como intenso, Gavroche nos recuerda la dureza de la calle. Busco información sobre personas en situación de calle: Uruguay ha hecho siete conteos en Montevideo desde 2006 hasta la fecha. En 2006 las personas en situación de calle eran 700; en 2023, 2.800. Se ha cuadruplicado la cantidad de personas en situación de calle con relación a principios de siglo.
Más arriba en la estantería, desde Pobres gentes en adelante Fiódor Dostoievski fue un gran cronista del margen. La tapa de Crimen y castigo llama la atención: el joven y andrajoso Raskolnikov asesina a la anciana. Los datos de homicidios en Uruguay muestran una tendencia sostenida. Uruguay en el año 2000 rondaba los 200 homicidios anuales, mientras que actualmente se encuentra por encima de los 350. Estas cifras incluso podrían ser mayores, ya que no toman en cuenta las muertes dudosas, que se cuadruplicaron en la última década y rondan las 200 anuales en la actualidad. Tenemos el doble de homicidios que a principios de siglo.
Algunos libros más a la derecha, Dante nos conmueve con su Divina comedia. El séptimo círculo del infierno, el de la violencia, contiene varios anillos; si los homicidas son castigados en el primero, los suicidas pasan su eternidad en el segundo. Hay algo de síntesis allí, el suicidio es un acto individual, pero su naturaleza es eminentemente social (Durkheim dixit). Uruguay comenzó el siglo con 16 suicidios cada 100.000 habitantes y actualmente está en el orden de los 23. Mientras que a principios de siglo 500 personas se quitaban la vida al año, hoy los suicidas superan las 800 personas anuales. Nos suicidamos más que a principios de siglo.
Por tanto, la otra cara del desarrollo uruguayo: más presos, más personas en situación de calle, más homicidios y más suicidios. ¿Hemos progresado?
Dos conjuntos de indicadores, dos visiones diferentes y contrapuestas del Uruguay. Llegado a este punto, y a contrapelo de lo que siempre he pensado, me pregunto: ¿y si empezamos a medir nuestro desarrollo por la cantidad de presos, pichis, asesinos y suicidas, en lugar de por el PIB, el IDH, el Gini y la pobreza?
La propuesta suena, hay que aceptarlo, un tanto arbitraria. Un recuerdo me hace volver a la economía: John Rawls y su Teoría de la justicia. Rawls consideraba que las opiniones sobre la justicia están contaminadas por el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Para obtener un criterio de justicia “más puro” siguió un procedimiento fantástico: suponer que la discusión se da en una situación llamada “la posición original”, en la cual “nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición de clase o estatus social, y tampoco nadie conoce su suerte en la distribución de activos y habilidades naturales, su inteligencia, su fuerza, y cosas similares. [...] Los principios de justicia se eligen detrás de un velo de ignorancia”.
Siempre me imaginé esta situación como una gran oficina pública llena de almas esperando a ser introducidas en el cuerpo de un recién nacido. Las almas esperan sentadas con un número en la mano, y un san Pedro a contraturno las va asignando a bebés que nacerán en diferentes barrios del mundo, gritando como la empleada pública de Gasalla:
679: ¡Montparnasse, París!
680: ¡Parque Rodó, Montevideo!
681: ¡Rocinha, Río de Janeiro!
682: ¡Recoleta, Buenos Aires!
683: ¡Marconi, Montevideo!
Y ahí va el alma con el número 683, se para y avanza para meterse en el cuerpo de ese bebé que está naciendo en el Pereira Rossell.
Desde este velo de ignorancia, Rawls se pregunta qué criterio de justicia surgiría, qué pensaríamos si sólo supiéramos que tenemos el número 684 y todavía no nos han gritado a qué cuerpo de recién nacido iremos a parar. Llega a una conclusión radical: una situación será más justa que otra sólo si los menos afortunados mejoran.
¿Y quiénes menos afortunados que los protagonistas de los gráficos del segundo set de indicadores? La posición original nos exhorta a medir el avance del todo según la mejora del margen. Los cuatro indicadores ya no son arbitrarios, sino que pueden ser entrelazados, con costuras invisibles, por la filosofía política de Rawls.
John Rawls fue un profesor estadounidense de la Universidad de Harvard, pero sus ideas no nos resultan ajenas. El principio de justicia que maneja ya había sido proclamado en estas latitudes por un revolucionario oriental que propuso un reglamento de tierras bajo la consigna “los más infelices serán los más privilegiados”. José Gervasio Artigas anticipó el corazón de la filosofía rawlsiana con 150 años de antelación.
Es así que comienza a tomar cuerpo nuestra propuesta de medición alternativa del desarrollo. Ya no es una mera sensación. Cuenta detrás con un conjunto específico de indicadores, ya presentado, con un marco teórico potente que le da unidad, el de la filosofía de Rawls, y con un anclaje local, el pensamiento político de Artigas.
Por tanto, el set de indicadores en los que Uruguay ha retrocedido toma otro cariz: ya no son simples datos llamativos o anomalías curiosas, sino que pueden ser considerados la métrica misma de nuestro progreso. Desde este enfoque, que podríamos llamar artiguista-rawlsiano, Uruguay ha retrocedido en los últimos 25 años.
(Nota mental para futuro artículo instrumental: si la ONU junta salud, educación y economía en un único indicador –el IDH–, por qué no juntar estos cuatro datos en un único indicador, un índice artiguista-rawlsiano de desarrollo humano. Un índice que sigue el margen, a los que por definición quedan por fuera de la Encuesta Continua de Hogares –la cárcel no es un hogar, la calle no es un hogar– y a los que pertenecen al séptimo círculo del infierno dantesco).
2024 será un año de campaña electoral y, por tanto, un año que obliga a la revisión de lo que hemos realizado y lo que queremos lograr. Más allá de la evaluación de las luces y sombras del actual gobierno, de su comparación con los anteriores, del contraste con las expectativas generadas, resulta importante plantearnos una mirada más larga sobre el devenir del país.
Uruguay necesita mejorar sus tasas de crecimiento, su desarrollo humano, la distribución del ingreso y bajar la pobreza. En estas dimensiones hace diez años que estamos en una situación de estancamiento. Sin embargo, en estos cuatro puntos contamos con un elemento positivo: tenemos experiencia de mejora en nuestra propia historia reciente. Estamos mejor que hace 25 años y tuvimos una década (2004-2014) de impresionante mejora en las cuatro dimensiones.
Los desafíos mayores se encuentran en aquellas áreas en las que no sólo estamos insatisfechos, sino que además estamos peor que antes. Más aún: en aquellas dimensiones en las que sistemáticamente empeoramos incluso mientras mejorábamos en aspectos que siempre creímos y creemos fundamentales. Ha pasado suficiente tiempo como para comprender que no existe una relación causal de mejora automática entre el paquete de políticas de crecimiento con equidad, que supimos exitosamente desplegar, y algunos fenómenos penosos que sufrimos como sociedad y que se han profundizado.
Pensando en el futuro, supongamos un escenario hipotético en el cual logramos desplegar en los próximos cinco años un conjunto de políticas que hacen crecer el PIB, aumentar el desarrollo humano, mejorar la distribución del ingreso y disminuir la pobreza, ¿estaremos satisfechos en 2030? Parece obvio que sí.
Pero si al mismo tiempo continúan las tendencias de nuestro segundo set de indicadores y llegamos a 2030 con 20.000 presos, 4.000 personas en situación de calle, 500 homicidios por año y 1.000 suicidios anuales, ¿podremos decir que hemos progresado?
Fuentes de datos para esta nota: Banco Mundial, PNUD, INE, MEF, Comisionado Parlamentario, Mides, Ministerio del Interior, MSP, De Armas (2017), Rojido, Cano y Borges (2023), Ceres (2023). ↩
“El sistema de partidos uruguayo es uno de los más institucionalizados de América Latina [...] En los sistemas de partidos institucionalizados la estabilidad es la regla y los cambios sólo se producen de manera paulatina [...] las sorpresas no son habituales y la historia electoral es un insumo esencial para analizar los resultados presentes y entender sus patrones de variación respecto al pasado”. Buquet y Piñeiro (2015), Factores de mediano y largo plazo para el análisis del proceso electoral de 2014 en Uruguay.
Es verdad, falta más de un año para las elecciones. Aún no conocemos los candidatos, las alianzas, los eslóganes de campaña, los pegadizos jingles, lo que sucederá de aquí a octubre de 2024.
Sin embargo, todos hacemos clic cuando salen las encuestas, reenviamos por Whatsapp fotos del informativo con gráficos de aprobación. Los políticos hablan con un ojo en este período de gobierno y otro en el próximo. Estamos, un poco sí y otro poco también, en campaña electoral. Aceptemos entonces que ya estamos prontos para jugar con la bola de cristal y hacer predicciones electorales. ¿Quién está mejor posicionado para ganar las elecciones en 2024?
Un procedimiento habitual para proyectar el futuro es ver qué sucedió en el pasado. Para ver dónde estamos parados analicé datos sobre la historia electoral uruguaya posdictadura con base en tres grandes perspectivas:
En lo que sigue no voy a hacer ninguna valoración subjetiva ni sugerir hipótesis explicativas, porque no me interesa y además porque no soy capaz. No hablaré del cómo o el porqué; me detendré solamente en el cuánto, en mirar la foto que muestran los números puros y duros.
Desde el punto de vista electoral, ejercer el gobierno tiene pros y contras. Por un lado, permite disponer de un conjunto de recursos relevante para desplegar y convencer a los electores. Existen trabajos que evidencian un ciclo electoral de las cuentas públicas: el déficit fiscal tiende a aumentar en el año electoral.1 Por otro lado, sobre el gobierno descansa la responsabilidad de las políticas públicas, las expectativas de los ciudadanos y su contraste con la realidad. La pregunta que surge naturalmente es cuál es el resultado neto, a nivel electoral, de los pros y contras de ser gobierno.
Buscando respuesta sistematicé la variación en los votos del partido o coalición gobernante desde 1985 a la fecha. Para los primeros cuatro gobiernos (Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Sanguinetti y Jorge Batlle), sumé el caudal de votos del Partido Nacional y del Partido Colorado.2 Para los siguientes tres (Tabaré Vázquez, José Mujica y Vázquez), la votación del Frente Amplio. Como en los primeros gobiernos no había balotaje, comparé siempre las votaciones en primera vuelta.
Lo que muestran los datos electorales es que el partido o coalición gobernante siempre han perdido votos. En promedio pierden 5% de votos, oscilando entre un máximo de 9% (en el gobierno de Batlle, que desembocó en el primer gobierno de Vázquez) y un mínimo de 0,1% (en el gobierno de Mujica, que fue sucedido por el segundo gobierno de Vázquez).
El balotaje de 2019 fue el más parejo de la historia de balotajes de Uruguay. Luis Lacalle Pou le ganó a Daniel Martínez por 37.000 votos, lo que equivale a 1,5% de los electores.
Desde esta perspectiva, si el actual gobierno pierde la misma cantidad de votos que los dos gobiernos de Sanguinetti, el de Lacalle Herrera, el de Batlle o los dos de Vázquez, entonces perdería la elección. El Partido Nacional y su coalición multicolor deberían tener un desempeño más parecido al del Frente Amplio en el gobierno de Mujica para seguir en el gobierno.
La Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República tiene una maravillosa base de datos sobre opinión pública, con resultados de encuestas desde 1989 a la fecha (Schmidt, Nicolás; Cardarello, Antonio; Luján, Diego [2023]).3
Lo que hice en este segundo análisis fue fijarme qué decían sobre la gestión del presidente los relevamientos de opinión pública en todos los meses de junio del año preelectoral.
Resumí la gestión del presidente en un valor único, el saldo de aprobación, que es la diferencia entre los que aprueban la gestión y los que la desaprueban. Si el saldo tiene un valor positivo es porque hay mayor aprobación que desaprobación. El dato de junio de 2023, que aún no está en la base de la facultad, lo agregué yo usando el promedio de las últimas encuestas de Equipos, Cifra, Usina de Percepción Ciudadana y Opción.4 Armé dos gráficos, uno con la serie completa con todos los valores y otro que sólo mira lo que pasaba a mitad del año preelectoral.
Lo que encontré fue que Lacalle Herrera, Sanguinetti, Batlle y Vázquez en su segundo gobierno tenían un saldo negativo de aprobación a mitad del año preelectoral. En los cuatro casos perdieron caudal electoral y/o las siguientes elecciones. Sólo Vázquez en su primer gobierno y Mujica tenían saldo positivo de aprobación a mitad del año preelectoral.
El promedio de las últimas encuestas ubica a Lacalle Pou con un saldo de aprobación positivo. En este aspecto el actual gobierno comparte la condición de aprobación positiva con los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, que lograron mantenerse en el poder.
La otra pregunta de encuestas sobre la que hay disponibles series largas es la de intención de voto. Como el actual gobierno es una coalición de partidos, para no tener que ponerme a sumar las intenciones de voto de todos los partidos de la coalición multicolor usé un camino más sencillo: simplemente miré la intención de voto del Frente Amplio.
Nuevamente, para las anteriores elecciones usé la base de la Facultad de Ciencias Sociales, mientras que el dato de junio de 2023 lo construí yo usando el promedio de las últimas encuestas de Equipos, Cifra, Factum, Opción y Usina de Percepción Ciudadana.5
La serie histórica muestra dos grandes escenarios. Por un lado, niveles de intención de voto del Frente Amplio de entre 19% y 34% en junio de 1993, 1998 y 2018, en los años previos a sus derrotas electorales. Por otro lado, niveles de intención de voto de entre 45% y 46% en junio de 2003, 2008 y 2013, en los años previos a las tres elecciones que ganó.
Actualmente el nivel de intención de voto, a 15 meses de la elección, se encuentra en el entorno de 42%. Desde esta perspectiva, el escenario actual se encuentra más cercano a las tres elecciones que el FA ganó que a las que salió derrotado.
Si bien la distancia temporal con las elecciones puede verse como un problema, también tiene una virtud: nos permite no distraernos con cosas menores. Próximos a la elección seremos bombardeados semanalmente con información y análisis sobre movimientos no significativos en la intención de voto: que Fulana bajó 1% porque tartamudeó en tal respuesta, que Sultano subió 2% porque salió canchero en tal programa de entretenimientos, que Perengano cayó 3% porque su implante capilar no fue lo suficientemente exitoso. Ruido entretenido, pero que no nos da información pertinente si nos distrae de las tendencias fundamentales del electorado. La opinión pública uruguaya, como tantos aspectos de nuestro querido país, tiene movimientos lentos, de penillanura, que suceden de a poco y deben ser analizados obviando anecdóticas explicaciones de movimientos no significativos.
Por eso me gusta pensar las elecciones desde este vuelo más lejano, mirando las grandes tendencias y observando un período electoral más amplio, que abarca más de 30 años de vida electoral. Recapitulando:
Si usted quiere alegrar a sus amigos frenteamplistas, tiene dos análisis diferentes para enviarles junto con el emocionante jingle “Aprontá tu corazón”. En primer lugar, si la actual coalición gobernante tuviera la misma pérdida de votos promedio que los anteriores gobiernos, perdería la siguiente elección. En segundo lugar, las encuestas ubican al Frente Amplio, a 15 meses de la elección, en un nivel de intención de voto mucho más cercano al de los triunfos de 2004, 2009 y 2014 que al de sus derrotas de 1994, 1999 y 2019. Desde estas dos perspectivas, una nueva victoria del Partido Nacional y su coalición multicolor sería un evento posible, pero extraordinario.
Si usted quiere alegrar a sus amigos multicolores, tiene un análisis para mostrarles escuchando de fondo el emocionante jingle “Es ahora”. En la historia reciente encontramos dos grandes categorías: gobiernos con aprobación negativa a mitad del año preelectoral, que perdieron caudal electoral en las siguientes elecciones, y gobiernos con aprobación positiva, que lograron ganar y mantenerse en el poder. El gobierno actual se encuadra dentro de la segunda categoría. Desde esta perspectiva una derrota del Partido Nacional y su coalición multicolor sería un evento posible, pero extraordinario.
Hasta aquí mi contribución. A partir de este artículo me quedan dos cosas picando que dejo para cerrar, líneas abiertas para futuros análisis. Primero, si hay alguno de los tres análisis que es más relevante, o si hay otro enfoque importante a atender. A mí me gustan y defiendo estas tres perspectivas porque conjugan datos electorales, información de opinión pública y una mirada amplia e histórica, pero esto queda a gusto del consumidor. Segundo, ya más para los analistas en ciencia política, qué es lo que hay detrás de la aparente distancia entre el panorama que dan las encuestas de intención de voto y las de aprobación de gestión presidencial, y qué tanto una dimensión puede permear en la otra en el camino a las elecciones de 2024.6
Fernando Esponda es economista. Este artículo fue publicado originalmente en el blog Razones y Personas.
Oddone, Ithurralde, Iturralde y Torres (2020), Fiscalidad y ciclo presupuestal en Uruguay: lecciones, desafíos y recomendaciones. ↩
Siguiendo el concepto de familias ideológicas, entendiendo al Partido Nacional y el Partido Colorado dentro de la familia de “partidos tradicionales”. La información de los resultados electorales de cada partido en cada elección la saqué de Wikipedia. ↩
Accesible para descargar aquí: https://github.com/Nicolas-Schmidt/opuy ↩
Equipos muestra un saldo de 11%, Cifra de 8%, Opción de 12% y Usina de Percepción Ciudadana de -6%. ↩
Equipos muestra 43%, Opción 42%, Factum 40%, Cifra 44% y Usina de Percepción Ciudadana 45%. ↩
En ocasión de la elección del referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC) me llamó la atención esta aparente disociación: el saldo de aprobación del presidente era en marzo de 2022 de 24%, 28% y 21% según Equipos, Opción y Cifra, respectivamente, y la distancia entre el Sí y el No fue de 1% en las urnas. Dejo link sobre el análisis que hice sobre el referéndum de la LUC aquí: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/4/la-era-de-la-paridad-resultados-destacados-del-referendum-mas-competitivo-de-la-historia/ ↩
El principal desacuerdo entre los economistas neoclásicos y los neokeynesianos es sobre la rapidez con que se ajustan los salarios y los precios. Los economistas neoclásicos construyen sus teorías macroeconómicas sobre el supuesto de que los salarios y los precios son flexibles. Creen que los precios “limpian” los mercados −equilibran la oferta y la demanda− ajustándose rápidamente. Los economistas neokeynesianos, sin embargo, creen que los modelos de equilibrio del mercado no pueden explicar las fluctuaciones económicas a corto plazo, por lo que construyen modelos con salarios y precios “pegajosos”. N. Gregory Mankiw, Nueva economía keynesiana
Las últimas noticias y análisis sobre el mercado cárnico se centran en los impactos de la sequía, que sin duda serán importantes y profundos. En este artículo, sin embargo, hablaremos de este querido y sabroso alimento desde otro lugar. Intentaremos entender la dinámica de precios internos en un contexto histórico más amplio, observando la última década, y desde una perspectiva concreta: la del comensal.
Después del postre, cuando se pongan los tíquets sobre la mesa y el contador designado haga los números, usted podrá argumentar con propiedad cuando aparezca la pregunta clave de la sobremesa: ¿El asado con picadita está hoy más barato o más caro que en el pasado?
Cuando los economistas le ponemos “real” a una variable, lo que queremos decir es que estamos mirándola en relación al resto de los precios de la economía. Un ejemplo claro es el salario real. Se puede mirar el índice de salarios o el índice de salario real, que básicamente es el índice de salarios dividido el Índice de Precios al Consumo (IPC). El indicador más relevante para el análisis salarial y para la heladera, el que nos permite saber si los trabajadores pueden comprar más o menos cosas que antes, es el segundo, el que lleva el apellido “real”.
Para analizar una variable en términos reales el procedimiento consiste básicamente en dividir la serie histórica sobre el IPC, lo que los economistas llamamos “deflactar”. Además del salario, también podemos deflactar variables como las jubilaciones, los ingresos de los hogares, los alquileres o los costos de construcción.
Hace tres años armé el Índice de Precios del Asado con Picadita (IPAP) para medir la inflación de un asado típico uruguayo con carne, chorizos, cerveza, vino, refresco, ensalada, picadita y helado de postre.1 Ahora lo que hice fue deflactar ese índice para construir el Índice de Precios del Asado con Picadita Real (IPAPR). Mi interés en este momento no es tanto calcular la inflación, sino analizar la evolución histórica del costo de nuestra comida típica en términos reales.2
El gráfico del IPAPR nos muestra tres períodos bien diferenciados. El primer período va del 2011 al 2018, cuando el precio real del asado con picadita osciló en torno a un valor relativamente estable.
El segundo período fue el año 2019. Cual asador inexperto, el mercado puso demasiada brasa bajo la parrilla y arrebató los precios, generando un salto y ubicando a la inflación interanual del asado con picadita en su máximo histórico: 22,3% en abril de 2020.
El tercer período va desde 2020 hasta la actualidad. En este período el precio continuó oscilando, pero esta vez en torno a un nuevo valor promedio, 10% superior al histórico. Allí continúa en la actualidad, prendido en su nuevo valor tendencial como carne en hueso de asado con poca brasa.
¿Cómo se explica este salto en el precio? Como vimos, la canasta está compuesta por diferentes productos, que podemos organizar en dos grandes grupos: por un lado, la parrilla (el asado de tira, la colita de cuadril y los chorizos) y, por otro lado, la bebida, ensalada, picada y postre. Básicamente la parrilla ocupa la mitad del costo, y el resto la otra mitad. Repetí el mismo procedimiento de deflactar sobre estos dos grandes componentes, para ver su evolución en términos reales.
Lo que muestran los gráficos es que lo que presionó al alza el precio del asado con picadita fue lo que va en la parrilla, la carne. Este componente tuvo un período entre 2011 y 2018 relativamente estable (incluso con cierta tendencia descendente), un fuerte aumento en 2019 y un período de oscilación en torno a un nuevo nivel entre 2020 y 2022.
El costo real de lo que ponemos encima de la parrilla estos últimos tres años (2020-2022) es 20% superior al del promedio histórico (2011-2018).
¿Por qué el precio se mantiene en ese nivel superior? La explicación más inmediata es que el precio local de la carne simplemente responde a las condiciones internacionales del mercado cárnico, y que su mayor valor es un correlato del aumento del precio internacional. Para observar este pasaje entre lo internacional y lo local descargué el índice del precio de la carne bovina de la FAO, lo convertí de dólares a pesos y lo deflacté por IPC. Es decir, armé un índice del precio internacional de la carne en pesos constantes para compararlo con mi IPAPR.
El gráfico de este índice efectivamente muestra un promedio de precios 2020-2022 mayor al período 2011-2018, y varias oscilaciones tienen similitud con el gráfico del IPAPR que muestra el precio interno. Si bien ambos gráficos no tienen exactamente el mismo dibujo, aparece un razonable correlato entre ambas variables. Sin embargo, me llamó la atención que el descenso de precios internacionales de FAO en 2022 –la mayor caída dentro de un año– no se ve reflejado en el gráfico de precios internos del IPAPR.
En un momento pensé que quizás el precio de la carne de FAO no era el mejor indicador para la comparación –utilicé este indicador porque es el que vi de referencia en los anuarios de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) –, por lo que chequeé también con el ingreso medio de exportaciones del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Allí también se verifica una caída en el precio de exportación durante 2022, de casi 5.500 dólares la tonelada en mayo a 4.000 dólares la tonelada en diciembre.
¿Por qué esta caída en 2022 en el precio internacional no apareció aún en la carnicería de mi barrio? Lo desconozco. Pero hay algo que siento fallar en el marco explicativo. Quizás la hipótesis de pasaje inmediato entre precios internacionales y domésticos no sea tan estricta, tan firme, tan inmediata; capaz existe una lentitud en el ajuste de precios en el corto plazo. Podría ser que los precios sean pegajosos.
Esta hipótesis de pegajosidad de los precios (sí, la palabra “pegajosidad” es horrible, pero es la traducción al español que aparece para sticky prices), que se nos ocurre cuando miramos el asado con picadita, no es descabellada. Revisando la literatura se evidencia: los precios pegajosos son el nodo central de discrepancia entre dos corrientes fundamentales de la economía, entre los neoclásicos y los neokeynesianos. La idea de que los precios ajustan lento, que son rígidos, muchas veces asimétricos en su reacción, fue inicialmente planteada por Keynes allá por la década de 1920, y luego desarrollada por un conjunto de economistas neokeynesianos (Joseph Stiglitz, Robert Hall, John Taylor, Edmund Phelps, por nombrar algunos) en la segunda mitad del siglo XX, constituyendo un supuesto fundamental con importantes derivaciones de teoría y política económica.3
En definitiva, evidenciado el salto en el precio del asado con picadita del año 2019 y su nuevo nivel promedio de los últimos tres años, surgen varias preguntas. ¿Estamos frente a un nuevo valor histórico del precio del asado con picadita? ¿Volverá nuestro querido alimento a los valores del período 2011-2018? Si vuelve, ¿cuánto demorará en hacerlo? ¿Este nuevo nivel responde exclusivamente a las condiciones internacionales o existe una lentitud en el ajuste del precio de nuestra comida nacional? ¿Qué tan pegajoso es el precio del asado con picadita? Queda el debate planteado, y son bienvenidos aportes, correcciones y sugerencias.
Antes de publicar este artículo comenté los hallazgos en un asado. Mientras acomodaba los troncos para prender el fuego, alguien afirmó que un fenómeno similar había sucedido con la yerba, que en un momento se había disparado el precio y luego había quedado altísimo.
Si la comida típica uruguaya es el asado con picadita, nuestra bebida típica nacional es el mate, por lo que sentí la obligación de ir a chequear tamaña afirmación. Efectivamente, si vamos al INE y observamos la evolución del precio real de la yerba mate (¡en este caso pude armar una serie que arranca en el año 1997!), se verifica el comportamiento mencionado. Durante el 2013 y 2014 la yerba pegó un salto formidable de precio, subiendo como espuma en primer mate de la mañana. Desde 2015 ha estado bajando lentamente, despacito, diría Luis Fonzi, convergiendo de a poco a los valores anteriores a 2012. ¿Condiciones internacionales o precios pegajosos?
La canasta utilizada corresponde a un asado con picadita para seis personas compuesto de los siguientes productos: bebida (tres cervezas Patricia de 1 litro, una Coca-Cola de 2,25 litros y un vino tinto Santa Teresa clásico de 1 litro), picadita (un paquete de papas chips Lay’s de 150 gramos, 300 gramos de queso colonia y dos flautas), parrilla (un kilo y medio de asado de tira, una colita de cuadril de 1 kilo y tres chorizos extra Cattivelli), ensalada (una lechuga y tres tomates) y postre (un helado Crufi de dulce de leche granizado de 1 litro). Los precios de los productos surgen del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ↩
Todo índice tiene un valor base. Para este artículo construí los índices de tal forma que el promedio 2011-2018 equivale al valor 100. ↩
Si bien cuando se habla de rigideces de precios se los piensa, en general, en términos nominales, también se puede pensar en la rigidez de los precios en términos reales, en particular en economías como la uruguaya con inflaciones persistentes. ↩
La mitad de los votos en blanco en las elecciones universitarias se debe al mecanismo electoral y no a la voluntad del votante
En el verano de 1884 el distrito londinense de Soho se vio estremecido por la peor epidemia de cólera de la historia del Reino Unido. Iniciada el 31 de agosto, en solo tres días ya habían fallecido 127 personas. La situación era desesperante: nunca una epidemia de cólera había matado tan rápido a tanta gente.
El médico John Snow recorrió la zona y anotó la residencia de cada uno de los fallecidos. Desplegó sobre su escritorio un mapa y fue colocando puntos, uno por cada muerto. Poco a poco un patrón fue revelándose frente a sus ojos: las muertes se agrupaban en torno a la bomba de agua de Broad Street. En tan sólo una semana redactó y presentó su informe a las autoridades, quienes decidieron cerrar la bomba de inmediato. La epidemia cesó y en ese momento Snow se convirtió en el padre de la epidemiología moderna.
La epidemia de cólera de Broad Street es considerada uno de los primeros ejemplos de experimento natural, o sea un estudio que se realiza sobre algo que sucede “espontáneamente”, sin que haya un proceso dirigido por el experimentador. Estos experimentos son particularmente útiles en las ciencias sociales, en donde a diferencia de las ciencias más “duras” —física, química, biología— no es sencillo hacer un experimento con condiciones controladas, ya sea por problemas prácticos o éticos.[1]
El 16 de noviembre de este año 225.000 personas fueron a votar en las elecciones universitarias. Inconscientes ratas de laboratorio, también formaron parte de un inmenso experimento natural, dándonos la posibilidad de testear el efecto del mecanismo electoral sobre el voto en blanco universitario.
Como en el caso de la epidemia de cólera de Broad Street, los resultados de este experimento también son contundentes.
En las elecciones universitarias se votan tres órganos: Consejo y Claustro de cada facultad y Claustro de la Universidad. Cada órgano se vota en una hoja de votación diferente, por lo que hay que poner tres hojas distintas en el sobre.
Cuando se dan los resultados de las elecciones universitarias suelen aparecer altos porcentajes de votos en blanco, que en algunos órdenes y facultades superan el 50%. En parte estos votos responden a una decisión explícita del votante, pero en parte se deben al mecanismo electoral. Por ejemplo, si la persona pone sólo una hoja de votación al Consejo, estará votando al Consejo, pero su voto será “en blanco” para el Claustro de la facultad y de la Universidad.
¿Este tipo de votos “en blanco” se deben a una voluntad activa del votante o a la complejidad de la votación?[2] Era muy difícil responder a ciencia cierta esta pregunta, hasta ahora.
En las elecciones de 2022 tuvimos una excepcionalidad: por primera vez se votó sólo un órgano, el Consejo de cada facultad (el Claustro de cada facultad y de la Universidad ya habían sido elegidos en 2021). Esta excepcionalidad implicó que en lugar de poner tres hojas de votación en el sobre, había que poner sólo una.
Calculé el promedio de votos en blanco y anulados para el Consejo de las 13 facultades que tuvieron elecciones en 2014, 2018 y 2022 (Agronomía, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Enfermería, Humanidades, Ingeniería, Medicina, Psicología, Química y Veterinaria), y los resumí en el siguiente gráfico:
El cambio es notorio. En las elecciones de 2014 y 2018, cuando se debían poner en el sobre tres hojas de votación (Claustro, Consejo y Claustro de la Universidad), los promedios de votos en blanco y anulados para el consejo fueron 41% y 39%. En 2022, cuando sólo hubo una hoja de votación, el promedio de votos en blanco y anulado fue de 24%.[3]
Si miramos sólo los votos en blanco vemos que pasan de 37% y 36% en 2014 y 2018 a 18% en 2022. Caen a la mitad.[4]
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de votos blancos y anulados por orden, abierto para egresados, estudiantes y docentes.
Históricamente los votos en blanco y anulados tenían un patrón que se mantenía: los mayores valores eran en egresados, luego en estudiantes y luego en docentes. Sin embargo, en 2022 este patrón cambió, y los estudiantes y docentes presentaron niveles similares de votos en blanco y anulados (16% y 17% respectivamente).
Este cambio responde a que la caída de los votos anulados y en blanco fue mucho mayor en los estudiantes que en los docentes y egresados. En los estudiantes el voto en blanco cayó a un valor inferior a la mitad, pasando de 40% y 38% en 2014 y 2018 a 16% en 2022.
Pensar en las características de los órdenes nos permite obtener algunas hipótesis para explicar este fenómeno. De alguna manera, los egresados son el colectivo más lejano al día a día universitario (algunos pisan su facultad sólo cuando tienen que ir a votar en las elecciones). De esa ajenidad se derivarían niveles superiores de votos en blanco y anulados que los estudiantes y docentes, con una actividad vital mucho más cercana a la Universidad.
¿Por qué la mayor caída en los votos en blanco y anulados fue en el orden estudiantil? Esbozo una posible explicación. Los estudiantes suelen tener menos experiencia en elecciones que los docentes y los egresados. Puede darse incluso que para muchos estudiantes las elecciones universitarias sean sus primeras elecciones. De ahí que la complejidad de la votación impacte en ellos en mayor medida que en los otros dos colectivos. En 2022, simplificado el mecanismo de votación, el nivel de votos en blanco y anulados de los estudiantes terminó siendo igual que el de los docentes.
La propuesta: simplificar la votación en una única hoja de votación
Así cómo el mapa de puntos que armó John Snow recomendó clausurar la bomba de Broad Street, este análisis cierra también con una propuesta. Quizás no tenga la relevancia de la propuesta de Snow, quizás no salve vidas ni sea un hito de la historia de la ciencia, es verdad, pero la recomendación de política que se deriva del análisis es clara y valiosa: cambiar el mecanismo de votación de las elecciones universitarias, y pasar a votar con una sola papeleta que incluya los tres órganos.[5]
El principal argumento que he escuchado en contra de unificar la elección en una sola hoja de votación es que se impide el voto cruzado. Es cierto. Quizás pueda haber algún votante sofisticado que quiera ejercer esa opción, votar una agrupación para el Consejo, otra para el Claustro de facultad y otra para el Claustro de la universidad, y la unificación de todo en una misma hoja de votación lo impediría.
Sin embargo, recordemos que nada menos que en las elecciones nacionales votamos tres órganos diferentes: la Presidencia, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todo en una sola hoja de votación. Nadie se espanta por juntar estos órganos, que son incluso de poderes diferentes. Nos parece razonable y con esta definición impedimos en los hechos que alguien vote al presidente de un partido y parlamentarios de otro partido. Esta definición permite simplificar la votación.[6] ¿Por qué no hacerlo también en las elecciones universitarias?
Mantener tres hojas o pasar a una hoja única es una definición subjetiva, con sus pros y contras, como tantas otras, pero la evidencia que arrojaron las últimas elecciones es nueva y contundente. La duplicación de los votos en blanco del mecanismo de tres hojas ya es ineludible. Debemos ir hacia un esquema de hoja única de votación. La democracia pasa por poder elegir y también por facilitar la comprensión de lo que se elige.
[1] En economía es una herramienta particularmente utilizada. De hecho, el premio Nobel de economía del año pasado fue para David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, quienes se destacaron precisamente por extraer conclusiones económicas de experimentos naturales, en campos tan diversos como la relación entre salario mínimo y empleo, inmigración y empleo o nivel de estudios y salarios.
[2] La relación entre el mecanismo de voto y los resultados es un tema súper interesante y trabajado en ciencia política. Se pueden encontrar trabajos recientes que muestra relaciones entre los resultados de votación y la informatización de los mecanismos de votación, en particular su impacto en los votos cruzados y en votos nulos (ver por ejemplo Enchufes, espejos y tijeras: efectos del diseño de las boletas sobre el comportamiento electoral de Juan Dodyc y Juan Pablo Ruiz Nicolini, en donde se relevan varios estudios sobre este fenómeno).
[3] Estuve también jugando con algunas regresiones para ver posibles efectos de la cantidad de listas, la participación o el total de votos sobre los votos en blanco y anulados. El impacto de la cantidad de listas presentadas da una disminución de 3 puntos porcentuales de los votos en blanco y anulados por cada lista adicional que se presenta, mientras que los parámetros asociados a la participación y la cantidad de votos dan no significativos. Cierro este pie de página con un par de datos más: las elecciones de 2022 tuvieron menos cantidad de listas que 2014 y 2018, más votos absolutos y menor participación (75% en 2022 contra 80% y 79% en 2014 y 2018). Estos elementos no permitirían explicar per se la caída del voto en blanco y anulado.
[4] Hay también un leve aumento de los votos anulados. Interesante. Un amigo me planteó una hipótesis: que en las elecciones muchas veces se contabilizan mal los votos anulados. En rigor un voto anulado debería anular todo el contenido del sobre, y por ende la cantidad de votos anulados por órgano por circuito debería ser idéntica. Sin embargo, muchas veces en los escrutinios aparecen totales de anulados diferentes por órgano, porque se hace una “anulación parcial”, anulando el voto en un órgano y marcando voto en blanco para los otros dos órganos. A los efectos de la distribución de cargos este fenómeno no modifica nada, pero sí hace un pequeño ruido en este análisis. De todas formas, el problema se netea al mirar los votos anulados y en blanco sumados.
[5] La propuesta no es nueva e incluso ha sido discutida dentro de la Universidad, sin haberse resuelto hasta el momento cambios concretos. Un informe interno de hace algunos años planteaba que “nos es imposible saber a ciencia cierta qué proporción de la diferencia entre votos en blanco parciales y totales se explica por decisiones conscientes de realizar votos parciales, pero sospechamos que el grueso se explica por falta de información, principalmente en los órdenes de estudiantes y egresados.” Ahora lo sabemos: la mitad.
[6] El voto a nivel nacional de estos órganos en una sola lista también responde a otros objetivos, como por ejemplo que no se hagan cooperativas de votos a nivel de la cámara de representantes, o mantener las agrupaciones de votos por partidos.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
En enero de 2016 Ramón pudo finalmente comprar su casa. Juntando sus ahorros con los de su pareja y un préstamo a 25 años con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), logró acercarse al “sueño de la casa propia”.
Hace poco entró a ver los reportes del BHU para ver cuánto debía. Aquel préstamo de 100.000 dólares, luego de seis años de puntual y religioso pago de las cuotas hipotecarias, sin ningún atraso, ningún problema, todo impecable, hoy asciende a... 112.000 dólares.
Sí, Ramón ha pagado correctamente y debe 12.000 dólares más que al principio del préstamo. El sueño de la casa propia parece verse eclipsado por la pesadilla de la deuda propia.
Este caso es una buena excusa para conversar sobre dos grandes conceptos que explican el aumento en dólares de esta deuda: la primera es la lentitud de la amortización a la francesa y la segunda, la apreciación del dólar, algo nada inusual en el extraño mundo de los créditos hipotecarios.
Durante siglos las ciencias duras han perseguido algunas quimeras. Mientras que la química se entretenía con la transmutación de los metales, la física soñaba con los viajes en el tiempo. Esta última aspiración implica terribles paradojas. ¿Y si viajo al pasado y mato a mi abuelo antes de que haya tenido a mi padre? ¿Y si viajo y mato a Hitler, y con eso evito la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y elimino, justamente, el motivo para viajar al pasado y matar a Hitler?
La economía, que desde mediados del siglo XIX buscó imitar las formas de la física para calzarse el gorro de ciencia, ha logrado importantes avances en esta materia. Los economistas manejamos hace mucho tiempo una máquina del tiempo, que permite traer dinero del futuro. La llamamos crédito. Permite tener hoy dinero que generaremos en el futuro. Cuando el dinero se dedica a la vivienda, la llamamos crédito hipotecario.
El caso que presentamos aquí es uno de tantos posibles que pueden surgir en estos viajes en el tiempo del dinero. Porque, como todo viaje intertemporal, la travesía incluye riesgos, incertidumbres y paradojas.
Cuando uno paga cuotas de una deuda lo que está haciendo es pagar por dos conceptos al mismo tiempo: el interés y la amortización. El interés es el precio que se cobra por prestar plata, el costo de hacer que el dinero viaje en el tiempo; la amortización es la parte que efectivamente hace que la deuda baje. Son dos cajitas separadas: el banco recibe la cuota y pone una parte de los billetes en la cajita de los intereses y otra en la cajita de la amortización. Cuando la cajita de la amortización llega al total de lo que se pidió al principio, se termina la deuda.
El sistema más utilizado para pagar un préstamo se llama amortización a la francesa (los sistemas tienen patriotismo: existen también el método alemán y el americano). La principal regla de este sistema es que la cuota es siempre igual. Internamente, y sin nosotros enterarnos, la cuota va cambiando mes a mes su proporción interna. En estos préstamos largos, la amortización al inicio es pequeña; la mayor parte se esfuma en el pago de intereses. Esta proporción depende del plazo del préstamo y de la tasa de interés: cuanto más largo sea el plazo o más alta sea la tasa de interés, más chico es el peso de la amortización sobre la cuota.
En concreto, en la primera cuota que Ramón pagó en enero de 2016 80% fue para intereses y 20% fue para amortización: de los 20.000 pesos de cuota, 16.000 fueron a la cajita de los intereses y 4.000 fueron a la cajita de la amortización.
Esta proporción cambia a medida que avanza el tiempo, pero despacito. Esto sucede porque el interés se calcula sobre el saldo de la deuda; a medida que baja el saldo, baja el pago de intereses y sube la amortización. A esta altura, seis años después, el peso de la amortización ha pasado de 20% a 30% de la cuota.
Esta dinámica hace que la deuda inicialmente baje bien lentamente. En la primera cuota Ramón pagó 20.000 pesos, pero la deuda sólo bajó 4.000 pesos. Al día de hoy ya ha pasado 25% del plazo de su préstamo, pero la deuda no ha bajado 25%, sino que ha bajado 12%.
Hasta ahora lo que estamos viendo es que la deuda siempre baja. Baja lentamente al principio, sí, pero siempre baja. ¿Por qué entonces la deuda de Ramón aumentó 12.000 dólares?
En Uruguay vivimos en una economía muy bimonetaria. Cuando pensamos en chicles, boletos o porciones de pizza, pensamos en pesos uruguayos, pero cuando pensamos en casas, autos o heladeras, pensamos en dólares. En otros países eso no pasa, siempre hablan en su moneda local, pero acá a partir de un umbral empezamos a pensar en dólares. Esto es en parte herencia de un pasado de inflaciones altas, en que la variación del peso uruguayo lo hacer perder utilidad como unidad de cuenta.
Las casas se ofrecen y negocian en dólares, mientras que los créditos hipotecarios se fijan en unidades indexadas (UI) –que se actualiza con la inflación– o en unidades reajustables (UR) –que se actualiza con los salarios–. Pero cuando pensamos estos temas, siempre pensamos en dólares, porque es más fácil. El ahorro, el préstamo, el costo de la vivienda, todo lo pensamos en dólares. ¿Quién sabe cuánta plata son 10.000 UI? Nadie, pero todo el mundo entiende de qué hablamos cuando decimos 10.000 dólares.
Lo que ha sucedido en estos seis años es que el dólar ha subido menos que la inflación. El dólar pasó de 30 a 40 pesos (aumentó 33%), mientras que la inflación acumulada fue el doble (acumuló 66%). Por eso pasa esta cosa extraña: la deuda en UI ha disminuido (pasó de 960.000 UI a 840.000 UI), mientras que la deuda medida en dólares aumentó (pasó de 100.000 dólares a 112.000 dólares).
Para ver esta dinámica podemos calcular y graficar la evolución de la deuda de Ramón en UI y en dólares.
La línea de la deuda en UI es siempre descendente, pero la deuda en dólares se mueve para cualquier lado. Lo que comenzó en 100.000 dólares incluso tuvo al principio un fuerte aumento; llegó a 128.000 dólares tan sólo dos años después de que Ramón consiguió el préstamo, porque el dólar bajó de 30,2 pesos a 27,8 pesos en ese período. Sí, un aumento de 28.000 dólares en dos años que por suerte Ramón nunca se puso a calcular.
¿En qué moneda sería correcto mirar la deuda? En principio parecería más razonable ver la deuda en la moneda en que ha sido tomada, en este caso en UI. Es verdad que podría ser útil verla en dólares, por ejemplo, si Ramón ganara su sueldo en esa moneda, porque sería una medida más relacionada con su capacidad de pago. Pero no es el caso.
En realidad, el motivo por el que la calculamos inicialmente en dólares es porque nos resulta más cómodo pensar en esa moneda, es nuestra costumbre por vivir en una economía bimonetaria.
En definitiva, la dinámica del lento descenso de la deuda al principio de un préstamo a 25 años, combinada con una apreciación del dólar como la que sucedió, generan este efecto extraño de que Ramón deba hoy 12.000 dólares más que cuando arrancó el préstamo, habiendo pagado religiosa y puntualmente todos los meses el crédito hipotecario.
Tanto en física como en economía, los viajes en el tiempo suponen varias paradojas. ¿Qué sucede si un agujero negro hace desaparecer el dinero destinado a repagar una deuda (en economía le llamamos default a este fenómeno)? ¿Cómo se comporta el universo cuando las velocidades del ingreso y de la deuda divergen, porque están atadas a distintas monedas (lo que en economía llamamos “descalce”)? ¿Cómo se curva el espacio-tiempo cuando se establece una cuota que es menor al monto de intereses, lo que provoca una deuda infinita (a nivel fiscal se llama “dinámica explosiva de deuda”)? El caso presentado de este aumento de la deuda en dólares es solamente uno de los muchos que pueden aparecer en el apasionante y extraño mundo de los créditos hipotecarios.
Tomado de Razones y personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
El jueves 24 de marzo jugamos contra Perú. Los pasos hacia atrás de Sergio Rochet en el minuto 91 llegaron hasta límites insólitos. Todos nos quedamos en silencio, el tiempo se detuvo. Hubo que esperar al VAR para saber si la pelota finalmente había pasado o no la línea del arco. Por suerte no fue gol, Uruguay le ganó a Perú y se clasificó al mundial.
El domingo 27 de marzo votamos. La Usina de Percepción Ciudadana, única encuestadora con proyección de escrutinio, dio su proyección a las 20.30: empate técnico. Todos nos quedamos en silencio, el tiempo se detuvo. Los métodos estadísticos no permitían anunciar un ganador claro en ese momento. Hubo que esperar para saber si el Sí finalmente pasaba o no la línea del 50%.
Avanzado el escrutinio, tuvimos un resultado definitivo. El No tuvo 22.000 votos más que el Sí. Si bien esa separación es menor que los 35.000 votos observados, como al No se le suman los 28.000 votos en blanco (un invento de un parlamento que en 1989 olvidó aquello de “mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana” y puso en ley este sinsentido democrático), ya esa noche supimos que había ganado el No, y no tuvimos que esperar días de escrutinio de votos observados como en el último balotaje.
El resultado es conocido: como en 2019, nuevamente festejó la coalición liderada por el Partido Nacional. Pero esto es sólo la punta de un iceberg de resultados interesantes que se esconde bajo los datos.
Hace dos años y medio desde estas páginas planteábamos que estábamos en la víspera del balotaje más parejo de la historia,1 lo que terminó confirmándose en las urnas.2
La semana pasada la Usina de Percepción Ciudadana proyectaba en su última encuesta un empate técnico entre el Sí y el No, y una distancia de 2% entre el Sí y el No más los votos en blanco sumados.3 Se verificó lo proyectado: una distancia de 1% entre el Sí y el No y de 2,2% entre el Sí y el No más los votos en blanco. Ante nuestros ojos tenemos el referéndum más parejo de la historia.
Como en el balotaje de 2019 –y a diferencia de los otros balotajes y referéndums– la opción ganadora en el referéndum no superó el 50% de los votos emitidos.
Hace dos décadas que Uruguay se encuentra dividido en dos mitades desde el punto de vista electoral. Nunca esas dos mitades estuvieron tan cerca en las urnas como en los últimos dos años.
Como un calco de la segunda vuelta, la distribución territorial de los votos muestra que el Sí gana en Montevideo y el No en el interior. Dentro de Montevideo, el No es ganador en la zona costera y el Sí en los barrios periféricos. Dentro del interior, el No es ganador en todos los departamentos con excepción de Canelones y Paysandú; este último es el único departamento que cambia de signo (en Paysandú había ganado Luis Lacalle Pou, siendo el departamento que ganó por menor diferencia).
En cuanto a las edades, se ve un claro perfil etario: mientras que el Sí gana en los menores de 44 años, el No gana de 45 años en adelante.
Estas relaciones son ciertas, pero tienen detrás una explicación que las trasciende. Las correlaciones entre el voto y el territorio o el voto y la edad son en realidad una consecuencia de la correlación entre voto y partido político.
En el fuerte sistema de partidos uruguayo se verifica una constante: lo que la gente vota en las instancias de democracia directa se encuentra muy relacionado con el partido político al que vota. Lo comprobamos en el plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad4 y en el plebiscito de seguridad de 2019, y lo volvemos a ver en el referéndum sobre la LUC.
Como el voto es secreto, obviamente no sabemos qué votó cada persona. Lo que sí tenemos son datos agregados de votación: resultados por circuito (más de 7.000), por serie electoral (casi 750) o por departamento (19). Como los circuitos tienen bastantes cambios entre 2019 y 2022, no es conveniente usarlos, por lo que la menor desagregación “consistente” que podemos usar es la de las 750 series electorales (corresponden a las tres letras de la credencial, por ejemplo AAA, BCB, OFC, hay 750 combinaciones diferentes).
Sobre estos datos podemos realizar regresiones ecológicas. ¿Qué son? Simplificadamente, la idea es que a partir de los resultados a nivel de series electorales se puede hacer una regresión e interpretar, bajo ciertos supuestos (el supuesto de constancia de Goodman es el más importante), las estimaciones de los parámetros como porcentajes de voto a nivel individual. Viendo qué pasa con las series electorales podemos inferir qué pasa con las personas.
¿Qué nos dice el cruce de datos entre 2019 y 2022? Las nubes de puntos son una hermosura para quienes buscamos correlaciones en ciencias sociales. Los datos se ajustan en una recta casi perfecta: mayor votación para Lacalle Pou en 2019 implica mayor votación para el No en el referéndum. Lo mismo entre votación para Daniel Martínez y votación por el Sí. La bondad de ajuste de los modelos son altas, los parámetros son significativos. No quiero aburrir poniendo salidas de modelos estadísticos y cosas así; me basta con transmitir que, haciendo una simplificación del lenguaje, 95% de las personas que votaron a Lacalle Pou en 2019 votaron No en 2022, y lo mismo entre Martínez y el Sí. Todo súper alineado.
En conclusión, el referéndum no sólo mostró dos grandes bloques casi empatados, sino que esos bloques son iguales a los del balotaje en términos de composición. La misma cantidad de gente y la misma gente.
Analizadas la paridad y la composición de los bloques, surge inmediatamente otra pregunta: si los bloques son tan parejos, ¿por qué las encuestas dan una popularidad presidencial tan alta?
Hay dos historias sobre la actualidad política que no parecen cerrar entre sí.
Por un lado, lo que nos muestran las urnas. La coalición multicolor ganadora, en 2019 y en 2022, con los márgenes más estrechos que se hayan visto. Dos elecciones que, por cierto, tenían muy presente la figura presidencial: en 2019 era precisamente lo que se elegía; en 2022, el presidente fue la figura principal en defensa del No.
Por otro lado, lo que nos muestran las encuestas de opinión pública. Lacalle Pou sería el presidente con el mayor nivel de aprobación en su segundo año desde la restauración de la democracia.
¿Cómo se concilian estos dos Uruguay? ¿Por qué en las mediciones de popularidad la diferencia entre aprobación y desaprobación es mayor a 20% y en las urnas es de 1%? ¿Vivimos en un país en el que una abrumadora mayoría aprueba al presidente, como dicen las encuestas? ¿Vivimos en un país con dos mitades que se separan por un mínimo, como dicen las urnas?
Una opción es que las dos historias realmente coexistan, quizás porque la popularidad depende de algunas cosas (por ejemplo, la opinión sobre la gestión de la pandemia) y la votación de otras (economía, seguridad, lo que voté antes). Otra opción es que el alto apoyo al presidente no sea tal, que las encuestas sobrevaloren el apoyo a la gestión gubernamental.
Esta segunda opción se ata con un comentario que se escucha en la calle o en la feria, pero que casi no suena en el debate público: ¿existe un sesgo a la derecha de las encuestas de opinión pública? Veamos.
Hacer encuestas es difícil. Le preguntás a menos de 1.000 personas lo que piensan y con eso tenés que decir qué van a hacer dos millones y pico. La semana antes de las elecciones anunciás tu pronóstico y luego esperás comiéndote las uñas para ver qué tan cerca o lejos estuviste. Mis respetos a quienes realizan esta tarea.
Busqué un rato en Google para ver si encontraba algún trabajo académico que analizara sistemáticamente la distancia entre las proyecciones de las encuestas y la realidad de las urnas. No lo encontré, así que me armé una tablita a partir de la Wikipedia. Lo que comparé fue la distancia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional planteada por las encuestas en primera y segunda vuelta de las últimas tres elecciones, y la distancia efectivamente verificada en las urnas. Agregué también el resultado del referéndum. Tomé la última encuesta publicada de cada empresa.
Si no nos ponemos muy duros y asumimos que un “error” promedio de 3% no es tan importante, lo que encontramos en las siete instancias electorales analizadas son tres en las que las encuestadoras “le erraron” por más de 3%: octubre de 2009, octubre de 2014 y noviembre de 2019. En los tres casos el error tuvo un sesgo hacia la subestimación del Frente Amplio o la sobreestimación del Partido Nacional.
Para el caso del referéndum se habían planteado en la última semana diferencias de 6%, 4%, 3%, 1% y 0% entre el Sí y el No. La diferencia final fue de 1%.
Vale aclarar que el dato que pongo en el cuadro es siempre la última encuesta antes de la elección. El recorrido puede ser diferente, y de hecho si miramos las penúltimas encuestas antes del referéndum, encontramos diferencias más grandes entre el Sí y el No, de 10% o 12%, muy lejanas al 1% de la elección.5
Volvamos a la pregunta inicial: ¿puede ser que haya un sesgo de las encuestadoras que sobreestime la popularidad del gobierno? Es difícil saberlo porque no hay contra qué chequear, pero incluso si el error fuera como en la peor estimación en elecciones, nunca llega a ser tan grande como la distancia que hay entre popularidad y referéndum. Las encuestas han embocado y también han errado, pero nunca por 20%. Hay algo de fondo en esta diferencia que parece ser real y merece una reflexión más profunda.
Seguramente los politólogos y especialistas puedan hacer análisis más sofisticados sobre la elección que ha transcurrido, pero como economista que juega a sacar conclusiones de datos quisiera resumir en este final algunos hallazgos que nos deja esta elección.
Primero, volvemos a tener una elección muy pareja de forma consecutiva. La vuelta del Partido Nacional al gobierno se da en un contexto de paridad como nunca antes se había visto en Uruguay: dos mitades casi iguales.
Segundo, los bloques son iguales a los del balotaje no sólo en porcentaje de votos sino también en composición. Si bien la Comisión por el Sí intentó desligar el referéndum de una evaluación del gobierno, los datos muestran que esto no sucedió. La gente votó lo mismo que hace dos años, casi no hay cruces de equipo entre el balotaje y el referéndum. Lo insinuaban las encuestas y lo sugieren las regresiones ecológicas. Seguramente la complejidad de lo que se estaba poniendo en consideración –135 artículos de una ley ómnibus con temas heterogéneos– tenga que ver en la explicación de la inercia en la decisión de los votantes.
Tercero, esta historia de empate es diferente a la historia de hegemonía de aprobación del gobierno y del presidente que cuentan las encuestas de popularidad. Sería bueno entender por qué sucede esto, cuáles son las variables explicativas detrás de las diferentes mediciones. La distancia entre ambas situaciones no puede ser explicada solamente por un eventual sesgo de las encuestadoras hacia la sobrerrepresentación de esta popularidad. Hay algo más profundo de fondo.
Cuarto, la paridad del referéndum marca una perspectiva hacia las próximas elecciones diferente al que surgiría de una lectura exclusiva de las encuestas de popularidad. El ganador naturalmente festeja su victoria, pero el perdedor no se siente tan derrotado. Aprende que un clima de encuestas de alta popularidad gubernamental no es sinónimo de perder una elección. El equilibrio es fino, hay mucha paridad y, salvo que haya eventos catastróficos, es de esperar que así de empatados llegarán ambos bloques a las elecciones de 2024.
“El balotaje y la pecera”, la diaria, 1/11/2019 ↩
“La pesca de noviembre”, la diaria, 30/11/2019 ↩
“Empate técnico en el último sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana previo al referéndum”, la diaria, 23/03/2022 ↩
Esponda, Flores, Selios y Soto (2016), “La bandera y el colibrí”, publicado en el libro del Instituto de Ciencia Política sobre las elecciones. ↩
Aquí aparece la famosa idea del repunte de último momento. ¿Es este fenómeno real, hay gente que espera hasta último momento para terminar volcándose a la izquierda, o hay una distorsión en los lentes con los que vemos la realidad electoral? Queda abierta la pregunta. ↩
Quedan tan sólo dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas. Diez partidos. Como cada partido puede tener tres resultados posibles (gana el local, empatan, gana el visitante), este final de eliminatorias tiene 59.049 escenarios finales posibles (ya que para calcular todas las posibilidades hay que hacer 3x3x3x3x3x3x3x3x3x3 = 59.049). En este artículo comentamos las perspectivas hacia el Mundial de las diez selecciones sudamericanas.
En el gráfico se muestran los escenarios posibles en cinco categorías: tres categorías claras (“clasifica directo”, “repechaje” y “afuera”) y dos en las que hay empate en puntos y el resultado dependería de la diferencia de goles (“clasifica directo o va a repechaje” e “incierto”). Veamos a continuación los casos selección por selección.
Argentinos y brasileros, dos pueblos que no saben lo emocionante que es llegar hasta el último momento sin saber si estarán o no en el Mundial, viven la Eliminatoria como un trámite largo y lento de partidos esperando la Copa del Mundo. Aburridísimo. Desde estas páginas nos compadecemos de la tediosa situación de las dos selecciones que ya están clasificadas hace mil años.
El equipo ecuatoriano ha tenido una gran Eliminatoria, al punto de que en 98% de los 59.049 escenarios posibles festejará la clasificación al Mundial.
Hay, sin embargo, un rebelde 2% de escenarios en los que podría quedar empatando en puntos e ir a repechaje. Pero para que eso suceda Ecuador debería perder ambos partidos y darse una casuística particular de resultados; si Ecuador saca por lo menos un punto, estará definitivamente en Catar, clasificando directamente.
De los 59.049 escenarios posibles, Uruguay va al menos a repechaje en 79%, y clasifica directo en 53%.
Uruguay depende de sí mismo para clasificar.
¿En qué escenarios podremos decir el jueves que Uruguay se aseguró el repechaje? En dos grandes casos. El primero es si Uruguay le gana a Perú: sólo con eso basta. El otro es si Uruguay empata con Perú, Brasil le gana a Chile y Colombia no le gana a Bolivia.
¿En qué escenarios podremos decir el jueves que Uruguay ya está clasificado? Basta con que Uruguay le gane a Perú y Brasil le gane o empate con Chile para que Uruguay salga a festejar que saca pasaporte.
Perú es el equipo que tiene sus escenarios más distribuidos. En 30% clasifica directo, en 72% (dentro del que se incluye el anterior 30%) va al menos al repechaje. Por otro lado, en 17% queda afuera.
Perú depende de sí mismo. Si gana los dos partidos que le quedan, festeja la clasificación directa.
Si le gana el próximo partido a Uruguay, festejará en el Centenario ya haberse asegurado el repechaje.
En 59% de los escenarios Chile queda afuera del Mundial. Aunque los escenarios son mayoritarios, matemáticamente no quedará eliminado en esta penúltima fecha; incluso perdiendo con Brasil, y cualquiera sea el resultado de los otros cuatro partidos, mantendrá una pequeñita esperanza hasta la última fecha.
Por otro lado, en 23% de los escenarios se asegura al menos el repechaje, e incluso en 4% de los escenarios clasifica directo.
Chile depende de sí mismo: si gana los dos difíciles partidos que le quedan (contra Brasil de visitante y contra Uruguay de local), se asegura al menos el repechaje.
Colombia está prácticamente eliminada: en 92% de los escenarios queda afuera. En 5% de los escenarios queda empatado en puntos y podría llegar a ir a repechaje, y en 3% se asegura el repechaje. Hay un milagroso y anecdótico 0,1% de los escenarios (81 en 59.049) en los cuales podría llegar a empatar en puntos en un cuarto lugar e ir directo al Mundial por diferencia de goles.
Colombia no depende de sí misma. Incluso ganando sus dos partidos (que son contra Bolivia de local y contra Venezuela de visitante), debe esperar que sucedan resultados en otros partidos.
¿Qué tendría que suceder para que quedara, por ejemplo, en el quinto lugar y alcanzara el repechaje? Muchas cosas a la vez. Pero supongamos que en esta penúltima fecha Colombia le gana a Venezuela, Uruguay le gana a Perú y Brasil le gana a Chile. En ese caso Colombia llegará a la última fecha con una camiseta doble, mitad amarilla y mitad albirroja. Si sucediera que Colombia le ganara a Venezuela y Paraguay le ganara o empatara con Perú, Colombia accedería al repechaje. Un final épico, aunque posible.
Bolivia está prácticamente afuera de la conversación. ¿Por qué prácticamente? Porque eso se da en 99,5% de los escenarios.
Matemáticamente, lo que se dice matemáticamente, Bolivia tiene chance de ir al Mundial, en 0,5% de los escenarios (en 324 de los 59.049 escenarios posibles). Para que suceda deberá ganar sus dos partidos (y por goleada para remar el saldo de goles de -12) y, además, esperar resultados en otros cuatro partidos. Para esto se pondrá, dependiendo del cruce, la verdeamarela, la celeste o la albirroja, hinchando por Brasil contra Perú, por Uruguay contra Perú y Chile y por Paraguay contra Perú. Difícil, diríase imposible, pero matemáticamente existe el escenario.
Paraguay y Venezuela tienen 0% de chances y disputarán estos dos partidos con la intención de prepararse para la futura Eliminatoria y, por qué no, con la dulce malicia del eliminado que tiene posibilidad de hacerle daño al rival de turno.
Hace poco más de un mes decíamos en Garra que matemáticamente teníamos chance y analizábamos los resultados finales de los 14.348.907 escenarios posibles cuando quedaban tres fechas para que terminaran las Eliminatorias (sí, eran 14 millones, porque cada partido tiene tres resultados posibles y como quedaban 15 partidos, el abanico de posibilidades es igual a tres elevado a la 15).
Ahora quedan dos fechas y el universo de opciones posibles se ha comprimido fuertemente. De los 14 millones de escenarios quedan 59.049 (tres elevado a la 10), que igual son bastantes. Pero no se asuste, porque si bien son casi 60.000 escenarios, podemos agruparlos de tal manera que se forme un mapa entendible de la situación en la que estamos. En este artículo se presentan todas las combinaciones posibles que quedan para terminar las Eliminatorias, mirando en cada escenario si Uruguay se calza los botines para ir a Catar o se queda en casa mirando el Mundial por la tele.
En el gráfico 1 se muestran los escenarios posibles en cinco categorías: tres categorías claras (“clasifica directo”, “repechaje” y “afuera”) y dos en las que hay empate en puntos y el resultado dependería de la diferencia de goles (“clasifica directo o va a repechaje” e “incierto”).
En 53% de los escenarios, Uruguay clasifica de forma directa. En 79% (53%+10%+16%), al menos va seguro al repechaje.
En el cuadro 2 se organizan los escenarios según lo que suceda en los partidos de Uruguay contra Perú y contra Chile. Como cada partido tiene tres resultados posibles, se presentan nueve escenarios con las combinaciones. Por ejemplo, la primera muestra lo que pasa si Uruguay pierde contra Perú y Chile: queda afuera seguro en 70% de los escenarios, mientras que en 30% el resultado es incierto (matemáticamente podríamos perder ambos partidos e ir a repechaje por diferencia de goles, algo que, como veremos más adelante, tampoco es tan descabellado).. La última, lo que sucede si Uruguay le gana a Perú y a Chile: clasifica directo. En el medio, un abanico de posibilidades.
Nótese que en ningún caso podríamos decir luego de esta penúltima fecha que Uruguay está eliminado, ya que seguirá con chances de ir de forma directa al Mundial hasta el final. Incluso perdiendo con Perú, si en la última fecha Uruguay le gana a Chile y Perú pierde con Paraguay, estaríamos sacando pasaporte directo a Catar.
¿En qué escenarios podremos decir que Uruguay ya está clasificado? Basta con que Uruguay gane a Perú y Brasil gane o empate con Chile para que podamos salir a festejar a 18.
¿En qué escenarios podremos decir que Uruguay se aseguró el repechaje? En dos grandes casos. El primero es si Uruguay le gana a Perú: sólo con eso basta. El otro es si Uruguay empata con Perú, Brasil le gana a Chile y Colombia no le gana a Bolivia.
En los demás casos tendremos que esperar hasta el martes siguiente para saber qué nos depara el destino.
Estos anteriores cuatro párrafos constituyen el resumen básico para ver esta penúltima fecha. Pero si usted es un nerd apasionado en pensar las diferentes combinaciones posibles que quedan para la eliminatoria, lo invito a entrar en el maravilloso mundo del... (suenan redoblantes, trrrrrrrr...) “superdiagrama de combinaciones” (sí, este nombre pomposo se lo acabo de poner yo, pero se lo merece).
El superdiagrama muestra las diferentes posibilidades que se abren dependiendo de los partidos de Uruguay y de otros partidos relevantes en cada caso. Veamos entonces, paso a paso, cada una de las ramas de nuestro superdiagrama de combinaciones.
Este es el más fácil, ya se ha dicho por todos lados: si Uruguay le gana a Perú se asegura al menos ir al repechaje.
En este subgrupo de escenarios lo único que importa es el partido Brasil-Chile. Si Brasil gana o empata con Chile, Uruguay clasifica directo. Si Chile le gana a Brasil, hay que ver qué pasa en Uruguay-Chile. En ese escenario, si Uruguay le gana o empata a Chile, clasifica directo; si pierde con Chile, dependerá de la diferencia de goles si clasifica directo o va a repechaje.
Si Uruguay empata con Perú se abre un árbol mucho más amplio y complejo.
Si Uruguay empata con Perú y luego le gana a Chile, clasifica directo.
Si Uruguay empata con Perú y con Chile, se asegura al menos el repechaje. Para saber si clasifica directo o va al repechaje el único partido relevante es Perú-Paraguay en la última fecha. Si Perú empata o pierde con Paraguay, Uruguay clasifica directo; si Perú le gana a Paraguay, Uruguay va al repechaje.
Si Uruguay empata con Perú y pierde con Chile, puede pasar cualquier cosa. De hecho, es la única combinación de partidos de Uruguay en la que cualquiera de los cinco resultados finales es posible. Depende de lo que haya pasado en otros cuatro partidos: Colombia-Bolivia y Brasil-Chile en la penúltima fecha, y Perú-Paraguay y Venezuela-Colombia en la última fecha. Es complicado pasar a texto todas las combinaciones. En resumen, Uruguay en este subgrupo de escenarios clasifica directo sin apelar a diferencia de goles si y sólo si Brasil le gana a Chile, Colombia no gana sus dos partidos y Perú pierde con Paraguay. Una combinación particular, pero que tampoco es descabellada. En el diagrama aparecen todas las combinaciones de opciones, que desembocan en cualquiera de los cinco resultados posibles.
Si Uruguay pierde con Perú pero luego le gana a Chile, se asegura al menos el repechaje. Para clasificar de forma directa lo que tiene que pasar es que Perú pierda con Paraguay. Si Perú empata con Paraguay, dependerá de la diferencia de goles si clasifica directo o va a repechaje. Si Perú le gana a Paraguay, depende de si Ecuador saca algún punto en la doble fecha o no: si Ecuador saca por lo menos un punto, Uruguay va a repechaje; si Ecuador pierde ambos partidos, Uruguay podría llegar a clasificar directo dependiendo de la diferencia de goles (tendría que haber goleadas igual, porque Ecuador tiene +10 y Uruguay -3).
Si Uruguay pierde con Perú y empata con Chile, podría igual ir al repechaje. Para que pase eso Brasil tiene que empatar o ganarle a Chile y Colombia no debe ganar sus dos partidos. En el resto de los casos dependerá de la diferencia de goles.
Si Uruguay pierde con Perú y pierde con Chile, matemáticamente podría llegar a ir a repechaje por diferencia de goles. Si Brasil le gana a Chile y Colombia no gana sus dos partidos, Uruguay podría llegar a ir a repechaje perdiendo sus dos partidos. Si bien es una situación particular, tampoco suena tan descabellada, e incluso es algo que ya se podría despejar en esta próxima fecha.
Analizadas todas las posibilidades, claramente emerge que el partido más importante, luego de los dos partidos de Uruguay, es el de Brasil-Chile. En mi caso, además de poner el martes en la televisión abierta el partido de Uruguay-Perú (porque gracias a la Ley de Medios lo vamos a poder ver en televisión abierta), voy a poner en la computadora el partido de Brasil-Chile, y en mi casa ondeará la verdeamarela.
Una cuestión que tiene este final de Eliminatorias es que resulta bastante fácil comprender por quién conviene hinchar en cada partido, porque en el final jugamos con muchas cartas vistas y una tabla partida. Si bien hay escenarios en los que muchos partidos nos resultan indiferentes (por ejemplo, si le ganamos a Perú el único partido que nos importa es Brasil-Chile), podemos decir que siempre queremos que pierdan Chile, Perú, Colombia y Ecuador, que no se cruzan entre sí. Por eso es bastante fácil. El cuadro muestra por quién deberíamos hinchar en cada uno de los diez partidos que quedan.
Nuevo boom de los commodities. Nuevo superciclo de materias primas. 4.000 millones de dólares anuales de exportación en el sector cárnico uruguayo. Guerra entre Rusia y Ucrania. El precio del barril Brent de petróleo supera los 130 dólares. El trigo roza los 500 dólares la tonelada en el mercado de referencia de Chicago. Precios récord de exportaciones de carne bovina: la semana pasada se alcanzaron los US$ 5.500 la tonelada.
¿Y qué nos importan todos esos datos macroeconómicos? El nuevo viento de cola de los precios de los commodities tiene doble filo. Por un lado lo recibimos con alegría, porque da un positivo impulso a una economía como la uruguaya, fuertemente dependiente de su sector exportador de materias primas. Por otro lado, sabemos que presiona sobre los precios internos, en particular de los alimentos.
En la economía actual todo está relacionado con todo. Cuando el domingo hacemos las compras para disfrutar de nuestro merecido asado con picadita, todas estas consideraciones macroeconómicas, geopolíticas y de política económica se condensan en el ticket que nos da la cajera que, al día de hoy, muestra un precio 17% mayor al del año pasado. Pin y verde.
La primera vez que publicamos el Índice de Precios del Asado con Picadita (IPAP), en abril de 2020, constatábamos algo que se palpaba en el supermercado: estábamos en un momento histórico en cuanto al alza de precios de nuestra comida típica nacional. La inflación del asado con picadita alcanzaba su punto más alto de los últimos diez años: 22%. Luego fuimos testigos de su mínimo histórico, cuando vimos cómo la inflación bajó a 1% en diciembre de 2020. Desde entonces la inflación del asado con picadita no ha parado de aumentar, hasta alcanzar 17% en febrero. Este valor no es un valor normal en la serie: de las 126 inflaciones anuales calculadas a lo largo de diez años, sólo seis veces se supera este nivel.
La canasta con la cual se construye el IPAP, que se detalla en recuadro aparte y está pensada para seis personas, tiene actualmente un costo de $ 2.699, casi $ 400 más que hace un año, cuando costaba $2.307.
El componente más importante de la canasta corresponde a la parrilla, que tuvo un incremento de 19% en el último año. Este incremento varía según el sector de la parrilla que se mire: el asado de tira aumentó 23%, la colita de cuadril 20% y los chorizos 10%.
¿Cómo impacta la guerra entre Rusia y Ucrania, que representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, en el pan para la picadita y los choris? Por ahora lo que se ve en el IPAP es un aumento interanual de 20% a febrero, aunque el Centro de Industriales Panaderos pronostica que durante marzo habrá más aumentos del pan, lo que presionaría al alza el componente Picadita de nuestra canasta, cuya inflación interanual ya se ubica en 16%.
El Ministerio de Economía y Finanzas releva los precios de 357 productos, y los presenta mensualmente en el portal precios.uy. El ranking de los productos que más aumentaron en febrero produce más indigestión a los vegetarianos que un chorizo de carrito: los tres productos con más aumento mensual fueron la lechuga crespa (64%), el tomate americano (31%) y la lechuga mantecosa (29%).
Estos cambios impactan en el costo de nuestro querido asado con picadita, vía el componente Ensalada, que presenta un incremento total de 94% en el último año. El acompañamiento vegetal en febrero de 2021 nos costaba $ 71 y en febrero de 2022 nos cuesta $ 139. De todas formas, su impacto no es muy grande, ya que la ensalada representa el 5% del costo total de nuestra carnívora comida típica.
La inflación general, aunque con una pendiente menos pronunciada, también viene en trayectoria creciente, creciendo desde 6,6% en mayo de 2021 hasta 8,8% en febrero de 2022.
La inflación del asado con picadita es una forma especial de ver un fenómeno más general: cómo la inflación general tiene un importante componente de inflación de alimentos. Resulta ilustrativo el análisis por componente del Índice de Precios al Consumo (IPC): los dos rubros que han tenido mayor variación de precios en el último año han sido alimentos y transporte (en este último componente están metidos los combustibles, que han subido 27%).
Este repunte de la inflación de nuestro asado con picadita, sin embargo, presenta algunas diferencias con respecto al anterior pico del primer semestre de 2020. En primer lugar, por ahora es menos alto. En segundo lugar, no se encuentra relacionado con un aumento del valor del dólar –que además impactaría de forma generalizada en todos los productos transables–, sino que es un incremento más específico de los alimentos, en particular de la carne, asociado al incremento del precio internacional de los commodities.
La perspectiva a corto plazo no es buena: en marzo ya se han verificado dos aumentos más de la carne, $ 15 en el caso del asado, que se verán recién en el próximo informe con datos de marzo. Veremos en los próximos meses cómo evoluciona el IPAP con la esperanza, al calor del fuego y las brasas, de que comience a mostrar una baja.
La canasta del IPAP está pensada para un asado con picadita para seis personas y se compone de los siguientes productos:
Bebida:
• Tres cervezas Patricia de 1 litro
• Una Coca Cola de 2,25 litros
• Un vino tinto Santa Teresa clásico de 1 litro
Picadita:
• Un paquete de papas chips Lay’s de 150 gramos
• 300 gramos de queso colonia
• Dos flautas (hay una que se come cortada con los chorizos)
Parrilla:
• Un kilo y medio de asado de tira
• Una colita de cuadril de 1 kilo
• Tres chorizos extra Cattivelli
Ensalada:
• Una lechuga
• Tres tomates
Postre:
• Un helado Crufi de dulce de leche granizado de 1 litro
Los precios son extraídos del Instituto Nacional de Estadística y del portal precios.uy del Ministerio de Economía y Finanzas.
Quizás la frase más memorable que escuché en la carrera de economía fue la de un profesor de historia económica, quien una calurosa tarde dijo: “No basta con decir que los metales se dilatan con el calor, hay que decir cuánto”. Esta hermosa frase, central para la disciplina económica, motiva este artículo, ya que no basta con decir que matemáticamente tenemos chance: hay que decir cuánto.
Para ver cuánta chance tenemos, primero hay que ver cuántos escenarios posibles hay. Un partido tiene tres resultados posibles: gana el local, empatan o gana el visitante. Dos partidos implican una combinación de nueve escenarios posibles (3x3); tres partidos, 27 escenarios posibles (3x3x3)... si seguimos con esta lógica llegamos a que los 15 partidos que conforman las tres últimas rondas de las eliminatorias admiten 14.348.907 escenarios posibles (tres elevado a la 15). Sí, 14 millones de universos posibles.
Para responder la gran pregunta usé el programa R, que es un programa que usamos a veces los economistas para realizar cálculos complejos y econométricos (hay varios, pero este es muy potente y gratuito). A los efectos de este artículo, el R se convierte en una supercalculadora de resultados deportivos.
El gráfico 1 muestra el resultado del ejercicio, resumiendo los escenarios posibles en cinco categorías: tres categorías claras (“clasifica directo”, “repechaje” y “afuera”) y dos categorías donde hay empate en puntos y el resultado dependería de la diferencia de goles (“clasifica directo o va a repechaje” e “incierto”).
Al día de hoy hay 4.215.132 escenarios en los que Uruguay clasifica de forma directa. ¡Qué bueno, son muchísimos escenarios! Pero, cuidado... también hay 4.158.864 escenarios en los que quedamos afuera. El gráfico 1 muestra cómo se distribuyen los 14 millones de escenarios en los cinco resultados finales posibles.
Matemáticamente hablando, Uruguay no puede ser ni primero ni segundo, pero todavía puede quedar tercero (en 410.967 escenarios, 3% del total) o cuarto (en 3.804.165 escenarios, 27% del total). También matemáticamente hay chance de quedar afuera e incluso en el último lugar: hay 5.103 escenarios en los que Uruguay queda empatado con uno o más equipos en el fondo de la tabla.
La supercalculadora que construimos con el R nos permite también calcular los escenarios según el puntaje final que tenga Uruguay. El gráfico 2 nos muestra este ejercicio.
Por un lado, si Uruguay gana los tres partidos que faltan y queda con 28 puntos, clasificará directo al mundial de Qatar. Por otro lado, si Uruguay no gana ningún partido y termina con los 19 puntos que tiene ahora, quedará casi seguro afuera del mundial. Digo “casi” porque matemáticamente hay una pequeña chance: 1.863 escenarios en donde se produce un empate múltiple en 19 puntos y por diferencia de goles se podría llegar a clasificar. La esperanza matemática es lo último que se pierde.
En el medio obviamente está lo más interesante. Si Uruguay gana dos partidos y empata uno terminaría con 26 puntos, yendo por lo menos al repechaje en un 99,7% de los escenarios (estoy sumando las categorías “clasifica directo”, “clasifica o repechaje” y “repechaje”). Este valor baja a 99% con 25 puntos (gana dos partidos y pierde el otro), 91% con 24 puntos (gana uno y empata dos), 70% con 23 puntos (gana uno, empata otro y pierde otro), 36% con 22 puntos (gana sólo uno o empata los tres) y 12% con 21 puntos (empata dos y pierde el otro).
Si Uruguay termina con 24 puntos o más, el resultado que tiene más escenarios es clasificar directo; si termina con 23 puntos, el resultado con más escenarios es repechaje; con 22 puntos o menos, el resultado con más escenarios es quedar afuera.
De los 14 millones de escenarios hay tres que son muy interesantes: los que ya se dieron en eliminatorias pasadas. Con la supercalculadora podemos buscar y ver qué pasaría si se dan exactamente los mismos resultados que el camino para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.
En los tres escenarios, obviamente, Brasil y Argentina clasifican. Si se da lo mismo que en las eliminatorias para Sudáfrica 2010, clasifican directo Ecuador y Uruguay, y Perú va a repechaje. Si se repite el camino a Brasil 2014,1 Perú y Ecuador van directo y Uruguay va al repechaje. Si se dan los resultados de las eliminatorias para Rusia 2018, Perú y Uruguay van directo, y Ecuador va al repechaje. Nótese que en los tres casos la discusión está entre los mismos tres cuadros, que se rotan entre ellos yendo directo al mundial o al repechaje.
Ya que estamos con la supercalculadora, calculé los escenarios para cada país. Como era de esperar, los escenarios están alineados con el puntaje actual que tiene cada uno. El gráfico 3 muestra la distribución de los escenarios según resultados finales para cada país. El análisis de cada país da para una nota aparte, así que dejo nomás el gráfico por si lo quieren estudiar.
El punto débil de este análisis es que se presenta un panorama completo de escenarios posibles, pero en realidad no se atienden probabilidades. Alguien podría objetar que en la realidad el escenario en el que Argentina le gana a Venezuela no tiene la misma probabilidad de suceder que el escenario en el que Venezuela le gana a Argentina. Es cierto. Sin embargo, mi defensa: la pregunta que buscó responder este artículo es si matemáticamente tenemos chance, no si futbolísticamente tenemos chance. Esa segunda pregunta quedará en manos de los periodistas deportivos, reales expertos en el arte y ciencia del comentario futbolístico.
Si el lector futbolero quiere introducir sus opiniones sobre las diferentes probabilidades a los resultados, recomiendo ir al simulador de Marcos Canán. Además de tener probabilidades predeterminadas en base a la historia, la página permite jugar moviendo las probabilidades para ver qué pasa, está muy buena.
En dos meses se resolverán las eliminatorias y sabremos cuál de los 14 millones de escenarios posibles nos ha tocado en gracia, si iremos o no al mundial de Qatar. Hasta el momento este pequeño país tendrá que esperar pacientemente, con sus tres millones de directores técnicos devenidos, como en todos los finales de eliminatorias, en tres millones de matemáticos.
Brasil no jugó esa eliminatoria, así que no tengo el resultado de sus partidos. Le queda jugar con Paraguay, Chile y Bolivia. Supuse que gana los tres partidos que restan (Brasil ganó 11 de los 14 partidos que jugó esta eliminatoria, impresionante el jogo bonito). ↩
La llegada de diciembre, con sus juntadas, despedidas y fiestas de fin de año, es un momento propicio para darle una vichada al índice que sigue los precios de nuestra comida típica nacional: el Índice de Precios del Asado con Picadita (IPAP).
Los datos cerrados a noviembre muestran una inflación general que se ubica en 7,9%, y una aceleración de la inflación del asado con picadita, que había alcanzado un mínimo de 1% hace un año, y fue aumentando paulatinamente hasta ubicarse en 13,7% con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía y Finanzas, cerrados en noviembre de 2021.
La apertura por componente muestra un aumento de la ensalada, jalonado por el precio del tomate. De todas formas, en nuestra uruguaya y carnívora dieta tiene un bajo impacto en el costo total de la canasta, representando sólo $79 de los $2.572 que cuesta el asado con picadita para seis personas. La explicación fundamental del aumento viene dada por el lado de la parrilla, que representa la mitad del costo total. La inflación anual del asado, la colita y los chorizos se ubicó en 17,4%.
De esta forma, a diferencia de finales del 2020, cuando la inflación del asado con picadita se había ubicado en niveles muy bajos, en este fin del 2021 ha aumentado y se ubica en el doble de la inflación general.
Bebida:
Picadita:
Parrilla:
Ensalada:
Postre:
Un borracho llega a la puerta de su casa y se da cuenta de que no tiene las llaves. Busca en la campera, en los bolsillos del pantalón, pero nada... entonces retrocede y comienza, en medio de la noche, a buscarlas en la vereda. En eso pasa un policía y lo ve abajo de un farol, mirando el piso.
–¿Lo puedo ayudar en algo, caballero?
–Buenas noches, oficial... perdí las llaves y las estoy buscando...
–¿Y en dónde las perdió?
–Mmm... allá en la otra esquina...
–¿Y por qué las busca acá?
–¡Porque acá hay más luz!
A partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) Uruguay cambió su mecanismo de ajuste del precio de los combustibles: ahora la nafta y el gasoil se ajustan todos los meses, según una regla. De aquella emocionada promesa de campaña de que ya no habría aumento de tarifas sólo quedan ecos lejanos. Acompañando el devenir del precio del petróleo, en el Uruguay de los últimos cinco meses hubo cuatro ajustes de precios: tres subas y una baja.
En algunos sectores aliados y esperanzados con el actual gobierno se percibe cierto fastidio. Las gremiales agropecuarias vuelven a pedir la desmonopolización de Ancap. En sintonía, senadores oficialistas habían anunciado que el 15 de octubre –día que Ancap cumplió 90 años– presentarían un proyecto de ley para desmonopolizar la importación de combustibles. En palabras del senador Da Silva, “Uruguay no tolera más a un organismo vetusto y anacrónico como es Ancap”. Llegada la fecha el proyecto de ley no fue presentado para “priorizar la defensa de la LUC”, aclarando que “no se posterga la discusión, sino la presentación del proyecto”.
En la larga vereda de los combustibles, un viejo farol sigue alumbrando con intensidad el tramo de Ancap, y allí seguimos buscando la llave mágica para bajar el precio de los combustibles. En paralelo hay cambios: el factor X, la volatilidad de los ajustes mensuales y un estado intermedio de reglas y discrecionalidad. ¿Y si prendemos los faroles en estas zonas y vemos si encontramos allí más pistas sobre la llave del precio de los combustibles?
En la discusión sobre combustibles en Uruguay parece que hubiera sólo tres pasos desde la extracción de petróleo hasta el surtidor:
¿Qué nos dice implícitamente este esquema? Que el problema del precio de los combustibles en Uruguay se llama Ancap, y la solución se llama desmonopolizar.
Sin embargo, si prendemos mejor la luz podemos entender esto como un proceso de cinco pasos:
¿Qué nos dice este esquema? Que el precio de los combustibles tiene varios componentes y Ancap es sólo un eslabón de una larga cadena de costos.
Hace seis meses que contamos con una novedad muy interesante: el factor X. Un cálculo explícito, realizado por el gobierno, para ver el impacto de las ineficiencias de Ancap en el precio del combustible. Este esperado cálculo muestra que la ineficiencia de Ancap asciende a (ruido de redoblantes que genera suspenso)... a 3 pesos por litro.
3 pesos de 50 pesos en el caso del gas oil y de 70 pesos en el caso de la nafta.
El resto (o sea, 47 peso en el gas oil y 67 pesos en la nafta) corresponde a la compra de petróleo y su refinación, la distribución, las estaciones de servicio y los impuestos y tasas. Nótese en los gráficos que pongo más abajo (y aprecien qué lindos me quedaron los gráficos de barras con forma de surtidor) el peso de cada componente, y en particular del factor X y de los impuestos.
Una idea para ejemplificar: cada 1000 pesos de nafta que cargamos en el tanque, pagamos 400 pesos de IMESI, 10 veces más que los 40 pesos que cuesta la “ineficiencia” de Ancap. ¿Por qué entonces cuando pagamos en la estación de servicio pensamos más en el presidente de Ancap que en la directora de la DGI?
¿Qué nos dice explícitamente el factor X? Que la desmonopolización de Ancap equivaldría a 3 pesos por litro de combustible.
En Los Archivos Secretos X el agente especial Fox Mulder investigaba casos del FBI que no habían sido resueltos. Allí, en el cajón X de la cajonera (que era el que tenía más lugar libre, por ser una letra poco usada), se amontonaban casos no resueltos de carácter grotesco: desapariciones y muertes inexplicables, avistamiento de ovnis, presencia de seres extraños. En nuestra versión local, el factor X también agrupa elementos de diferente naturaleza, menos paranormales pero igualmente heterogéneos. Prendamos el farol con más potencia para mirar de cerca a nuestro querido factor X.
En los párrafos anteriores se presentó al factor X como “la ineficiencia de Ancap”, que es como suele usarse en el debate público. Sin embargo, cuando abrimos el cajón aparecen archivos de muy diferente tipo. Hay básicamente tres cosas: subsidio implícito a los biocombustibles,1 subsidio implícito del supergás y un sobrecosto estructural de Ancap.2 El siguiente gráfico muestra el peso de cada uno de ellos (aprecien que hice cada sobrecosto como un expediente de diferente grosor dentro del cajón del factor X, no quedó tan bien logrado como el gráfico del surtidor, pero tampoco quedó tan mal).
De los 3 pesos del factor X, más de la mitad (1,7 pesos) corresponde al subsidio implícito del supergás. La garrafa de gas –con la que cocinamos el 90% de los uruguayos– está subsidiada en Uruguay, y su precio anda por la mitad del precio de paridad de importación (PPI), que es a lo que debería tender según la LUC. Si efectivamente el precio de la garrafa de 13 kilos se lleva al PPI, y pasa de 730 pesos a 1.500 pesos, el Factor X bajaría a la mitad. ¿Este descenso tendría algo que ver con mejoras en el proceso de refinación? ¿Podemos decir que Ancap tuvo un salto de eficiencia? Está claro que no, no tiene nada que ver con la eficiencia.
¿Qué nos dice entonces realmente el factor X, una vez analizados sus archivos internos? Que la desmonopolización de Ancap equivaldría a 1 peso por litro de combustible.
La volatilidad del precio del petróleo es un dato de la realidad. Ahora el barril de petróleo Brent está por los 80 dólares, hace un mes valía 70 dólares, hace un año 40 dólares, hace tres años 80 dólares... Uruguay no puede hacer nada para controlar esta montaña rusa, pero puede pensar cómo gestiona esta variabilidad.
En el anterior período de gobierno hubo 10 ajustes de precios en todo el quinquenio (8 subas y 2 bajas en nafta; 6 subas y 4 bajas en gasoil). El nuevo esquema de ajustes mensuales nos llevaría a hacer 60 ajustes en un quinquenio. Pasar a hacer ajustes mensuales supone tomar una definición implícita sobre la volatilidad: implica pasarla del sector público al sector privado.
Este aspecto no es menor. Desde el punto de vista de los negocios, la volatilidad nunca es buena. Es más, suele pagarse para evitar la volatilidad, fijando un valor mediante seguros, swaps u otros instrumentos financieros. Desde el punto de vista de los precios tampoco es buena (los precios suelen subir cuando sube un insumo, pero son más rígidos a la baja). Estas nociones nos llevan a pensar que quizás para el sector privado y la economía real sería preferible un esquema más estable de precios, en el que el sector público absorba parte de la volatilidad.
Confieso que si bien a mí me atrae la idea de ir a un sistema más reglado del precio de los combustibles, nunca me había puesto a pensar en esto de la volatilidad al pasar al nuevo esquema. Me puse a ver cómo es en otros lugares. En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Costa Rica tienen ajustes semanales o mensuales; en otros como Estados Unidos o Nueva Zelanda directamente no hay fijación de precios. En los países europeos también el precio de los combustibles suele acompañar la evolución del petróleo. Los ajustes de precio en cortos plazos, para nosotros novedad, parecen ser moneda corriente en el resto del mundo.
Algunos países, para atenuar el problema de las fluctuaciones de precios, han generado mecanismos de estabilización, como por ejemplo Chile, México o Colombia. ¿Tendría que agregarse una regla de estabilización de precio en Uruguay? Es una discusión que se abre y excede este artículo; cumplo con dejar planteada su importancia.
Una mirada superficial diría que Uruguay ha pasado de un esquema de ajuste anual discrecional a un ajuste mensual reglado. Pero si prendemos el farol sobre esta discusión podemos ver que no es tan así.
La influencia de criterios políticos sobre el precio de los combustibles no cesó el 1 de marzo de 2020. Quizás el caso más claro fue la decisión del gobierno de no aumentar el gasoil en abril de 2021, en plena cosecha de la soja, lo que implicó una pérdida de recaudación sólo ese mes de 30 millones de dólares (lo mismo sale el subsidio para cubrir el sobrecosto de la producción de biocombustible en Bella Unión en todo un año). Pero incluso una vez que comenzó a aplicarse la regla, en junio de 2021, se rompió al cuarto mes: la semana pasada el gobierno decidió no aumentar los combustibles, a pesar de que la regla indicaba que había que hacerlo. Al factor X le apareció un hermano: el factor D, por la aparición de la discrecionalidad.3
Dos lecturas puede haber sobre este fenómeno. La primera, más benévola, es que nos encontramos en un híbrido fruto de una etapa de transición hacia un sistema reglado, simples dolores de parto de un nuevo tiempo. La segunda, más temible y peligrosa: que hemos ingresado a un esquema discrecional de ajustes mensuales. Nótese que esto no es sólo quedarse en el medio del camino, sino que es más grave: es tener lo peor de los dos mundos.
Se pueden divisar dos grandes movimientos en el oficialismo sobre el tema combustibles. El primero, más mediático e iluminado, más político y pasional, es el que iza la bandera de desmonopolizar Ancap. Confluyen en él los instintos más básicos sobre la discusión Estado-mercado, y seguirá apareciendo porque está instalado, porque sirve de excusa, porque identifica un culpable y porque se inscribe en un metarelato más global: el Estado ineficiente que ahoga al aparato productivo.
El segundo, más sofisticado y silencioso, más técnico y menos iluminado por los focos, contiene un plan de acción claro y concreto y se describe en el muy interesante informe sobre el mercado de combustibles presentado por el gobierno a finales de diciembre de 2020.4 Innovaciones como el factor X –presentado por el ministro de Industria, Energía y Minería en abril– o la eliminación del subsidio al supergás –que causó cierto revuelo en julio por declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto– ya estaban plasmadas en dicho informe.
No me gusta spoilear, pero la historia que propone termina dentro de dos años con varias diferencias con el presente: Ancap tendría menos plantas de distribución primaria y no incidiría en el transporte desde las plantas de distribución primaria a las estaciones de servicio; se eliminaría el subsidio general al supergás, duplicando el precio de la garrafa (salvo para los “sectores socioeconómicos más vulnerables”); se redistribuiría el fideicomiso del boleto desde el gas oil hacia otros combustibles; se eliminaría la exigencia de mezclar biodiesel en el gasoil (o se sustituiría por importado); se recomienda que Ancap deje de ser accionista de Alur. El informe evita opinar sobre los impuestos, esquivando el hecho de que la discusión sobre el precio de los combustibles pertenece al mundo de la política tarifaria, pero también (y en gran medida) al de la política tributaria.
El final del camino que pauta el informe es un estado de “libertad vigilada” (nuevamente, la libertad como épica transversal del gobierno), en la que sólo se fija el precio de venta de la ex planta por parte de Ancap y se libera el precio del combustible en su venta al público. Sería mucho más interesante y provechoso centrar la discusión en torno a esta hoja de ruta, en sus pros y sus contras, en lugar de seguir buscando una llave inexistente debajo del farol de la desmonopolización de Ancap.
Publicado en el blog Razones y personas: repensando Uruguay.
Etanol a gasolinas por encima de 5%. ↩
Este último incluye déficit del negocio de cementos y cal, costos de transferencia de Alur, costo financiero de los pasivos bancarios, ineficiencias de los procesos internos, ganancia mínima. ↩
Bautizado así por Javier de Haedo. ↩
Se puede encontrar aquí: https://medios.presidencia.gub.uy/tavportal/2020/noticias/AH215/INFORME%20FINAL.pdf ↩
La larga ola uruguaya de covid-19, que en estos días está cediendo, entrará en los libros de historia de la pandemia mundial. Dos datos de Our World In Data permiten dimensionar la excepcionalidad del tsunami. Primero, Uruguay es el único país del mundo que se mantuvo por encima de los 650 casos confirmados por millón de habitantes durante 80 días consecutivos. Segundo, sólo cuatro países estuvieron dos meses seguidos por encima de los 13 fallecimientos diarios por millón de habitantes; Uruguay es uno de ellos.
Durante estos meses el presidente uruguayo surfeó esta ola de más de 4.000 muertos proclamando desde la tabla su particular forma de encarar la pandemia, convenciendo a muchos compatriotas con su discurso. Mientras la bandera de la libertad responsable ondea orgullosa entre camillas y ataúdes terminamos de darnos cuenta de que, paradójicamente, su fracaso sanitario es la muestra más cabal de su profundo éxito ideológico.
Porque la libertad responsable no es un concepto nuevo, sino un slogan coyuntural que hunde sus raíces en movimientos más profundos del sentido común uruguayo. Los actuales cantos a la responsabilidad individual, ecos de antiguas melodías, se prolongarán también en el Uruguay pospandémico. Entender la libertad responsable es comprender la exitosa épica del actual gobierno; intentar desentrañarla es la motivación del presente artículo.
El ciclo de izquierda en el gobierno generó importantes cambios en la economía, reforzando el rol del Estado y mejorando la distribución del ingreso. En paralelo, a contrapelo y como paradójica consecuencia, el sentido común uruguayo se movió hacia posiciones de menor preferencia por la distribución, disminuyendo la valoración del Estado.
Distintos relevamientos de opinión pública de los últimos 15 años permiten sostener esta afirmación.1 Resumidamente: desde la perspectiva impositiva creció la opinión de que la gente paga muchos impuestos, aumentó la cantidad de personas que opinan que el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) es malo o muy malo y bajó la opinión de que cobrar impuestos a los ricos y subsidiar a los pobres es un elemento esencial de la democracia. Con respecto a la pobreza, creció la visión de que la solidaridad con las personas en situación de necesidad está garantizada, cayó la percepción de la pobreza como el problema más importante, aumentó la cantidad de personas que opinan que los pobres son pobres por flojos y falta de voluntad, así como la idea de que las personas en situación de pobreza son responsables de su situación.
Antonio Gramsci planteó en sus cuadernos de la cárcel que “las ideas y las opiniones no ‘nacen’ espontáneamente en el cerebro de cada individuo: han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de la actualidad. La numeración de los ‘votos’ es la manifestación final de un largo proceso”. La alfombra para que la libertad responsable hiciera su entrada se fue tendiendo años antes de la llegada del nuevo gobierno.
En el libro cuatro de La riqueza de las naciones, Adam Smith describe el pensamiento de los fisiócratas franceses del siglo XVII, quienes plantearon que la riqueza de una nación residía exclusivamente en el mundo agrícola, dando un giro radical al pensamiento económico francés. Smith resume el fundamento histórico de esta reacción extrema: “Según reza el proverbio, cuando la vara se tuerce demasiado hacia un lado, para enderezarla es menester torcerla también demasiado hacia el otro”.
Dos siglos y medio más adelante, la vara se movía en Uruguay. En marzo de 2020 un gobierno progresista daba paso a un gobierno liberal. El ciclo de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, primero en la historia, se cerraba; el ciclo de llegada al gobierno del Partido Nacional, que vuelve cada 30 años, se abría. Y justo en ese momento bisagra de la historia nacional, exactamente en ese preciso instante, llegó una pandemia que exigía como nunca antes la acción estatal y la coordinación de decisiones individuales.
Ante la encrucijada, el plan se reafirmó. Luego de tres décadas de espera el Herrerismo, convencido de que la vara estaba demasiada torcida hacia un lado, insistió en torcerla hacia el otro, a pesar del temporal. El nuevo gobierno continuó con su programa de ajuste fiscal en plena crisis económica. El centro de la respuesta económica y sanitaria radicaría en el individuo, no en el Estado, en consonancia con el giro liberal del momento histórico.
El rol del Estado es una de las discusiones más interminables y apasionantes de la historia del pensamiento económico. Quien escribe tiene algunas opiniones sobre el tema, pero comprende que existen visiones diversas y muy bien fundamentadas. Sin embargo, lo particular de la libertad responsable no es que sea una manifestación local del liberalismo; su particularidad radica en que es una exageración. La comparación internacional nos da evidencia para sostener esta afirmación.
En 2020 la exageración pautó la política económica uruguaya. El mundo optó por un camino de fuerte intervención estatal frente a la crisis, que trascendió fronteras ideológicas: líderes liberales de países desarrollados –Emanuel Macron, Angela Merkel– llamaron a una intervención decidida del Estado; organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional –cuyas nociones económicas distan de ser comunistas o despreocupadas de los equilibrios fiscales– pidieron a los países que “gasten y gasten”. Mientras tanto, Uruguay continuó con su agenda de ajuste fiscal. En las comparaciones internacionales sobre las respuestas económicas de los estados para mitigar la crisis económica, Uruguay quedó en los últimos lugares del planeta.2
En 2021 la exageración condujo la política sanitaria uruguaya. Países liberales que se ubican primeros en los índices de libertad económica3 –como Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Irlanda– tomaron medidas de restricción de la movilidad mucho más importantes que Uruguay, incluso confinamientos obligatorios, y no por ello dejaron de ser los países más liberales del planeta. Suecia y Reino Unido, que se negaron inicialmente a tomar medidas de restricción de la movilidad, se arrepintieron y cambiaron su estrategia. Mientras tanto Uruguay, envalentonado con un 2020 que lo tuvo como ejemplo por sus resultados sanitarios, se negó a tomar medidas más ambiciosas de restricción de la movilidad ante el avance de la pandemia en 2021, como recomendaron sus asesores científicos y médicos.
La libertad responsable uruguaya se ubicó en una posición extrema a nivel mundial, tanto en lo económico como en lo sanitario. Más liberal que los liberales, recurrió a la filosofía para sostenerse ante la adversidad de la realidad.
Hace cinco años el actual presidente, al ser consultado por su ubicación ideológica, se autodefinía como un hombre “cien por ciento pragmático”. En diciembre de 2019, a la salida de su reunión con el presidente Tabaré Vázquez, sentenció que “el pragmatismo va a pasarle por arriba a la ideología”.
Sin embargo, en los últimos meses algo cambió. El pragmatismo no le pasó por arriba a la ideología, sino que le dio lugar. La negativa a medidas más ambiciosas de reducción de la movilidad, en palabras del presidente, fue “una cuestión mucho más de principios que de práctica”. El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera manifiesta que su hijo le ha puesto al Herrerismo mayor “vestidura filosófica”. En su camino hacia lo filosófico la libertad responsable se afirmó, autoproclamándose como verdad universal: “Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad”.
El timón ideológico está presente, aunque de forma más velada, incluso en las excepciones a la regla general planteada por la libertad responsable. La mano que controla si apagar o no las perillas de la educación, las actividades culturales, el teatro, la música, los shoppings, los freeshop, las actividades deportivas profesionales y amateur, las ceremonias religiosas o el Día de la Madre decide con criterio ideológico, identifica cuáles sectores y actividades sacrificar y cuáles no.
Hasta hace un tiempo se solía ubicar, en el eje retórico entre ideología y pragmatismo, a la izquierda en el lado ideológico y a la derecha en el lado pragmático. Algo ha cambiado. ¿Por qué el discurso político de la derecha uruguaya se tornó más filosófico en los últimos tiempos? Quien escribe no tiene una respuesta concreta, pero sí una intuición: estos cantos a la libertad permiten construir un relato que trascienda la mera intención de sacar al Frente Amplio del gobierno, y por lo tanto son vitales, ya no sólo para construir la llegada al gobierno, sino para su defensa y mantenimiento.
Habiendo pasado del pragmatismo a la filosofía, y elevándose posteriormente a la categoría de verdad universal, la única opción posible centró su comunicación en la vacunación, y con esto alimentó la esperanza.
En el epílogo de la novela 1984, Thomas Pynchon refiere a las críticas de George Orwell al gobierno inglés durante la Segunda Guerra Mundial: “En el momento en que las bombas enemigas empiezan a caer sobre el suelo patrio, cambiando el paisaje y causando víctimas entre amigos y vecinos, ese tipo de cosas pasan a ser irrelevantes, si no subversivas. Cuando la patria está en peligro, un liderazgo fuerte y unas medidas eficaces resultan esenciales, y si hay quien quiere llamar a eso fascismo, estupendo, que lo llame como quiera: nadie le prestará la menor atención, porque lo único que quiere escuchar la gente es la señal de ‘todo despejado’ que anuncia el final del ataque aéreo”.
Las similitudes entre una pandemia y un escenario bélico son notorias: enemigo externo, crisis, muerte, unión nacional, liderazgo. En este escenario la retórica presidencial fue potente. La libertad responsable se afirmó en un valor positivo –la libertad– y presentó una solución sencilla –la vacunación–, alentando la esperanza.
A cada cifra de muertos se respondió con una cifra de vacunados. Lo único que quiere escuchar la gente es la señal de “todo despejado” que anuncia el final del ataque aéreo.
Asentada sobre anteriores cambios en el sentido común uruguayo, la libertad responsable se afirmó en su retórica filosófica, superando al pragmatismo y postulándose como verdad universal. Afirmando el inicio de un nuevo tiempo, exageró en la práctica al liberalismo y convenció a muchos uruguayos con su apelación a la libertad y su mensaje de esperanza.
La pandemia terminará más temprano o más tarde. Volveremos a festejar los cumpleaños, a compartir el mate, a andar en ómnibus sin tapabocas. Pero la libertad responsable no se irá, porque es la épica transversal del gobierno y tiene firmes raíces. Trasciende en relevancia a lo que pueda asignarse a una buena agencia de publicidad o algunas clases de coaching presidencial; es mucho más profunda.
Las frases “algunas de estas muertes podían haber sido evitables con otras conductas” o “los que son responsables no se enferman” carecerán de sentido, dejarán de ser utilizadas con esas palabras. Pero no desaparecerán, ya que no son sólo sentencias puntuales sobre las muertes por un virus; son derivaciones naturales de una filosofía política que, sobreviviendo a la pandemia, mostró su enorme fortaleza. Con breves variaciones la frase resurgirá, ya como canto a la meritocracia para salir de la pobreza –“hay que ayudar a un cambio de actitud”–, ya como negación al derecho al aborto –“si te gustó, bancátela”–, ya como justificación del desempleo –“los negros no quieren trabajar”–. La covid-19 pasa, la libertad responsable queda.
En el artículo “La batalla por el sentido común” desarrollé este punto. Los datos son extraídos de tres fuentes: el Estudio Longitudinal de Bienestar en Uruguay, la Encuesta Mundial de Valores y el Latinobarómetro. ↩
Como queda consignado en los informes de política fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o el Fondo Monetario Internacional. ↩
Según los rankings elaborados por think tanks liberales como el Fraser Institute o la Heritage Foundation. ↩
Cuando el 15 de diciembre de 1995 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) falló en favor del futbolista Jean Marc Bosman, nació un nuevo deporte. A partir de una transferencia fallida a un club francés, el jugador belga sostuvo que la reglamentación de FIFA y UEFA no respetaba el principio de libre movilidad para desplazarse y trabajar dentro de Europa, definido en los Tratados de Roma de 1957 (originarios de la actual UE).
Con dicha sentencia se eliminaron dos reglamentaciones muy importantes en el mundo del fútbol. En primer lugar, se definió que cuando un jugador terminaba su contrato con un club, automáticamente quedaba en libertad de acción para negociar con un nuevo equipo, sin resarcimiento a su anterior club. Antes, incluso con el contrato terminado, el club de origen tenía derecho a reclamar una indemnización (en criollo, seguía siendo “dueño” del jugador).
El segundo cambio provocó que los futbolistas oriundos de países de la UE no ocuparan plaza de extranjeros en los clubes europeos. Antes el tope era de tres foráneos en cancha. Por ejemplo, el famoso “Milan de los holandeses” en realidad estaba compuesto por ocho italianos y tres de la naranja mecánica.
La nueva sentencia no alteró el cupo de tres plazas, sino que la redefinió para “extracomunitarios”, es decir, no pertenecientes a la UE. El efecto secundario de esta sentencia fue que futbolistas no europeos pudieran obtener la nacionalidad de sus antepasados y así gozar de los mismos derechos que los futbolistas nacidos en el viejo continente.
Con este sutil cambio legal, el futbolista se transformó en un deportista global, ya que una vez que terminaba su contrato podía continuar su carrera en el país y equipo de su conveniencia. El salario del jugador se transformó en una referencia de arbitraje a nivel internacional, ya que a mayor talento correspondía un mayor salario, derivado de la libre movilidad hacia equipos económicamente más fuertes.
Antes de la Ley Bosman, el equipo más poderoso del mundo únicamente podía reforzarse con talento de su propio país y solo tres extranjeros. Con la nueva reglamentación los equipos empezaron a incorporar jugadores de varios países, generando un flujo unidireccional en el que los grandes jugadores terminaron concentrándose en los equipos más poderosos, reforzando su posición dominante.
Los primeros ejemplos de este fenómeno fueron el Real Madrid y el Inter de Milán. En el caso de los merengues, de 2000 en adelante sacudieron el mercado cuatro años seguidos con la contratación de sus Galácticos (Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham). En el caso de los Nerazzurri, si bien con un perfil más bajo, a fines de los 90 se destacaron por contar con jugadores de más de 15 países, motivo por el que se comentaba que era el cuadro de las Naciones Unidas.
El efecto de este fenómeno en el balance competitivo fue importante. Anteriormente, en este suplemento presentamos un índice de concentración de los títulos locales en más de 20 países, usando un índice clásico de distribución de la ciencia económica: el índice de Gini. En esta oportunidad cambiamos el índice de referencia, y pasamos a utilizar otra herramienta clásica para medir concentración en un mercado: el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH). En lugar de cuota de mercado utilizamos los campeonatos ganados por cada equipo. Nos quedamos con las 10 ligas más importantes de Europa y tomamos como punto de quiebre la temporada 1995/1996, ya que fue durante esa temporada que el Tribunal de la UE se expidió en favor de Bosman.
Si se comparan los 25 campeonatos anteriores a la sentencia con los 25 posteriores, se observa claramente que en las ligas más importantes del mundo se incrementa la concentración de títulos, ya que el IHH aumenta. Es decir, los cuadros más poderosos ganan más que antes.
A su vez, si analizamos los vencedores de la Champions League con nuestro IHH futbolero se observa también una mayor concentración, con mayores valores del índice. Entre 1970 y 1995 hubo 15 equipos ganadores de 9 países, y entre 1996 y 2020 hubo 11 equipos ganadores de 5 países.
También es relevante señalar que en las ligas de menor jerarquía el efecto no es tan fuerte (ver por ejemplo Holanda y Bélgica). Este último fenómeno se podría interpretar como una mayor dificultad de los equipos grandes de países no tan grandes para retener su talento. Antes de la Ley Bosman, podían concentrar de forma casi monopólica a los mejores jugadores de su país. Luego de 1996, esos jugadores pudieron emigrar con mayor facilidad a mejores ligas.
El equipo que podría resumir de forma paradigmática esta situación es el Ajax. El histórico equipo holandés, que brilló en Europa con equipos memorables, casualmente fue el ganador de la Champions League en 1995, la última previa a la Ley Bosman. Luego de esa conquista, nunca más pudo alzar la Orejona. Al no poder contar con los grandes jugadores holandeses, comenzó a reforzarse con jugadores extranjeros, siguiendo la misma tendencia de internacionalización de los planteles. Así fue que en 2007 contrató a Luis Suárez, quien luego de un rendimiento rutilante abandonó el club en 2011 hacia un club de mayor jerarquía y poderío.
De esta forma, al eliminarse las “barreras no arancelarias”, el talento (nacional o importado) comenzó a moverse de forma más fluida hacia los equipos más poderosos.
Seguramente no faltará algún lector que pensará algo como “déjense de Ley Bosman, con el dinero que hay en el fútbol es obvio que los jugadores van a ir a los cuadros más ricos”.
Efectivamente es así. Lo que no debe dejar de señalarse es que si no hubiera existido el fallo de 1995 que cambió las condiciones de juego, no se hubieran realizado las exorbitantes inversiones que vinieron después. Fue la Ley Bosman la que generó que el poder económico se relacionara más fuertemente con el poder deportivo; fue la libre movilidad del talento la que aumentó la correlación entre inversión económica y resultados futbolísticos.
Es muy difícil imaginarse un fútbol que vuelva hacia atrás, porque las reglamentaciones de la UE siguen vigentes (salvo en caso del Brexit, cuyos efectos en el fútbol son enormes). Lo que sí hoy está sobre la mesa es una rediscusión de las normativas económicas y de acumulación de talento. En recientes declaraciones al medio francés L’Equipe, el presidente de la FIFA Gianni Infantino planteaba que “la introducción de topes salariales y a las tarifas de traspasos, una limitación en el número de jugadores por equipo o el número máximo de partidos que los mejores pueden jugar por temporada” propiciarán “la estabilidad económica del sistema, pero también el equilibrio competitivo”.
Precisamente, estabilidad económica y equilibrio competitivo son dos pilares del deporte estadounidense. Lejos del libre mercado tan identificado con dicho país, el modelo económico del deporte se caracteriza por férreos controles presupuestales y una clara preocupación por cómo se distribuye el talento. En futuros artículos nos proponemos analizar en profundidad cómo se organiza el deporte de los Estados Unidos, y qué elementos podría tener en cuenta el fútbol internacional para poder replicarlo.
Este índice se utiliza en economía para medir la concentración de un mercado. Se calcula como la suma de los cuadrados del porcentaje de mercado de cada una de las empresas que lo componen. Su cálculo es sencillo y tiene la virtud de resumir en un solo valor las características de un mercado, pudiendo determinar el grado de competencia que existe en él.
Un aumento del índice implica un incremento de la concentración. Su valor máximo es 10.000, que es cuando existe una sola empresa monopolística que concentra el 100% del mercado.
Es utilizado en diferentes ámbitos de la economía. En algunos países un aumento abrupto del IHH producto de una fusión desencadena investigaciones para prevenir posibles prácticas anticompetitivas. En Uruguay hay estudios que toman como base este indicador para analizar la estructura de mercado en el sector bancario, en las telecomunicaciones, en el mercado de seguros o en el de la cerveza.
También se utiliza en análisis de comercio exterior para medir la concentración o diversificación de mercados o productos de exportación.
Este fin de semana comenzó un nuevo campeonato uruguayo, el flamante Apertura 2021, con una característica extraña: no jugaron ni Peñarol ni Nacional. Por este motivo, la tabla comienza con una ilusión óptica: los dos grandes están allá abajo, con cero puntos.
Esta situación es pintoresca, ya que en general los campeonatos tienen siempre allá arriba a los grandes. La primacía de Peñarol y Nacional como campeones es una característica histórica del fútbol uruguayo. Sin embargo, también es verdad que algo parecido sucede en otros países: River y Boca, Olimpia y Cerro Porteño, Real Madrid y Barcelona... La pregunta que surgió entre un grupo de amigos futboleros es si esta primacía de los grandes es más acentuada en Uruguay que en otros países del mundo. Y como los amigos además de futboleros son economistas, decidieron usar las técnicas de la economía para responder la pregunta, inaugurando así una nueva corriente de investigación: la economía de las copas.
Uno de los campos de estudio más fecundos de la economía tiene como objeto de estudio la distribución del ingreso. En esta área se han desarrollado muchos trabajos y también un gran herramental analítico. Si bien existen muchos indicadores, el índice estrella es el inventado por el italiano Corrado Gini, gran amigo de Benito Mussolini y mejor estadístico.
Básicamente el índice de Gini se mueve entre dos valores: 0 (perfecta igualdad) y 1 (perfecta desigualdad). Para el caso de este estudio, la interpretación del índice es así: si durante 90 años en un país hay 30 equipos que ganaron tres campeonatos cada uno, entonces el índice será igual a 0, porque las copas se reparten equitativamente; si un solo cuadro ganó 90 campeonatos, entonces el índice será 1, porque las copas están totalmente concentradas en una vitrina. En el medio de estos dos casos extremos estará la realidad, con un índice de Gini más alto cuanta más concentración de torneos haya.1
El índice de Gini es una sofisticación importada de la economía (dejamos en recuadro aparte, para el lector interesado, más información sobre este gran índice). Otro indicador que se puede utilizar, con menos brillo pero más sencillo, es el de porcentaje de trofeos de los dos equipos que más campeonatos ganaron. También lo incorporamos al análisis, cuyos resultados se describen a continuación.
Seleccionamos para el estudio 20 ligas del mundo: las diez de Conmebol y las diez más importantes de Europa (según transfermarkt.es). Los listados de campeonatos fueron extraídos de sobrefutbol.com. Tomamos campeonatos profesionales posteriores a 1930. De esta forma, la base contiene 289 cuadros que salieron campeones en los últimos 90 años en alguna de las 20 ligas seleccionadas.
La pregunta que nos motivaba era ver si en Uruguay estaban más concentrados los campeonatos que en otras partes del mundo. La respuesta es afirmativa: tanto el índice de Gini como la proporción de campeonatos ganados por los dos cuadros principales muestran lo mismo: el Campeonato Uruguayo es el más concentrado de todos. Muchas copas en sólo dos vitrinas: casi nueve de cada diez campeonatos en Uruguay tienen como campeones a Peñarol o Nacional.
El resto de los países presentan ligeros cambios en su ordenamiento dependiendo de cuál indicador distributivo se mire, pero ambos criterios muestran un panorama muy similar.
El podio de las cuatro ligas más concentradas del mundo está compuesto por dos sudamericanas y dos europeas. Además de Uruguay, Portugal, Paraguay y Turquía completan el podio. En el caso de Portugal, en donde el índice de Gini da 0,89, Benfica y Porto concentran casi ocho de cada diez torneos, e incluso venían en una racha de 18 años consecutivos que fueron interrumpidos la semana pasada por la victoria de Sporting de Lisboa, que se coronó campeón de la mano de su gran capitán uruguayo, Sebastián Coates.
En el caso de Paraguay, con un índice de Gini de 0,87, Olimpia y Cerro Porteño comparten el liderazgo del torneo local, concentrando casi siete de cada diez campeonatos. Una larga historia de predominio en la cual han participado muchos uruguayos y siguen haciéndolo en la actualidad: Rodrigo Popi Muñoz en Cerro Porteño y Diego Polenta, Alejandro Silva, Robert Ergas y Gastón Olveira en Olimpia.
En Turquía el índice de Gini dio 0,85 y dos equipos tienen dos tercios de los torneos. Por un lado, Galatasaray, del cual Fernando Muslera es capitán e ídolo histórico, además de ser el extranjero con más partidos en la historia de la liga turca. Por otro lado, Fenerbahçe, en el que Diego Lugano ha dejado una entrañable huella, convirtiéndose además en gran hincha del club, al punto de que el año pasado, escondido tras gorro, lentes y barba postiza, se camufló para pasar desapercibido y poder asistir tranquilo a la tribuna del clásico turco.
En cuanto a las ligas con más distribución de los campeonatos, identificamos tres países latinoamericanos y uno europeo: Venezuela, Colombia, Brasil y Francia. En estos países los dos cuadros más ganadores tienen 30% o menos de los campeonatos de la historia de sus torneos locales.
La principal hipótesis de esta “investigación” era ver si el fútbol uruguayo tenía niveles altos de concentración de sus campeonatos en la comparación internacional. Para ello se utilizó el herramental analítico que la economía suele usar para analizar la distribución del ingreso. La respuesta es afirmativa: Peñarol y Nacional comparten mucho menos la copa que los principales campeones de otros lugares del mundo.2
Toda buena investigación abre el terreno para nuevas preguntas, y esta no es la excepción. Un posible ejercicio que surge al jugar con el índice de Gini en los campeonatos de fútbol es ver, en el caso de las ligas europeas, si hay un cambio entre el período 1970-1995 y el período 1996-2020. ¿Por qué esos dos períodos? Porque son 25 años antes y después de la aprobación de la Ley Bosman,3 de 1995, que cambió radicalmente las reglas de contratación de futbolistas de los cuadros europeos, eliminando los cupos para los jugadores con ciudadanía europea (o con pasaporte europeo). ¿Tuvo este cambio normativo como resultado un aumento de la concentración de campeones en los torneos nacionales de Europa?
Este análisis y la apasionante historia del pobre de Jean-Marc Bosman ya no caben en este humilde artículo, pero serán objeto de una próxima nota, la segunda –y esperemos que no la última– de esta nueva y prometedora área de la investigación económica denominada economía de las copas. Porque no sólo de plata vive el hombre; también necesita algo de gloria.
El índice de Gini es el coeficiente más famoso para medir la distribución del ingreso. Cuando el ingreso se distribuye de forma perfectamente equitativa (todos ganan lo mismo), el índice es 0; cuando se distribuye de forma perfectamente inequitativa (uno gana todo el ingreso), el índice es 1. Matemáticamente representa el área que está debajo de la curva de Lorenz, una representación gráfica que tiene en el eje horizontal el porcentaje acumulado de personas y en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso.
El índice de Gini permite resumir en un único número la distribución de ingresos de una población. Esto es muy útil para hacer comparaciones entre países, comparar un país a lo largo del tiempo o diferentes opciones de política económica.
Los países más igualitarios suelen tener índices de Gini entre 0,20 y 0,30 (el caso de los países nórdicos o de algunos de la ex Unión Soviética), mientras que los países más desiguales tienen niveles que oscilan entre 0,55 y 0,65 (varios países africanos o Brasil). En el caso de Uruguay, el índice de Gini de Uruguay era de 0,38 en 2019, lo que lo ubicaba como el país más igualitario de Sudamérica.
Como los países tienen distintas cantidades de cuadros campeones (por ejemplo, Portugal tiene cinco y Venezuela tiene 25), para el cálculo del Gini se decidió usar una cantidad ficta de cuadros equivalente a 25. Cuando una liga tiene menos campeones, simplemente se imputan cuadros con cero campeonatos hasta completar el listado de 25 cuadros. ↩
Si bien algunos aspectos de la metodología podrían modificarse (modificar el ficto para el cálculo del índice de Gini, probar diferentes marcos temporales), dichos ajusten no cambian la conclusión general del artículo. Los altos valores del índice encontrados en este ejercicio se derivan de la decisión de imputar equipos con cero campeonatos para tomar una base ficta común; la importancia del índice no radica tanto en su valor concreto, sino en su capacidad de ordenar los países según niveles de concentración. ↩
“Primera juventud”. “Hermosura, lozanía, gracia”. Abril es el único mes del idioma español que tiene, además de su significado principal (“cuarto mes del año, que tiene 30 días”), sustantivos hermosos como posibles acepciones de la palabra. Asociado al inicio de la primavera en el hemisferio boreal, el vocablo es usado como sinónimo de “años” cuando nos referimos a una persona joven: “sólo tiene veinte abriles”.
Cuán distante ha quedado este abril uruguayo de 2021 de las poéticas definiciones del diccionario. Maltrecho, golpeado, cansado, abril llegó este viernes a su fin, a duras penas. Luego de haber sido ejemplo en 2020, Uruguay ha caído vertiginosamente, para asombro del mundo, ubicándose en los peores lugares de los rankings mundiales de la pandemia.
Apenas finalizado abril, este artículo presenta un análisis resumido de los cuatro componentes principales asociados a la covid-19: casos confirmados, CTI, fallecimientos y vacunación.
Con un promedio de 3.000 casos confirmados diarios, 90.000 personas se enfermaron de covid-19 durante abril. El sistema de testeo, desbordado, tuvo demoras en la entrega de resultados de hasta una semana y niveles de positividad superiores a 20%.
Los números son fríos. Un simple hecho permite dimensionar de forma más ilustrativa la expansión de la enfermedad: es muy probable que usted conozca a alguien que se enfermó este mes de coronavirus.
Y en un momento, a mediados de abril, se anunció la llegada a una “meseta”. Si bien eso es mejor que continuar en un crecimiento exponencial, es relevante señalar –pequeño detalle– que la “meseta” se da en el primer lugar del mundo de casos confirmados por día. Esta meseta no es un plácido monte soleado de nuestra penillanura suavemente ondulada, donde podemos sentarnos tranquilos a hacer un picnic. La meseta a la que llegamos en abril es el pico de una montaña del Himalaya, a 20 grados bajo cero, en la cima del mundo.
Este viernes, último día de abril, seguíamos allá arriba, tomando mate y apreciando la vista, desde nuestra meseta de 3.000 casos diarios.
Uruguay superó las 750 camas ocupadas de CTI. Si bien acertadamente se amplió la capacidad, y se informa que hay 1.000 camas operativas, la realidad es más compleja que la aritmética: las camas son más fáciles de multiplicar que los recursos humanos que atienden a los pacientes, que son los mismos desde que llegó el virus. A pesar del aumento de camas, varios CTI han llegado a estar al 100% de su capacidad; uno de cada cuatro se encuentra en zona roja, con un nivel de ocupación superior a 85%.
Los números son fríos. Si tiene posibilidad de hablar con un médico internista y hacerle una pregunta, pregúntele cuál fue el peor mes de su vida laboral. La expresión facial del galeno ilustrará mejor este abril que los números que aquí se presentan.
Hay dos formas de salir de un CTI: vivo o muerto. Los datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva muestran durante abril un fuerte aumento de la mortalidad en CTI por covid-19. Durante los primeros tres meses de 2021 se mantuvo una relación de uno a uno: 247 altas y 251 fallecimientos. En abril la relación cambió para peor: se verificaron 411 altas y 675 fallecimientos.
Este viernes, último día de abril, teníamos 781 camas ocupadas de CTI –575 con pacientes con covid-19–, un valor máximo en la historia de la medicina intensiva uruguaya.
En abril fallecieron 1.609 personas por covid-19, un promedio de 54 personas por día.
Los números son fríos. La muerte siempre deja postales terribles. Abril ha sido fecunda en historias desgraciadas de muertes evitables que no pudimos evitar. Una especie de pudor obliga a quien escribe a no detallarlas en el artículo. Simplemente recordemos que los fallecidos tienen caras, nombres, historias, familias.
La muerte de una sola persona es de por sí un episodio triste, pero los números son necesarios porque permiten contextualizar el momento histórico. En un “abril normal” en Uruguay mueren en promedio 83 personas por día.1 El jueves 15 de abril se registró el máximo diario de fallecimientos por covid-19: 79 personas. Es decir, ese jueves fallecieron sólo por covid-19 casi tantas personas como las que en años anteriores morían por todas las causas posibles.
Otra mirada posible es la departamental. Río Negro, Rivera y Soriano comparten una situación particular: la cantidad de fallecimientos por causa de covid-19 este mes ha sido mayor que la de fallecimientos por todas las causas que tienen estos departamentos en un “abril normal”.2
Otra forma de comprender la situación es la comparación internacional. En los rankings mundiales Uruguay está desde hace dos semanas en el top 3 de países con más fallecimientos diarios del mundo. A fines de abril se ubicó en el segundo puesto: sólo en Hungría muere más gente por covid-19 que en Uruguay. A nivel de Latinoamérica, el abril uruguayo ha entrado en la historia de la pandemia: no hay registro de un mes con tantos fallecidos en ningún país latinoamericano desde que el virus llegó al continente.3 Ni el Brasil de Jair Bolsonaro, ni la Argentina de Alberto Fernández, ni el Chile de Sebastián Piñera, ni el México de Andrés Manuel López Obrador, ni ningún país de América Latina, todos con diferentes estilos, perfiles y orientaciones políticas, ninguno tuvo tantas muertes en un mes como Uruguay en abril.
Finalmente, es importante hacer mención a un argumento que, en plena debacle sanitaria, se ha esgrimido. La idea es la siguiente: en el fondo, la situación no es tan grave, ya que igual, en el acumulado de fallecimientos de toda la pandemia, Uruguay no quedará en una mala posición. El pensamiento se afirma en la buena performance del país durante 2020, y ojalá llegue a ser verdadero.
En la escena más memorable de El pozo, Eladio despierta a Cecilia en medio de la noche, la hace ponerse un vestido blanco y bajar caminando por Eduardo Acevedo, hacia la rambla, en una acción alocada que en el fondo es un intento de recuperar el amor perdido, de tender puentes y atrapar al pasado y a la Ceci de entonces. En esta escena, ante la cita del episodio en el sumario de divorcio, Onetti escribe: “Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos”.
La mención al acumulado de fallecimientos en estos momentos, en este pico mortal, en este abril, se eleva al nivel de repugnancia aludido por el escritor. Incluso aunque termine siendo verdad, incluso aunque nuestro acumulado sea “decente”, estará ocultando el alma de los hechos: en el peor momento de la pandemia, en el pico mundial de contagios y personas en CTI y fallecimientos, no fuimos capaces de evitar muertes evitables.
“Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene”, agrega Onetti. El hecho de que haya muerto poca gente en 2020 no es un crédito que nos dé margen para dejar morir gente en 2021.
Si algún dato positivo tiene este abril, debe buscarse en el área de la vacunación. Uruguay ha vacunado con Coronavac, Pfizer y Astrazeneca, y finaliza abril con un tercio de la población con por lo menos una dosis de vacuna. Esto lo ubica en el lugar 12 en el ranking mundial de vacunación de países con más de 500.000 habitantes.
Los números son fríos. Quien haya podido vacunarse, o haya llevado a vacunar a un familiar, sabe que es un gran momento, un hito fundamental en la vida individual y colectiva. La única solución definitiva a la pandemia es la vacunación masiva por parte de la población, que avanza a buen ritmo en Uruguay.
¿Cuánto falta para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño? Depende del modelo que se tome. El portal timetoherd estima que faltan 83 días para que Uruguay llegue a 70% de su población completamente vacunada. ¿Cuándo la vacunación empezará a disminuir la propagación de la enfermedad? No hay estimaciones exactas, pero los expertos plantean que no es esperable que en el próximo mes la vacunación por sí sola pueda reducir significativamente los casos.
El mundo mira asombrado cómo el ejemplo de 2020 se ha convertido en el espanto de 2021. Los uruguayos, desnorteados, ya no sabemos qué es poco y qué es mucho, ni distinguimos lo evitable de lo inexorable. Caminamos tomando mate entre camillas y ataúdes, y ya es difícil distinguir qué es peor: si haber llegado a la barbarie o haberse acostumbrado a ella.
Se ha escrito sobre la libertad responsable como estrategia de combate a la pandemia. La estrategia, exitosa en 2020, ha fracasado en 2021.4 Contra la experiencia internacional, contra las opiniones de propios y ajenos, contra los planteos de los médicos, contra las recomendaciones de sus asesores científicos, el presidente continuó firme en su posición y no tomó medidas adicionales durante abril.
Hubo un momento, el año pasado, en que el presidente expresó en una conferencia de prensa cierta regla que guiaba sus decisiones de política: “Para atrás, todo lo necesario; para adelante, todo lo posible. Porque sigue siendo la salud lo más importante”. Y la pregunta que surge, a fin de cuentas, es qué es realmente lo que ahora está pasando. Cuando se compara una política de gobierno con la realidad existen dos posibilidades: o se ha errado, o las cosas han marchado de acuerdo a lo planificado. Si ha sucedido lo primero, si se ha errado en las proyecciones y se llegó a niveles no esperados, ¿por qué no se acepta y se corrige la estrategia? Si es lo segundo, si esta situación está dentro de lo planificado, ¿cuál es el límite de lo tolerable?
En ambos casos, ¿cuánto es mucho? ¿Ser los primeros del mundo en contagios? Ya pasó. ¿Saturar los CTI? Lo logramos. ¿Estar en el top 3 mundial de fallecimientos diarios? Llegamos. ¿Tener el peor mes de la historia latinoamericana de la pandemia? Cumplimos. ¿30 muertes diarias? ¿50? ¿100? ¿200? ¿Infinito? En definitiva, ¿cuánto es mucho para la libertad responsable?
Promedio del quinquenio 2015-2019. ↩
En Río Negro fallecieron este abril 74 personas, cuando en el promedio de los abriles de 2015-2019 fallecían 41; en Rivera fallecieron 88, cuando en promedio fallecían 82; en Soriano fallecieron 64, cuando en promedio fallecían 53. ↩
Por simplicidad se presenta sólo el cuadro con los países de América del Sur. La información está disponible en Our World In Data. ↩
En el artículo “Libertad y muerte” se desarrolla este punto. ↩
Dicen que el hombre es un bicho de costumbre, y vaya si nos acostumbramos rápido a una situación absolutamente terrible. Lejos quedaron aquellos días de cero casos positivos, hipótesis sobre la inmunidad uruguaya, teorías sobre el mate y la BCG, giras del presidente en medios internacionales, notas de países lejanos ponderando la respuesta uruguaya a la pandemia que nos hinchaban el pecho. Los números que el año pasado asociábamos a casos positivos hoy los asociamos a muertos. Después de una primera ola más pequeña, desde mediados de febrero la pandemia ha arrasado el país, imparable tsunami, y desde ese momento Uruguay no ha dejado de romper récords. Anestesiados, miramos en el informativo las cifras de muertos como quien ve los resultados de la quiniela.
Ajeno a las lecciones de otros países que han atravesado picos de pandemia y han logrado bajarlos (inserte aquí decenas de países posibles) con medidas para disminuir la movilidad (inserte aquí decenas de medidas posibles), despreciando los planteos del Frente Amplio, la Convención del Partido Colorado, legisladores de su coalición de gobierno, intendentes de su partido, su ministro de Salud Pública, la Universidad de la República, el Sindicato Médico del Uruguay, las sociedades médicas (inserte aquí decenas de sociedades médicas), descartando las recomendaciones del grupo de científicos que él mismo creó para asesorarlo, el presidente de Uruguay se mantiene firme en su estrategia basada en la “libertad responsable”.
Si 2020 fue un año signado por la ausencia del Estado para paliar la crisis económica generada por la pandemia, 2021 –y en particular este abril no blindado– se encuentra marcado por la ausencia del Estado para frenar al virus. Algunos verán un quiebre entre un año y otro, pero no lo es. Es una continuidad, la prolongación de una política, la radicalización de una ideología, la consagración de una forma particular de concebir una de las palabras más bellas del diccionario: la libertad.
Estamos viviendo el peor pico de la pandemia de covid-19 en Uruguay. Muy pocos países del mundo han tenido una situación tan grave como la que vive hoy el nuestro.
Si observamos los casos de covid-19, el promedio de casos diarios de la última semana ha sido superior a 3.000 personas, lo que nos ubica en el primer lugar en el mundo.1 Hace ya dos semanas que nos mantenemos en el primer lugar mundial en esta categoría. Sólo cinco países han registrado olas de casos de covid-19 tan altas como la uruguaya en toda la pandemia: Bélgica, Irlanda, Portugal, República Checa y Estonia.2
En cuanto a personas que están en CTI, el aumento de camas disponibles no ha podido evitar el colapso del sistema. Más de 500 personas se encuentran hoy en CTI con covid-19. En términos internacionales, los datos disponibles para Europa muestran que, con excepción de República Checa, ningún país europeo en ningún momento de la pandemia tuvo tantas personas en CTI como Uruguay hoy.3
En relación con los fallecimientos diarios, luego de superar el lunes a Brasil, Uruguay se encuentra y mantiene en primer lugar en América Latina. En el ranking mundial de fallecimientos, hace dos meses estábamos en el lugar 70; hace un mes en el lugar 46; hace dos semanas en el lugar 17; hoy estamos en el top 3. Hoy sólo existen dos países donde mueren más personas por covid-19 que en Uruguay: Hungría y Bosnia Herzegovina.
Mucho se ha escrito y dicho ya sobre la política económica de Uruguay durante 2020, y no será el centro de este artículo. Informes nacionales, internacionales, de la academia, de organismos multilaterales, la Universidad de la República, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional, el que usted quiera, todos, absolutamente todos, dicen lo mismo: Uruguay fue el país, por lejos, que menos recursos destinó a combatir la crisis económica generada por la pandemia. El que menos invirtió para frenar el aumento de la pobreza. Todos los demás, más o menos liberales, más o menos socialistas, con más o menos recursos, más grandes, más chicos, con más calor, con más frío, hicieron un esfuerzo fiscal mayor para proteger a sus ciudadanos y su economía.
En 2021 la historia se repite. El gobierno no está dispuesto a destinar recursos, en este caso para colaborar en la reducción de la movilidad. El presidente insiste con que no se puede, ubicando a Uruguay nuevamente en una posición extrema a nivel mundial. Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a 2020: la pandemia ahora sí ha cobrado vuelo desde el punto de vista sanitario. Vuelo histórico y mundial.
¿Desde qué lugar se sostiene aún la negativa de la política económica y la política sanitaria? Desde una épica: la libertad responsable.
Más allá de lo más o menos de acuerdo que uno pueda estar con las diferentes políticas desplegadas por el actual gobierno, independientemente de considerar si son mejores o peores, se puede identificar un hilo conductor que las sostiene retóricamente. Los gobiernos buscan estructurar sus medidas de política en torno a un relato: si la izquierda fundó la épica de sus gobiernos en la equidad, la derecha lo funda en la libertad.
“Dentro de cinco años, podrán evaluar los uruguayos nuestro desempeño. Estamos convencidos de que si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas; de lo contrario, habremos fallado en lo esencial”.4 La libertad es la épica del gobierno.
“Estamos incorporando mayor libertad en la ley de inclusión financiera para darles opciones a las personas”.5 La libertad financiera es la épica de la modificación de controles de lavado de activos y evasión tributaria.
“En la medida en que tenés que garantizar la libertad del trabajador no huelguista y el acceso del empresario a la conducción de la empresa, la ocupación viola ese derecho”.6 La libertad de trabajo de los no huelguistas es la épica de la limitación del derecho de huelga.
“La obligatoriedad cede ante el principio de libertad de los padres”.7 La libertad de los padres es la épica de la suspensión de la educación.
“El presente Presupuesto Nacional, así como el plan general de la presente administración, tiene como uno de sus objetivos fundamentales generar mayores espacios de libertad a los uruguayos”.8 La libertad de los uruguayos es la épica del ajuste fiscal.
Ha pasado ya un mes desde que el presidente anunció en una conferencia de prensa, el 16 de marzo, las últimas medidas para enfrentar la pandemia. Luego de la pregunta de un periodista sobre si no deberían tomarse más medidas, el presidente sentenció: “Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y maneja sus propias perillas”.9 La libertad responsable es la épica del retiro del Estado frente al avance de la pandemia.
La situación en ese momento era la siguiente: 1.309 nuevos casos positivos, 143 personas en CTI y 15 fallecimientos diarios. El jueves pasado (último dato disponible al escribir este artículo) se informaron 4.412 nuevos casos positivos, 523 personas en CTI y 79 fallecimientos diarios.
La vacunación viene a buen ritmo en Uruguay. La gestión, encabezada por el secretario de Presidencia, aunque tardía, resultó exitosa en cantidad de dosis y cronograma de administración. Uruguay cuenta con casi 30% de su población con al menos una dosis de vacuna, ubicándose en el top 10 de los países con mayor avance de la vacunación (en países con más de 500.000 habitantes).
Varios intendentes han tomado medidas locales para disminuir la movilidad en sus departamentos. Son los casos de Paysandú, Artigas, Río Negro, San José, Salto y Rocha.
Los casos positivos eventualmente bajarán, los CTI se descongestionarán, las muertes por covid-19 cesarán. Volveremos a salir, a ir la escuela, a compartir el mate.
A fin de año se harán resúmenes de la pandemia en Uruguay. Algunos recordarán la gestión del gobierno del año pasado, ponderarán la vacunación, hablarán en términos acumulados en donde quizá (y ojalá) no estaremos en un mal lugar, dada la buena performance del país durante 2020. Y todo esto será parte de la verdad.
Pero este artículo se escribe a mediados de abril de 2021, en la angustia del pico máximo de la pandemia uruguaya, en una de las olas más grandes del mundo. En un momento en que el mundo ve sorprendido cómo un país pequeño al sur del sur, que fue ejemplo en 2020, se desbarranca sin que su presidente decida tomar ninguna medida adicional en el peor mes de la pandemia mientras su país se ubica vertiginosamente en los primeros lugares de los rankings mundiales de casos positivos, personas en CTI y fallecimientos por covid-19. Un país en el que el aparato comunicacional insiste en convencer a sus ciudadanos de que todo esto es culpa de ellos y sólo de ellos. Porque por supuesto que resulta irritante ver que algunas personas no respetan las indicaciones sanitarias, es cierto. En todos los países se ha puesto énfasis en lo clave que resulta el comportamiento individual para combatir la pandemia; en ninguno se lo ha usado como excusa para justificar la inacción estatal.
No es intención de este artículo buscar culpables. No sirve para nada, no hace retroceder el tiempo. Tampoco plantear que la situación actual fue premeditada: según su leal saber y entender, el presidente optó por un camino pensando que era el mejor para el país. Menos aún ir en contra de un necesario espíritu de unidad nacional que nos ayude a salir de la pandemia. Pero sí es importante, es fundamental, identificar cuáles políticas han servido, cuáles no, y cuáles han servido en un momento y no en otro. Los números hablan: la libertad responsable funcionó en 2020, y fracasó mortalmente en 2021.
Y esto es importante no sólo para evaluar el manejo de la pandemia, sino también el trasfondo ideológico y la retórica de otras políticas gubernamentales. Y su evaluación. En su discurso inaugural el presidente pidió que, al terminar su mandato, se lo evaluara atendiendo “si al final del período los uruguayos son más libres”. Es una buena consigna. Pero si la métrica de esta expansión de la libertad es esta libertad responsable, que no es ya sólo la libertad de mercado, o sólo la libertad individual formal, o sólo la libertad negativa, sino que se convierte en la libertad de los ciudadanos de enfrentar el mayor desafío sanitario de los últimos 100 años con un Estado que sólo observa, entonces estamos frente a una métrica espantosa de libertad. Un extremo que ni siquiera le hace honor al liberalismo como ideología política, filosófica y económica.
Si esta es la libertad que se propone, y es esta la libertad que se expande, entonces no se habrán “hecho bien las cosas” y se habrá “fallado en lo esencial”.
Todas las referencias internacionales son extraídas de la página Our World in Data de la Universidad de Oxford. ↩
Se excluyen países de menos de 100.000 habitantes como Andorra, Liechtenstein y el Vaticano. ↩
Para Uruguay se toman los datos de CTI de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. ↩
Discurso inaugural de Lacalle Pou, 1° de marzo de 2020. ↩
Jorge Gandini, 5 de junio de 2020. ↩
Pablo Mieres, 18 de mayo de 2020. ↩
Robert Silva, 3 de agosto de 2020. ↩
Exposición de motivos del Presupuesto Nacional 2020-2024. ↩
Luis Lacalle Pou, 16 de marzo de 2021. ↩
Estoy frente a la góndola, voy a intentarlo una vez más. Tengo que dividir el precio por la cantidad de rollos. En este caso, cuatro rollos valen 80 pesos, o sea que da 20 pesos el rollo, impecable. A ver este otro… Bueno, en realidad este tenía rollos de 30 metros, pero este otro tiene rollos de 50 metros. Y este otro tiene un rollito adentro del rollo de cartón, un minirollo... Mmm... entonces tendría que dividir por la cantidad de rollos y de metros... Mmm... además, hay simple hoja y doble hoja... por qué no traje la calculadora científica... la gente me está mirando, hace 15 minutos estoy enfrente de la góndola... bueno, ta... ¡Agarro un par de los baratos y raspadores y uno que tenga pinta de medio bueno, y me voy para casa!
La escena descripta ha formado parte de mi vida y, según me consta, también de la de varios compatriotas. La cuadratura del círculo, la hipótesis de Riemann, la conjetura de Poincaré, todos son juegos de niños al lado del problema del precio unitario del papel higiénico, que ha doblegado a matemáticos uruguayos desde tiempos inmemoriales. Hastiado de esta situación, he determinado resolverlo, aunque me cueste un rato de tiempo y Excel.
En este análisis se procesan 24 presentaciones diferentes de papel higiénico. De 1, 2, 4, 8, 12 y 24 rollos; de 20, 30, 50, 60 y 80 metros. Todo se ha llevado a una unidad única: el precio por metro del papel higiénico. Los datos son de la página web de Géant.
Lo primero que surge del análisis es que hay dos grandes grupos de precios: los de hoja simple y los de doble hoja.
Dentro de la categoría hoja simple, la presentación más barata es el Noble 2 en 1 - un rollo de 60 metros, con $0,32 por metro. El más caro es el Elite hoja simple con aloe - 12 rollos de 30 metros, con $0,65 por metro.
En lo que respecta a la categoría doble hoja, el Higienol Premium 8x6 - 8 rollos de 30 metros se destaca como el más barato del grupo: $0,70 por metro. En el otro extremo encontramos el Elite Ositos - 4 rollos de 20 metros, con un valor por metro de $0,99.
Esta información por sí misma no define la opción de compra. El óptimo para cada uno dependerá de una profunda y sincera conversación entre la piel y el bolsillo. Sin embargo, ahora que los precios unitarios están más claros, esta conversación podrá darse con mejores elementos sobre la mesa.
Adicionalmente, este análisis permite detectar algunas situaciones extrañas. Por ejemplo, en la página web aparecen como opciones de compra tanto Elite Ultra - 4 rollos de 30 mts, como Elite Ultra - 4x3 rollos de 30 mts. Ambos traen lo mismo, 4 rollos doble hoja de 30 metros, pero uno cuesta $ 100 y el otro $ 90. Otra anomalía: el Higienol texturado - 4 rollos de 30 mts cuesta $ 50, mientras que el Higienol texturado - 8 rollos de 30 mts cuesta $111, por lo que conviene comprar dos paquetes del primero en lugar de uno del segundo. El tema es que es necesario tomarse un tiempo para detectar estas anomalías y poder optar por la opción más barata, a menos que... a menos que haya otra solución...
¿Y si viviéramos en un país donde, para conocer el precio unitario del papel higiénico, no se tuviera que recurrir a un artículo escrito por un economista nerd? ¿Y si el problema del precio unitario del papel higiénico tuviera una solución menos trabajosa, más inmediata y general?
Los supermercados ya tienen, en un sistema, el dato del precio y de la cantidad. Seguro que lo tienen, en las etiquetas aparecen ambos datos. Entonces, ¿cuán difícil puede ser poner en un lugar de la etiqueta la división de los dos numeritos, eso que en el mundo se llama “precio por unidad”?
La obligación de presentar al público el precio por unidad está regulada en varios países del mundo. Estados Unidos fue pionero con la Ley de Precios Unitarios para Establecimientos Minoristas del Estado de Massachussets de 1970. A nivel europeo, según la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo, se exige la indicación, junto al precio de venta, del precio por unidad de medida. En Colombia la exigencia la impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, en su circular 7 de 2017; en Chile lo estableció el Decreto Supremo 229. Cruzando el charco, la Ley 4.827 de Buenos Aires exige la presentación a los consumidores de esta información.
Un Frankenstein de estas reglamentaciones quizás podría aplicarse en Uruguay, y sería una buena solución general para el problema del precio unitario del papel higiénico. Una ley del Parlamento o un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas podría decir, supongamos:
“El presente reglamento establece la obligación de los supermercados de informar al consumidor final el precio de venta por unidad de medida, conjuntamente con el precio de venta de cada uno de los productos que ofrezcan”.
Como lo estipula para los supermercados (para hacerlo gradual y no enloquecerse con los almacenes), habría que definir qué es un supermercado:
“Supermercado: establecimiento comercial, predominantemente de autoservicio, cualquiera sea su denominación, que desarrolla actividades de venta de bienes a consumidores y que cuenta con tres o más cajas fijas habilitadas para recibir pagos”.
Y luego el decreto podría ponerse un poco más científico y explicitar algo así como:
“Se entenderá por precio de venta por unidad de medida el precio final que efectivamente debiera pagar el consumidor por unidad de masa, volumen, longitud, área o unidad de producto, de manera idéntica para todos los productos de la misma categoría que se encuentren en el establecimiento de comercio, expresada en una misma unidad del Sistema Internacional de Unidades (SI) de la siguiente forma:
a. Tratándose de masa se deberá indicar en kilogramo (kg) o gramo (g).
b. Tratándose de longitud se deberá indicar en metro (m) o centímetro (cm).
c. Tratándose de área se deberá indicar en metro cuadrado (m2) o centímetro cuadrado (cm2).
d. Tratándose de volumen se deberá indicar en litro (L, l), mililitro (mL, ml), metro cúbico (m3) o centímetro cúbico (cm3).
e. Tratándose de productos por unidades (por ejemplo, pañales, huevos, filtros para cafetera, etcétera) se deberá indicar en unidad de producto”.
Para que el precio unitario no quede escondido, seguiría con:
“El precio de venta y el precio por unidad de medida deberán ser:
a) Inequívocos, fácilmente identificables y claramente legibles, situándose en el mismo campo visual.
b) Visibles por el consumidor sin necesidad de que este tenga que solicitar dicha información”.
También podría agregarse este fino detalle que dé cuenta de que se pensó muy bien el tema:
“No obstante lo anterior, no será necesario indicar el precio por unidad de medida cuando éste sea idéntico al precio de venta”.
Y al final le vendría bárbaro un toque moderno en el que se aclare que la regla también se exige para la venta por internet:
“Si el establecimiento tuviera un portal web mediante el cual realiza ventas, también deberá indicarse allí el precio de venta por unidad de medida”.
Y cerrar con un clásico:
“Comuníquese, publíquese y archívese”.
Nótese que esta solución general tiene una gran virtud matemática: no sólo resuelve el problema del precio unitario del papel higiénico, sino también otros similares de productos con presentaciones cambiantes: el problema de precio unitario del shampoo, del aceite, de los huevos, de las galletitas, del yogur, de los pañales, de la comida para perros...
De esta forma, queda presentado y demostrado el teorema del precio unitario del papel higiénico, tanto en su solución particular como en su solución general.
LQQD.
Esta nota se publicó en el blog Razones y personas
De todos los anhelos humanos, difícil encontrar uno más intenso y persistente que la curiosidad de viajar en el tiempo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con volver al pasado y verse a sí mismo de niño, a sus padres de jóvenes, a los dinosaurios? ¿Quién no ha deseado volver para corregir alguna mala decisión, susurrarse la respuesta correcta, darse ánimo para hablar con aquella persona que, quizá por timidez, quizá por inseguridad, se dejó ir en un momento y para siempre?
Además de desear volver al pasado, la humanidad siempre ha buscado pistas del futuro. El deseo de conocer el devenir puebla la historia humana. Profetas, adivinadores, escritores de ciencia ficción, científicos; todos han querido contarnos cómo serán los años venideros y siempre nos han tenido atentos como fiel auditorio. Toda religión contiene un anuncio de lo que vendrá. La persistencia de la astrología y el horóscopo en los diarios y medios de comunicación, en pleno siglo XXI, no es más que la confirmación de la intensa necesidad de conocer qué nos depara el futuro, más fuerte que la lógica o la razón.
Los economistas también, desde siempre, jugamos este juego. Intentamos prever el futuro, lo hacemos, erramos y explicamos por qué no se dio lo que dijimos que se daría (John Kenneth Galbraith avisó: “la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca una profesión respetable”). Analizamos el pasado, intentando encontrar patrones entre las variables; intuimos que la economía no es lineal, que son ciclos, estaciones repetidas del eterno retorno, una serpiente que se come la cola.
Desde esta perspectiva, desde esta exploración temporal, 2020 ha irrumpido haciendo temblar los cimientos de lo predecible, las bases mismas de la economía mundial y local. Un resumen económico del año podría contener cifras y más cifras, que de poco sirven si no se anclan a lo verdaderamente relevante: ¿a qué momento del pasado económico nos llevó la máquina del tiempo de 2020? Con este enfoque prosigue el presente artículo.
Hubo algunas pistas que podríamos haber detectado; hubo adelantos, elementos del pasado que se colaban en el presente. Volvieron los Backstreet Boys, reapareció Fido Dido, se anunció una remake de Mi pobre angelito. Pero no supimos o no quisimos escuchar las señales.
Y llegó con todo su peso el 2020. La peste. A nivel mundial, la crisis económica asociada a la pandemia de la covid-19 es de un impacto con pocos precedentes en la historia económica, por lo profunda y abarcativa. Para encontrar un hecho de esta magnitud debemos viajar décadas en el tiempo, al blanco y negro, la época de las guerras mundiales o de la crisis del 29.
En el caso de Uruguay, el gobierno estima una caída del producto interno bruto (PBI) en 2020 de 5,8%. Estas estimaciones implican que el PIB de 2020 sería igual al de 2015; una patada en el pecho que nos hace retroceder cinco años. La magnitud de la caída nos hace recordar al terrible 2002, cuando caímos 7,7%.
Muy profundo y abrupto es el viaje en el tiempo del mercado de trabajo. Si bien las variables del mercado laboral ya mostraban un deterioro con respecto a los picos de 2014, la tasa de actividad y de empleo se desplomaron en abril de 2020 y cerraron el año en 55% y 61%, respectivamente. En carne y hueso: 60.000 personas perdieron su trabajo. El abrupto descenso que experimentó el empleo no se veía desde la crisis de 2002.
El salario real también ha mostrado una caída persistente, rompiendo una tendencia de aumento salarial que, año tras año, Uruguay tuvo durante la última década y media. Los salarios privados cayeron, los salarios públicos aumentaron en enero 5% menos que la inflación. Los ingresos de los hogares se ubicaron en 2020 7% por debajo del nivel que tenían en 2019. Para encontrar un año de caída salarial y de ingresos como la de 2020 debemos viajar 17 años hacia el pasado, hasta 2003.
Si bien no hay aún estimaciones oficiales, es claro que la pobreza aumentó. Estimaciones del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Udelar) calculan un aumento de la pobreza de 40%, ubicándose en 11,8%. En carne y hueso: más de 100.000 personas han caído en la pobreza. Para encontrar valores superiores a 10% también hay que configurar la máquina del tiempo para un viaje largo, a 2013 por lo menos; un retroceso de siete años. La abrupta vuelta de las ollas populares es la representación más icónica de este cambio en la estadística.
La inflación de 2020 alcanzó 9,4%. Si bien se mantiene en un dígito, es una de las inflaciones más altas del siglo XXI. Para encontrar una inflación anual igual hay que viajar a 2015; para encontrar una superior, a 2002 o 2003.
Finalmente, el déficit fiscal en 2020 fue de 6%, el mayor de las últimas tres décadas. Este aumento era esperable, dado el impacto de la pandemia, e incluso es bajo si se lo compara con los aumentos de déficit fiscal de otros países. Mientras que en Uruguay el déficit fiscal aumentó 1,6 puntos porcentuales (pp), el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional estima un aumento del déficit fiscal mundial de 8 pp (pasó de 3,8% en 2019 a 11,8% en 2020). Simplificadamente: los estados del mundo aumentaron su déficit fiscal, como respuesta a la crisis, cinco veces más que lo que lo hizo Uruguay. De esta forma, la apreciación sobre la evolución del déficit fiscal tiene ambigüedades: desde el punto de vista histórico nacional ha aumentado y llegado a un nivel alto; desde la perspectiva internacional ha sido un aumento moderado y muy lejano al promedio mundial.
¿Cuánto demorará la economía en volver al punto de partida? Es difícil dar una respuesta concreta, primero porque la incertidumbre sobre el futuro en estos momentos es brutal, y segundo porque la respuesta depende de qué entendemos por “la economía”. ¿Estamos hablando del PIB, de los salarios, de la inversión, de la pobreza?
En cuanto a la producción nacional, el gobierno proyecta un repunte del PIB que implicaría en 2021 volver a los niveles de 2019. Los analistas privados y el Banco Central del Uruguay son menos optimistas: predicen que recién en 2022 o 2023 se volvería a los niveles de 2019.
El mercado de trabajo siempre tiene una recuperación más lenta. El profesor Carlos Grau destaca que luego de la crisis de 2002 el PIB tuvo un repunte durante los siguientes tres años, que no fue seguido por las variables socioeconómicas (el salario y el ingreso de los hogares continuaron cayendo y la pobreza aumentó). Para 2021 el Instituto Cuesta Duarte proyecta una nueva caída del salario real, de 3%. Y los analistas privados estiman para los próximos dos años tasas de desempleo superiores al 10%.
Según las proyecciones del gobierno contenidas en el Presupuesto, la inflación comenzaría a ceder y se ubicaría por debajo de 4% a finales del período, lo que sería una buena novedad histórica que sólo se logró en algunos meses de 2005. El gobierno también propone que el déficit fiscal se ubique en 2,5% del PIB en 2024, lo que también implicaría una disminución con respecto a los últimos años, aproximándose a los valores anteriores a 2012.
El hinduismo destina a Shiva la capacidad de ver, a través de sus tres ojos, todas las etapas del tiempo: uno mira al pasado, otro al presente y otro al futuro. Al observar la economía uruguaya desde las alturas del monte Kailash, Shiva tiene una cara extraña y bizca. Su ojo del presente se solapa con el del pasado, y miran juntos en la misma dirección.
Pero... ¿miran exactamente al mismo punto? El PIB de Uruguay cayó tanto en 2020 como en 2002, y sin embargo algo nos dice que este momento, si bien muy grave, no lo es tanto como el de la última crisis. Quizá la explicación radique en que los puntos de partida de una y otra crisis no son los mismos. Los niveles salariales, de empleo, de pobreza, la dinámica de crecimiento y distribución de los años previos, la regulación del sistema financiero, la institucionalidad del mercado de trabajo, la extensión y profundidad del sistema de seguridad social, son sustancialmente diferentes en 2001 y en 2019. Entre los escombros de la tormenta, una intuición positiva nos asalta: los 18 años que pasaron entre crisis y crisis no fueron en vano.
Quizá la discusión más fértil que tengamos para dar –y que excede el propósito de este artículo– es cómo el desarrollo del Estado de bienestar uruguayo de principios de siglo XXI es la fuente primigenia de explicación de dos argumentos aparentemente contrapuestos: para unos, la principal fortaleza –la red de protección social–; para otros, la principal debilidad –su contracara como déficit fiscal– de la capacidad de respuesta del país frente a la crisis de 2020. Dar esta discusión de forma inteligente no sólo nos servirá para entender mejor el presente y el pasado, sino que nos permitirá encarar el futuro de mejor manera. Por el bien de la economía, de los uruguayos y de la propia Shiva, a quien ya le debe doler la cabeza de tanto bizquear los ojos.
2020 también fue escenario de definiciones que se condensan en el texto económico más importante del año: el Presupuesto nacional. ¿A qué momento del tiempo nos lleva la máquina del tiempo presupuestal? Sin duda, a un momento anterior con relación a la importancia del Estado en la economía. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de la concepción ideológica que cada uno tenga al respecto. Los más liberales tendrán el sentimiento de Jorge Manrique (“cómo a nuestro parecer / cualquiera tiempo pasado / fue mejor”); los más estatistas, el de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera (“tengo miedo del encuentro / con el pasado que vuelve / a enfrentarse con mi vida”).
El camino hacia el futuro que nos muestra el Presupuesto es de retroceso del Estado: disminución de los ingresos y egresos del gobierno, de los salarios públicos, las jubilaciones, las transferencias y la inversión pública como porcentaje del PIB. El economista Germán Benítez estima que casi todos los incisos del Presupuesto mostrarían una retracción.
El Presupuesto nacional establece un conjunto de asignaciones de recursos y supuestos de evolución del PIB. Nótese que aquí lo importante no es si después los supuestos se cumplen o no (eso el tiempo lo dirá), sino deducir de estos la intención de evolución de los recursos públicos que tiene el gobierno. A fines ilustrativos, y siempre con el enfoque de nuestro viaje en el tiempo, podemos detenernos simplemente en dos áreas relevantes: la educación y la salud. En la dimensión educativa el presupuesto total de la Administración Nacional de la Educación Pública y la Udelar, como proporción del PIB, viajaría 12 años hacia el pasado: en 2024 tendría los valores de 2012. En cuanto a la salud pública, el ajuste fiscal en la Administración de los Servicios de Salud del Estado implicaría un viaje de sus recursos en proporción al PIB de 15 años en el tiempo: el presupuesto de 2024 sería igual al de 2009.
El autor agradece los enriquecedores comentarios de Marcos Soto y de Grupo Jueves. Esta y otras notas de Grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com.
La inminencia de las fiestas de fin de año ha hecho resurgir las consultas sobre la evolución del Índice de Precios del Asado con Picadita (IPAP). Por eso volvimos al Excel a actualizar las series de datos, para ver en qué andaba el precio de nuestra comida tradicional y ofrecer, como ya es costumbre, información económica de sabor y calidad.
Es verdad que no es el mejor contexto para nuestro querido asado con picadita. Primero, porque en rigor la variedad de la parrilla se amplía en las fiestas y no se limita exclusivamente a la carne vacuna, esencia de este índice. Segundo, porque dada la situación pandémica, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) emitió un comunicado en que se desaconseja la picadita. ¡Se desaconseja la picadita! Por si algo le faltaba a este fatídico 2020...
Más allá de estas salvedades, igual hemos actualizado nuestro IPAP, que para recordarles está compuesto por tres cervezas Patricia de 1 litro, una Coca-Cola de 2,25 litros, un vino tinto Santa Teresa clásico de 1 litro, un paquete de papas chips Lay’s de 150 gramos, 300 gramos de queso colonia, dos flautas, un kilo y medio de asado de tira, una colita de cuadril de 1 kilo, tres chorizos extra Cattivelli, una lechuga, tres tomates y un helado Crufi de dulce de leche granizado de 1 litro. La canasta está pensada para seis comensales, un número inferior a las diez personas que sugiere el gobierno para las fiestas, así que estamos bien en ese sentido.
Lo que nos muestra el IPAP es que, a diferencia del primer semestre del año, cuando la inflación interanual del asado con picadita llegó a un pico de 22% en abril y duplicó a la inflación general, en noviembre se ubicó en 4,1%. Esta cifra, menos que la mitad de la inflación general (9,6%), es una de las más bajas de la serie; para encontrar un valor menor a 4% hay que remontarse a julio de 2017.
El descenso se encuentra fundamentalmente explicado por el componente parrilla, cuya inflación interanual a noviembre fue de 1%. El asado de tira, rey de esta canasta, está 11% más barato que el año pasado, siendo por lejos el corte de carne que más ha bajado de precio; por su parte, los chorizos compensan esta baja, ya que están 31% más caros que en noviembre de 2019.
El costo total de la canasta del asado con picadita ascendió en noviembre a $ 2.261, $ 89 más que el año pasado.
Como en este suplemento respetamos las recomendaciones del GACH, también les presentamos el costo del asado sin picadita, que asciende en noviembre a $ 1.915, $ 51 más que hace un año. La picadita ocupa 15% del total de la canasta (debo decir, en honor a la verdad, que faltaría un salamín o longaniza en la canasta, pero no tenemos series de precios de este tipo de productos y por lo tanto todavía no hemos podido incorporarlos). En el gráfico se muestra la evolución del asado con y sin picadita. Como es esperable, han tenido evoluciones similares.
En resumen, en este contexto pandémico, en que no se puede hacer picadita, no se puede hacer reuniones, hay que evitar que se aglomere gente alrededor de la parrilla, hay que andar de tapabocas y no se puede brindar, por lo menos se cierra el año con una baja inflación de nuestra comida tradicional. Una pequeña buena noticia en este año que ya, por suerte, se termina.
Técnicos del Instituto Nacional de Carnes anunciaron la semana pasada que el consumo total de carnes descendió en 2020. En particular, el consumo de carne de vaca disminuyó 9% con respecto al año 2019. La única carne que se consumió más fue el pollo: su consumo creció 14%. ¿Habrá que agregar unos muslos de pollo en el IPAP?
¿Es razonable que una persona que tiene 17 años y 364 días no pueda votar en las elecciones, pero una persona que tiene 18 años recién cumplidos sí pueda? ¿Es razonable plantear que una persona que mide 1,70 metros y pesa 86 kilos no tiene obesidad, pero otra con la misma altura que pesa 87 kilos es obesa, ya que su índice de masa corporal supera el valor 30 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Toda división de un conjunto en diferentes grupos tiene, intrínsecamente, el problema de dónde poner la línea que separa a unos de otros. En los problemas de este tipo, los casos que están cerca de la línea son, naturalmente, muy parecidos.
¿Es razonable suponer que una familia montevideana de cuatro personas que percibe ingresos mensuales de 52.000 pesos es pobre, y que otra familia que gana 52.005 pesos no es pobre? Un reciente informe sobre pobreza, elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que ofrece una estimación de la pobreza mayor que la calculada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), toca este tema y nos invita a discutir sobre las delgadas líneas, así que allá vamos.
Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) comparó el conocimiento de política de los jóvenes de 18 años y de los jóvenes de 16 y 17 años. Analizó el conocimiento que tenían de las leyes y de la Constitución, el nivel de información que manejaban, la cantidad de diarios que leían, los minutos de informativo que consumían y la cantidad de políticos que conocían. Concluyó que, si bien los individuos de 18 años tenían un poco más de conocimientos que sus pares más jóvenes, en realidad no había una diferencia tan grande: eran bastante parecidos.
Una investigación de la Universidad de Massachusetts analizó la salud de personas con un índice de masa corporal cercano a 30 (el límite de la obesidad). Analizó sus hábitos alimenticios, sus niveles de colesterol, de lípidos y de lipoproteínas, cuántos litros de cocacola tomaban al año, cuántas veces iban a McDonald’s. Concluyó que aquellos que tenían un índice de masa corporal apenas por debajo de 30, y por lo tanto no eran catalogados como obesos, no eran demasiado diferentes de aquellos que estaban levemente por encima de ese valor.
Un informe del centro de estudios privado Ceres analizó, a partir de información del INE, las condiciones de vida de personas con ingresos cercanos a la línea de pobreza (entre 10% por debajo de la línea y 20% por encima). Comparó sus condiciones de empleo, de vivienda, de educación, de confort y de acceso a internet, y concluyó que si bien quienes estaban por encima de la línea de pobreza estaban mejor que los que estaban por debajo, ambos grupos tenían cierta similitud de carencias socioeconómicas.
Los dos primeros estudios pertenecen, hasta el momento, al mundo de la imaginación de quien escribe. El tercero es un informe real, publicado hace menos de un mes, que agrega una nueva medida sobre la pobreza para Uruguay.
La medición de la pobreza es un tema bien complejo. ¿Cómo establecer cuándo una persona es pobre y cuándo deja de serlo? Sobre este tema hay océanos de tinta escritos, sobre los cuales este artículo no ingresará, para evitar el riesgo de extenderse más de la cuenta en un área interminable que incluye debates filosóficos, técnicos y metodológicos de gran profundidad.
Obviando este denso debate, podemos ir a algo más concreto: cómo se calcula la pobreza en Uruguay. Explicado de forma muy simplificada, la pobreza la mide el INE, y se basa en una aproximación monetaria: quienes están por debajo de determinado ingreso son considerados pobres, quienes están por encima no lo son. A pesar de que parece un invento de los economistas, en realidad todo surge de una definición de los nutricionistas, quienes establecen un nivel de calorías mínimo per cápita. A partir de dicha definición se identifica en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares a aquellos que alcanzan los requerimientos nutricionales establecidos. El ingreso total de estos hogares –que gastan su dinero en alimentos y también en otros productos– es la línea de pobreza.
La metodología se actualiza globalmente cada cierto tiempo (la última actualización fue en 2006; la próxima será en 2021), en un amplio proceso que involucra tanto a técnicos del INE como a instituciones académicas y expertos nacionales e internacionales.
La línea de pobreza actual varía con la zona geográfica y la cantidad de personas en el hogar, y se actualiza todos los meses con las variaciones de los precios. Para fijar ideas: la línea de pobreza de un hogar de cuatro personas de Montevideo en agosto de 2020 era de 52.002 pesos.
Además de la medición oficial nacional, existen otras mediciones alternativas. Podemos mencionar la de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe o la del Banco Mundial (que tiene tres umbrales diferentes). También hay estudios sobre pobreza multidimensional, como el que presentó el Ministerio de Desarrollo Social en marzo. Hace menos de un mes se agregó a esta variedad de indicadores el cálculo de Ceres, que si bien menciona elementos multidimensionales, en realidad sigue siendo una línea de pobreza monetaria, que se calcula básicamente corriendo la línea de pobreza del INE 20% hacia arriba.
En los gráficos se presentan series de evolución de la pobreza para el siglo XXI según las mediciones comentadas.1 Como se ve, difieren en nivel: algunas tienen porcentajes más altos y otras más bajos. Pero en términos de evolución, cuentan la misma historia: un aumento que ya había comenzado en el 2000, que se acelera durante la crisis de 2002 y que alcanza un pico máximo en 2004 (40% según el INE, 50% según la metodología Ceres). A partir de 2005 la pobreza baja fuertemente, año tras año, hasta estabilizarse en un mínimo histórico entre 2015 y 2019 (8,8% según el INE, 14,7% según la metodología Ceres), período en el cual los niveles de pobreza no aumentaron ni bajaron significativamente. Todas las mediciones cuentan, en esencia, la misma historia.
Aún no contamos con estimaciones para 2020, pero las perspectivas son desalentadoras. Debido a la crisis económica generada por la pandemia y los escasos recursos destinados por el gobierno para contener la crisis social derivada (según los datos de comparación internacional de la CEPAL y del FMI), la pobreza aumentará en cualquiera de estas mediciones. El Instituto de Economía de la Udelar ha realizado proyecciones que plantean un aumento de la pobreza de 100.000 personas (esta investigación fue recientemente aceptada para ser publicada en la prestigiosa revista económica World Development). Por todo esto, más allá de las posibles discusiones técnicas sobre la medición de Ceres, es bienvenido el aporte, en tanto colabora en poner el tema de la pobreza en la agenda de discusión pública.
A partir del estudio sobre el conocimiento político de los jóvenes, algunos actores políticos comenzaron a cuestionar la legitimidad de los resultados electorales. Argumentaron que, en tanto los jóvenes de 16 y 17 años eran bastante parecidos a los de 18 años, debían haber sido incluidos en el padrón electoral. En este sentido, plantearon que se suspendieran inmediatamente todas las designaciones de cargos de las últimas elecciones nacionales, departamentales o municipales, y que se realizaran de nuevo las elecciones incluyendo a estos jóvenes.
La Asociación Mundial de Veganos, en base al estudio de la Universidad de Massachussets, exigió la renuncia de las autoridades de la OMS, argumentando que la actual medida del índice de masa corporal escondía las verdaderas cifras de obesidad en el mundo, porque había gente que no era declarada obesa pero que en realidad era muy parecida a la obesa. Se argumentó que la maliciosa manipulación estadística estaba alineada con los intereses de las grandes empresas multinacionales relacionadas con la industria de la carne y de la comida chatarra.
A partir del informe de Ceres, varios medios de prensa titularon que la cantidad de pobres en Uruguay era de 500.000 personas, y no 300.000 como estimaba el INE. Hubo quienes, honestamente preocupados por el problema de la pobreza, transcribieron los métodos y resultados del informe. Algunos aprovecharon para polemizar con el INE, problematizando las formas de cálculo de la pobreza. Otros se aferraron al nuevo dato, contentos de acumular en su retórica, presentándolo como prueba fehaciente de que el país estaba horrible, de que el histórico descenso de la pobreza no había sido tal, de que había pobres escondidos por el antiguo gobierno que recién ahora aparecían.
Casi todos omitieron decir que, más allá del dato concreto, más allá de si la pobreza es 2,9%, 8,8% o 14,7%, el problema central radica en comprender cuáles son los procesos políticos y económicos que han permitido disminuir la pobreza, y cuáles contribuyen a que esta aumente. Este diagnóstico es de fundamental importancia, en particular en estos tiempos de crisis económica en los que, se mida como se mida, la pobreza aumentará fuertemente, como hace años no sucedía. Allí deberíamos centrar la discusión de política pública, de modo de extraer las lecciones relevantes para el objetivo fundamental: que en Uruguay no haya personas que vivan con privaciones de sus necesidades básicas.
Agradezco los comentarios de Juan Pablo Labat y los integrantes del grupo Jueves. Esta y otras notas del grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com.
Ceres sólo publicó sus estimaciones de pobreza de 2015 en adelante. Por este motivo, lo que aparece en el gráfico entre 2002 y 2014 son estimaciones propias utilizando la metodología presentada por dicho centro de estudios. ↩
Más allá de que la regla fiscal forma parte de una propuesta global que incluye una agenda de reducción del Estado, en el diseño de su alcance hay un elemento interesante que permitiría un manejo más razonable de las inversiones de las empresas públicas, ya que se elimina el sesgo anti-inversión pública del actual cálculo del déficit fiscal. Sobre este tema trata este artículo, así que sean bienvenidos al apasionante mundo de la contabilidad pública. Prometo ser breve y conciso.
El problema que nos atañe es seguramente de los más importantes y menos excitantes de la disciplina económica. En el artículo “El paradigma de la lavandería” creo que logré describirlo razonablemente bien, haciendo una analogía entre las decisiones de inversión pública y la de una pareja a la que se le rompe el lavarropas y debe decidir entre comprar uno nuevo o ir a la lavandería. A pesar de que en su caso es más conveniente comprar un nuevo lavarropas, la forma de registro los lleva a no hacerlo, y terminan optando por ir todos los días a la lavandería.
El motivo que genera este sesgo en las decisiones es que la inversión pública se registra contablemente en base caja en su totalidad en el momento en que se ejecuta. Esto implica que si el Estado hace una inversión de 100 millones de dólares un año, entonces el déficit fiscal aumenta 100 millones de dólares ese año. En la contabilidad privada, cuando una empresa hace una inversión, esta impacta en su resultado de forma más “repartida” a lo largo de los años, conforme se amortiza el capital.
Esto ha implicado una limitación de la inversión pública tradicional, y una proliferación de mecanismos alternativos de inversión, de acuerdo a la sabiduría e ingenio de los habitantes de los estudios contables y jurídicos: leasing (arrendamientos), fideicomisos, sociedades anónimas, contratos de participación público-privada... Estas opciones a veces se utilizan porque aportan eficiencia a un proyecto, pero otras veces simplemente porque su impacto inmediato en el déficit fiscal resulta menor, un sesgo contable que en la literatura económica se conoce como “sesgo anti-inversión pública”. El problema es que este camino muchas veces trae sobrecostos (en particular financieros, no siempre compensados con transferencia de riesgos), menores controles y cierta pérdida de control de los activos.
Intentando desenredar esta madeja tuve la oportunidad de hacer un trabajo específico sobre el tema para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): “Reglas de juego de la inversión pública”. Allí se releva el problema y se da cuenta de varias soluciones posibles.1
Una de ellas, utilizada en otras partes del mundo y probablemente la más práctica para Uruguay, es avanzar en un cambio en la contabilidad que excluya a las empresas públicas del resultado fiscal. ¿Qué quiere decir “que excluya”? Quiere decir que la conexión entre las empresas públicas y el resultado fiscal sea solamente el giro de dividendos, no como sucede en la actualidad, que se computa toda la actividad de la empresa (generando de esta forma el sesgo anti-inversión pública mencionado).
La redacción de la regla fiscal y algunas declaraciones de altas jerarquías del gobierno dan la pauta de que Uruguay efectivamente transitaría hacia esa solución contable.
Dice el artículo 204 de la LUC: “(Alcance). El ámbito de aplicación de la regla fiscal abarcará a la Administración Central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución de la República”.
A simple vista quizás pase desapercibido, pero el artículo, al referir a la Administración Central y a las entidades del artículo 220, lo que hace es excluir a las empresas públicas, que se encuentran en el artículo 221. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, lo explicitaba en su comparecencia a la comisión del Senado que analizaba la ley de urgente consideración (LUC): “La regla fiscal propuesta se refiere únicamente a lo que es aprobado por la instancia presupuestal. Por eso estamos dejando de lado lo que tiene que ver con las empresas públicas (de ahí la importancia de acompañar la regla fiscal de una adecuada gobernanza de las empresas públicas)”.
Una visión similar tiene el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Hace un par de años –cuando tuve la oportunidad de conversar con él en el marco del trabajo que estaba haciendo para la OPP– me planteaba su acuerdo con cambiar el criterio de consolidación de las empresas públicas en el déficit fiscal. En el trabajo “Institucionalidad en el sector de la energía” de la Universidad Católica –que supongo contiene buena parte de la agenda conceptual que intentará desplegar– se menciona el problema de la contabilidad pública y se esboza esta solución: “Para evitar esta problemática, parece necesario evaluar en profundidad un cambio de criterio en la contabilización del resultado fiscal del sector público. En particular, podría adoptarse el criterio de reconocer como ingresos en la contabilidad del sector público consolidado únicamente los pagos de dividendos de las empresas públicas”.
En el presupuesto se desarrolla con un poco más de profundidad la regla fiscal planteada en la LUC. Más allá de las dudas sobre su legalidad (el desarrollo está en el mensaje del presupuesto, no en el articulado), y dejando de lado algunas rarezas del cálculo del resultado estructural (en particular el cálculo de la brecha producto), es destacable que se reafirma con claridad que las empresas públicas quedan fuera del alcance, lo que resulta una buena noticia.
Resta conocer algunas cosas aún. En primer lugar, cuándo y cómo el gobierno estructuraría definitivamente la regla fiscal. En segundo lugar, cuándo se haría efectivamente el cambio en la contabilidad pública, incluyendo a las empresas públicas en el resultado fiscal solamente a través del giro de dividendos. En tercer lugar, cómo impactaría este importante cambio en los lineamientos que la OPP envía a las empresas públicas. Finalmente, si este cambio implicaría una revisión de los montos de inversión (asociándolos a necesidades empresariales y no a su impacto en el resultado fiscal), y en particular del uso de modalidades alternativas para la inversión en el quinquenio (por ejemplo, el fideicomiso para el cierre del anillo de trasmisión en UTE), en la medida que ahora sí estarían en igualdad de condiciones contables la inversión pública tradicional y las modalidades alternativas.
Más allá de estas dudas, la propuesta de modificación de la consolidación de las empresas públicas en el resultado fiscal resulta positiva y permite avanzar hacia un marco contable más razonable para el manejo de la inversión de las empresas públicas.
El documento también introduce una solución novedosa que podría aplicarse y que eliminaría este sesgo anti-inversión pública: consolidar a las empresas públicas en el resultado fiscal en base a los resultados de sus estados contables, que se realizan con base devengada. Si bien esta opción es de las más interesantes desde el punto de vista contable-filosófico (si se me permite la expresión), presenta dificultades instrumentales serias (en particular la generación mensual de estados con base devengada y los problemas de las situaciones de revaluación de activos), y además es bastante disruptiva con respecto al estado actual de la contabilidad pública. Por estos motivos, la solución más práctica –y por lo tanto mejor– para combatir el sesgo anti-inversión pública de las empresas públicas es un cambio en la contabilidad que las excluya del resultado fiscal.
Publicada en Razones y personas. ↩
Diez días antes de morir, el físico Stephen Hawking envió al Journal of High Energy Physics la última versión de su teoría sobre el origen del universo, fruto de dos décadas de trabajo conjunto con su amigo Thomas Hertog. En ella se plantea que luego del Big Bang las distintas regiones del espacio evolucionaron a distintas velocidades, creando no sólo un universo, sino múltiples universos. El nuestro sería tan sólo un universo particular, una burbuja de tantas otras que andan flotando por ahí en el espacio.
La idea de universos paralelos no es nueva. Jorge Luis Borges hace referencia a ella en El jardín de los senderos que se bifurcan, con el complejo laberinto y la novela infinita de Ts’ui Pên; Isaac Asimov construye dos universos paralelos en Los propios dioses, en donde la posibilidad de transferir materia entre ambos opera como fuente de energía alternativa. Más cerca en el tiempo, las series Dark con sus viajes en el espacio-tiempo y Stranger Things con su mundo The Upside Down tienen a los universos paralelos como el escenario fundamental de la trama.
En el último tiempo los universos paralelos han trascendido el ámbito físico y artístico, alcanzando la órbita económica. El 31 de agosto se presentó el presupuesto nacional en Uruguay, la ley más importante de un gobierno en materia económica. El postulado principal del presente artículo es que ese día ocurrió una pequeña explosión en el Palacio Legislativo, un pequeño Big Bang que disparó la creación de dos universos presupuestales paralelos. Ambos universos, que hasta el momento coexisten en el mismo espacio-tiempo, podrían denominarse “El universo de las declaraciones públicas” y “El universo de la ley de presupuesto”. Una mirada superficial diría que son similares, pero una mirada más profunda los revela como objetos cosmológicos bien diferentes, en particular en los componentes explicativos del ajuste fiscal, la evolución del salario y el presupuesto en educación, salud y políticas sociales. Enfoquemos el telescopio para ver con más detalle.
La teoría que presentaron Hawking y Hertog en 2018 presenta diferencias importantes con respecto a anteriores teorías de múltiples universos. En particular, según su teoría todos los universos obedecerían a las mismas leyes físicas, a diferencia de la teoría del multiverso, que permite universos regidos por diferentes leyes.
En el universo de las declaraciones públicas, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, manifestó en una entrevista con Búsqueda que en el presupuesto se estaba proponiendo “una racionalización y reducción de excesos y despilfarros como forma de contener el gasto”. En este universo son la “eficiencia”, los “ahorros” y el “control del despilfarro” los que nos conducen a un menor déficit fiscal.
En el universo de la ley de presupuesto, la trayectoria fiscal proyectada por el gobierno implicaría una mejora del déficit fiscal de 2,3% entre 2019 y 2024. En esta mejora se destacan dos movimientos importantes: la baja de los salarios públicos y la baja de las jubilaciones. El efecto total de ambos ajustes asciende a 1,1% del PIB (en los gráficos se muestra la evolución esperada en el quinquenio de ambas variables). En contraposición con la teoría de Hawking y Hertog, este universo parece comportarse según leyes diferentes que las que rigen al de las declaraciones públicas: quizás aquí también haya ganancias de eficiencia, pero la mitad de los “ahorros” no se explican por este motivo, sino por la baja de los salarios y las jubilaciones.
Una de las teorías más polémicas de Hawking es la idea de que al final del proceso de evaporación de un agujero negro la información contenida en él simplemente desaparece. Esta conclusión teórica, postulada en 1975, es muy fuerte, ya que implica sacrificar uno de los dos pilares de la física moderna: la relatividad general o la mecánica cuántica. Este fenómeno se conoce como la “paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros”.
En el universo de las declaraciones públicas, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en Telenoche que en el proyecto de presupuesto presentado “es muy importante saber que ni hay gente que se despide ni hay pérdida del salario real”, y que “el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este período presupuestal”.
En el universo de la ley de presupuesto, la evolución del salario público se encuentra en el artículo 4, que plantea ajustes anuales. El primer ajuste, de enero de 2021, ya explicita una fuerte caída del salario real: el salario se ajustará 5% por debajo de la inflación. Luego se enuncia que habría un “componente de recuperación del poder adquisitivo” que haría que al final del período “el nivel de salario real no haya sufrido deterioro”. Sin embargo, el desarrollo del resto del artículo no instrumenta ni cómo ni cuándo sucedería esta recuperación. Esta notoria ausencia impide afirmar con seguridad que el poder de compra se recuperaría, más aún si se considera otro aspecto de la ley: si el déficit fiscal previsto “no se cumpliera”, se establece una convocatoria a los consejos de salarios para “analizar las medidas más adecuadas a adoptar”, quedando el Poder Ejecutivo facultado a realizar un ajuste extraordinario “en más o en menos”.
Las leyes que rigen este universo deben verse en paralelo con las de otro universo: el de los lineamientos salariales presentados por el gobierno tan sólo una semana antes que el presupuesto. Allí sí se establecen fórmulas de cálculo explícitas y concretas para los ajustes salariales.1 Sin entrar en detalles técnicos, lo que básicamente sucede en este universo –y que ha motivado un fuerte planteo del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en particular para el caso de los docentes– es que el salario real cae el primer año, y luego permanece en ese menor nivel hasta el final del período.
Esta contradicción entre el universo de las declaraciones públicas, el universo del presupuesto y el universo de los lineamientos salariales ha llevado a que algunos economistas postulen la “paradoja de la pérdida de información en el agujero negro del salario real”, quizá la teoría más controvertida de la discusión económica uruguaya actual. En los gráficos se muestran esquemáticamente las evoluciones posibles del salario según las dos hipótesis que se manejan. Se agrega también, a efectos ilustrativos, la evolución esperada del PIB, que en ambos universos es superior a la evolución de los salarios durante todo el período.
Durante un tiempo la cosmología abrazó la teoría del universo oscilante, una hipótesis en la cual el universo sufre una serie infinita de oscilaciones. Cada oscilación comienza con una etapa de expansión, el Big Bang, y finaliza con una etapa de contracción, el Big Crunch.
En el universo de las declaraciones públicas, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que “educación, salud y políticas sociales son prioridad”. Estas declaraciones dan la idea de un universo en donde continúan expandiéndose estas áreas presupuestales.
En el universo de la ley de presupuesto, sin embargo, los movimientos no resultan tan claros. No es fácil ver directamente su evolución en el articulado, y como no hay proyecciones oficiales, opté por hacer un ejercicio simplificado para ver qué sucedería con los principales organismos de educación y salud del Estado: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que suman la mitad del presupuesto del gobierno central y los organismos del artículo 220 (y dos tercios de las remuneraciones totales).
El ejercicio consiste, básicamente, en tomar los valores de remuneraciones, funcionamiento e inversiones de 2020 y suponer sus evoluciones futuras (básicamente tomé los criterios de los lineamientos salariales para ajustar las remuneraciones y la inflación proyectada en el presupuesto para funcionamiento e inversiones).2 El resultado del ejercicio es una reducción del presupuesto de los tres organismos como proporción del PIB, como se muestra en los gráficos. La caída total de los tres presupuestos, bajo estos supuestos, ascendería a 1% del PIB.
De esta forma, en las áreas de educación y salud nuestros universos presupuestales paralelos parecen estar en diferentes momentos de la gran oscilación: mientras que uno da la sensación de que se expande, el otro parece estar contrayéndose.
La teoría del universo oscilante sufrió un golpe empírico importante con los descubrimientos del Proyecto Cosmológico de Supernovas a finales del siglo XX. Este proyecto descubrió que la expansión de nuestro universo no sólo no se ha enlentecido, sino que ha ido acelerándose. Esta observación se denomina “expansión acelerada del universo”, y por este descubrimiento Saul Perlmutter obtuvo el Premio Nobel de Física en 2011.
En el universo de las declaraciones públicas, el director general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, festejó en Twitter que el “Ministerio de Desarrollo Social duplica su presupuesto”. Este aumento presupuestal sería, por lejos, el mayor de todos los ministerios del gobierno.
En el universo de la ley de presupuesto, el artículo 479 instruye que los 7.200 millones de pesos que se dedican a Asignaciones Familiares pasen del presupuesto del Banco de Previsión Social (BPS) al presupuesto del Mides, y que dicha prestación “se continuará abonando a través del BPS”. Los números totales del presupuesto muestran, efectivamente, un aumento del presupuesto del Mides de 7.200 millones, que se acompañaría con un descenso de la misma magnitud en el del BPS. La teoría de la “expansión acelerada del Mides” es, en definitiva, un asiento contable.
Vale la pena aclararlo: quien escribe este artículo piensa que el Poder Ejecutivo está en todo su derecho de presentar el presupuesto que considera más apropiado para el país. Luego podrá haber valoraciones más positivas o negativas sobre la propuesta, pero esa es otra discusión.
Lo que se intenta poner sobre la mesa aquí es el problema que genera estar discutiendo entre universos presupuestales paralelos. El desgaste que provoca no poder ir directamente a analizar las propuestas sobre el ajuste fiscal, los salarios, las jubilaciones y los recursos para educación, salud o políticas sociales, porque antes hay que tomarse el trabajo de depurar qué propone realmente el presupuesto en estos temas. El desconsuelo de descubrir, en la lectura de un texto muy árido para la ciudadanía, que hay diferencias importantes entre las declaraciones públicas sobre el presupuesto y lo que realmente dice la ley de presupuesto.
Los universos paralelos son conceptos maravillosos para la física o la ciencia ficción, pero no para la discusión presupuestal. Bueno sería –ya no para la victoria de una posición o de otra, sino para el fortalecimiento del debate democrático– que todos pudiéramos discutir y reflexionar bajo el mismo universo, el que nos espera, el que está escrito, firmado y presentado al Parlamento: el universo de la ley de presupuesto.
Las reglas de este universo son bastante complejas; un resumen puede encontrarse en el artículo “Lineamientos salariales para trabajadores públicos en el Presupuesto Nacional: habrá pérdida” de Pablo da Rocha, en la diaria Economía del 31 de agosto. ↩
Para los salarios calculé su evolución de acuerdo a los lineamientos salariales presentados el 24 de agosto (según mis estimaciones, suponiendo cumplimiento exacto de las metas de inflación y déficit fiscal, habría aumentos nominales de 4,1%, 6,7%, 5,4% y 5,0% para el período 2021-2024). En ASSE los salarios representan 55% del presupuesto total; en ANEP, 89%; en la Udelar, 95%. Adicionalmente, supongo ajuste por inflación para los componentes no salariales (funcionamiento e inversiones). Se supone exacto cumplimiento de las metas de inflación y déficit fiscal del gobierno. Se toma el PIB en precios corrientes del mensaje presupuestal. Alteraciones en los supuestos (por ejemplo, suponer diferentes evoluciones de los salarios, introducir supuestos sobre vacantes, no actualizar funcionamiento ni inversiones por IPC) producen resultados diferentes. En ningún escenario habría un aumento de estos presupuestos en términos del PIB. No se consideran topes de ejecución. ↩
Había en los precios una pista, un indicio, un rastro que invitaba a ser seguido. Una percepción en los almacenes, un movimiento diferencial en las góndolas, un mensaje en la letra chica de los datos. Una intuición basada en dos premisas básicas y sencillas.
Por un lado, lo que nos cuenta la ley de Engel. A mediados del siglo XIX, Ernst Engel describió algo bastante intuitivo: cuanto más pobre es una familia, mayor es la proporción de su ingreso que gasta en comida.
Por otro lado, un hecho actual: la dinámica inflacionaria uruguaya del último tiempo vino impulsada por los alimentos. Mientras que desde abril de 2020 la inflación superó el 10%,1 la variación del precio de los alimentos rozó el 20% (y la carne sobrepasó el 30%, como bien mostraron los análisis del Índice de Precios del Asado con Picadita).
Estos dos elementos mostraban una pista, una posibilidad que se escondía bajo la inflación promedio: que la inflación que afecta a los sectores más humildes de Uruguay fuera mayor que la de los sectores más ricos.
Este artículo sigue esta pista y propone una forma de ver si efectivamente esto sucede, mediante la construcción de dos índices de precios: uno para los pobres y otro para los ricos. Allá vamos.
La inflación se calcula con algo que se llama Índice de Precios al Consumo (IPC), que es el resumen de los precios de una canasta promedio nacional. Allí hay de todo: carne, talco para pies, diccionarios, queso untable, sandalias de cuero, desodorantes, pilas, ramos de flores, taxis, esponjas. Todos estos productos y más tienen su lugar en el IPC, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) va recabando información sobre sus precios, la junta y hace un promedio para calcular la inflación. ¿Cómo hace ese promedio? A cada producto le asigna un peso diferente. Por ejemplo, la carne pesa 7,3% de la canasta; el desodorante, 0,34%; y el ramo de flores, 0,16%.
Si se suman todos los alimentos y las bebidas no alcohólicas, estos productos ocupan 26% de la canasta. Pero todos consumimos diferente, y en particular el peso de los alimentos depende del nivel de ingresos de las personas, como dijo el bueno de Engel. Entonces... ¿cuánto pesan los alimentos en hogares que no son el promedio? La respuesta, según la encuesta sobre la que se basó la construcción del IPC, es la siguiente: en el primer decil (el 10% más pobre de la población) los alimentos pesan 35%; en el último decil (el 10% más rico) los alimentos pesan sólo 11%.2
De esta forma –y abandonando eufemismos y tecnicismos que siempre hacen aburridos los nombres de los índices–, podemos construir tanto el Índice de Precios de los Pobres (IPP) como el Índice de Precios de los Ricos (IPR),3 modificando en la canasta del IPC el peso de los alimentos y bebidas no alcohólicas (y reponderando el resto de los componentes).4
En el gráfico se muestra la inflación de los pobres y de los ricos de los últimos diez años. Como se puede observar, en algunos períodos la inflación de los pobres fue menor que la de los ricos (por ejemplo, durante 2017, cuando la inflación de los pobres llegó a ser de 4,6%) y en otros momentos fue al revés (por ejemplo, en los últimos meses).5
En los últimos tiempos la inflación de los pobres siempre superó a la de los ricos, e incluso se llegó a un récord hace tan sólo tres meses, en plena pandemia, cuando en el mes de mayo la distancia entre las inflaciones de ambas poblaciones alcanzó el 2,7%. En dicho mes la inflación general fue de 11%, la inflación de los ricos fue de 9,4% y la inflación de los pobres alcanzó el 12,1%.
En la última década, el otro período en el que la inflación anual superó el 10% fue entre febrero y julio de 2016. El IPP y el IPR nos muestran dos situaciones diferentes en momentos de similar inflación: mientras que en el período de 2016 la inflación fue parecida para las personas con diferentes ingresos, durante 2020 la inflación de los pobres alcanzó el 12%, mientras que la de los ricos nunca superó el 10%.
Finalmente, cabe señalar que de los 104 meses analizados, en 70 meses la inflación interanual de los pobres fue mayor que la de los ricos. Es decir, de cada tres meses de la serie, en dos la inflación interanual de los pobres fue más alta que la de los ricos.6
Este fenómeno de mayor inflación de los pobres durante la actual crisis nos lleva a pensar si no habrá sucedido lo mismo en la crisis de 2002. Para responder esta pregunta se puede aplicar el mismo método, pero para el IPC de aquel momento. Lo que se encuentra es que pasó algo similar: entre julio de 2002 y abril de 2005 la inflación de los pobres fue siempre superior a la de los ricos, y se alcanzó una distancia de 2,3 puntos porcentuales entre ambas inflaciones (en valores de inflación anual que llegaron a superar el 25%, muy por encima de los valores actuales).
Quedan entonces presentados y a disposición del lector, de la comunidad económica y de toda la ciudadanía los índices de precios IPP e IPR. Se presentan en su primera versión, y como todo ejercicio humano pueden ser mejorados. Dejo al final, a pie de página, por si al lector le interesa, un conjunto de comentarios técnicos que podrían mejorar los índices. Tratan sobre formas alternativas y más complejas de construirlos, consideraciones sobre el lugar de compra, la encuesta a utilizar, la propia definición de ricos y pobres, la posibilidad de chequear con otros indicadores.
Dejo escritas estas sofisticaciones posibles del indicador para contar que estos ejercicios pueden ser mucho más complejos. Sin embargo, hay una pintura gruesa que no cambia ante eventuales precisiones técnicas: la inflación interanual en el primer semestre del año, que superó el 10%, vino empujada por los alimentos, y esto golpea más a quienes mayor proporción de su gasto dedican a estos productos, que son los pobres. Y es más relevante aún en la medida en que se da en un contexto de inflación más alta que el promedio de los últimos años, en medio de una importante crisis económica con una enorme pérdida de puestos de trabajo, récord histórico del seguro de paro, caída del ingreso de los hogares y aumento de la pobreza. Son un elemento más de economía descriptiva para ayudar a comprender mejor la coyuntura reciente.
La construcción de estos índices también invita a hacerse preguntas que podrían disparar otros ejercicios. ¿Qué sucedería si algunos cálculos se realizaran con estos índices de precios, como por ejemplo el salario real de los trabajadores más sumergidos, o la evolución real del salario mínimo? ¿Sería razonable utilizarlos como indexadores de algunas políticas sociales (la tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, no se ajusta por IPC, sino que se ajusta por la evolución del precio de los alimentos)? ¿El descenso de la pobreza en Uruguay en 2017 puede haber tenido que ver con la menor inflación de los pobres que hubo ese año?
El IPP y el IPR no buscan sustituir al IPC, sino ser sus amigos naturales, compañeros de camino para intentar mostrar cómo, a veces, lo que pasa en el promedio puede esconder diferencias entre los de arriba y los de abajo. Porque, como ya sabemos, en el mar de los promedios se ahogan los enanos.
Uruguay contó con un índice de precios similar a uno de los que se presentan en esta nota. Era el Índice de Precios de Consumo para Hogares de Menores Ingresos de Montevideo, que fue elaborado por el Instituto de Estadística (Iesta) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Era un índice del tipo Laspeyres, tomaba la estructura de consumo de los primeros cinco deciles, el propio Iesta relevaba los precios, comenzó a monitorearse en el 1988 y fue discontinuado en 2012.
A nivel internacional también existen experiencias de índices de precios para subpoblaciones de ingresos. En Brasil existe el INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que toma como referencia a familias con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos. En Estados Unidos existió el ejemplo del IPC de los pobres elaborado por Thesia Garner, David Johnson y Mary Kokoski, del Bureau of Labor Statistics. En su artículo recuerdan a Keneth Arrow, quien en 1958 ya planteaba la necesidad de “contar con índices de precios diferenciales para distintos niveles de ingreso”.
Agradezco los comentarios y aportes de Álvaro Fuentes, Maira Colacce, Cecilia Parada, Andrea Vigorito, Victoria González, y los integrantes del grupo Jueves. Los posibles errores y omisiones son de mi exclusiva responsabilidad. Esta y otras notas del Grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com.
Salvo que se explicite lo contrario, cuando me refiera a inflación estaré hablando de inflación interanual. ↩
Decidí utilizar la Encuesta Nacional de los Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) 2005-2006 porque es la base del actual IPC. Cuando se actualice el IPC con la nueva encuesta de gastos y hogares, sería bueno actualizar también el IPP y el IPR a partir de dicha encuesta. De todas formas, probé también realizar el ajuste con los pesos de la nueva encuesta, y el resultado se mantiene en términos cualitativos. ↩
La exactitud del uso de los términos “pobres” y “ricos” es discutible, por varias razones: (i) estrictamente, según la definición del INE, los pobres en 2005 eran mucho más que 10%; (ii) no tenemos ninguna definición técnica de quiénes son los ricos (no hay una “línea de riqueza”). Sin embargo, mantengo el uso de los términos para simplificar la comunicación, y también por un criterio estético: llamarlos “Índices de precios del primer y último decil” es menos didáctico y entretenido, y bastante más feo. ↩
Hay un par de formas alternativas para construir de forma más fina las canastas. La primera es construirlas modificando todos los componentes según la tabla de la página 140 del informe de la ENGIH. Hice esto como prueba y los resultados son prácticamente iguales a ajustar sólo por alimentos (y reponderando el resto de los productos). La segunda es entrar en la ENGIH y ponerse a programar para obtener las canastas que uno desee. Esto implicaría cambios no solamente entre los grandes rubros, sino también dentro de la propia canasta de alimentos, que en la realidad difiere entre pobres y ricos. Un tercer comentario es que las personas compran en lugares diferentes: el lugar de adquisición de alimentos de los pobres es fundamentalmente en almacenes, mientras que el de los ricos es en supermercados. Todos estos agregados implicarían muchísimo más trabajo, que podría ser muy interesante para un trabajo de tesis, pero excede lo necesario para un humilde artículo de prensa de dos páginas. De todas formas, ninguna de estas sofisticaciones alteraría sustancialmente las conclusiones a las que se arriba con este procedimiento sencillo. ↩
Hay dos índices adicionales que se podría elaborar y comparar con los presentados en este artículo. El primero, para los pobres, es comparar el IPP con el deflactor implícito de la línea de pobreza (lo que exige hacer una canasta promedio única de las decenas posibles, ya que la canasta de la línea de pobreza varía según zona y cantidad de personas en el hogar). El segundo, para el IPR, es comparar su evolución con la de la canasta gerencial de Búsqueda. ↩
Si se observa la inflación mensual también sucede lo mismo, pero 57% de las veces. ↩
Continuando con el seguimiento del precio de nuestra comida típica nacional, se pone a disposición del lector las principales conclusiones que muestra el Índice de Precios del Asado con Picadita (IPAP), presentado el mes pasado (ver artículo “La inflación del asado con picadita”) y construido a partir de datos públicos de precios relevados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el IPAP, el costo total del asado con picadita para seis personas sufrió una caída de $ 68, y pasó de $ 2.302 en mayo a $ 2.234 en junio. Esta evolución implica una variación mensual de -2,9%, y se configura como la caída mensual más importante de los últimos diez años.
Una hipótesis que podría explicar este movimiento es el acuerdo voluntario de precios de los supermercados propuesto por el gobierno, que incluye productos como el pan flauta, el asado de tira, la colita de cuadril, el chorizo, el queso colonia, la lechuga y el tomate, de acuerdo a lo publicado por el MEF. Dicho acuerdo voluntario estará vigente hasta el 11 de agosto. También incidieron los problemas en la exportación de carne a algunos mercados internacionales –en particular China, Argentina y Brasil–, que provocaron una baja de $ 15 en el precio del asado, según anunció en la primera quincena de junio el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero.
La inflación general, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), también experimentó un enlentecimiento en junio, cuando alcanzó un valor mensual de 0,02%, una cifra bastante atípica que sorprendió a los analistas, quienes esperaban un aumento de 0,45% en el mes, de acuerdo a la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay. De hecho, la inflación mensual de junio fue la segunda más baja de los últimos diez años, después del -0,1% de abril de 2014 (se exceptúan los valores de inflación mensual de diciembre de cada año, que tienen el efecto distorsivo de UTE premia).
El componente más importante de la canasta, la carne que va en la parrilla (el asado, la colita de cuadril y los chorizos), que representa la mitad del costo total, experimentó una caída de 3,4%. Dentro de la carne se destacó la caída del asado de tira, cuyo precio bajó 6,5%.
Sin embargo, no fueron los productos cárnicos los que experimentaron el descenso más pronunciado. El producto de la canasta del IPAP que sufrió la variación de precio más importante fue la lechuga crespa, cuyo precio bajó 15%. Este ingrediente de la ensalada fue además el que más vio caer su precio de todos los de la canasta global de 357 productos que releva el MEF y publica en la página precios.uy (seguido por la banana, la naranja y el jabón de glicerina).
Más allá de la baja de junio, la inflación del asado con picadita sigue en niveles altos, y alcanza un acumulado en 12 meses a junio de 2020 de 12,7%, un valor históricamente elevado que continúa superando a la inflación general, que se ubicó en 10,4%.
La canasta del IPAP está compuesta por tres cervezas Patricia de un litro, una Coca-Cola de 2,25 litros, un vino tinto Santa Teresa clásico de un litro, un paquete de papas chips de 150 gramos, 300 gramos de queso colonia, dos flautas, un kilo y medio de asado de tira, una colita de cuadril de un kilo, tres chorizos extra Cattivelli, una lechuga, tres tomates y un helado Crufi de dulce de leche granizado de un litro.
A su manera, este artículo es muchos artículos, pero sobre todo es tres artículos. El lector queda invitado a elegir una de las tres posibilidades siguientes:
El primer artículo se deja leer optando exclusivamente por los párrafos impares. Representa el relato “La herencia maldita”, contenido textualmente en la Rendición de Cuentas presentada esta semana.
El segundo artículo se deja leer optando exclusivamente por los párrafos pares. Representa el relato “Las fortalezas construidas”, contenido en la presentación a inversores extranjeros realizada hace diez días, que resulta además coincidente con un documento síntesis del anterior gobierno.
El tercer artículo se deja leer en la forma corriente, y permite al lector contemplar ambos relatos de la economía uruguaya.
Con objeto de facilitar la rápida ubicación de los párrafos, aparecen numerados.
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(1) La economía uruguaya continuó durante 2019 con la desaceleración que exhibe desde 2018, alcanzando un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,2%, cercano al estancamiento. La caída del PIB de 1,6% en términos desestacionalizados en el primer trimestre de 2020 confirma que nuestro país se encuentra en recesión desde el último trimestre del año anterior, al acumular dos variaciones de signo negativo.
(2) Uruguay se mantiene como un bastión de la estabilidad institucional, política y social en América Latina. Tiene la mayor estabilidad política, la mayor democracia plena, la mayor adherencia al Estado de derecho, disturbios civiles bajos y la menor percepción de corrupción de América Latina. En 2019 se completaron 17 años de crecimiento ininterrumpido.
(3) Durante 2019 las cuentas públicas exhiben un nuevo deterioro. El déficit fiscal alcanza 4,7% del PIB, excluyendo el efecto de la Ley 19.590, que creó el Fondo de la Seguridad Social (FSS), el peor resultado en tres décadas.
(4) En el corto plazo, el principal desafío macroeconómico que enfrenta el país es consolidar una mejora en el resultado fiscal. Si bien la trayectoria fiscal se ha deteriorado, ello se dio en un contexto en que la actividad económica evolucionó por debajo de su nivel potencial, lo que, en función de lo señalado, se espera que se revierta en los próximos años. Al mismo tiempo, es fundamental tener presente que las fortalezas económicas y financieras construidas hacen posible que el país cuente con amplios márgenes de maniobra para procesar la mejora requerida de sus cuentas públicas sin recurrir a medidas extremas que afecten el crecimiento económico.
(5) Por su parte, la deuda bruta del sector público consolidado al cierre de 2019 ascendía a 37.160 millones de dólares, lo que representa 66,4% del PIB. La deuda pública neta, excluyendo las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central del Uruguay (BCU), alcanzó 43,5% del PIB aun sin considerar el efecto del FSS.
(6) A fin de 2004 el país tenía una deuda neta que ascendía a 85 % del PIB. En su calificación crediticia, Uruguay se encontraba varios escalones por debajo del grado inversor. En el transcurso del período, la deuda neta del gobierno central descendió como proporción del PIB. A fines de 2018 se ubicaba en 44,1 %, en tanto el perfil de la deuda también mejoró sustancialmente. Uruguay cuenta actualmente con calificación crediticia de grado inversor por las cinco calificadoras internacionales, y un escalón por encima de la frontera de grado inversor en el caso de tres de ellas (el nivel de calificación de crédito soberano más alto de la historia de Uruguay).
(7) Esta evolución tiene su correlato en las cifras de empleo que también mostraron un progresivo empeoramiento. La tasa de desempleo promedio de 2019 fue de 8,9% y la tasa mensual a febrero de 2020, de 10,5%, el mayor valor desde 2007, pese a que no se habían detectado todavía los primeros casos de covid-19 en nuestro país. En 2019 se destruyeron más de 10.000 puestos de trabajo en la economía, confirmando la tendencia de todo el quinquenio anterior, en el que se perdieron en el orden de 56.000 puestos laborales.
(8) Mientras que el promedio de trabajadores fue de aproximadamente 1.300.000 durante la década de 1990, durante los últimos 15 años se ubicó en el entorno de los 1.600.000. Por su parte, el desempleo se situó a partir de 2007 por debajo de 10 %, y en 2011 llegó al mínimo nivel histórico desde que existen registros (6,3 %). En los últimos años, asociado al enlentecimiento del crecimiento económico, se observó un leve deterioro del mercado de trabajo y un repunte del desempleo, que, sin embargo, se mantiene por debajo de 10 %. De esta forma, se completaron 12 años consecutivos con tasas de desempleo de un dígito, algo que no tiene precedentes en la historia económica nacional.
(9) La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), mostró el año pasado una nueva aceleración, particularmente en el segundo semestre, finalizando 2019 en 8,8%, por encima del rango meta establecido por el BCU (3%-7%).
(10) El compromiso de la autoridad monetaria de romper la inercia de expectativas de inflación, así como las pautas salariales para el sector privado que priorizan el empleo, reforzarían las presiones desinflacionarias, al tiempo que una actividad económica más leve disminuiría el aumento de precios.
(11) La pobreza, medida por el método del ingreso por el Instituto Nacional de Estadística, mostró un incremento por segundo año consecutivo, y alcanzó 8,8% de las personas en el país, lo que equivale a unas 25.000 personas más que el año anterior. Por lo tanto, se concluye que los resultados económicos, en términos fiscales, de empleo y actividad, mostraron una evolución general negativa, con su consecuente correlato social.
(12) En 2004 la clase media representaba 44 % del total. Los niveles de pobreza eran alarmantes: cuatro de cada diez uruguayos se encontraban por debajo de la línea de pobreza, el valor más alto de los últimos 30 años. En estos 15 años se procesó una mejora significativa en los indicadores socioeconómicos de la población. Se verificó un aumento sustancial de la participación de la clase media en el total de la población. En la actualidad, la clase media alcanza a 75 % de las personas y es la mayor de América Latina. La pobreza ha descendido sistemáticamente. En 2018 se ubicó en 8 %, en tanto que la indigencia alcanzó un mínimo histórico al pasar de 2,5 % en 2006 a 0,1 % en 2018.
(13) El escaso margen fiscal representa una limitación para el país en cuanto a su capacidad para atender a la situación de vulnerabilidad social.
(14) Las robustas características ambientales, sociales y de gobierno de Uruguay han permitido una respuesta firme a la pandemia. Se destacan entre estas la confiabilidad de las instituciones, la condición de país socialmente estable con desigualdad relativamente baja, la baja informalidad, una amplia red de seguridad social, con transparencia fiscal y rendición de cuentas, y un sistema político maduro.
(15) Ello es particularmente relevante en contextos en los que se requiere una respuesta fiscal contracíclica a shocks externos negativos, tal cual ocurriera a partir del 13 de marzo del presente año como consecuencia de la pandemia causada por la covid-19.
(16) Dadas las medidas de contención de la covid-19, tanto el seguro de enfermedad como el de desempleo se convirtieron en un instrumento de política crucial para hacer frente de manera amplia y ordenada a la emergencia de salud y sus consecuencias. El sistema de bienestar desarrollado para las personas en edad laboral en Uruguay consiste en un acceso casi universal a atención médica, seguro de desempleo, seguro de enfermedad y beneficios para niños y familias. La baja informalidad y la amplia red de seguridad social garantizan el trabajo eficiente de los estabilizadores automáticos.
(17) En la actual coyuntura, pautada por la recesión en que se encuentra la economía uruguaya desde el último trimestre del año anterior, y que según se proyecta se agudizará en el segundo trimestre del presente año como consecuencia de la epidemia de covid-19, quedan en evidencia las consecuencias negativas para el país de una trayectoria fiscal no sustentable.
(18) Las reservas internacionales considerables son un importante respaldo para la estabilidad externa y el ancla clave de la política. Con la inversión privada más grande en el país (UPM) según lo programado, Uruguay está listo para recibir grandes entradas de inversión extranjera directa. La fuerte posición de capitalización y liquidez de los bancos respalda las medidas crediticias del BCU sin contagios desde el sistema financiero de Argentina. El tipo de cambio flotante funciona como amortiguador, con el BCU que interviene en ambos lados del mercado para suavizar la volatilidad no debida. Uruguay ha sido ampliamente reconocido por la transformación de su matriz energética en la última década, alejándose de los combustibles fósiles, y a menudo se le conoce como un “líder de energía verde” global. Uruguay tiene el mejor desempeño entre las economías en desarrollo en el índice de transición energética: baja contaminación del aire y huella de carbono.
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Este artículo ha sido fundamentalmente escrito por personas diferentes a las firmantes, quienes se limitaron simplemente a transcribir o traducir tres informes diferentes. Los párrafos impares son textualmente el resumen ejecutivo de la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno esta semana. Los párrafos pares surgen en su mayoría de la presentación a inversores internacionales realizada por el gobierno actual (párrafos 2, 10, 14, 16 y 18), y los restantes del informe “Un Uruguay para todos” realizado por el gobierno anterior (párrafos 4, 6, 8 y 12). El tablero de dirección del inicio es análogo al escrito por Julio Cortázar en Rayuela, con leves modificaciones para el caso.
Un poco en broma y un poco en serio, un poco como divertimento y otro poco como ejercicio técnico, un poco como asador y otro poco como nerd, lo cierto es que me puse a construir un índice de precios del asado con picadita (IPAP).
Cuatro impulsos me llevaron a acometer esta noble empresa. Primero, la advertencia temprana de un gran amigo y mejor asador que percibía un aumento en el precio de su comida predilecta. Segundo, la constatación en carne propia –si se me permite la redundancia– al pagar en la caja del supermercado, el día previo al 1º de mayo, mientras me aprovisionaba para el clásico asado del Día de los Trabajadores. Tercero, el descubrimiento del portal precios.uy, hogar del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es fantástico. Cuarto, el hallazgo del “índice Borsch”: un índice de precios de la sopa Borsch, una deliciosa sopa de remolacha característica del este de Europa, pieza clave en la cocina nacional rusa y ucraniana, que terminó por cerrar esta idea de realizar un índice de precios particular con nuestra comida típica.
Todo índice de precios tiene una canasta detrás. Conozcámosla.
La canasta del IPAP está pensada para un asado con picadita para seis personas. Dada la metodología (no tengo un equipo de gente que vaya a relevar precios, ni lo voy a hacer yo), los productos seleccionados tienen que tener series de precios disponibles en bases de datos oficiales, ya sea del MEF o del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto provoca que productos como las aceitunas o el queso provolone no hayan podido formar parte de la canasta (mi pareja todavía me recrimina este faltante; perdón, Camila, pero te juro que realmente no pude conseguir ni índices ni series de precios de aceitunas y queso provolone, no es porque no me gustan que no los pongo en la canasta).
De esta forma, con los datos públicos se puede armar esta deliciosa canasta:
Bebida:
Picadita:
Asado:
Ensalada:
Postre:
La fuente primaria de los datos es el portal precios.uy, que releva mensualmente el precio de 357 productos. Se utilizan los precios medios de los reportes mensuales. Tres productos de la canasta no están en ese portal (queso colonia, asado de tira y colita de cuadril), pero fueron recogidos de la planilla de precios medios del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE.
Finalmente, el precio de las papas chips no estaba en ninguno de los dos, pero ya que era un producto demasiado fundamental para la picadita, decidí tomar un promedio de precios de los portales de los supermercados Disco, Devoto, Tienda Inglesa y Géant para el mes de mayo y generar la serie hacia el pasado utilizando el índice para el producto “01173030 - Papas fritas para copetín”, que sí está disponible en el INE.
El portal precios.uy comenzó a publicar datos en julio de 2017. Por tanto, para construir una serie histórica larga del IPAP utilicé índices de precios del INE acordes a los productos relevados en la canasta. Esto nos permite contar con un índice de precios que comienza en diciembre de 2010 (para meses anteriores no existen publicados índices de precios a nivel de productos).
El costo total del asado con picadita para seis personas en mayo de 2020 ascendió a 2.302 pesos.
Los resultados corroboran la intuición que disparó la construcción del índice. La inflación interanual del asado con picadita a mayo ascendió a 20,9%, casi el doble que la inflación general (11,1%).
El mayor valor de inflación del asado con picadita de los últimos diez años se dio en abril de 2020, cuando alcanzó 22,3%.
Otro hecho histórico es que los últimos meses han sido los de mayor distancia entre la inflación general y la del asado con picadita de los últimos diez años (ver gráfico).
Dentro de sus componentes, el rubro que verifica un mayor aumento de precios es el asado propiamente dicho (asado, colita y chorizos), con 27% de aumento. El de menor aumento, para beneplácito de los veganos, fue la ensalada, con un incremento de precios de 7,5%.
Obviamente que el IPAP no busca ni buscará jamás sustituir al IPC. Simplemente es un índice especial, como existen a nivel internacional el índice Big Mac de la revista The Economist, o el índice Borsch mencionado al principio, o como a nivel local existe la canasta gerencial de Búsqueda (que supera los 500.000 pesos) o existía el Índice de Precios de Consumo para Hogares de Menores Ingresos que elaboraba el Instituto de Estadística.
Representa una mirada diferente de la evolución de precios, que hace foco en la comida nacional uruguaya por excelencia y busca comprender su trayectoria particular. Se asienta sobre la seriedad y la transparencia del sistema estadístico uruguayo, que permite a cualquier ciudadano suficientemente nerd hacer este tipo de ejercicios.
El IPAP aquí presentado es una primera versión, y por lo tanto es perfectible. Si bien la selección de productos es dependiente de la información disponible, podría hacerse un esfuerzo adicional para agregar o mejorar algunos componentes. Dos aspectos metodológicos quedan en el tintero para profundizar. En primer lugar, es inocultable la ausencia de un salamín o una longaniza en la picadita, incorporación que la metodología actual dificulta realizar; en segundo lugar, quizás el lector advirtió que no aparece la leña en la canasta, cuya incorporación implica un debate metodológico que excede la extensión del presente artículo (¿usar el precio por tonelada o el precio del atado chiquito de los supermercados?, ¿es digno usar carbón?). La discusión queda abierta, todos los aportes son bienvenidos para seguir mejorando este índice de precios del asado con picadita.
Hace muchos años había un rey aficionado a los trajes nuevos, que le gustaba vestir con la máxima elegancia.
Hace un par de meses, en un pequeño país al oriente de un río de pájaros pintados, asumía un nuevo gobierno.
La ciudad en que vivía el rey era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros, y un día se presentaron dos embaucadores que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas por ellos confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera tonta.
Un día llegó desde el extranjero un virus nuevo y desconocido en el país, que cambió los planes y provocó que se decretara la emergencia sanitaria.
–Que se pongan enseguida a tejer la tela– dijo el rey. Y mandó abonar a los dos pícaros un buen adelanto, para que pusieran manos a la obra cuanto antes.
La pandemia implicó inmediatamente el anuncio de medidas necesarias para cuidar la situación sanitaria de la población: distanciamiento social, cierre de escuelas, teletrabajo. La circulación de personas se redujo al mínimo. Como en otros países, generó consecuencias económicas: miles de trabajadores formales fueron enviados a seguro de paro; miles de trabajadores informales se quedaron sin ingresos. El dólar se disparó, verificando el mayor aumento mensual desde la última crisis económica, ocurrida hacía casi 20 años. El nuevo gobierno, enfrentado a una situación inesperada, rápidamente comenzó a tomar medidas. En relación con la población más vulnerable, anunció medidas de refuerzo de transferencias monetarias y una canasta de alimentos.
Un informe de una calificadora de riesgo planteó que el país contaba con colchones financieros para atender la crisis, y resaltó la solidez institucional y el nivel de liquidez externa. Un informe de la academia planteó que las medidas tomadas por el gobierno eran positivas e iban en la dirección adecuada, y que medidas más ambiciosas podrían llegar a mitigar o evitar el aumento de la pobreza.
En la televisión comenzaron conferencias de prensa diarias del gobierno en horario central, transmitidas por todos los canales, en las que se informaba a la población.
“Me gustaría saber si avanzan con la tela –pensó el rey–. Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar las cualidades de la tela, pues tiene talento, y no hay quien desempeñe el cargo como él”.
Varias empresas cerraron sus puertas temporalmente ante la disminución abrupta de la demanda. En respuesta, el gobierno anunció nuevas medidas: postergación de pagos impositivos, facilidades de crédito y una ampliación del sistema de garantía de crédito a las empresas.
Una encuesta realizada por una cámara empresarial mostró que nueve de cada diez empresas de comercio y servicios habían visto afectado su nivel de ventas y que las más afectadas eran las microempresas. Un tercio de los empresarios consultados consideraron que las medidas desarrolladas hasta el momento eran adecuadas.
En la televisión un politólogo instó a la oposición a exhortar con más énfasis que la gente se quedara en casa. La ministra de Economía y Finanzas planteó en una entrevista televisiva su visión sobre la crisis y las políticas que se estaban desplegando, asegurando que los recursos necesarios estarían disponibles. El periodista le preguntó si se sentía cansada por tener que trabajar tantas horas.
El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. “¡Dios nos ampare! –pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas–. ¡Pero si no veo nada!”. Sin embargo, no soltó palabra.
–¿Qué? ¿No dice vuestra excelencia nada del tejido? –preguntó uno de los tejedores.
–¡Oh, precioso, maravilloso! –respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes–. ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego, diré al rey que me ha gustado extraordinariamente.
Las solicitudes de seguro de paro siguieron creciendo, alcanzando las 150.000, una situación inédita en la historia nacional (el pico máximo de altas mensuales había sido de 11.500 en la última crisis). El gobierno anunció nuevas medidas: flexibilización del seguro de paro tradicional mediante un régimen de subsidio de desempleo parcial.
Un informe académico planteó que las medidas iban en la dirección correcta, pero hizo un conjunto de propuestas adicionales, dirigidas en particular a los trabajadores más vulnerables: flexibilizar el acceso para asalariados no protegidos e incrementar la duración y montos del subsidio para aquellos casos que ingresaran en situación de pobreza.
En la televisión el ministro de Defensa Nacional destacó que el gobierno era reconocido internacionalmente por su liderazgo político, certidumbre y transparencia. En un programa de la tarde un analista valoró muy positivamente la estrategia de comunicación del gobierno.
Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto, que el rey quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar.
–¿Verdad que es admirable? –preguntaron los dos honrados dignatarios–. Fíjese, Vuestra Majestad, en estos colores y estos dibujos –y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela.
–¡Oh, sí, es muy bonita! –dijo–. Me gusta, la apruebo. –Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío.
Para hacer frente a la crisis, el gobierno anunció la creación de un fondo especial de 400 millones de dólares. Este fondo se nutriría de varias fuentes, como un nuevo impuesto para los funcionarios públicos y jubilados de altos ingresos, o donaciones de particulares. Se anunció un redireccionamiento de recursos de institutos de investigación agropecuaria y de carne para brindar recursos al fondo.
Un informe académico presentó un relevamiento de las importantes medidas para combatir la crisis que tomaban diferentes países del mundo. Advirtió la necesidad de aplanar la curva de la crisis económica, y manifestó que las medidas tomadas en el país eran positivas pero que aún estaban lejos de los estándares necesarios para hacer frente a la situación actual y frenar el aumento de la pobreza.
En la televisión, a partir de la decisión de redirigir recursos de los institutos, se anunció que las gremiales agropecuarias habían donado 100 millones de dólares al nuevo fondo. En una nueva conferencia de prensa diaria en horario central transmitida por todos los canales privados, el gobierno destacó que nunca se había usado el recurso de cadena nacional, y que lo peor ya había pasado.
Quitose el rey sus prendas, y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al rey por la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente; y el Monarca todo era dar vueltas ante el espejo.
–¡Dios, y qué bien le sienta, le va estupendamente! –exclamaban todos–. ¡Vaya dibujo y vaya colores! ¡Es un traje precioso!
De este modo echó a andar el rey bajo el magnífico palio, mientras desde la calle y las ventanas se decía:
–¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del rey! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso!
Se anunció la transición a una nueva normalidad. La inflación superó el 10%; los precios de los alimentos aumentaron 19%. Se envió al Parlamento una ley ómnibus de 500 artículos bajo el mecanismo de urgente consideración. Se mantuvieron los recortes de inversión y gasto público planificados. Se celebró el Día de los Trabajadores sin el acto tradicional del movimiento sindical.
Un informe de un banco de desarrollo sobre los recursos destinados en la pandemia mostró al país, en relación con los gastos anunciados (excluyendo los créditos a empresas), en los últimos lugares en su continente, que a su vez se ubicaba muy por detrás del resto del mundo. Planteó que la región enfrentaba una crisis sin precedentes y necesitaba asegurar rápidamente los fondos necesarios para combatir la pandemia y reducir su impacto negativo sobre la economía, la desigualdad y la pobreza.
En la televisión se mostraron algunos fragmentos, el 1º de mayo, de una conferencia de prensa que dio el movimiento sindical, ya que la cadena nacional solicitada no había sido concedida. La conferencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social de ese día también fue transmitida, en este caso de forma íntegra. En los informativos los minutos dedicados a las noticias policiales, desplazados por las noticias sobre el virus, descendieron drásticamente. Aumentaron los homicidios; un diario tituló que se había verificado un brusco descenso. Se envió al Parlamento una nueva ley de medios que eliminaba la mayoría de las disposiciones de la regulación anterior, en sintonía con los planteos de los canales privados. El director de los medios de comunicación estatales envió una nota diciendo que todos los contenidos informativos y periodísticos debían de ahora en adelante ser consultados previamente.
–Pero... ¡el rey está desnudo! –exclamó de pronto un niño.
De pronto, un informe académico presentó una estimación del aumento de la pobreza por la crisis, principal preocupación de los informes anteriores, pero hasta el momento no calculado. El informe mostró un panorama claro: 100.000 personas habían caído bajo la línea de pobreza. Si bien la crisis, causada por un shock externo, claramente no era responsabilidad del gobierno, sí lo eran las medidas planteadas para mitigar sus efectos. El informe calculó que las medidas de transferencias desplegadas, que representaban 400 pesos por persona por mes, lograban una moderación en el aumento de la pobreza, pero eran insuficientes para contenerlo.
–¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! –dijo su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.
El informe planteó que con una inversión de 22 millones de dólares mensuales podría evitarse el aumento de la pobreza, por lo que era posible reducir en mucho mayor medida los efectos negativos de la pandemia sobre la pobreza. Varios medios de comunicación levantaron el informe. Los investigadores fueron invitados a algunos programas de televisión.
–¡El rey está desnudo! –gritó, al fin, el pueblo entero.
(*) El autor agradece a Hans Christian Andersen por haber escrito la mitad de este artículo en 1837. Los informes técnicos referidos son, en este orden, los siguientes:
Fitch Ratings, Informe de calificación crediticia y declaraciones de analista.
Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Encuesta de situación económica de las empresas.
De Rosa, Lanzilotta, Perazzo y Vigorito, Las políticas económicas y sociales frente a la expansión de la pandemia de covid-19: aportes para el debate, Instituto de Economía (Universidad de la República, Udelar).
Bai, Carrasco, Dean y Perazzo, Los seguros de desempleo ante un mercado laboral en terapia intensiva. Insumos para enfrentar la pandemia, Instituto de Economía (Udelar).
Lanzilotta, Merlo y Mordecki, Coronavirus en Uruguay: medidas económicas a la talla y el aplanamiento coordinado de las curvas, Instituto de Economía (Udelar).
Banco Interamericano de Desarrollo, Política y gestión fiscal durante la pandemia y la pospandemia en América Latina y el Caribe.
Brum y De Rosa, Estimación del efecto de corto plazo de la covid-19 en la pobreza en Uruguay, Instituto de Economía (Udelar).
#AlCoronavirusLeGanamosEntreTodos es el hashtag del momento. En este marco de unión y solidaridad nacional, el martes pasado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos Uriarte anunció que el sector agropecuario había presentado una propuesta de aporte de 100 millones de dólares al Fondo Coronavirus, una cifra muy significativa que representaría “el 25% del total de dicho fondo”. El ministro elogió la medida y la presentó como “un aporte espontáneo del sector agropecuario”, celebrando esta “explosión de solidaridad” de las gremiales agropecuarias. Pronto los medios de comunicación se hicieron eco del solidario gesto titulando “Gremiales agropecuarias donarán 100 millones de dólares al Fondo Coronavirus”.
Sin embargo, estos 100 millones de dólares no surgen de una colecta entre los empresarios del sector, sino de un mecanismo más complejo: 40 millones vendrían del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 20 millones del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y 40 millones de la renuncia de créditos fiscales durante 12 meses. A diferencia de la niña Victoria de Cerro Largo, que donó sus ahorros llevándoselos en mano al Presidente, o de algunas donaciones en especie realizadas por las gremiales el mes pasado (arroz, papas, latas de carne, leche en polvo), esta propuesta es bastante más difícil de comprender y desentrañar.
Desde diferentes sectores han surgido cuestionamientos sobre si efectivamente corresponde considerar esta propuesta como una “donación” de las gremiales. Revisando la prensa encontré cinco grandes críticas que se me ocurrió titular así: la crítica institucional, la conceptual, la legal, la de magnitud y la político-filosófica. En lo que sigue se detallan estas críticas, con el objetivo de comprender qué tan “donación” es este aporte. Al final del artículo se plantea un ejemplo de política alternativa que podría ayudar a clarificar la discusión sobre de dónde vienen y de quién son estos famosos 100 millones de dólares.
En primer lugar, existe una crítica institucional. El INIA y el INAC son personas jurídicas de derecho público no estatal. El directorio del INIA tiene dos representantes del Poder Ejecutivo y dos de los Productores, y tiene como objetivo “formular y ejecutar los programas de investigación agropecuaria”. Por su parte, el directorio del INAC tiene dos miembros del Poder Ejecutivo, tres de los productores y tres de la industria, y tiene como objetivo la “proposición, asesoramiento y ejecución de la Política Nacional de Carnes, cuya determinación corresponde al Poder Ejecutivo”. En caso de que los ingresos del INAC superen sus gastos, se deberán destinar a la promoción e investigación. Nótese entonces que ambas instituciones no son apéndices de las gremiales agropecuarias, sino organismos públicos que tienen como objetivo proponer y desarrollar políticas sectoriales. Quienes sostienen esta crítica institucional plantean que puede no estar mal la idea de enviar recursos de estos organismos al Fondo Coronavirus, pero en todo caso es una propuesta de redireccionamiento de recursos de una política pública (de investigación agropecuaria o de política de carnes) a otra (de contención frente a la pandemia), pero no una donación. A tal punto esto sería así que para realizarse no basta sólo con la voluntad de las gremiales (como sucedería en el caso de una donación), sino que debería ser también considerada por el resto del directorio.
La segunda crítica es conceptual. El planteo de quienes defienden el carácter de donación es que, en tanto parte del financiamiento de estos institutos son tributos específicos que paga el sector agropecuario, entonces las gremiales tienen derecho a plantear su redireccionamiento, y por esta razón constituyen una donación. Si esta lógica es aceptada, se abre un camino interesante. Es como si usted fuera al almacén y luego de comprar yerba, pan, leche y fideos, hinchara el pecho y le dijera al almacenero “Cacho, por favor te pido que el IVA de estos productos lo dejes en una cajita aparte, que lo quiero donar al Fondo Coronavirus”. O como si hoy de noche usted se sentara en la mesa y, lápiz en mano, escribiera una carta a la Cra. Margarita Faral, directora de la Dirección General Impositiva (DGI), que dijera “Estimada Margarita, por intermedio de la presente le solicito que las retenciones de IRPF de los próximos tres meses los mande directo al Fondo Coronavirus”.
En sintonía con lo anterior, es relevante destacar que los fondos de estos organismos no son aportados en un 100% por las gremiales agropecuarias. En el caso del INIA, una parte importante de su financiamiento proviene de rentas generales, o sea de todos los uruguayos. En el caso del INAC, sus recursos principales surgen de una tasa sobre las exportaciones y otra sobre la venta en el mercado interno: un tercio de los ingresos de INAC proviene de la carne que compramos los uruguayos. Por lo tanto, de concretarse este mecanismo de aporte, tampoco sería descabellado que usted, estimado lector, cuando vaya a la carnicería a comprar carne picada, le solicite al carnicero que lo felicite por la amable y generosa donación que está haciendo al Fondo Coronavirus. Nada mejor que comer unas buenas albóndigas caseras y al mismo tiempo estar generosamente aportando a la patria.
La tercera crítica es legal. El ex director de INAC Alfredo Fratti plantea que para realizar estos aportes se deberían procesar cambios en las leyes orgánicas de los Institutos, porque no podrían dedicarse a algo que no fueran sus cometidos específicos. Es decir, no sólo debe tener aceptación, como planteaba la primera crítica, de los representantes del Poder Ejecutivo en los directorios; requeriría también aprobación del Poder Legislativo. Y aquí hay un punto interesante, porque si para realizar esta transferencia se necesita además una ley específica que habilite a mover esos fondos, entonces parece ser un caso diferente al de una donación, que en esencia es un aporte voluntario en donde uno dispone libremente de los recursos propios.
La cuarta crítica es sobre la magnitud del aporte, en particular de los restantes 40 millones de dólares, que consisten básicamente en “la renuncia a los certificados de crédito fiscales correspondientes al Impuesto del 1% sobre la venta de semovientes, que fueran generados durante un plazo no prorrogable un año a partir del 1/5/2020 y hasta el 30/4/2021”. Sí... así dicho es medio difícil de entender. Básicamente, la idea es la siguiente: desde 1960 los productores pagan un impuesto de 1% (hasta 1990 era 3%) cada vez que venden ganado, y ese dinero va a las intendencias del interior. Desde 2012, cuando pagan ese tributo obtienen un papel que se llama “crédito fiscal” y luego, cuando tienen que pagar algo en BPS o en DGI, en lugar de ir con dinero van con ese papel. Lo que se está proponiendo es dejar de recibir por un año estos papeles de crédito fiscal que sirven para pagar impuestos.
En la medida que el cambio implicaría que un monto que ahora no se paga pase a pagarse, es más entendible considerar esta propuesta como un aporte genuino de las gremiales. Sin embargo, sobre la magnitud del fondo, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García ha manifestado que el valor planteado por las gremiales no condice con las cifras oficiales, y que si se miran los datos de 2019, sería como máximo la mitad: 20 millones de dólares. El Director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Hernán Bonilla, planteó en el parlamento una estimación máxima también muy inferior a la de las gremiales: 25 millones de dólares. El aporte final, ahora incierto y muy difícil de cuantificar porque se podrían seguir pagando esos impuestos con certificados fiscales antiguos (se vencen a los cuatro años), sólo se podrá ver finalmente el año que viene, cuando se sepa efectivamente cuánto se ha pagado con créditos fiscales y cuánto con dinero.
Foto: Ramiro Alonso
El título de esta quinta crítica es en realidad una excusa para agrupar un conjunto de interrogantes que dispara este episodio, que son mucho más profundas que la discusión puntual sobre si esto es una donación o no. ¿Qué sucederá en el futuro próximo, cuando tengamos que discutir cómo distribuir los costos de la crisis? ¿Se va a arrancar planteando que el sector agropecuario “ya puso” 100 millones de dólares? ¿Cómo se une este mensaje de donación con la visión política del Presidente de que los costos de la salida de la crisis no recaigan sobre los dueños del capital, sobre “el malla oro”? ¿El financiamiento del Fondo Coronavirus descansará fundamentalmente en este tipo de “aportes solidarios” (públicos de altos ingresos, cargos políticos, sector agropecuario)? ¿Si es así, cuánto realmente es un fondo con recursos nuevos y cuánto es simplemente un fondo de reasignación de gasto público? ¿No tenemos un problema serio con un conjunto de agencias (INAC, INIA, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Instituto Nacional de la Leche, etc.) que tienen como parte de su financiamiento tributos específicos, provocando en sus contribuyentes el sentimiento de ser “dueños” de esa política y por lo tanto con potestad de definir el direccionamiento de esos fondos públicos? ¿No rompe este modelo la razonable separación entre esquema de financiación (de acuerdo a capacidad contributiva) y definición de objetivos de política pública (tomada bajo mecanismos democráticos)? ¿No debería avanzarse en un esquema de eliminación de financiamientos de agencias con impuestos específicos, para pasar a un financiamiento a partir de rentas generales?
Antes de reflexionar sobre propuestas alternativas, vale decir que desde la perspectiva de quien escribe no es lo más conveniente ponerse a discutir quién aporta hoy al Fondo Coronavirus, sino que el aumento transitorio de gasto para lidiar con la crisis actual debería ser financiado fundamentalmente con deuda (para profundizar en este punto, ver artículo sobre los préstamos contingentes publicado el 4 de abril). En esta línea se han manifestado el Instituto de Economía de la Universidad de la República (“ni entre las medidas relevadas, ni entre las sugeridas por la OCDE se hallaron disposiciones que tuvieran como objetivo incrementar la recaudación...”) y la Confederación de Cámaras Empresariales (“hay que gastar los 400 millones de dólares, los 500 millones de dólares, los 600, lo que salga, y eso lo vamos a devolver nosotros mismos con futuros impuestos y ya habrá tiempo de ahorrar y ya habrá tiempo de hacer cambios”).
Pero la discusión ya está sobre la mesa. Debe reconocerse que sí hay un componente de “buen gesto” en la propuesta de la gremiales agropecuarias, en tanto que ellas son de alguna manera quienes más se benefician de la actividad del INIA y el INAC, los institutos que resignarían recursos. Sin embargo, esto es una cosa, y otra cosa muy distinta es plantear que la propuesta constituye una donación al Fondo Coronavirus.
¿Cómo quedaría más claro que las gremiales agropecuarias están realizando una donación? Una primera alternativa sería que las gremiales directamente depositen 100 millones de dólares en la Cuenta Corriente en dólares 1556713-29 del Banco República que puso a disposición el gobierno para que la ciudadanía realizara sus donaciones. Debe reconocerse que esta opción entraña dificultades administrativas en el armado de la vaquita entre los productores que seguramente la haga inviable.
Una segunda alternativa podría ser sustituir la compleja iniciativa actual por una medida única: aumentar un impuesto concreto de forma transitoria. Por ejemplo, duplicar por este año la Contribución Inmobiliaria Rural vía un aporte adicional con destino específico al Fondo Coronavirus. Esta medida es mucho más sencilla de instrumentar, más transparente, sólo pagarían los propietarios de los campos más grandes (más de 50 hectáreas CONEAT 100), no se quitarían recursos para la investigación agropecuaria y recaudaría unos 80 millones de dólares.
Por supuesto que esta es simplemente una propuesta teórica, pero si se siguiera esta alternativa, entonces se eliminarían las dudas sobre el carácter de donación de las gremiales, todas las críticas mencionadas caerían y quienes las formulan deberían llamarse a silencio ante una evidente, sonora y colorida, gran “explosión de solidaridad”.
El autor agradece los enriquecedores comentarios de Gustavo Viñales y del Grupo Jueves. Esta y otras notas del Grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com.
Cuenta Jorge Luis Borges que un día, de camino a Morón, Jorge Trápani le relató una reflexión de su finado padre: “...no se puede medir el tiempo por días, como el dinero por centavos o pesos, porque los pesos son iguales y cada día es distinto y tal vez cada hora”. Dentro de algunos años los calendarios marcarán, porfiadamente, que marzo de 2020 tuvo 31 días; quienes vivimos esta época sabemos que eso no significa nada, y que el mes pasado fue uno de los meses más largos de la historia de Uruguay.
Atrás quedaron, allá lejos, las imágenes de la ceremonia de asunción, la cachila de Herrera, la postal del presidente saliente y el entrante. Desde tiempos ya lejanos nos llega el recuerdo de una discusión sobre una ley de urgente consideración, un dólar a 38 pesos, las proyecciones de la encuesta de expectativas del Banco Central que en febrero auguraban un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2% para 2020.
Primero parecía una enfermedad rara en una región lejana de China, con personas de gustos exóticos y sopas de murciélago. El 23 de enero, mientras aquí Un Solo Uruguay hacía su acto en Durazno, en la ciudad china de Wuhan se decretaba la cuarentena de 11 millones de personas. El 8 de marzo, mientras en Uruguay el tema del día era la conmemoración del Día de la Mujer, en Italia se cerraba la región de Lombardía, aislando a diez millones de personas. El 11 de marzo, mientras el gobierno uruguayo anunciaba un ajuste fiscal y un aumento impositivo y tarifario, la Organización Mundial de la Salud declaraba el brote de coronavirus como pandemia mundial. Desfile en Milán y casamiento en Carrasco mediante, el virus llegó a Uruguay, y el 13 de marzo el gobierno declaró la emergencia sanitaria y las medidas asociadas afectaron rápida y directamente el entramado productivo de nuestro país.
El escenario macroeconómico cambió radicalmente, tanto en Uruguay como en el mundo. Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI, planteó hace una semana que han revisado los pronósticos de crecimiento mundial a la baja: “[...] el panorama de crecimiento mundial para 2020 es negativo, se espera una recesión al menos tan mala como la vivida en la crisis financiera global de 2008 o peor”. En la misma línea opinan agencias mundiales como Bloomberg o JP Morgan. Alicia Bárcenas, presidenta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, planteó que “esto se va a parecer mucho a una economía de guerra”. De esta forma, el debate macroeconómico ha sufrido también un cambio radical. El centro de la discusión actual en Uruguay es cómo debe responder el gobierno a esta crisis, y si el país cuenta o no con espalda financiera suficiente como para realizar una política fiscal expansiva de forma transitoria que mitigue los efectos de la crisis económica. Este tema constituye el centro del presente artículo.
Debemos confesar, antes de seguir, que también para los economistas esta es una situación absolutamente novedosa. Sabemos que estamos frente a una de las crisis económicas más importantes que hayamos visto, quizás la más importante después de la Segunda Guerra Mundial, pero nos resulta difícil descifrar su desarrollo, porque estamos frente a un shock inédito en la historia económica mundial que combina al mismo tiempo tres shocks diferentes. En primer lugar, un shock de oferta, que se basa en las restricciones al desplazamiento de personas, una situación nunca antes vista por su magnitud y escala global, y que difiere de otros shocks de oferta asociados, por ejemplo, a catástrofes, o a un aumento del precio del petróleo, como en 1973; en segundo lugar, un shock de demanda, tanto a nivel interno como externo, pero que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la caída de Lehman Brothers de 2008; en tercer lugar, un sudden stop, que básicamente es una caída repentina y abrupta de la entrada de capitales a un país. De cómo se combinen estos tres shocks, sus duraciones y sus profundidades dependerá la evolución de la economía mundial y local en el futuro.
La actitud de los gobiernos de diferentes partes del mundo ha sido, en términos generales, intentar minimizar el pico de la crisis económica mediante políticas activas que implican una fuerte expansión del gasto estatal. Como detalla Oriana Montti, “las estrategias son variadas, pero tienen un eje común: el Estado apoyando al sector privado y a la población en general para sobrevivir a esta crisis”. Incluso algunos países que inicialmente habían sido más reticentes a tener una política activa y ambiciosa frente a la crisis están modificando su conducta.
En el caso de Uruguay, el gobierno no ha optado por diseñar un plan global, y se ha volcado por una estrategia consistente en plantear medidas conforme pasan los días. Más allá de las opiniones puntuales sobre cada una de las medidas, algunos analistas, académicos y organizaciones políticas han manifestado que existe una distancia importante entre la magnitud de las políticas planteadas por el gobierno hasta el momento y las que serían necesarias. En este sentido, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República plantea que “las políticas económicas que se adopten deben tener una escala adecuada y proporcional al potencial perjuicio económico. Incluso aquellas que podrían parecer adecuadas desde el punto de vista de su diseño pueden ser inefectivas si su escala es insuficiente”. Por su parte, hay quienes plantean que desplegar medidas más ambiciosas resulta difícil, alegando que se tiene “poco margen” debido a que el déficit fiscal alcanza 5%. De esta forma surge la pregunta central para el presente artículo: ¿el déficit fiscal es un impedimento para el desarrollo de una política fiscal expansiva transitoria de magnitud relevante para paliar la crisis?
Para abordar esta discusión debemos, en primer lugar, diferenciar los conceptos de déficit fiscal y de deuda. Esencialmente, el déficit fiscal representa la variación de la deuda de un año a otro. El problema central por el cual a los economistas en general no nos gustan los déficit fiscales altos es que pueden generar una dinámica explosiva de la deuda pública, que empiece a crecer tanto que luego no se pueda pagar. Haciendo una analogía con el manejo hogareño (y más allá de que hay grandes diferencias entre un Estado y un hogar), la idea de fondo es que no hay problema con que uno pague algunos de sus gastos con tarjeta de crédito; el problema es cuando el saldo de la tarjeta crece tanto que uno empieza a pedirle a Creditel para pagarla, y luego a Pronto! para pagarle a Creditel, y luego al Limpiadeudas de Fucac para pagarle a los demás, y así sucesivamente. Ese es el temor de los economistas, por el cual solemos fruncir el ceño ante déficit fiscales sostenidamente altos.
Sin embargo, existe una particularidad extraña que ha tenido el Uruguay de los últimos años: el déficit fiscal ha perdido esta condición de servir como valor que nos indica la variación de la deuda. En primer lugar, porque computábamos el resultado del Banco Central (BCU) en el déficit fiscal (criterio que se ha modificado recientemente, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que junto con Brasil éramos los únicos en el mundo que lo hacíamos). En segundo lugar, porque el déficit fiscal de 5% del que se habla en Uruguay no incluye los ingresos que recibe el Estado por la ley de los cincuentones. Si se quitan los efectos del BCU y los cincuentones, el déficit fiscal de 2019 asciende a 2,9%. Este valor es, como indica Silvia Rodríguez Collazo, del Centro de Investigaciones Económicas, en un artículo publicado en el blog Suma, “el déficit fiscal relevante para analizar la trayectoria de la deuda pública”.
Más allá de estas consideraciones técnicas con relación a la diferencia entre el déficit fiscal (que ha crecido en los últimos años) y la variación de la deuda (que no ha sufrido una variación tan significativa en los últimos años), el punto es comprender cuál es la restricción relevante para atender un shock como el que actualmente vive Uruguay. Si bien este shock puede tener efectos permanentes o duraderos (retardos en la recomposición de los flujos de comercio y turismo internacional, menor crecimiento mundial, etcétera), lo más razonable –tomando en cuenta la incertidumbre que tenemos en esta etapa– es suponer que el núcleo principal de sus efectos es transitorio.
Durante esta etapa transitoria hay dos riesgos muy grandes. En primer lugar, situaciones graves de privación de consumo, por la caída de actividad y consecuente pérdida de ingresos de los hogares; en segundo lugar, quiebres generalizados de empresas que no resistan la caída de ingresos. En la medida en que estos efectos son transitorios, requieren un paquete de medidas transitorias (que por lo tanto no afectan el déficit estructural del gobierno) que además permitirían evitar efectos permanentes (por ejemplo, en el caso de quiebres de empresas). Es importante destacar que situaciones transitorias no atendidas a tiempo pueden desembocar en situaciones permanentes. Fundamentalmente por esto es que los gobiernos del mundo están optando por priorizar el hoy, aplicando planes económicos contundentes en respuesta a la pandemia.
Nótese que un aumento del déficit fiscal por un aumento transitorio del gasto público es muy diferente a un aumento del déficit fiscal por un aumento permanente del gasto público. En esta línea han opinado las calificadoras de riesgo, que manifestaron que un aumento del déficit fiscal por la emergencia sanitaria no impactaría en la nota uruguaya. Michael Heydt, analista de la calificadora DBRS Morningstar, declaró a El País que “la reducción del déficit este año no es un requisito previo para mantener la calificación de Uruguay.” Por su parte, el economista Gabriel Oddone, de CPA Ferrere, también ha manifestado con claridad que “el resultado fiscal corriente no debe ser una prioridad en este momento”.
Nuevamente, hagamos una analogía con las finanzas del hogar. Supongamos que desde hace unos meses nuestros gastos sean mayores que nuestro sueldo, y por eso algunas compras las hemos hecho con tarjeta de crédito. De repente, se rompe la heladera, y la comida que teníamos adentro se empezará a pudrir a la brevedad. ¿Cuál es la variable relevante para ver si nos podemos comprar o no una heladera nueva? No es tanto la diferencia entre gasto e ingreso de los meses pasados, sino si tenemos saldo en la tarjeta como para financiar la compra. La diferencia entre gasto y salario este mes será mucho mayor que en los anteriores, porque no todos los meses nos compramos una heladera, pero nuestra decisión no dependerá de eso, sino de la capacidad que tengamos de pagarla con la tarjeta de crédito. Volviendo al nivel estatal, en este caso es más relevante la deuda actual y la capacidad de contraer nueva deuda que el déficit fiscal (que, por su parte, seguramente crecerá este año, en Uruguay y en todos los países del mundo).
Nótese la diferencia cuando pensamos en términos de deuda y no de déficit fiscal. Se ha planteado que si Uruguay tuviera 2,5% de déficit fiscal en lugar de 5% tendría más margen para desarrollar políticas, cuando lo relevante en realidad es el nivel de deuda: tener 32,5% o 35% de deuda neta no modifica sustancialmente las posibilidades de realizar una política fiscal contracíclica para enfrentar el shock externo. La discusión sobre el “espacio fiscal” pasa a un segundo plano, y lo importante en este caso es la existencia de “espalda financiera”.
Una vez que sacamos la mira del déficit fiscal y la situamos en el endeudamiento, surge la duda de si Uruguay tiene efectivamente la posibilidad de acceder a recursos frescos en un escenario mundial en que todos los países están, al mismo tiempo, endeudándose para realizar sus políticas contracíclicas, con los mercados de deuda para todos los gobiernos de economías emergentes prácticamente cerrados desde comienzos de marzo (recordemos que al principio mencionamos el sudden stop como el tercer shock que estamos recibiendo).
La respuesta es que sí. Uruguay cuenta con líneas de crédito de desembolso inmediato con cuatro organismos multilaterales por 2.200 millones de dólares, negociadas y aprobadas en 2019. Estas líneas de crédito contingentes son muy importantes: son los respiradores que tiene la economía uruguaya para sobrellevar la crisis generada por la pandemia. El Fondo Coronavirus anunciado hace diez días se nutre principalmente de estas líneas de crédito. Todd Martínez, analista de la calificadora Fitch Ratings para Uruguay, destacaba la importancia fundamental de contar con estas líneas de financiamiento: “Una política fiscal más laxa podría ser viable por un tiempo gracias a ciertos colchones financieros (como las líneas de contingencia que el gobierno tiene con los organismos multilaterales)”.
En un escenario como el actual, la respuesta a este shock transitorio que están dando todas las naciones del mundo es realizar una política fiscal transitoria de expansión del gasto público. Ubicar en el déficit fiscal la restricción fundamental a la posibilidad de realizar en Uruguay un ambicioso plan de contención ante la crisis resulta un error analítico. La variable clave en este momento es la deuda y las posibilidades de acceder a financiamiento rápidamente y a tasas razonables. Y si se observan estas dimensiones, Uruguay cuenta con posibilidades para responder a la crisis en el sentido y magnitud que lo están haciendo el resto de los países.
Por supuesto que, si bien deberá esperarse y puede tolerarse un aumento del déficit fiscal para 2020, Uruguay deberá a partir de 2021 realizar un ajuste de sus cuentas públicas, que deberá ser gradual pero con una trayectoria creíble. Pero en todo caso, la discusión sobre su trayectoria y los mecanismos para hacerla consistente (modificación de la regla fiscal, gradualidad de la trayectoria, política de ingresos y de gastos) deberá realizarse una vez superada la crisis, y en este sentido son positivas las señales que ha planteado el gobierno en cuanto a ocuparse de esta dimensión una vez superada la etapa de emergencia. En el futuro y con mayor tiempo podrán establecerse objetivos fiscales en términos primarios más exigentes que permitan estabilizar nuevamente la deuda a niveles previos a la crisis. Pero en estos momentos –como se titula el libro publicado por el Center for Economic Policy Research, con 24 estudios sobre las respuestas económicas ante la crisis en Italia, Alemania, España, China, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea–, la recomendación general que muestra el accionar de los gobiernos del mundo es “actuar rápido y hacer lo que sea necesario”.
El autor agradece los comentarios de Christian Daude, Santiago Soto, Gonzalo Zunino y del Grupo Jueves, que fueron sumamente valiosos para la redacción de este artículo.
Esta semana en conferencia de prensa el gobierno anunció las primeras medidas económicas de relevancia por fuera de lo contenido en el proyecto de ley de urgente consideración. Si bien se hicieron varios anuncios, hubo dos que se destacaron. El primero consistió en aumentos tarifarios de 10,7% para OSE, 10,5% para UTE y 9,78% para Antel, mientras que las tarifas de ANCAP permanecerían incambiadas por el momento.
El segundo, menos esperable y más llamativo, fue la disminución de los descuentos de IVA en pagos con tarjetas de débito a productos en general y en pagos a restaurantes. O, lo que es lo mismo pero dicho de manera menos eufemística, un aumento del IVA para los pagos bajo esta modalidad, en el primer caso de dos puntos y en el segundo de cuatro puntos.
Aquí nos centraremos en el ajuste tarifario para comentar tres elementos que se disparan tras los anuncios realizados esta semana, asociados a tres dimensiones temporales diferentes. En primer lugar, en cuanto al presente, la razonabilidad de la magnitud de los aumentos anunciados; en segundo lugar, con respecto al pasado, la disonancia entre esta decisión y la retórica mantenida en años anteriores; en tercer lugar, hacia el futuro, la señal que da la presencia del presidente en la conferencia de prensa en relación con la política tarifaria venidera para Uruguay durante esta administración.
Parece obvio, pero hay que decirlo porque nos han malacostumbrado: no todo aumento tarifario merece el adjetivo “tarifazo”. De forma simplificada, para pensar sobre cuán alta o baja resulta una modificación de tarifas podemos seguir los siguientes pasos, con creciente grado de complejidad.
Primero, lo que uno hace intuitivamente por lo general es comparar el aumento tarifario con la inflación, que en Uruguay cerró en 2019 en 8,8%.
Segundo, en este caso se abre una discusión sobre qué marco temporal tomar. Varios analistas plantean que la inflación relevante no es la de 12 meses, sino la de 15 meses, porque hay que tomar como punto de comparación el último ajuste tarifario, que fue en enero de 2019. En los informativos se mostraba la comparación del aumento tarifario con la inflación entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 (proyectada), que daría un valor de referencia de 13,1%. En rigor, entiendo que este cálculo no es del todo correcto, porque en diciembre hay un pico para abajo en el Índice de Precios del Consumo (por el efecto de UTE Premia) que sesga la inflación acumulada en ese período hacia arriba y no resulta una buena referencia. Si se quieren tomar 15 meses, es mejor tomar como referencia el período comprendido entre noviembre de 2018 y febrero de 2020, que no tiene este efecto distorsivo y da una inflación acumulada de 11,3%.
Tercero, en realidad la comparación con la inflación es una pista, pero es más correcto observar la evolución del conjunto de costos que tienen las empresas, que no se ajustan por inflación en todos los casos. Muchos componentes evolucionan con el valor del petróleo, el valor dólar (el petróleo se compra en dólares, los contratos con eólicos privados son en dólares) o la evolución de los salarios (que dependiendo de la empresa pesan más o menos). A grandes rasgos, el precio del petróleo –en un escenario de volatilidad e incertidumbre brutal– cayó a la mitad, el dólar subió 30% y los salarios subieron en línea con la inflación.
Cuarto, un análisis más sofisticado debería contener proyecciones de cada uno de estos precios para el año 2020, además de definiciones sobre la rentabilidad que se le exigiría a las empresas, la política de inversiones (se anunció una baja de 15%), la política de financiamiento, los ahorros esperados (que en el programa del Partido Nacional ascendían a 348 millones de dólares) y proyecciones de demanda, y a partir de la construcción de un programa financiero con la estructura de costos de las empresas obtener un número que refleje la variación necesaria de tarifas.
Estos diferentes pasos evidentemente complejizan el análisis, y podríamos hacer muchos cálculos con más y más supuestos y refinamientos, pero nos alejaríamos del punto central que es importante trasmitir. Más allá de si el número con el cual debería compararse el aumento de tarifas es 8,8%, 11,3%, 13,1%, un promedio ponderado de la evolución de las costos de las empresas o un número que surja de un análisis detallado de su programa financiero, el punto central es que un aumento tarifario como el anunciado no parece merecer denominarse tarifazo, como tampoco lo merecían los aumentos anteriores que realizaron los gobiernos del Frente Amplio (FA).
¿Cuál es el problema entonces? El problema no es tanto la magnitud del aumento, sino la disonancia entre este y las promesas de campaña. Más aun, el problema es la inmensa distancia entre el ajuste tarifario realizado y la retórica desplegada por un conjunto de políticos que ayer eran oposición y hoy son gobierno. Este punto conecta presente con pasado, y se desarrolla a continuación.
El corazón del relato económico del gobierno entrante tiene como componentes principales un escenario de crisis económica producto de una herencia maldita (que apareció en la conferencia de prensa cuando se anunció el ajuste de tarifas, y seguirá apareciendo), un culpable llamado atraso cambiario y una solución que consiste en bajar el gasto público.1 Si bien estos elementos son los personajes centrales del relato, existen otros periféricos pero también importantes. Uno de ellos es el cuento “El tariFAzo”.
Quienes ahora ocupan los sillones del gobierno nacional sostuvieron, cuando eran oposición, sistemática y porfiadamente, que cualquier ajuste tarifario constituía un tarifazo. Fueron oposición durante un período de 15 años en el cual las tarifas se mantuvieron o descendieron en términos reales, y además descendieron sustancialmente con relación al poder de compra de los salarios.
La alerta ante el tarifazo fue proclamada en reiteradas oportunidades. Por mencionar solamente los últimos dos años: en 2019, ante anuncios de aumentos por debajo de la inflación (OSE 7,8%, UTE 5,7%, Antel 7%, ANCAP 0%, con una inflación de 8%), se denunció que “se confirmó otro tarifazo. Esperaron hasta el último momento para dar a conocer otro capítulo del ajuste fiscal Frente Amplio”, y que “la UTE tenía margen para bajar 10 % en la factura eléctrica de hogares y los combustibles también tenían margen para bajarlos”; antes, en 2018, también ante aumentos por debajo de la inflación para todas las tarifas con excepción de la nafta, se exclamó “otro #tariFAzo”, “el gobierno no entiende que el trabajador y el productor nacional no bancan más ajustes. Se están rifando la plata de la gente. El bolsillo del uruguayo no da más” y “tarifazo vergonzoso”. Durante la campaña electoral el actual presidente manifestaba que “si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de tarifas”.2
De esta forma, la conferencia de prensa no sólo fue un anuncio de aumentos tarifarios, sino el primer y más sonado episodio –y con seguridad no el último– de un giro evidente y necesario que imprime la responsabilidad de la conducción del Estado. La primera etapa de un cambio en la narrativa que ayer vibraba gritando “¡Tarifazo!” y hoy serenamente habla de “adecuaciones tarifarias”.
La clase política tiene varias funciones nobles dentro de la sociedad. Quienes están en el Poder Legislativo tienen la responsabilidad de discutir y aprobar las reglas de funcionamiento de la nación (leyes), y quienes tienen cargos ejecutivos también aprueban reglas (decretos, ordenanzas, reglamentaciones), y tienen como deber administrar de la mejor manera posible los recursos públicos.
Sin embargo, además de estas tareas, tienen una que es menos evidente, pero quizás es más importante para la vida democrática: utilizar argumentos razonables para mejorar la calidad del debate ciudadano. El pecado mayor de quienes hoy gobiernan no reside en la decisión misma del aumento de tarifas, sino en este segundo terreno: el haber manejado argumentos y expresiones exageradas con los aumentos tarifarios de los gobiernos precedentes. Quizás esta forma de hacer política pueda tener resultados en votos, pero genera una dinámica de análisis en la ciudadanía que, una vez en el gobierno, se puede volver en su contra como un boomerang.
El pasaje entre oposición y oficialismo se da en ambas direcciones, y el FA estrena un rol que no ocupó durante varios años. En este marco, también hay discusiones pertinentes sobre el papel que debe jugar en el debate público. Si bien resulta tentador utilizar la expresión tarifazo sobre este aumento tarifario, debería reflexionarse sobre lo razonable de tomar esa postura, y lo peligroso que puede ser para el sano debate democrático. El boomerang del tarifazo puede ser entretenido y “útil” en el corto plazo, pero nos terminará cortando a todos la cabeza en el largo plazo.
Más allá de las relevantes discusiones sobre la eficiencia de las empresas públicas, qué rentabilidad deben tener, cuánto deben volcar a rentas generales, qué criterios deben guiar la fijación de tarifas, dónde se ubican en las comparaciones internacionales y qué tan razonables son estas comparaciones, sería importante trasmitir a la población una realidad: en un país como Uruguay, con una inflación promedio de 8% en los últimos diez años, es muy difícil o casi imposible que no haya un aumento nominal de tarifas con una periodicidad anual. Esto no quita que el país deba continuar buscando brindar sus servicios públicos al mínimo costo posible para la ciudadanía, con el objetivo de que nadie se prive de su consumo, pero sólo se podrá caminar con firmeza hacia ese objetivo si logramos basar las discusiones sobre parámetros razonables, en lugar de hacerlo sobre adjetivos estruendosos.
En economía hay una discusión, conocida sobre todo en el mundo de la política monetaria, que se titula “discrecionalidad versus reglas”. Esta discusión trata sobre si los hacedores de política económica deben actuar de forma discrecional o si deben ceñirse a una regla fija, y cuál es el mejor equilibrio entre ambas opciones.
Esta disyuntiva también se aplica al caso de la política tarifaria, y hace años que en Uruguay se discute qué tanto debe tener discrecionalidad el Poder Ejecutivo en su fijación y qué tanto debe seguir una regla preestablecida.
De la lectura de los programas de gobierno, a partir de lo que se podía conversar con los equipos técnicos del gobierno actual y observando algunos cambios propuestos en la ley de urgente consideración (en el sentido de potenciar las unidades reguladoras de los mercados en los que operan las empresas públicas, Ursec y URSEA), se podía intuir una tendencia o visión general: la idea de ir hacia un mecanismo de ajuste tarifario que se podría conceptualizar como menos político y más técnico, o dicho de una forma más apropiada, más reglado y menos discrecional.
Adicionalmente, en los últimos ajustes tarifarios realizados por el FA hubo una mayor apertura y detalle de los criterios tomados, en particular una explicitación de cada una de los parámetros utilizados, informados por el equipo económico en sus presentaciones al parlamento y publicados en los portales web del gobierno.
Esta línea de política se choca de lleno con la imagen presentada el miércoles, en donde el presidente de la República se sienta en la conferencia y forma parte del anuncio de los ajustes tarifarios. Es difícil pensar algo más político que su presencia en esa conferencia de prensa. Quizás entusiasmado con su nuevo rol, quizás convencido de que la estrategia adecuada es mostrarse como un presidente que toma decisiones (cerró su discurso de asunción diciendo: “Llegó la hora de hacerme cargo”), quizás a sabiendas de que la decisión tomada generaría disonancia con sus promesas de campaña, el presidente decidió anunciar personalmente el aumento de las tarifas.
Quizás parezca un detalle menor, pero siento que no lo es. La presencia del presidente en la conferencia de prensa imprime una dimensión política a la fijación de tarifas que genera interrogantes respecto de las nociones que guiarán la política tarifaria del nuevo gobierno. En particular, sobre si efectivamente se avanzará hacia un escenario de mayores reglas en la fijación de tarifas (como se anunciaba) o si se reforzará la discrecionalidad en el manejo de estas.
Aunque parezca un tecnicismo, es importante señalar esta cuestión, por la importancia del tema en sí mismo y también como una pieza más del macrorelato del nuevo gobierno. Como espejo para comprender también la evolución de la política cambiaria, la política impositiva o la propuesta de disminución del gasto público sin tocar las áreas de salud, educación y seguridad. En definitiva, para comprender cómo se desarrollarán las políticas públicas, que no es sólo ver si se cumplen o no las promesas de campaña, sino comprender cómo se va ajustando el relato del nuevo gobierno en su pasaje del pasado al presente, y en su proyección al futuro. El tiempo dirá.
“No tengo defensa de intereses de clases, ni de cámaras, ni de sindicatos, ni de corporaciones [...]”.
“Hay que soltarles las amarras a quienes mueven el país, a quienes lo hacen en silencio, que no tienen corporaciones que los representen [...]”.
“Aclaro que las corporaciones a las que nos referimos son aquellas a las que el Frente Amplio ha dado manija históricamente, es decir los sindicatos”.
(Luis Lacalle Pou en una entrevista en TNU en julio de 2019, en un acto en Colonia en octubre de 2019 y en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en setiembre de 2012).
La ciencia política, en particular en Norteamérica, utiliza el neologismo corporatocracy para definir a un gobierno en el cual las decisiones no son tomadas persiguiendo el interés común, sino el beneficio de algunas corporaciones. Lo que resulta interesante es que en el concepto mencionado el término “corporaciones” refiere a las grandes empresas y capitales, mientras que en Uruguay –en particular en la retórica del presidente electo y el arco político que lo acompaña– cuando se habla de corporaciones se piensa en los sindicatos.
Con independencia de la discusión sobre la relación entre las políticas del Frente Amplio y los sindicatos, la perspectiva de las corporaciones resulta interesante, y el cierre del ciclo progresista pone fin a determinada configuración de relaciones entre el gobierno y cierto abanico de actores sociales. La pregunta que surge es cuáles son las nuevas corporaciones que ocuparán un rol de influencia en las políticas públicas. Una posible forma de acercarse a esta interrogante es buscar relaciones entre planteos de distintas corporaciones y la primera y principal medida del gobierno electo, obsesión nacional desde el 22 de enero: la ley de urgente consideración (LUC).
Este enfoque, además, nos permite hacer una lectura transversal de una normativa tan amplia y variada como la LUC, para encontrar un hilo conductor de este collage normativo (“hay leyes viejas que, en mi cabeza, son obras de arte”, declaraba su autor, y a la luz de su obra parece ser un gran admirador del dadaísmo). Más aun: la urgencia, característica común que deberían tener los artículos, brilla por su ausencia, y llega a resultar una condición graciosa en paradigmáticos casos como los chorizos carniceros artesanales (artículo 318) o la recogida de la materia fecal de las mascotas en la vía pública (artículo 338).
Del sinnúmero de conexiones que seguramente existan, este artículo identifica y profundiza en cuatro. Allá vamos.
Durante las últimas tres administraciones se aprobó un conjunto importante de normativa vinculada al mundo laboral. A la restauración de la negociación colectiva le sucedieron numerosos avances: ley de libertad sindical (2006), de regulación del trabajo doméstico (2006), de tercerizaciones y subcontratación (2007), de ocho horas para peones rurales (2008), de licencias especiales (2008), de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación (2008), de empleo juvenil (2013), de responsabilidad penal empresarial (2014), entre otras.
En particular, el Decreto 165/006 –que considera a la ocupación como una extensión del derecho de huelga– y la Ley 18.566 –que regula la negociación colectiva– no fueron bien recibidos por las cámaras empresariales, que en 2009 elevaron una queja a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Transcurridos diez años, el planteo de las cámaras logró ser atendido: en junio de 2019 la OIT ubicó a Uruguay en la “lista negra”, junto a un conjunto de países sobre los cuales pesan denuncias sobre trabajo infantil, trabajo esclavo y asesinato de dirigentes sindicales. La inclusión de Uruguay en esta lista no es por ninguna de esas causas (por suerte): el motivo es la denuncia presentada por las cámaras empresariales solicitando la revisión de la negociación colectiva. En octubre el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento con modificaciones a la ley de negociación colectiva, atendiendo las observaciones formuladas por la OIT.
El artículo 349, que plantea que “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”, y el 448 y 449, que declaran “ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados” y facultan “al uso de la fuerza pública para disolver los piquetes” van en la dirección históricamente planteada por las cámaras empresariales. El alcance de los artículos es bastante más amplio que la simple derogación del Decreto 165/006, ya que avanza en reglamentar y limitar el derecho de huelga en sí mismo.
La ley de inclusión financiera, aprobada en 2014, tuvo como objetivo universalizar el acceso a los servicios financieros y promover la utilización de medios de pago electrónico en sustitución del efectivo.
Desde su nacimiento fue fuertemente cuestionada por las cámaras empresariales, que plantearon su voluntad de poder elegir libremente la modalidad para efectuar pagos y transacciones. A mediados de 2017, un colectivo integrado por la Confederación Empresarial del Uruguay y la Cámara Regional de Comerciantes del Este, al que luego se incorporó Un Solo Uruguay, impulsaron una recolección de firmas para derogar la ley de inclusión financiera.
Los artículos 177 a 184 de la LUC cambian el concepto de “inclusión financiera” por el de “libertad financiera”, en sintonía con la retórica planteada por el colectivo que organizó la recolección de firmas, que anunció que ha detenido el proceso, ya que los cambios de la LUC le resultarían satisfactorios. Los cambios propuestos eliminan la obligatoriedad del pago de salarios en cuenta bancaria, además de volver a habilitar el pago en efectivo de un conjunto amplio de transacciones (honorarios profesionales, tickets alimentación, proveedores del Estado, estaciones de servicio de noche) y de transacciones de alto monto (incrementando el riesgo de lavado de activos, según han comentado varios especialistas).
En 2015, con el objetivo de brindar una regulación integral de los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, el gobierno promulgó la ley de medios.
La gremial que nuclea a los dueños de los medios de comunicación, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), manifestó desde el principio su disconformidad con la ley. Presentó recursos contra 40 artículos y consiguió que la Suprema Corte de Justicia declarara la inconstitucionalidad de algunos de ellos para casos específicos.
El artículo 457 elimina una serie de artículos de la ley de medios, en sintonía con algunos de los planteos realizados por Andebu. Se destacan en particular la eliminación del artículo que limita la propiedad cruzada entre servicios de internet y televisión (que buscaba evitar la concentración empresarial de los medios de comunicación); la preferencia de los servicios de comunicación audiovisual públicos en la asignación de canales, estaciones u otras infraestructuras; el requerimiento de un mínimo de programación nacional realizado por productores independientes; y la distribución de publicidad electoral gratuita en radio y televisión.
La discusión sobre la titularidad de la tierra, en particular la importancia de conocer o no al dueño de la tierra, es de larga data en Uruguay. Una ley de 1965 –impulsada por Wilson Ferreira Aldunate– prohibía que las sociedades anónimas, las sociedades en comandita y las de responsabilidad limitada pudieran poseer tierras. En 1999 se derogó este requerimiento, con lo que se habilitó a sociedades anónimas con acciones al portador a poseer tierra (la argumentación en la Cámara de Senadores de Carlos Julio Pereyra en esa época, en contra del proyecto redactado por Luis Alberto Heber e Ignacio de Posadas, es ilustrativa de una línea de pensamiento que existió dentro del Partido Nacional, que destacaba la priorización del factor humano sobre el económico en la tenencia de la tierra, trazando una línea histórica que conecta con nacionalistas como Daniel Fernández Crespo, Carlos V Puig o Wilson Ferreira Aldunate). En 2007 el gobierno del Frente Amplio volvió a legislar en la dirección de la normativa de 1965, estableciendo que los titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas o sociedades anónimas con acciones nominativas cuya titularidad corresponda a personas físicas, previendo que las excepciones fueran exclusivamente con autorización expresa del Poder Ejecutivo luego de presentar información del proyecto productivo a desarrollar.
Dentro del mundo rural hay intereses contrapuestos sobre este tema. A grandes rasgos, quienes están en contra de la nominatividad plena de los campos son los grandes estancieros, básicamente porque el anonimato de una sociedad de portadores facilita el manejo legal y fiscal de la tierra, dando mayor libertad en el manejo de la propiedad y mayor liquidez al activo; en este sentido, la Asociación Rural del Uruguay se manifestaba en 2006 en contra de la nominatividad de la tierra, planteando que las sociedades anónimas pueden ser un buen instrumento para atraer inversión fuera del sector y que eso podía traer “capitalismo popular”. Por su parte, los pequeños productores tienen temor de que abrir esta posibilidad genere un aumento en el precio de la tierra por la venida de grandes jugadores al mercado de tierras; en este sentido se manifestó esta semana el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, que señaló que un cambio en esta restricción “puede distorsionar los precios de la tierra, haciendo que suban”.
Los artículos 324 y 325 van en la dirección de volver al régimen impuesto en 1999, permitiendo que la propiedad de la tierra esté en manos de sociedades nominativas cuyos titulares sean personas jurídicas.
La LUC es un texto muy amplio. Las corporaciones mencionadas son apenas algunas de las muchas que se pueden identificar, y el lector probablemente note la ausencia de varias. Por ejemplo, queda en el tintero desarrollar la relación entre los intereses de la educación privada y las modificaciones institucionales de la comisión coordinadora de la educación (artículo 157); o de la Bolsa de Valores y la apertura del capital accionario de las sociedades anónimas de las empresas públicas (artículo 241); o de algunos productores rurales y la eliminación del requisito de residencia de las tierras del Instituto Nacional de Colonización (artículo 313); o de las AFAP privadas y la habilitación a los cincuentones a cambiarse de régimen al final de su vida laboral (artículo 357); o de las multinacionales de telefonía Movistar y Claro y la incorporación de la portabilidad numérica (artículos 451 a 456).
Vale aclarar que estas conexiones no invalidan la legitimidad de las propuestas (varias estaban en los programas de gobierno), ni implican que no puedan llegar a coincidir con el interés común, o tener razonabilidad legal (aunque la eliminación lisa y llana de artículos no es la única forma de corregir inconstitucionalidades). Pero sí permiten divisar un tenue hilo que une los diferentes puntos de la LUC y brindan un panorama de la orientación general de las medidas propuestas.
¿Cuál es esa orientación general? Señales de un cambio de época, de un alineamiento de las políticas públicas con otro abanico de corporaciones, que si bien son diversas (Cámara de Industrias, Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Confederación Empresarial del Uruguay, Un Solo Uruguay, Andebu, ARU, AFAP privadas, Bolsa de Valores, multinacionales de las telecomunicaciones) presentan una condición que las une: la propiedad de los medios de producción.
Hace 150 años Marx y Engels, en su estudio sobre la ideología alemana, señalaban que “cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de la universalidad, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta”. Gran parte del éxito de la LUC, y en definitiva del nuevo gobierno, pasará precisamente por transmitir estas medidas como alineadas con objetivos de interés general. Por transmitirlas, lisa y llanamente, como propuestas que no responden a “intereses de clases, ni de cámaras, ni de sindicatos, ni de corporaciones [...]”.
El autor agradece los enriquecedores comentarios aportados en el Grupo de las Jueves (Juntadas de Evaluación Económica y Social).
[Esta es una de las notas más leídas de 2019]
Un extranjero que haya estado en Uruguay en los últimos dos meses seguramente habrá concluido que visitaba un país de oligofrénicos. En octubre, un partido saca casi 40% de los votos y sus militantes están angustiados, mientras que otro partido saca menos de 30% y sonríe y festeja. Un mes después, se da la situación inversa: un partido accede a la presidencia de la república entre caras largas de sus militantes, mientras que a unas cuadras el partido que pierde las elecciones festeja y canta en las calles.
Podríamos explicarle al extranjero los motivos por los que cada uno festejaba o se amargaba en uno y otro caso, pero seguramente se aburra, no entienda y prefiera quedarse con la idea, más interesante y pintoresca, de que ha visitado un país particularmente ciclotímico. “Cosas de las democracias plenas con legalización de la marihuana”, pensará mientras mira por la ventanilla del avión, alejándose de la bella y verde penillanura suavemente ondulada.
Despejado el resultado, terminado este ciclo electoral de 2019, veamos algunos resultados llamativos que nos dejó el balotaje, y nuevas interrogantes que se abren.
Luego de la elección de octubre algunos intuíamos que este balotaje sería el más parejo de la historia.1 Efectivamente, 30.000 votos separaron al Frente Amplio (FA) del Partido Nacional (PN): 47,5% y 48,7%, una distancia muy pequeña, de 1,2% (según datos del escrutinio primario)2. En los anteriores balotajes (ver gráfico 1) las diferencias fueron de entre ocho y 12 puntos porcentuales, muchísimo más grandes que las que se verificaron en 2019.
A diferencia de octubre, cuando las encuestadoras acertaron el resultado, en noviembre todas anunciaron antes de la veda una distancia mayor que la que finalmente se registró entre la fórmula encabezada por Luis Lacalle Pou y la de Daniel Martínez. La sensación de sorpresa del domingo tiene directa relación con el clima generado por las encuestas. Como un déjà vu, vuelven del pasado varias preguntas: ¿a qué se debe que un error se repita de forma sistemática en cinco encuestas diferentes?, ¿existe un efecto coordinación, se producen cambios importantísimos en los últimos tres días (difícil), o hay un sesgo general de estimación? ¿Hay que regularlas, habida cuenta del poder que tienen en la generación de climas de opinión que terminan incidiendo en el accionar de los dirigentes, la militancia y los votantes?
Luego vinieron los anuncios de las encuestadoras el propio domingo. Aquí la clave es entender que los anuncios que pueden surgir de una encuesta no son dos, sino tres: “ganó Martínez”, “ganó Lacalle” o “no puedo decir quien ganó”. Este último sucede cuando las estimaciones son tan cercanas que sus márgenes de error se solapan. Por lo tanto, y aunque parezca extraño, las encuestadoras que el domingo le “embocaron” no fueron las que anunciaron a Lacalle como presidente, por más que haya sido el resultado final, sino las que declararon “empate técnico”. En una elección tan pareja que, fíjese usted, ni la propia Corte Electoral pudo determinar el ganador ese día, si la encuesta da un resultado tajante es porque está mal hecha. ¿Puede acertar? Sí, claro, como también se puede acertar tirando una moneda al aire, pero esto no convierte a la moneda en un procedimiento correcto de estimación.
Más allá de la reflexión sobre las encuestas, si vamos a la sustancia, esta pequeña diferencia en el balotaje dispara algunas interrogantes: ¿cómo tomarán los diferentes partidos este resultado?, ¿con qué espalda entra al gobierno el PN dada esta pequeña diferencia?, ¿en qué medida le viene bien al FA para posicionarse como un actor fuerte y legítimo de oposición?, ¿en qué medida le viene mal, por tentarlo a caer en la autocomplacencia, anulando un proceso de revisión crítica sobre diversos aspectos propios (el accionar del gobierno, de la fuerza política, del candidato y de su campaña), que parecía evidente hacía una semana, habida cuenta de lo que en realidad ha sucedido (perder 200.000 votos, sufrir la primera caída significativa de votación de su historia como partido político y nada menos que perder el gobierno nacional)?
Hace un mes analizábamos “la pecera”, a la que definíamos como la cantidad de personas que no habían votado ni al FA, ni al PN ni en blanco o anulado en octubre. A las peceras de 2009 y 2014 se le agrega ahora la de 2019 (ver gráfico 2).
La conclusión primaria que uno puede obtener es que ambos mejoraron su “capacidad de pesca” con relación a las elecciones pasadas; el PN igualando la performance de 2009 y el FA incluso superando a las anteriores (¿producto de la campaña Voto a Voto?). Estos aumentos tienen como contrapartida la caída de la representación dentro de la pecera de los votos en blanco y anulados (este fue el balotaje con menor crecimiento de los votos en blanco y anulados) o de los que no fueron a votar en segunda vuelta (a diferencia de 2009 y 2014, en 2019 votó la misma cantidad de personas en octubre que en noviembre). Da la sensación de que las peceras fueron atacadas con más ímpetu, con caña de pescar pero también con calderín, red y arpón, logrando que la mayoría de los peces optara por una u otra alternativa.
Podemos ahora dar un paso más, e intentar conocer qué decidieron hacer los peces de Cabildo Abierto (CA) y del Partido Colorado (PC). El que sigue es quizás uno de los resultados más llamativos, porque choca con lo que anunciaban las encuestas y con lo que nos indica el sentido común, por lo que amerita una explicación más detallada.
Una forma de obtener información sobre los movimientos entre octubre y noviembre consiste en realizar lo que se llaman regresiones ecológicas.3 En síntesis, la idea es que a partir de los resultados de los 7.000 circuitos de la elección uno puede hacer una regresión e interpretar las estimaciones de los parámetros como porcentajes de voto de un partido hacia un candidato.
El problema con este tipo de ejercicios es que se puede caer en lo que se denomina “falacia ecológica”, que se deriva de extraer conclusiones individuales a partir de datos agregados. Más allá de las demostraciones econométricas, un ejemplo permitirá transmitir la idea: en el siglo XIX alguien se puso a investigar la relación entre los suicidios y la religión. Analizó datos agregados por barrios y detectó que en las zonas protestantes había más suicidios. Su conclusión entonces fue que los integrantes de esta corriente religiosa eran más propensos a suicidarse. Sin embargo, esta conclusión no era correcta. Lo que pasaba era que los católicos que estaban en los barrios protestantes se sentían aislados culturalmente, y tendían a suicidarse más. Este problema, en donde se infiere de forma incorrecta un comportamiento individual a partir de datos agregados, se conoce como “falacia ecológica”.
Ante este problema uno puede tener dos reacciones: asustarse y no hacer regresiones ecológicas, o hacerlas con cuidado y teniendo siempre en mente el supuesto implícito que hay detrás: que los individuos con determinada característica se comportarán de forma similar en los diferentes circuitos.
De esta forma, asumiendo este supuesto (que en la literatura se conoce como “supuesto de constancia de Goodman”), avancemos con la regresión. Los números que se obtienen nos cuentan, a grandes rasgos, el siguiente relato: la fórmula encabezada por Martínez obtuvo más votos de votantes de CA (alrededor de 30%) que del PC (alrededor de 10%).4 Una pista interesante sobre la que vale la pena seguir profundizando, con técnicas cuantitativas más sofisticadas (metodología de King) o abordajes cualitativos, y que en el futuro haremos con más tiempo y tranquilidad.
De esta pista surgen varias preguntas. ¿Qué relación tiene esta conclusión con la idea de que el apoyo a Martínez aumentó luego del video de último momento de Guido Manini Ríos arengando al Ejército, si la mayor captación –y la que menos habrían detectado las encuestas– fue de CA? ¿Surgió el video como respuesta a una sangría detectada por parte de los dirigentes de CA? ¿Qué capacidad real de “bajar línea” tiene Manini sobre su electorado? ¿Cómo se condice esta conclusión con la noción clásica que todos tenemos en la cabeza del eje izquierda-derecha (que por cierto funciona bastante bien en Uruguay),5 en el que los votantes de CA estarían en la extrema derecha, bien alejados del FA?
Los dirigentes del PN, de forma esperable y razonable, intentan transmitir seguridad como líderes de un nuevo gobierno. Han ganado la elección con un acuerdo firmado con otros cinco partidos, con los que logran sumar una importante mayoría parlamentaria (56 diputados y 17 senadores).
Sin embargo, una mirada estricta sobre la votación del PN contradice esta pretensión de liderazgo nacional. El porcentaje de votos del partido del presidente es el menor de los últimos 100 años, y es además el único por debajo de 30%: 28,6% del electorado para ser exactos (ver gráfico 3). A esto se le debe agregar que por primera vez un presidente necesitará, para aprobar leyes en el Parlamento, establecer alianzas con por lo menos dos partidos (excluyendo al FA como posible partido para establecer dichas alianzas), y además su gabinete estará integrado por personas de tres partidos diferentes.
A la debilidad de representación parlamentaria del partido del presidente se suma la debilidad del resultado en el balotaje. Como muestra el gráfico 4, por primera vez en la historia un presidente obtiene en balotaje un apoyo menor a 50% de los votos (situación que, por cierto, también se hubiera dado de haber ganado Martínez).
Esta inédita situación histórica dispara nuevas preguntas. ¿Es correcto derivar de estos resultados la interpretación de un presidente débil?, ¿qué capacidad tendrá el gobierno de hacer un ajuste con una composición legislativa y ejecutiva multipartidaria?, ¿cómo se comportará la coalición multicolor durante los próximos cinco años? Obviamente es pronto y falta que corra mucha agua por abajo del puente, pero como ya hay gente pensando, vale la pena explicitarlo: ¿qué escenario deja este resultado de cara a las elecciones de 2024?
En el artículo “El balotaje y la pecera”, publicado en la diaria el 1º de noviembre, se puede encontrar esta intuición sostenida en base a análisis de los comportamientos electorales de los dos balotajes anteriores entre el FA y el PN. ↩
Al momento de escribir este artículo no está cerrado el escrutinio departamental, pero más allá de pequeños movimientos en los números, las conclusiones no variarán. ↩
Una explicación detallada puede encontrarse en el trabajo “La bandera y el colibrí”, escrito en conjunto con Manuel Flores, Lucía Selios y Santiago Soto, publicado en el libro sobre las elecciones de 2014 del Instituto de Ciencia Política. ↩
En la edición del martes se presentaron estimaciones similares a partir de muestras realizadas por el equipo de estadísticos que trabaja con la diaria, con conclusiones similares: mayor captación de CA que del PC. Otro resultado que se puede obtener, pero que entiendo menos robusto y por eso lo dejo a pie de página, es que más de la mitad de los votantes de los otros partidos se volcaron por Martínez. ↩
Ver el trabajo Izquierda y derecha: formas de definirlas, el caso latinoamericano y sus implicaciones, de Luis Eduardo González y Rosario Queirolo. ↩
Apenas anunciados los resultados primarios, se percibieron en el país dos grandes sentimientos. El oficialismo sintió un duro golpe con el 39,2% que recibió, a pesar de que se encontraba en el orden de lo que anunciaban las encuestas. Probablemente desconfiaba de esos estudios, dadas las últimas y multitudinarias movilizaciones –sobre todo en Montevideo y Canelones– y la importante subestimación que estos habían cometido en 2014, cuando anunciaban 44% y el resultado fue 48%. El PN, por su parte, festejó el resultado, mirando con un ojo su 28,6%, con el otro el resultado del FA, y calculando en el aire que la suma de sus votos con los del Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) alcanzaba 51%.
Sin embargo, el pasar de los días permite realizar un análisis más sereno de los resultados electorales, que conduce a matizar esta primera impresión, de cara a un balotaje que seguramente será el más competitivo de la historia de Uruguay.
La declaración de apoyo al candidato del PN por parte de líderes de otros partidos resulta sin duda auspiciosa para los dirigentes nacionalistas. Sin embargo, es prudente señalar que no hay una trasmisión mecánica de las definiciones de las cúpulas hacia los votantes.
Quizás el caso más paradigmático en este sentido es el alto apoyo obtenido en esta elección por la reforma constitucional, una reforma que no fue apoyada por ninguno de los candidatos a la presidencia. Estimaciones de la diaria hechas con la proyección de escrutinio indican que ocho de cada diez votantes de CA apoyó la reforma, a pesar de que Guido Manini Ríos se declaró explícitamente en contra. Este fenómeno no es nuevo. Similares conclusiones pueden extraerse en el caso del plebiscito para la baja de la edad de imputabilidad de 2014.
En un artículo que escribimos con Manuel Flores, Lucía Selios y Santiago Soto, publicado en el libro sobre las elecciones de 2014 del Instituto de Ciencia Política (ICP) y elaborado a partir de resultados circuitales, estimamos que 28% de los votantes del PN y 12% de los votantes del PC no había votado el plebiscito. En cuanto al apoyo del PC para noviembre también hay opiniones interesantes: Ernesto Talvi planteaba hace dos meses, en conferencia en ADM, que según sus estimaciones sólo 80% de sus votantes votaría al PN en la segunda vuelta. Estimaciones de Radar y de Opción anteriores a la primera vuelta ubican este valor en niveles incluso inferiores (cercanos a 70%). Finalmente, un nada despreciable 5,4% votó por alguno de los siete partidos restantes, un conjunto a priori bastante heterogéneo.
Adicionalmente, si bien el supuesto más sencillo y lógico es que todos los que votaron al FA y al PN repetirán su decisión en noviembre, no necesariamente esto sucede en 100% de los casos. En el artículo sobre las elecciones de 2014 referido anteriormente encontrábamos indicios que sugerían una mayor capacidad de retención de votantes del FA que del PN entre octubre y noviembre.1 Adicionalmente, el aumento del FA entre octubre y noviembre de 2014 en los departamentos de mayor arraigo del wilsonismo permite pensar en cierta fuga de votos del PN en la segunda vuelta.
De esta forma, lo más razonable es suponer que la definición de los líderes no se trasmite directamente a las decisiones de sus votantes. La pregunta del millón es cuánto se trasmite. Por tanto, y mientras esperamos datos de las encuestas de opinión (ha circulado una encuesta de Equipos que indicaba una leve ventaja de Martínez, pero que la propia consultora ha planteado que no se tome en cuenta por haber sido hecha antes de octubre), veremos en el siguiente apartado una forma de acercarnos al cuánto y, por ende, al resultado del balotaje.
Las elecciones nacionales de octubre tuvieron tres grandes resultados, de los cuales en estos días se han destacado sobre todo dos: la caída del FA (de 48% a 40%) y la irrupción de CA (de no existir a tener 12% de los votos)3. La tercera gran diferencia es el aumento de “la pecera”: los votantes que no optaron en primera vuelta por ninguna de las dos opciones que pasaron al balotaje. Mientras que en 2014 el tamaño de la pecera fue de 21%, en 2019 fue de 32%: 685.000 personas que no optaron por el PN ni por el FA, 258.000 votos más que en 2014.
Como decíamos, en todas las elecciones el pasaje a segunda vuelta no es una trasmisión mecánica de las definiciones de las cúpulas hacia los votantes. Una posible forma de proyectar lo que puede ocurrir de cara a noviembre es ver qué ha sucedido con la pecera en otras elecciones y aplicarlo a esta. ¿Qué decisiones puede tomar en noviembre un votante de la pecera? Una de cuatro: votar al FA, votar al PN, votar anulado o en blanco, o no ir a votar.
En particular, la historia recoge dos balotajes entre el FA y el PN: en 2009 y en 2014. ¿Qué sucedió con la pecera en dichas elecciones? En 2009, 20% votó al Frente Amplio, 70% votó al Partido Nacional, 6% votó en blanco o anulado y 4% no fue a votar. En 2014, 25% votó al FA, 52% votó al PN, 11% votó en blanco o anulado y 12% no fue a votar.4
Si uno aplica el comportamiento de las elecciones anteriores sobre la pecera de 2019 encuentra resultados contrapuestos: si ese 32% que conforma la pecera vota como en 2009, entonces el PN ganaría el balotaje; si vota como en 2014, ganaría el FA (ver gráficos). En ambos casos, ganarían con porcentajes muy ajustados, de 48% y 52%, mucho más ajustados que en los anteriores balotajes, que fueron de 45% y 55%.
En definitiva, lo que se avizora para noviembre es el balotaje más ajustado de todos los que ha habido, y los números finales definirán según cómo se responda a un conjunto de preguntas. ¿Qué capacidad de pesca tendrá cada partido? ¿Qué características tienen los peces de 2019, en contraposición a los de 2009 y 2014? ¿Cómo desarrollará cada partido su estrategia ante la heterogénea pecera a la que se enfrentan? ¿Qué características tienen las cañas de pescar? ¿Qué capacidad (y voluntad) de alinear a sus votantes tendrán los dirigentes de los partidos que no accedieron al balotaje? ¿Cuánto pesará la comparación de candidatos a presidente, sus características personales y sus niveles de simpatía y antipatía? ¿Cuánto pesarán –al decir de Óscar Botinelli– los sentimientos anti FA o anti Lacalle en los votantes de la pecera? ¿Cuánto pesará la comparación de proyectos de gobierno?
Utilizo la palabra “sugerían” porque estos indicios surgen de estimaciones a partir de regresiones lineales sobre datos circuitales, y por lo tanto hay que tener cuidado con lo que la literatura denomina “falacia ecológica”, problema que es pasible de ser matizado con técnicas alternativas de estimación (modelo de King) pero cuyo desarrollo excede las posibilidades de esta nota. ↩
En paralelo a la redacción de este artículo, Andrés Reyes ha seguido en Twitter el mismo razonamiento aquí indicado, alcanzando las mismas conclusiones. ↩
Fenómeno que confirma la tendencia ya identificada por Pablo Mieres en el libro del ICP sobre las elecciones de 2014: el aumento, elección tras elección, de los votos que no corresponden ni al FA ni al PN ni al PC (pero, evidentemente, en una dirección que ni él ni nadie preveía). ↩
Estos cálculos tienen como supuesto implícito que todos los que votaron al FA, al PN o en blanco o anulado en octubre repiten su decisión en noviembre. ↩
“El ministro de Hacienda, José Serrato, que estaba mucho más cerca de Batlle que Acevedo, tenía un método diferente al de este sobre cómo llevar a cabo el desarrollo económico. [...] Ese éxito demostraba que el Estado era eficaz y productivo al manejar tanto el crédito como la industria, y servía como justificación del programa de Batlle de establecer más empresas nuevas”. Milton Vanger (1980), El país modelo.
Un Cerro Chato, un Arroyo Seco, un Penal de Libertad. Un estadio Charrúa en medio del Parque Rivera. Un Fata Delgado que está cada vez más gordo. Un grupo musical con muchísimos seguidores y “me gusta” en las redes sociales que se llama No Te Va Gustar. Un hermoso balneario con playas de agua salada llamado Aguas Dulces. Una Isla de Flores donde no hay ni una margarita. Y finalmente, como pináculo de este ejercicio de absurdo nacional, una escuela superior de vitivinicultura llamada Tomás Berreta.1
El idioma español reserva el término “oxímoron” para estas expresiones formadas por conceptos contrapuestos. Quizás sea porque estamos tan acostumbrados, quizás sea por nuestra capacidad nacional de manejar con soltura este tipo de artefactos retóricos, que en la campaña aparece, sin ningún tipo de rubor ni reparo, una paradójica forma en el discurso político: el “batllismo liberal” de Ernesto Talvi.
Advertir esta rareza no es novedad. Muchos confiesan lo extraños que se sienten al utilizar el término “batllista” para referirse el ex director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), uno de los principales think tanks liberales de Uruguay (un amigo me dice que es como si en 2024 Daniel Olesker se tirara a la presidencia proclamándose neoliberal y confesando una idolatría por Ramón Díaz). Extrañeza que más de uno ha acentuado a la luz del manifiesto liberal explicitado por Ana Zerbino, su referente en el área económica.2
Sin embargo, este artículo no profundizará en el candidato, sino en el programa del Partido Colorado: un documento de 288 páginas en una edición agradable, colorida y cuidada, encabezada con una cita de José Batlle y Ordóñez –“Yo pienso aquí en lo que podríamos hacer para construir un pequeño país modelo”–, extraída del mismo libro del epígrafe que inicia esta nota. En particular, me detendré en tres puntos neurálgicos del programa: la propuesta de no renovación de vacantes, el abordaje de la seguridad social y la tesis central que recorre el programa. Sin ánimo de spoilear, me animo a adelantar que el hilo conductor de las propuestas es, en el fondo, el mismo: el retroceso del Estado de la actividad pública.
Antes de comenzar, le pediré que haga un ejercicio mental. Cuando lea las palabras “funcionario público”, haga un esfuerzo por no imaginar a Gasalla, por olvidar aquella vez que esa señora lo increpó por no haber traído el timbre profesional de 134 pesos para el formulario A-345 (¿cómo no lo sabía?), ni rememorar aquella larga cola de espera hasta llegar a ese señor pelado que, acomodándose los lentes y sin mirarlo, le dijo que no había más números para atender ese día (¿por qué no vino antes?). Piense en la maestra de sus hijos, en la doctora que en este momento atiende a su abuela, en el policía que patrulla. De esta forma podré trasmitirle con mayor facilidad algunas ideas y además será –en definitiva y a pesar de lo que nos han insertado en el cerebro durante años– una representación más cabal de lo que es un funcionario público (55 de cada 100 vínculos públicos corresponden a las áreas de educación, salud y seguridad).
Dice el programa: “Si no reponemos 6.000 vínculos que terminan por año de personas jubiladas, destituidas o fallecidas podemos alcanzar ahorros de hasta 1.000 millones de dólares sin resentir la calidad de los servicios públicos y sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores”. En declaraciones públicas se sube la apuesta y se habla de 9.000 vacantes que no se cubrirían. Este punto también forma parte del programa del Partido Nacional en su shock de austeridad; pero si aquel era un shock, este es un electroshock.
Sobre la cantidad óptima de funcionarios públicos hay diferentes opiniones. Está perfecto, es una discusión válida e interesante, siempre y cuando se base en evidencia y no en preconceptos. En este sentido, sería bueno que se tuvieran en cuenta algunos elementos.
Primero, si se analizan con seriedad las vacantes anuales y la distribución de funcionarios públicos por área, se concluye que no es posible cumplir los objetivos de no cubrir vacantes sin afectar las áreas de educación, salud y seguridad. Salvo que se piense, por ejemplo, en eliminar totalmente la administración central. Una de dos: o no se cumple el objetivo de las 9.000 vacantes o se reducen los funcionarios de estas áreas vitales.3
Segundo, Uruguay no tiene un nivel de funcionarios públicos alto en la comparación internacional: 17% del total de trabajadores en Uruguay, contra 18% en promedio en los países desarrollados.
Tercero, Uruguay ha disminuido (sí, disminuido) la cantidad de funcionarios públicos como porcentaje de los trabajadores totales (en 1996 era de 21%), básicamente porque ha aumentado significativamente la cantidad de trabajadores en la economía. Incluso estando hoy en un momento complicado en cuanto al dinamismo del mercado de trabajo, Uruguay tiene más personas trabajando que en cualquier año que usted elija desde la restauración democrática hasta 2005.
Cuarto, los funcionarios públicos efectivamente han aumentado en números absolutos. De los 65.000 más que tiene Uruguay de 2005 a esta parte, 60.000 fueron para las áreas educación, salud y seguridad; por su parte, disminuyó (sí, disminuyó) la cantidad de empleados en la administración central y en el Ejército.
Por lo antedicho, la tan escuchada frase “pensamos que es terrible el aumento de funcionarios públicos de estos últimos años, pero no pensamos reducir los funcionarios en las áreas de salud, educación y seguridad” resulta una contradicción en sí misma, una más para la colección nacional. ¡Si es precisamente en esas áreas donde se incorporaron los nuevos funcionarios!
El capítulo sobre seguridad social, sin dudas un tema de meridiana importancia, se divide en dos pilares. El primero, el de reparto, plantea una modificación global del sistema, introduciendo cuentas nocionales, una jubilación mínima, una modalidad de retiro gradual y el cálculo de una edad jubilatoria atada a la esperanza de vida. Ameritarían una columna específica y mayor detalle en los parámetros para poder hacer una evaluación completa, por lo que omitiré realizar un comentario sobre este pilar (los economistas Braulio Zelko y Jimena Pardo, verdaderos expertos en la materia, virtieron comentarios muy interesantes en la entrevista publicada en la diaria de ayer).
Lo que resulta bastante preocupante es el segundo pilar, correspondiente al ahorro individual que administran las AFAP. Dice el programa: “La comisión máxima del sistema será el promedio simple de las comisiones del trimestre anterior más un 50% (en lugar de la comisión mínima del trimestre anterior más un 50%) de manera de no favorecer a ninguna AFAP”.
Contextualicemos: en 2017 se introdujeron cambios para regular las ganancias de las AFAP –enormes, las mayores de Latinoamérica– mediante la imposición de topes. La medida concreta fue que la comisión máxima no fuera mayor a 50% de la comisión mínima, con un cronograma gradual de aplicación, lo que está generando una importante disminución de las comisiones de las AFAP privadas (en ese momento las comisiones de las AFAP privadas eran de entre el doble y el triple que la mínima, la de República AFAP).4
La propuesta del Partido Colorado es cambiar la regla del tope, y que sea de 50% del promedio en lugar de 50% del mínimo. Vamos, ¿qué puede generar este pequeño cambio, poner “promedio” en vez de “mínimo”? Bueno, este cambio inocente, técnico, nerd, tiene como resultado concreto e inmediato la eliminación del tope a las comisiones de las AFAP. El cambio en el cálculo del tope beneficia directamente a las AFAP privadas, otorgándoles ganancias mayores a las normales, y perjudica a las jubilaciones futuras, en particular a las de personas jóvenes y de menores ingresos.5
Esta sección también introduce otra normativa que beneficia a las AFAP privadas y perjudica a los afiliados. Dice el programa: “la asignación de oficio –la asignación de una AFAP a un nuevo contribuyente que no eligió una en particular– se realizará a aquella que tenga mayor rentabilidad neta”. Aquí la clave es que al inicio de la vida laboral (repito y subrayo: al inicio de la vida laboral) la decisión óptima para un usuario es elegir la AFAP con menor comisión; así, por suerte, lo entendió el legislador y lo estipuló en la Ley 19.162 de 2013. Como la AFAP con menor comisión es la estatal, y a ella van los afiliados de oficio, las AFAP privadas protestan.
Finalmente, vale destacar que ambas propuestas figuran también en documentos de ANAFAP, la asociación de AFAP privadas en Uruguay. En particular en un documento que, haciendo honor a la colección de oxímoron de este pequeño gran país, se titula “Competencia en el mercado de las AFAP” y es realizado por tres empresas que coluden en el mercado.
Por supuesto que casi 300 páginas de programa de gobierno incluyen muchas propuestas muy interesantes y compartibles. La creación de un comité fiscal independiente, cambios en la lógica de diseño presupuestal, cambios en la gobernanza de las empresas públicas, la incorporación de economía del comportamiento a la evaluación de políticas públicas son elementos que –al menos para este humilde cronista– resultan buenas propuestas de política pública, en algunos casos incluso coincidentes con líneas de trabajo vigentes en la actualidad.
Sin embargo, más allá de algunas propuestas puntuales, una tesis central recorre el documento. Se la puede encontrar en las referencias a la relación entre déficit fiscal y atraso cambiario (página 9) –denominada como “la madre del borrego en la pérdida de competitividad”, y a mi entender incorrecta desde el punto de vista técnico, ya que para ver este efecto debe atenderse más el déficit primario que el déficit global, pero no quiero aburrir–. También se la puede encontrar en las menciones a la carga impositiva (página 20) –en particular en contra del IRPF y sin hacer ninguna referencia al IVA en todo el programa– o las tarifas públicas (página 100). De estos diagnósticos se deriva un conjunto de propuestas, como la disminución de funcionarios públicos o la desregulación de las comisiones a las AFAP ya comentadas, pero también la disminución de la regulación del sistema financiero para los actores “de mayor experiencia” (página 28), la desregulación de la actividad bancaria bajo el diagnóstico de que hay “sobrerregulación” (página 29) o modificaciones en la regulación y legislación laboral, reduciendo la negociación a nivel de empresa y limitando las competencias de los Consejos de Salarios a la fijación de salarios mínimos por categoría (página 94).6
Olvidemos por un momento el hecho de que no haya, en ninguna parte del documento, ni una mención a las crisis económicas de Argentina y Brasil (el peor escenario económico regional de la historia contemporánea) como elemento explicativo de la desaceleración económica (llamativo en un programa realizado por técnicos capacitados), para ir directamente al punto central: el hilo conductor que atraviesa el programa, brotando de tanto en tanto en las propuestas, es una lucha, un hastío, un desencanto, un enfado con el accionar estatal.
Más allá de la razonabilidad que pueda tener o no este hastío, una cosa es segura: no es, ni de cerca, un reflejo batllista. De esta forma, una vez leído el programa, el concepto de “batllismo liberal” ya no se configura solamente como una figura retórica pintoresca; es directamente un imposible. El batllismo, que en este programa del Partido Colorado empieza en la página 1, también termina en la página 1.
Volvamos el foco, para terminar, nuevamente al candidato; olvidemos definitivamente su mote de “batllista” para centrarnos en su autodefinición como “liberal y progresista”.
Si uno observa datos de encuestas de opinión detecta algunas grandes tendencias en los últimos 20 años: el aumento de la idea de que la gente paga muchos impuestos, de que el IRPF es malo, de que no es esencial para la democracia cobrar impuestos a los ricos para subsidiar a los pobres y de que los pobres son pobres porque son vagos.7 Si se quiere, un aumento de la idea de que la deriva vital de cada uno es más responsabilidad del esfuerzo personal que de las circunstancias, una disminución de la importancia que debe tener el Estado en los asuntos públicos. Un avance hacia lo liberal.
Por otra parte, y sin haber analizado encuestas pero considerando algunos cambios recientes en el debate público, la adhesión creciente a nuevas movilizaciones multitudinarias (marcha de la diversidad, marcha feminista del 8 de marzo) y la escasa convocatoria a algunos referéndums (contra la ley de despenalización del aborto, contra la ley trans), me permito arriesgar que también hay un avance en un conjunto de nociones sociales: las ideas de que debe aspirarse a una igualdad entre el hombre y la mujer y que dicha igualdad no se cumple hoy en día, de que las personas deben tener derecho a decidir sobre su identidad sexual o de género, de que las mujeres deben ser libres para interrumpir su embarazo de forma segura y sin ser condenadas por ello y de que las configuraciones familiares que no son necesariamente papá-mamá-hijos también son válidas. Lo que algunos llaman un avance de la “agenda de derechos”. Un avance hacia lo progresista.
Desde este punto de vista, el ascenso de una figura autodenominada liberal y progresista no es solamente un detalle comunicacional, sino la manifestación misma de un movimiento en el sentido común uruguayo, en la hegemonía cultural, en aquello que Antonio Gramsci llamaba el folclore de la filosofía. Comprender la aparición de Talvi y su prédica liberal y progresista como una consecuencia más profunda de movimientos en el sentido común, de años, es vital para entender su ascenso y posibilidades de éxito.
Me pregunto entonces si quienes discrepamos con esta perspectiva, más que mostrar que no es razonable que un programa de gobierno se considere batllista cuando tiene un eje estructurador liberal, no deberíamos focalizar en cómo lograr que la población se vuelva a identificar con un programa de características batllistas, progresista y no liberal.
Sé que estará pensando, estimado lector, si cerrar esta nota justamente con este pensamiento no representa una incongruencia, una contradicción, una zancadilla al punto central de todo el artículo. Yo creo que no, que se pueden hacer las dos cosas, pero en última instancia tampoco me quita el sueño: sé que terminar de esta forma no representa un problema para nosotros, hombres y mujeres acostumbrados a manejar este tipo de ingenios, felices habitantes del pequeño gran país de los oxímoron.
Marciano Durán tiene una nota específica en la que recopila muchísimos más de estos casos. ↩
Ver, por ejemplo, el artículo del economista Federico Araya. ↩
Para ver un análisis más detallado puede recurrir al artículo “Volveré y seré 900 millones”. ↩
En diciembre de 2017 escribimos con Santiago Soto un artículo sobre esta acertada medida de política pública. ↩
Para profundizar en este punto recomiendo un hilo de Twitter del 2 de agosto del economista Hugo Bai (@hbaialfa), máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones. ↩
Sobre el tema laboral recomiendo este excelente artículo del profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Udelar, Hugo Barreto Ghione. ↩
En el artículo La batalla por el sentido común puede encontrarse un análisis más detallado sobre este movimiento. ↩
Como también se puede ver en las tardes uruguayas, el director de un jardín de infantes de Medio Oriente se enfrentaba a diario a un problema recurrente: los padres llegaban tarde a buscar a sus hijos. Un día sí y otro también, a las cuatro de la tarde uno podía ver en el patio del jardín a maestros y niños ya con las mochilas puestas, con cara de aburridos, sentados en un banco esperando la llegada de algún padre demorón.
Al director entonces se le ocurrió una brillante idea: ponerles una multa a los padres que llegaran tarde, bajo la hipótesis de que para evitar la multa llegarían en hora. Sin embargo, para desesperación del director, las cosas no salieron como esperaba: la existencia de la multa generó un aumento significativo de las llegadas tarde. ¿Qué pasó? Los padres comenzaron a considerar llegar tarde como un “derecho” por el que pagaban. Luego de unas semanas se eliminó la multa y, para mayor desesperación del director del jardín, los padres se mantuvieron llegando tarde, más tarde incluso que antes de poner la multa.1
Esta experiencia permite ver cómo una conclusión básica de la economía tradicional (si uno pone una multa a una acción desincentivará la realización de la acción) puede no ser siempre correcta. El ser humano es, por suerte, un bicho complejo que no se amolda exactamente al modelo clásico, y entre esas grietas del Homo economicus surge lo que actualmente se llama economía del comportamiento.
La economía del comportamiento es un campo de estudio en rápido ascenso dentro de la economía. Los premios Nobel en Economía a Daniel Kahneman en 2011 y a Richard Thaler en 2017 señalan la creciente influencia de este campo, que utiliza conceptos de la psicología para explicar el comportamiento de las personas. En pocas palabras, resalta el peso específico de nuestras percepciones e impulsos y del contexto que enfrentamos al momento en que las personas tomamos decisiones, llevándonos, muchas veces, a comportamientos inconsistentes a los ojos de las predicciones de la economía tradicional. Esta información es de interés para el diseño de políticas públicas, pues pone en el centro de la atención el comportamiento de los ciudadanos.
El crecimiento de proyectos y áreas de aplicación dentro del sector público ha impulsado la generación de unidades especializadas en economía del comportamiento en muchos gobiernos. Conformadas por equipos multidisciplinarios de economistas, psicólogos, sociólogos y especialistas de comunicación, estas unidades orgánicas se mantienen cerca del proceso de toma de decisiones de los poderes ejecutivos tanto a nivel nacional como local. Desde los equipos de economía del comportamiento en Inglaterra (Behavioral Insights Team o Nudge Unit del gobierno inglés) y en Estados Unidos (Social and Behavioral Science Team en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama) se diseñaron proyectos exitosos para aumentar la participación de trabajadores en programas de ahorro previsional, reducir la tasa de contribuyentes morosos o mejorar el acceso a la información para proveedores sobre procesos de compras del Estado, entre otros.
Si bien Uruguay cuenta con una rica experiencia a nivel académico, la aplicación de las lecciones de la economía del comportamiento a las políticas públicas a nivel gubernamental es reciente y novedosa, teniendo un hito fundamental en el lanzamiento del Laboratorio de Políticas Públicas en febrero de este año.2
Bajo el diagnóstico de que ya existen capacidades instaladas en el país sobre este tipo de metodologías, fundamentalmente en la academia, se lanzó una convocatoria abierta a ideas de investigación. La oferta de colaboración por parte del laboratorio es económica para las ideas de la academia, y de apoyo técnico y de capacitación para los organismos públicos, en este último caso con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e investigadores de la Universidad Torcuato Di Tella.
Superando las expectativas iniciales, se recibieron 27 ideas de investigación, pertinentes y de muy buena calidad, en diversas áreas de política pública: salud, energía, educación, seguridad, infancia y adolescencia, trabajo, movilidad urbana y participación ciudadana, entre otras. Algunos proyectos ya han comenzado a trabajar en el diseño, esperando tener resultados concretos en el transcurso del siguiente año.
Las ideas presentadas a la convocatoria realizada a principios de año cubrieron un amplio espectro de problemas, todos de sumo interés para la mejora de las políticas públicas.
En materia energética, ¿cómo mejorar el etiquetado de eficiencia energética para que sea más entendible e influya en las decisiones que toman los consumidores? ¿Qué políticas son más eficientes para reducir la informalidad en el consumo de energía eléctrica de UTE?
En temas impositivos, ¿cómo mejorar la gestión tributaria y la comunicación con el contribuyente? ¿Cómo se construye la visión de los ciudadanos con respecto a los impuestos, en particular en relación con el IRPF?
En cuanto a la infancia y adolescencia, ¿cuáles son las mejores estrategias para contribuir con las competencias parentales y el desarrollo infantil de los niños y niñas? ¿Cómo mejorar, mediante tutoría entre pares y mensajes específicos, el egreso de adolescentes de los hogares residenciales del INAU?
En la órbita de la salud, ¿qué estrategias desarrollar para disminuir el ausentismo de los pacientes a citas médicas programadas? ¿Cómo mejorar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes VIH positivo del Fondo Nacional de Recursos? ¿Cómo fomentar el consumo de alimentos saludables por parte de los individuos?
Sobre el mundo del trabajo, ¿qué estrategias desarrollar para fomentar el uso de licencia de medio horario en el caso de los padres varones? ¿Cómo mejorar la elección de los trabajadores a los cursos que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación?
Finalmente, una variedad de preguntas sobre diversos temas. ¿Cómo mejorar la movilidad urbana, en particular incentivando el uso de buses eléctricos? ¿Cómo incidiría la publicación del desempeño de las industrias de Montevideo en materia de efluentes industriales en el cumplimiento de los estándares de vertido? ¿Qué impacto tienen los municipios en la participación ciudadana? ¿Cómo mejorar el proceso de decisión sobre la prisión preventiva en base a modelos de machine learning? ¿Cómo es el proceso de incorporación de innovaciones tecnológicos por parte de productores ganaderos?
Desde el laboratorio se apuesta a la participación activa de universidades y centros de estudio en el país y en la región como socios para generar aprendizajes y conocimiento sobre qué tipo de soluciones funcionan en políticas públicas. Este enfoque moderno, que combina saberes expertos, experimentación e intervenciones públicas de calidad, constituye un componente clave para fortalecer la eficacia (que las políticas cumplan los objetivos que se plantean) y la eficiencia (que utilicen los recursos de la mejor forma posible) en el desarrollo de las políticas públicas que necesita Uruguay para avanzar en desarrollo.
La mejora en la calidad del gasto, un componente medular en la formulación de políticas públicas, que se encuentra crecientemente presente en el debate público y que implica grandes desafíos, implica una revisión constante de nuestras prácticas de evaluación y monitoreo. Administrar responsablemente recursos públicos implica atender las dinámicas específicas de cada área política, procurando que las decisiones estratégicas sean tomadas en base a evidencia.
La semilla para la puesta en práctica y consolidación de una unidad de economía del comportamiento en Uruguay al estilo de las Nudge Units de países más avanzados ha sido sembrada, sumándose a redes cada vez más profusas de mecanismos de evaluación y monitoreo de políticas públicas. Aprovechando las capacidades ya existentes en la academia nacional, fortaleciendo a los equipos técnicos de los organismos públicos y consolidando a un equipo de expertos en economía del comportamiento, Uruguay comienza a disponer de una nueva herramienta para la evaluación y mejora de las políticas públicas, buscando de esta forma convertirse en uno de los pioneros de la región en esta materia.
Florencia López Boo es especialista líder de Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Gastón Gertner es investigador asociado del Centro de Políticas basadas en la Evidencia de la Universidad Torcuato Di Tella. Santiago Soto es subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Fernando Esponda trabaja como asesor de dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Gneezy, Uri y Rustichini, Aldo (2000): “A Fine Is a Price”, en Journal of Legal Studies, vol. 29, Nº 1, pp. 1-17. ↩
Allá por noviembre de 1781 Julián Apaza, mejor conocido como Túpac Katari, líder del mayor levantamiento indígena del siglo XVIII, fue apresado en el Alto Perú por el ejército español. En una decisión digna de Gavazzo, el juez Francisco Tadeo Díez de Medina lo condenó a morir descuartizado por cuatro caballos que tiraran en direcciones opuestas. Antes de morir pronunció una frase que quedó para la posteridad: “Podrán matarme… pero volveré y seré millones”.
Posteriormente, Howard Fast puso la expresión en boca de Espartaco, en su novela publicada en 1951 y luego llevada a la pantalla grande por Stanley Kubrick. Más cerca, del otro lado del charco, la liturgia peronista asigna la frase a Eva Duarte de Perón, quien en sus últimos días de vida se la habría dicho a sus descamisados.
En esta campaña electoral hay varias cifras en danza. Una de ellas parece seguir la tradición iniciada por Túpac Katari: “Volveré y seré 900 millones”, nos dice el shock de austeridad del programa de gobierno del Partido Nacional que, desde el fondo de los tiempos, anuncia poner fin al despilfarro del gasto público.
El shock de austeridad está compuesto por un conjunto de medidas que generarían un ahorro de 900 millones de dólares. Gran parte de estas cifras son difícilmente analizables por la vaguedad con que son enunciadas (348 millones en empresas públicas con “eliminación de tercerizaciones duplicadas, racionalización de actividades y eliminación de gastos duplicados y superfluos”; 100 millones a partir de “cambios sustanciales en la formulación de proyectos”; 220 millones en “otras líneas de ahorro”). Pero hay una más concreta que se puede analizar: la referente al shock de ahorro en salarios. La propuesta dice: “Gasto en salarios: En 2017 hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos por todo concepto (fallecimiento, destituciones, renuncias o abandono del cargo, finalización de contratos a término, jubilaciones y otros motivos). Si no se cubrieran anualmente el 21% de estas vacantes, se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año (lo que representa un acumulado de 500 millones en el quinquenio). Queda excluido de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior.”1
Vayamos paso a paso. Es sencillo chequear el primer dato, a partir de los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).2 Efectivamente, el número de bajas de 2017 fue 26.166. No cubrir 21% de esta cifra implicaría no cubrir unas 5.500 bajas. Ahora bien, agarremos el bisturí y empecemos a diseccionar esta cantidad de bajas según organismo, hilando más fino para ver efectivamente de qué funcionarios estamos hablando.
La mitad de las bajas correspondieron a la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, organismos en los que la propuesta no se aplicaría. Por lo tanto, de las 26.000 bajas iniciales pasamos a 13.000.
De estas 13.000, 3.800 bajas corresponden a gobiernos departamentales. No soy abogado, pero entiendo que legalmente el gobierno nacional no podría imponer este tipo de regla a las intendencias. Además, si uno se toma el trabajo de comparar los datos de 2017 y de 2016 puede ver que de las cinco intendencias que más aumentaron sus funcionarios públicos, cuatro son blancas (Maldonado, San José, Artigas, Cerro Largo).3 Así que tampoco parece demasiado prometedora la aplicación de una regla de este tipo allí... De los 13.000 cargos, ya nos quedan sólo 9.200.
De estas 9.200 bajas, 2.700 son del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se relaciona la idea de no renovar estos cargos con la propuesta de crear una Guardia Nacional compuesta precisamente por militares? ¿Es compatible proponer no cubrir estos cargos militares (2.700) y al mismo tiempo no apoyar la disminución de generales y coroneles (72 cargos)? Mmm... los 9.200 cargos se convierten en 6.500.
Paremos aquí la disección: nos quedaron 6.500 vacantes, de las cuales tenemos que no renovar a 5.500. Difícil para sagitario.
De esto se derivan tres posibilidades lógicas: la primera, que no se cumpla la regla; la segunda, que se cumpla la regla de no renovar 5.500 cargos pero incluyendo al personal de áreas asistenciales, personal docente y del Ministerio del Interior; la tercera, que se cumpla la regla y que efectivamente de los 6.500 cargos no se renueven 5.500. Esto implicaría que nueve de cada diez vacantes de los ministerios, las empresas públicas y otras reparticiones estatales no serían cubiertas. Nótese la importantísima diferencia entre no renovar a una de cada cinco bajas (como induce a pensar inicialmente la propuesta) y no renovar nueve de cada diez (equivalente a bajar la persiana y no permitir casi ningún ingreso a estas reparticiones).
El análisis recién realizado, humilde, sencillito, de almacenero, es perfectible y también un poco peleador. Intenta ilustrar cómo algunas propuestas, aparentemente razonables, pueden tornarse radicales cuando se las analiza con un poco más de detalle.
Pero ni siquiera es el centro de la cuestión. Más allá de las debilidades técnicas de la propuesta, resulta interesante analizarla desde un nivel superior, más político o filosófico. Su potencia no radica en si son uno de cinco, dos de tres, nueve de diez o diez de diez, sino en el mensaje que subyace y en la fibra básica del sentido común que vibra ante su enunciación: la idea de eliminar el “asfixiante peso del Estado”. Este peso suele manifestarse en dos variables: la magnitud del gasto público o la cantidad de funcionarios públicos.
Sobre la primera variable, el gasto público, debe decirse que no hay un número mágico, un óptimo técnico. Los economistas tenemos, aunque parezca inverosímil y queramos ocultarlo, un órgano que habita en nuestro pecho, allá abajo de la corbata, la camisa, la piel y los huesos. Algo rojo que late, palpita, se mueve y nos da corazonadas. Luego revestimos esta intuición con argumentos, palabras extrañas, papers, y si es posible algunas fórmulas matemáticas complejas, pero en el fondo lo que tenemos es una simple y humilde corazonada: la creencia en el Estado o en el mercado como instrumentos para solucionar problemas económicos y sociales. La dimensión óptima del gasto público es, por tanto y antes que nada, una definición ideológica.
Y en esta dimensión no hay evidencia concluyente. Si se toman todos los países del mundo y se cruzan los valores del Índice de Desarrollo Humano con el tamaño del gobierno se encuentra una relación positiva (a mayor tamaño del gobierno mayor desarrollo humano), aunque esto pierde significancia si se controla por otras variables. Tengo un amigo de corazón socialdemócrata que, para pelear a otros amigos de corazón liberal, propone el siguiente ejercicio. Supongamos que Dios le da la posibilidad, antes de nacer, de decidir en qué país le tocará nacer y vivir. Para eso usted tiene que elegir uno de dos bolilleros con diez países. El primer bolillero tiene a Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Francia, Argelia, Grecia y Noruega; el segundo bolillero a Guatemala, Sudán, Líbano, Hong Kong, Bangladesh, Honduras, Filipinas, Haití, El Salvador y Bahrein. ¿Qué bolillero elegiría? ¿Está seguro? Bueno, me parece perfecto. En el primer bolillero están los países con mayor tamaño del Estado, mientras que en el segundo figuran los países con menor tamaño del Estado.
La segunda manifestación del peso del Estado es la cantidad de funcionarios públicos y la idea de que son excesivos, que han crecido desmedidamente durante los últimos años y que son sumamente ineficientes. Desde una concepción liberal y afirmándose en experiencias que todos hemos llegado a vivir en carne propia (hace un par de meses tuve que hacer un trámite público en un lugar del que salí despotricando contra el Estado de una manera que ruborizaría al propio Milton Friedman), Antonio Gasalla y Norma Pons nos estimulan, al grito de “se van para atrááááás”, a desear la menor cantidad de funcionarios públicos posible.
Sobre este aspecto, vale la pena acotar que, si bien es cierto que la cantidad de funcionarios públicos ha aumentado en los últimos tiempos (la cifra de vínculos laborales con el Estado entre 2005 y 2017 aumentó en 65.000, de los cuales 60.000 fueron en las áreas de educación, salud y seguridad), también es cierto que la contribución del empleo público a la ocupación total ha tenido una disminución en el tiempo. Según datos de la ONSC, en el año 1996 21% de los trabajadores eran trabajadores públicos. Dos décadas después, en 2017, este valor es de 17%.
¿La cifra actual es excesivamente alta? Bueno, nuevamente la respuesta depende de la visión que se tenga del rol de Estado, la educación pública, la salud pública, la existencia o no de empresas públicas en determinados sectores de la economía, la regulación del mercado o el tamaño de las fuerzas de seguridad. Más allá de estas definiciones, siempre viene bien tener un panorama internacional. Si uno observa los datos de los países desarrollados encuentra una amplia variedad de situaciones, yendo desde entre 28% y 30% (Noruega, Dinamarca, Suecia) a entre 5% y 10% (Japón, Corea, Suiza). El promedio es de 18%, un punto porcentual más que el valor de Uruguay.
¿De lo anterior se desprende que el número de funcionarios actual es adecuado o que no hay que hacer nada a nivel fiscal? No, en absoluto. Uruguay tiene en el déficit fiscal su principal problema macroeconómico, y es importante que se ubique en niveles inferiores para asegurar una trayectoria sostenible de la deuda pública. Sin embargo, las propuestas de disminución del déficit deberían, antes que nada, comprender la dinámica del déficit fiscal en los últimos tiempos: gran parte del dilema fiscal se juega en la cancha de la sostenibilidad del sistema de seguridad social.4
No está dentro del cometido de este pequeño artículo plantear cuáles son las reformas necesarias en la seguridad social, para lo cual se necesitarían más líneas y más estudio. Sin embargo, quisiera señalar la importancia del tema para entender la dinámica del déficit fiscal,5 y también comentar dos orientaciones fundamentales de política planteadas por los impulsores del shock que atacan de forma grave ya no solamente la sostenibilidad de las cuentas públicas (teóricamente su principal preocupación), sino también la equidad del sistema.
La primera, la decisión de no apoyar la reforma de la Caja Militar, incluso en la versión suave e insuficiente que finalmente aprobó el Parlamento. Si hay un sitio en la intrincada jungla de la seguridad social que pide a gritos una reforma, ese sitio es la Caja Militar, tanto por consideraciones de sostenibilidad (550 millones de dólares anuales) como por aspectos de equidad (en asistencia financiera para cubrir los déficit de seguridad social gastamos 24.000 pesos anuales por jubilado común y 250.000 pesos por jubilado militar).6
La segunda, la propuesta incluida en el programa del shock de eliminar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Esta propuesta es problemática, nuevamente, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad (350 millones de dólares menos en un sistema que ya tiene un déficit de 800 millones) como de la equidad (ya que su eliminación es exactamente equivalente –hay que enfatizarlo– a un aumento jubilatorio exclusivo para 25% de las personas con jubilaciones más altas).
Nótese que solamente en estos dos puntos estamos hablando de... 900 millones de dólares.
Finalmente, ni en la vida ni en los programas de gobierno es todo blanco o negro, y siempre hay propuestas que son interesantes (más allá de las discrepancias puntuales o eventuales diferencias con respecto al enfoque sobre el que se construye, debe decirse que es un programa con un interesante grado de elaboración). Algunas propuestas del shock de austeridad, como la creación de un Consejo Fiscal Asesor, la discusión de una regla fiscal, el fortalecimiento del monitoreo y la evaluación de las políticas públicas o la mejora de la Escuela Nacional de Administración Pública, son interesantes y seguramente puedan contribuir al mejoramiento de las cuentas públicas.
Me atrevo a introducir al listado dos aspectos adicionales que, aunque quizás más técnicos y aburridos, también deberían ser atendidos para mejorar la sostenibilidad fiscal. En primer lugar, actualizar la consolidación contable de las empresas públicas, un cambio que debería ir acompañado de una modificación en las reglas de su gobierno corporativo.7 En segundo lugar, introducir algunos cambios en el proceso presupuestal, modificando la lógica incrementalista del presupuesto,8 introduciendo mecanismos de spending review9 (desde los cuales sí se puede identificar con mayor claridad en qué lugares del Estado se podría y debería reducir la cantidad de funcionarios públicos) o generando nuevos programas presupuestales que respondan a las lógicas institucionales y que sirvan de base a la discusión presupuestal, complementando a los actuales programas que tienen una función más clasificatoria-estadística.10
Esta nota se publicó esta semana en el blog Razones y personas.
Programa de gobierno de Lacalle Pou, página 13. ↩
Ver ONSC (2017), “Vínculos laborales con el Estado”. ↩
Datos extraídos del catálogo de datos “Evolución vínculos laborales con el Estado”. ↩
Si bien es verdad que el programa de Lacalle Pou menciona la creación de una comisión de expertos para reformar la seguridad social, no hay líneas demasiado claras sobre su contenido (por alguna razón que no queda explicitada, si bien su redacción es eminentemente económica, aparece en el capítulo “Shock de seguridad”). ↩
En “Odisea en el espacio fiscal” se desarrolla este punto. ↩
Ministerio de Economía y Finanzas (2018), “Exposición de motivos, informe económico financiero”, página 174. ↩
“Reglas de juego de la inversión pública”. ↩
Ver “The Rules of the Game: an Assessment of the budget Decision Process in Uruguay”, de Ana Inés Morató. ↩
Robinson (2014), “Spending Reviews”. ↩
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2007), “Programme Budgeting in OECD countries”. ↩
“Las ideas y las opiniones no ‘nacen’ espontáneamente en el cerebro de cada individuo: han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de la actualidad. La numeración de los ‘votos’ es la manifestación final de un largo proceso”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (1929-1934)
Antonio Gramsci, uno de los máximos exponentes del partido comunista italiano, leía y estudiaba y tosía y escribía sus reflexiones desde la cárcel impuesta por el gobierno de Mussolini, quien se había propuesto como objetivo explícito (y por suerte infructuoso) “impedir que este cerebro trabaje durante 20 años”. Seguramente no imaginó que sus reflexiones serían atendidas, muchos años después, por personas con pensamientos bastante diferentes al suyo. Pueden encontrarse inspiraciones gramscianas tanto en personajes como Steve Bannon –el último director de campaña de Trump– como en los movimientos de derecha europeos.
En la órbita local, el diario El País publicó durante el año pasado por lo menos tres artículos sobre el intelectual italiano, poniendo énfasis en el concepto de hegemonía cultural. Otros medios de prensa y dirigentes políticos, más allá de los límites de la izquierda, también han referido al concepto, en general con la convicción y el lamento de que la hegemonía cultural –concebida como el cuerpo de ideas y valores que nutren el sentido común– es patrimonio de la izquierda uruguaya.
Pero... ¿es correcta esta apreciación? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos con el sentido común uruguayo? En particular, ¿qué ha sucedido con la visión de los uruguayos sobre la distribución de la riqueza, la pobreza y el rol del Estado?
“El sentido común no es una concepción única, idéntica en el tiempo y en el espacio: es el ‘folclore’ de la filosofía y como el folclore se presenta de formas innumerables: su rasgo fundamental y más característico es el de ser una concepción (incluso en los cerebros individuales) disgregada, incoherente, inconsecuente, correspondiente a la posición social y cultural de las multitudes”.
El sentido común implica un conjunto amplio de conceptos. Olvidemos por un momento los referidos a las dimensiones que suelen inscribirse en el concepto de “agenda de derechos” (las nociones sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, sobre la igualdad entre las razas, sobre el derecho a tener una pareja del mismo sexo, sobre las identidades sexuales y de género, sobre la decisión de interrumpir un embarazo, sobre los derechos humanos) para centrarnos en un aspecto particularmente importante para la economía: la noción de cuánto el Estado debe intervenir para distribuir el ingreso y disminuir la pobreza.
En los gráficos se muestra cómo ha evolucionado un conjunto de opiniones sobre este tema. Las fuentes de información son la Encuesta Mundial de Valores (EMV), el Latinobarómetro (LAT) y el Estudio Longitudinal de Bienestar en Uruguay (ELBU).
¿Qué panorama nos brindan estos estudios? Desde la perspectiva impositiva, hay un avance de la opinión de que la gente paga muchos impuestos (ELBU), un aumento de la cantidad de personas que opinan que el IRPF es malo o muy malo (ELBU) y un aumento de la idea de que cobrar impuestos a los ricos y subsidiar a los pobres no es un elemento esencial de la democracia (EMV).
Con respecto a la pobreza, se percibe un aumento de la visión de que la solidaridad con las personas en situación de necesidad está garantizada (LAT), al tiempo que ha caído la percepción de la pobreza como el problema más importante (LAT).
Sobre las causas de la pobreza, aumenta la cantidad de personas que opinan que los pobres son pobres por flojos y falta de voluntad (EMV) y la idea de que las personas en situación de pobreza son responsables de su situación (ELBU).
Desde diferentes perspectivas, estas fuentes de información muestran una caída en Uruguay de lo que la literatura económica denomina “preferencias por la redistribución”.
“¿Puede la teoría moderna encontrarse en oposición con los sentimientos ‘espontáneos’ de las masas?”
Del inmenso conjunto de aspectos que podrían plantearse relacionados con el tema pobreza y desigualdad (que un experto podría ordenar y exponer de mejor manera), interesa en este artículo destacar cuatro elementos.
Primero, Uruguay ha vivido en estos años el proceso más importante de mejora de distribución del ingreso y disminución de la pobreza que se haya registrado, aunque con ciertas diferencias en sus dinámicas. La distribución del ingreso tuvo una importantísima mejora, sobre todo en el período 2007-2012, en el que Uruguay recorrió aproximadamente un tercio de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo; luego de ese impulso, la desigualdad, si bien no aumentó, dejó de caer. La pobreza, por su parte, ha tenido un continuo descenso durante todo el período, encontrando su mínimo histórico en 2017.
Segundo, este panorama general dista de ser un estado ideal. Por más que parezca innecesario, vale aclarar que: (1) todavía existen miles de compatriotas que no alcanzan un ingreso mínimo para salir de la pobreza; (2) miles de uruguayos superan la línea de pobreza pero se encuentran en una situación de vulnerabilidad; (3) la distribución del ingreso sigue siendo menos equitativa que la de los países más desarrollados e igualitarios.
Tercero, el perfil generacional de la pobreza sigue estando fuertemente concentrado en las edades más bajas. Si bien ha bajado sustancialmente, la pobreza de niños menores de seis años (17%) duplica la pobreza general (8%), y es 13 veces mayor que la pobreza en mayores de 65 años (1,3%). Uruguay tiene una doble característica particular en Latinoamérica: tiene el nivel más bajo de pobreza y al mismo tiempo el perfil de pobreza por edad más acentuado en la infancia del continente.
Cuarto, según los relevamientos del Ministerio de Desarrollo Social, a contrapelo del descenso de la pobreza existe un fenómeno de aumento de personas en situación de calle en Montevideo (de 320 en 2006 a 556 en 2016), que da cuenta de un fenómeno cualitativamente diferente, y además da pistas para comprender la visión de ciertos sectores de la ciudadanía con respecto a la magnitud y tendencia reciente de la pobreza (“¿cómo va a haber menos pobres, si yo veo más gente durmiendo en la calle?”).
“Descuidar –y aun más, despreciar– los movimientos llamados ‘espontáneos’, o sea, renunciar a darles una dirección consciente, a elevarlos a un plano superior insertándolos en la política, puede a menudo tener consecuencias serias y graves”.
La caída en las preferencias por la redistribución se ha dado en un contexto en el que la izquierda gobierna el país. Este proceso, aparentemente paradójico, despierta la pregunta de cuál es la relación entre el movimiento del sentido común y la acción del partido de izquierda. Si bien excede el cometido del presente artículo, vale la pena mencionar brevemente tres hipótesis. La primera, que este movimiento se ha dado a pesar de las acciones del Frente Amplio, que no ha podido contrarrestar discursos más potentes provenientes de otros sectores. La segunda, que en rigor la sociedad no ha modificado su escala de valores, sino que lo que ha cambiado es la realidad: cuando había 40% era razonable pensar que la pobreza era producto de las circunstancias, pero con 8% es más razonable pensar que se debe a que esos pobres que quedan son los vagos, los que no quieren trabajar. La tercera, que en realidad el propio partido de gobierno ha contribuido con su retórica a este movimiento del sentido común.
Más allá de cuál sea el factor de mayor peso, lo que se visualiza es cierto movimiento “contrapuesto” entre las políticas desarrolladas (consolidación de las políticas sociales, ampliación de los programas de transferencias, realización de una reforma tributaria progresiva) y el sentido común (la pobreza es una responsabilidad individual, el IRPF es malo).
A nivel de la academia y de los equipos técnicos especializados pueden encontrarse interesantes elementos para conformar una segunda generación de reformas de políticas sociales. Sin embargo, una agenda de estas características debería contemplar trabajar paralelamente en dos restricciones que parecen endurecerse con el paso del tiempo: el espacio fiscal y el espacio cultural.
La primera restricción, que es la que impone el espacio fiscal, se ha estrechado producto de un menor crecimiento económico y la dinámica del gasto endógeno. Trabajar sobre esta restricción implica trabajar tanto sobre las condiciones de crecimiento como sobre la evolución de la dinámica fiscal, y en particular –aunque parezca paradójico– sobre la dinámica de los sistemas de seguridad social.
La segunda restricción es la que impone el espacio cultural, que también parece estrecharse, habida cuenta de la dinámica que ha tenido el sentido común en los últimos tiempos. Trabajar sobre esta restricción es quizás tan desafiante –pero también tan importante– como trabajar sobre la primera. Para el caso de la izquierda, subyace desde el punto de vista discursivo una tensión –inherente a cualquier partido que cumple 15 años de gobierno– entre la defensa de su gestión y el cuestionamiento de la realidad, el miedo sobre hasta dónde cuestionar lo realizado sin provocar su retroceso, el tercer porqué de Real de Azúa sobre el Batllismo: “La duda de si el esfuerzo correlativo por devolverle su vigencia no hará correr demasiados riesgos a lo que, de alguna manera, se conserva, de algún modo sobrevive.
Sobre esta segunda restricción, un elemento a tener en cuenta en una estrategia de incidencia sobre el sentido común podría ser dirigir la atención discursiva –y quizás también instrumental– de las políticas sociales hacia los niños. En primer lugar, porque efectivamente es en entre quienes se concentra mayoritariamente la pobreza (“si Uruguay no tuviese pobreza entre los niños, la pobreza no alcanzaría 1%”, plantea Gustavo de Armas). En segundo lugar, porque contribuye a golpear de lleno la visión que otorga responsabilidad individual a la pobreza. Resulta bastante difícil en este caso, por más visión meritocrática que alguien pueda tener, achacar la pobreza infantil a la ausencia de esfuerzo, asignar una responsabilidad individual a la situación, plantear que “los niños son pobres porque no quieren trabajar”.
Por supuesto que este elemento no es el único, ni pretende serlo. Brindar una solución integral al problema del “espacio cultural” de las políticas sociales y distributivas es un objetivo que excede las posibilidades de este pequeño artículo, que con haber alertado al lector sobre su estrechamiento e invitar a pensar cómo ampliarlo queda más que satisfecho.
Una versión de esta nota fue publicada en el blog Razones y personas
“Alicia nunca pudo explicarse, pensándolo luego, cómo fue que empezó aquella carrera; todo lo que recordaba era que corrían cogidas de la mano y de que la Reina corría tan velozmente que eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella; y aún así la Reina no hacía más que jalearla gritándole: ‘¡Más rápido, más rápido!’. Y aunque Alicia sentía que simplemente no podía correr más velozmente, le faltaba el aliento para decírselo.
Lo más curioso de todo es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca variaban de lugar: por más rápido que corrieran nunca lograban pasar un solo objeto.
‘¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras?’, se preguntó la desconcertada Alicia.
Y la Reina pareció leerle el pensamiento, pues le gritó: –‘¡Más rápido! ¡No trates de hablar!’”.1
***
La evolución reciente del déficit fiscal es similar a la frustrante sensación de correr en el mismo lugar. Su valor en el año 2014 ascendió a 3,5% del PIB. La asunción de un nuevo gobierno implicó la revisión del gasto, de las inversiones, del aporte de las empresas públicas, ajustes de los egresos y de los ingresos, un conjunto importante de medidas, y tres años después, en el año 2017, el déficit fiscal fue de... 3,5%. Como Alicia y la reina roja, se corre para terminar, al cabo de tres años, en el mismo punto del que se partió. Pero... ¿estamos en el mismo punto?
La discusión de la Rendición de Cuentas, que será apasionada, con actos y marchas y planteos y manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad, refiere solamente al 1% del presupuesto nacional. El 99% ya se encuentra asignado. Adicionalmente, silenciosamente, por debajo, sin que medien acciones discrecionales por parte del gobierno o de la política económica, existe una presión que impulsa hacia arriba al déficit fiscal y que, a pesar de lo que a veces se destaca en la discusión mediática, no proviene del número de cargos de confianza, gastos de publicidad o gastos de etiqueta. Refiere a algo mucho más grande: los sistemas de seguridad social.
¿Cuáles fueron las áreas presupuestales que más crecieron entre 2014 y 2017? Seguridad social y salud: en sólo tres años pasaron de representar 33% a 37% del presupuesto nacional.
En Uruguay los sistemas de seguridad social y salud son deficitarios. Esto significa que el gobierno debe hacer transferencias para cubrir la diferencia entre ingresos y egresos. En el caso de la seguridad social, el gobierno realiza transferencias a la Caja Militar, a la Caja Policial y al Banco de Previsión Social (BPS). En el caso del BPS, además, hay rentas afectadas específicamente a su financiamiento, como parte de la recaudación del IVA, el IASS y el sustitutivo del COFIS, que representan casi 4% del PIB. En el caso de la salud, el gobierno realiza transferencias para cubrir la diferencia entre los ingresos y los egresos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Las transferencias del gobierno al BPS, a la Caja Militar y a la Caja Policial crecieron fuertemente en estos tres años. En pesos constantes, las transferencias del gobierno central al BPS se multiplicaron por diez, a la Caja Militar aumentaron 17% y a la Caja Policial 76%. Estos aumentos representaron, en total, un aumento de 1,3% del PIB. Por su parte, las transferencias al Fonasa se multiplicaron por dos, aumentando 0,6% del PIB.
Es decir, solamente en tres años las transferencias del gobierno central para financiar los sistemas de seguridad social y salud implicaron una presión adicional a las cuentas públicas de 1,9% del PIB –aproximadamente 1.100 millones de dólares– que fue compensada por bajas del gasto en otras áreas, dejando el déficit fiscal en el mismo punto que hace tres años: 3,5%.
Si se extiende esta línea de razonamiento a los incrementos del gasto de los últimos tres presupuestos, se puede realizar una interesante lectura política de los gobiernos del Frente Amplio (FA) y de sus márgenes para concretar sus reformas y programas de gobierno.
Para esto resulta relevante organizar los incrementos presupuestales en dos categorías. Por un lado, el gasto endógeno, que corresponde a aumentos de gasto que no responden directamente a decisiones de política económica del período, sino a decisiones de políticas pasadas. La Rendición de Cuentas ubica en esta categoría tres componentes: transferencias a los sistemas de seguridad social, transferencias al Fonasa e intereses. Por otro lado se encuentra el gasto discrecional, que es la diferencia entre el incremento del gasto total y el incremento del gasto endógeno.
Si analizamos los últimos tres períodos presupuestales, encontramos que en el primer gobierno del FA los gastos endógenos representaron 8% de los gastos incrementales (básicamente transferencias a la seguridad social), en el segundo período, 30% (transferencias a la seguridad social y al Fonasa) y en lo que va del tercer período, 70% (transferencias a la seguridad social y al Fonasa e intereses).
Esta situación de aumento de gastos endógenos y disminución de gastos discrecionales se da, a su vez, en un marco de disminución del monto total de aumentos presupuestales. El gráfico muestra la evolución de estas variables en millones de pesos constantes. Si llevamos esto a una escala de 100 pesos, podemos relatar la historia de los últimos tres gobiernos de la siguiente forma: en el primer período presupuestal, el gobierno contó con $ 100, de los cuales pudo disponer de $ 92 para gastos discrecionales; en el segundo período contó con $ 77, de los cuales dispuso de $ 54 para gastos discrecionales; en este tercer período contará con $ 54, de los cuales sólo $ 19 podrá utilizar para gastos discrecionales.
Desde esta perspectiva puede decirse que el tercer gobierno del FA ha contado con un quinto de los recursos discrecionales que el primer gobierno (a esta historia también se le puede agregar que esos $ 19 del tercer período tendrán, nuevamente, como área prioritaria a la educación, a la que irán $ 11 –dejando sólo $ 8 para el resto de las áreas programáticas–, aumento que además resulta insatisfactorio para dicho sector, que exige para el período un aumento de $ 30 para llegar a 6% del PIB).
Las proyecciones a futuro de nuestros sistemas de seguridad social distan de ser auspiciosas. En el caso del BPS, el presupuesto para el año 2019 plantea contribuciones del Estado para financiar su déficit de 800 millones de dólares, el doble que en 2015. En el caso del Fonasa, el aumento en las transferencias se explica claramente por la incorporación de los pasivos. No se prevé, en principio, un aumento de necesidades presupuestales tan grande derivado de incorporación de colectivos deficitarios.
Los demógrafos nos advierten que el bono demográfico finalizará en 2022. Las proyecciones de población realizadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto muestran un escenario de importante envejecimiento poblacional: mientras que la cantidad de personas mayores de 65 años es actualmente de 14%, en 2050 sería de entre 20% y 26%. La tendencia al envejecimiento de la población, inevitable, seguirá presionando a los sistemas de salud y seguridad social.
Ante esta situación, más que certezas, afloran interesantes preguntas.
¿Cómo se insertan las discusiones de la Caja Militar, los cincuentones (¿los cuarentones?), la edad de jubilación, la devolución Fonasa, la judicialización de acceso a medicamentos de alto costo, el ajuste paramétrico de la cápita, en una discusión más global sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud y seguridad social?
¿Hasta qué punto es razonable que los sistemas de seguridad social y salud se financien con rentas generales, y en qué momento esta situación comienza a ser perjudicial para la sostenibilidad de los sistemas y de las finanzas públicas?
¿Qué lugar tiene la retórica de la mejora de la gestión en esta discusión? ¿No estamos ante un fenómeno mucho más político –en el sentido más superior del término, en las reglas de juego que atañen a lo común– que de gestión?
¿Dirigir la atención hacia la sostenibilidad de los sistemas es acumular en contra de su existencia? ¿No es en realidad más peligroso, para quienes creen (para quienes creemos) en las virtudes de construir y mantener amplios sistemas de seguridad, desviar la mirada sobre este asunto? ¿No estaremos, dejando el piloto automático, propiciando las condiciones de su desmembramiento, montando los argumentos a favor de visiones que no consideran tan pertinentes la existencia y generalización de este tipo de sistemas?
¿Hasta dónde el impulso en la construcción de un estado de bienestar más amplio y equitativo no comienza a constituirse en freno para su propio desarrollo y el desarrollo de otras reformas?
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“También el sistema de seguridad social, que había tenido iniciación antes de 1900 con la Caja de Jubilaciones Escolares (1896), le debe sin duda a la inspiración y a la voluntad batllista la amplitud que después logró. Si a ese rol se le agregan las leyes de accidentes de trabajo, las reordenaciones de la asistencia médica pública, se completaría así el aspecto tal vez más típico del Uruguay batllista, un ‘Welfare State’, en el que, al margen de los merecimientos de cada uno, de su misma vinculación al país, y del eventual y tremendo costo social que puede implicar –y en verdad implicó– se considera en todo hombre su derecho a la vida y a la felicidad, su condición de atributario de un mínimo material decoroso”.
“Cuando un movimiento político –como es el caso del batllismo– alcanza esa ‘imagen satisfactoria’ se detiene, y el esfuerzo por hacerla más veraz, cabal y profunda alteraría el cuadro y las estructuras alcanzadas. Ello hace que, cuando es atacada esa imagen, o esta se desdibuja, se plantee la duda de si el esfuerzo correlativo por devolverle su vigencia no hará correr demasiados riesgos a lo que, de alguna manera, se conserva, de algún modo sobrevive”.2
¿Cuánto gasta cada electrodoméstico?
Comencemos por el principio, seamos honestos y no lo hagamos perder tiempo. Si usted es del tipo de persona que en invierno prende el aire acondicionado a 33 grados y cuando la habitación se calienta mucho abre la ventana, tiene en su casa lamparitas comunes y su freezer tiene tanto hielo que la puerta queda abierta perdiendo frío pero eso no le importa (efectivamente, conozco a una persona que le pasa esto), entonces detenga la lectura, ya que este artículo no le interesará en lo más mínimo. Si, por el contrario, usted es del tipo de persona que tiene un timer en el calefón, pone lamparitas de bajo consumo por toda la casa y apaga el módem antes de salir porque le molesta lo que puedan llegar a gastar esas lucecitas led prendidas todo el tiempo (efectivamente, conozco a alguien que hace esto), entonces le recomiendo continuar la lectura, que sin dudas le resultará interesante.
El presente artículo se enmarca dentro de la ciencia de la electrodomesticometría, cuyo objeto de análisis es el gasto de los electrodomésticos del hogar. Esta disciplina busca conocer cuánto gasta cada aparato en pesos, obviamente, no en kilovatios hora, que es una medida energética que a nadie le importa salvo que sea físico o ingeniero. En línea con el espíritu festivo y amplio que nos envuelve en fin de año, este informe se encargará de los grandes electrodomésticos, pero también de los más pequeños. Porque, como dijo Confucio, “tan importante como tener información para limitarse en el uso de los electrodomésticos de alto consumo es tener información para gastar con tranquilidad los electrodomésticos de bajo consumo”.
(Aclaración previa y final: las siguientes líneas no son, ni de cerca, un estudio sesudo y científico sobre el tema. Son nada más ni nada menos que un conjunto de observaciones y cálculos caseros de un simple mortal, ajeno a los intrincados recovecos de las leyes de Maxwell, pero apasionado por el conocimiento sobre el gasto eléctrico de sus aparatos. Para mayor detalle metodológico, ver ficha técnica.)
La cocina
Si hay un lugar donde los electrodomésticos reinan es la cocina, así que empecemos por aquí. De todos los electrodomésticos de la cocina, la heladera debe ser el que más gasta. Mantener sus productos refrigerados durante un mes le costará 205 pesos en una heladera clase A; si usted tiene una heladera vieja que heredó de sus suegros, gastará 350 pesos por mes.
El resto de los electrodomésticos son menos gastadores: la vaporera le permitirá cocinar un zapallo al vapor durante 45 minutos por tres pesos; la jarra eléctrica le proporcionará un litro de agua hirviendo por un peso (un valor despreciable al lado de los diez pesos que le cuesta la cebadura de yerba, ese oro verde); la panificadora le proporcionará el placer de levantarse de mañana con olor a pan recién hecho por la módica suma de tres pesos de electricidad (si le suma el costo de la harina y el resto de los ingredientes anda por los 15 pesos, un monto irrisorio al lado de los 44 pesos del pan flauta del supermercado); cocinar un pollo durante una hora en un horno eléctrico le sumará siete pesos a su factura de UTE; mantener congelados sus alimentos en un freezer vertical durante un mes le costará 67 pesos.
Si de mañana quiere desayunar, no se haga problema: ponga tranquilamente dos rebanadas de pan en la tostadora, que en cinco minutos se convertirán en ricas tostadas por tan sólo 40 centésimos. Entretanto, el microondas le calentará en dos minutos su café con leche gastando 16 centésimos. (Información adicional sólo para nerds: el panel led que indica la hora y siempre está prendido representa un gasto de nueve pesos por mes; si su microondas tiene el irritante defecto de mantener la luz interna prendida en tanto la puerta queda abierta –al mío le pasa–, y olvida cerrar la puerta durante toda la noche, entonces habrá dilapidado dos pesos).
¿Todavía lava los platos a mano? ¡Pffff...!, qué anticuado. Por tan sólo siete pesos de electricidad, un lavavajillas de 14 cubiertos le ahorrará una hora fregando platos y ollas. Si quiere algo más pequeño, el lavavajillas de seis cubiertos hará ese trabajo, en su programa normal, por tan sólo cinco pesos.
El baño
El baño, ese lugar húmedo donde habita el terror de la factura de UTE: el calefón. Según la Dirección Nacional de Energía, 37% de la energía eléctrica se dedica a calentar agua. Existen estudios pormenorizados sobre este elemento, que dependen de cuántas veces se vacía este, qué temperatura hay en el exterior, a qué temperatura quiere uno el agua caliente, etcétera (para profundizar en este tema, es muy recomendable la página www.google.com). Según el cartelito del lugar donde los venden, un calefón con una extracción completa diaria de agua caliente consume 412 pesos. Según los cálculos que ha podido hacer un servidor, un mes de calefón cuesta, en el caso de un hogar con dos adultos y un bebé que se bañan (casi) todos los días, 654 pesos.
El lavarropas es un electrodoméstico fantástico y sorprendente; es imposible pensar la vida moderna sin un aliado tan fantástico. Aquí la clave radica en si se usa agua caliente o agua fría. Si usa agua bien caliente (90 o 70 grados), puede llegar a gastar unos diez pesos por lavado. Con agua no tan caliente (40 grados), entre dos y tres pesos. Si usa agua fría, el programa normal gasta un peso, mientras que el programa rápido de diez minutos gasta 25 centésimos. Antes de conocer estos datos, en mi casa era pecado prender el lavarropas sin que estuviera lleno; ahora, luego de conocer la verdad, si el pronóstico es que mañana va a arrancar a llover por tres días, se lava lo que haya, así sean un par de calzoncillos y unas medias, con una sonrisa pintada en la cara por la satisfacción de saber que esa operación provocará un aumento de apenas un peso en la factura de UTE.
Los médicos aconsejan, después de la ducha, no salir del baño con el pelo mojado en invierno. ¿Para qué correr el riesgo de engriparse, si por 20 centésimos el secador de pelo le dejará el pelo seco en tan sólo un minuto?
Los cuartos
Aire acondicionado, otro tema fundamental. Según un relevamiento realizado por SEG Ingeniería, el aire acondicionado es la opción más barata para calefaccionarse en invierno. Para tener una idea del gasto, aquí van algunas mediciones caseras de un aire acondicionado Inverter de 9000 BTU, para calefaccionar un cuarto de 20 metros cuadrados: noche del 23 de abril, a 20 grados: 14 pesos; noche del 15 de junio, a 18 grados: 24 pesos; 14 noches seguidas en julio, a 18 grados: 396 pesos.
Del otro lado de la escala de eficiencia energética se encuentra la pequeña y práctica estufa halógena. Y sí, uno está en el supermercado, la ve, sabe que se viene el frío y bueno, la compra, por 700 pesos es una verdadera ganga, cómo decir que no. El problema es que luego uno llega a casa, la prende una horita nomás y, sin saberlo, habrá incrementado en nueve pesos la factura de UTE. Así que, ¡cuidado!
¿Y en verano? Hasta el momento no hemos obtenido registros para el aire acondicionado. Pero sí para el ventilador. Si usted es de los que se duermen con el ventilador prendido y lo deja toda la noche, tenga cuidado porque se puede enfermar, pero no se preocupe tanto por el costo, porque será de tan sólo dos pesos.
Si está leyendo este artículo con la luz de la portátil prendida, debería saber que una hora de lectura le costará 43 centésimos con una lamparita incandescente de 60 watts, y seis centésimos con una lamparita de bajo consumo de 8 watts.
El living
¿Le gusta el fútbol? Dos horas de televisión para ver el partido de Barcelona con Real Madrid le costarán 50 centésimos. Llamativamente, ver el partido de El Tanque Sisley con Sudamérica cuesta exactamente lo mismo. Si el partido es malo, suba el volumen del minicomponente nomás, que a veces es mucho mejor escuchar al relator de la radio y fantasear con los jugadores haciendo piruetas, y además le costará sólo 13 centésimos.
Qué linda la Navidad, qué lindas las luces del arbolito. Dejarlo prendido durante 12 horas iluminará su hogar con alegres colores, al módico costo total de 30 centésimos.
Hasta aquí las medidas que teníamos para compartir. Esperamos que le permitan tomar mejores decisiones de consumo eléctrico, o que siga tomando las mismas pero con mayor información y paz espiritual. Y por favor, no se haga mala sangre con la factura de UTE ni la suba de tarifas; recuerde, como dice ese famoso proverbio escocés, que la sonrisa cuesta menos que la electricidad, y da más luz.
Ficha técnica | Los datos recabados son de medidas eléctricas tomadas en una casa habitada por dos adultos y un bebé de menos de un año. El precio que se utiliza para hacer los cálculos es el de la tarifa residencial simple en el segundo escalón (entre 101 y 600 kWh mensuales): 5,931 pesos $U/kWh más IVA. O sea, básicamente se multiplica el consumo eléctrico del electrodoméstico por 7,2 pesos. Vale aclarar que la suma de todos los gastos de los electrodomésticos no será igual a la factura, porque esta incluye cargo fijo y el primer escalón de la tarifa tiene un precio menor. Adicionalmente, si usted tiene otra tarifa o está colgado, los cálculos podrían no ser precisos para su caso específico. Se agradece especialmente a los ingenieros Ruiz y Azarola y al economista Gerschuni por algunas medidas de electrodomésticos que el autor del artículo aún no posee.
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.
La sostenibilidad del sistema de seguridad social uruguayo es un tema complejo de analizar y tensionado por variables económicas, sociales y demográficas. Tras la reforma del sistema en los años 90, se introdujo un régimen de seguridad social mixto que combina características del sistema tradicional de reparto con la creación de un pilar de ahorro individual. El primero es administrado por el Banco de Previsión Social y el segundo por las llamadas AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional). Para dichas administradoras se creó un mercado específico, y por ley se les otorgó la administración de los ahorros individuales de los trabajadores. Las AFAP deben rentabilizar los fondos de los trabajadores, teniendo como única fuente de ingreso el cobro de una comisión de administración.
Las comisiones y los porcentajes
Un aspecto interesante de las comisiones es que en general se las presenta en relación al salario, y por eso suenan pequeñas (0,74%, 1,73%, 1,99%). Pero si uno realiza el cálculo en relación al aporte que se hace mensualmente –lo que parece tener más sentido: de lo que pongo por mes, cuánto efectivamente llega al fondo y cuánto se queda la AFAP–, encuentra valores que oscilan entre 5% y 15% del aporte mensual.
Pero hagamos algo más sencillo. Tómese un momento y vaya a buscar el resumen que cada seis meses le manda la AFAP. Vamos, no se avergüence, no hay problema en reconocer que nunca lo ha mirado con detenimiento, que si bien lo ha intentado un par de veces, se ha mareado rápidamente en la nube de números que aparece en esos papeles. Existen casos de ingenieros con doctorados en matemática, capaces de resolver complejos problemas algebraicos, que han sucumbido al intentar analizar ese documento llamado Estado de Cuenta de la AFAP. Bueno, ánimo, vaya a buscar el resumen, que aquí lo esperamos (esa es la magia del diario, uno puede poner pausa y volver a poner play cuando quiera).
Bien, ahora que tiene el estado de cuenta en sus manos, simplemente elija un mes y, con la calculadora del celular, divida el número que dice “Comisión de administración” entre el número que dice “Aporte obligatorio sueldo”. Con eso podrá hacerse una idea exacta de cuánto le cobra la AFAP cada mes que usted aporta (si quiere saber cuánto efectivamente llega a su fondo, debe quitar además otros descuentos, como la comisión por custodia –que es pequeña– y el seguro –que no es pequeño–).
Las comisiones y las señales de mercado
En el gráfico 1 se muestra la evolución de las comisiones de administración de las AFAP desde 2002 hasta 2017. La historia que muestra el gráfico es un descenso sostenido de la comisión que cobra República AFAP, comenzando en 1,79% y llegando a 0,74%, y un relativo mantenimiento o pequeño descenso de las comisiones de las AFAP privadas, en el entorno del 2%.(1) Por otro lado, el gráfico 2 muestra la evolución de los afiliados a las AFAP. A diferencia de la evolución de las comisiones, el panorama es similar desde hace 15 años: de cada diez personas, cuatro están afiliadas a República AFAP, y seis a una AFAP privada.
O sea, por más que en los últimos 15 años se verifica un proceso de diferenciación importante entre las comisiones de las AFAP, ese proceso no ha impactado en la distribución de afiliados.
Se podría decir que, de todas formas, cuando los individuos eligen una AFAP no miran solamente las comisiones, y que toman su decisión incorporando elementos como la rentabilidad o la seguridad de su fondo. Sin embargo, del análisis de las rentabilidades generadas por las AFAP no parece desprenderse que haya una diferencia tal que justifique pagar una comisión mayor (ni que ese hipotético diferencial –que incluso ha tenido cambios de signo– haya aumentado a lo largo del tiempo, contrapesando el aumento en la diferencia de las comisiones). Por el lado de la seguridad, cuesta creer que en un país como Uruguay los ciudadanos consideren que es más seguro que su fondo esté en manos de una administradora privada que en la estatal. La hipótesis más plausible es que, en realidad, las comisiones no funcionan como señales de mercado que condicionen la decisión de los individuos al asociarse a una AFAP.
Que las comisiones no funcionen como señales de mercado tiene, aunque parezca un trabalenguas, su contraparte dialéctica: el mercado no funciona como señal hacia las comisiones. Este elemento moldea de determinada manera el mercado de las AFAP: un mercado oligopólico con muy débiles incentivos para que las empresas ajusten sus precios con el objetivo de atraer más clientes.
Las comisiones y las personas
Si bien República AFAP concentra a 40% de los afiliados, posee 57% del Fondo de Ahorro Previsional (FAP). De esto se desprende que, en términos promedios, los afiliados a República AFAP tienen un FAP de 475.000 pesos, mientras que los afiliados a las administradoras privadas tienen un fondo promedio de 235.000 pesos.
Los datos del Banco Central del Uruguay (BCU) permiten realizar un análisis de la población de las AFAP por edad y por ingreso. El análisis por edad permite visualizar que, conforme aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas que están afiliadas a República AFAP (gráfico 3). Asimismo, cuanto mayor el nivel de ingresos de los individuos, también mayor la proporción que está afiliada a República AFAP (gráfico 4). Por lo tanto, las mayores comisiones del sistema recaen mayoritariamente sobre los afiliados más jóvenes (los actuales cuarentones, treintones y veintones) y de menores ingresos.
Las comisiones, las fallas de mercado y la regulación
El régimen de AFAP introducido en Uruguay en los años 90 presupone que los trabajadores toman en cuenta las comisiones como un precio y eligen en consecuencia. Sin embargo, este supuesto teórico no es necesariamente el más adecuado. Precisamente, el economista Richard Thaler recibió el premio nobel de Economía en 2017 por sus contribuciones en economía comportamental, que toma como objeto de análisis –entre otros problemas– la conducta de las personas con relación a las decisiones de ahorro para su vejez, y cómo esas decisiones se alejan del modelo de comportamiento racional asumido en la economía neoclásica. La realidad del mercado previsional uruguayo pone en tela de juicio el rol de las comisiones de administración como señal de mercado, y por lo tanto su capacidad para asignar eficientemente los recursos, indicando la necesidad de su regulación.
(1). Este diferencial en las comisiones tiene su contrapartida en las ganancias de las administradoras como empresas. El ROE (resultado sobre patrimonio) de las AFAP privadas se encuentra entre 60% y 70% anual. El de República AFAP es de entre 20% y 30%.
Recuerdo hace ya más de una década, volviendo del Estadio luego de un partido en el que Uruguay había perdido, que escuché por primera vez la comparación. Un periodista deportivo –creo que era el Profesor Piñeyrúa– planteaba que los dos trabajos más difíciles de Uruguay eran el de Director Técnico de la Selección Uruguaya y el de Ministro de Economía.
Varios años después, la comparación sigue estando vigente. Tanto en lo futbolístico como en lo económico se visualizan dos procesos de más de una década, conducidos por hombres de 70 años, que son más felicitados en el exterior que desde dentro del Uruguay (nadie es profeta en su tierra). Sus detractores cuestionan el estilo de juego, destacan los traspiés y asignan a la suerte o a factores externos los resultados positivos; sus defensores elogian los logros, planteando que los resultados son notoriamente mejores que los del pasado. Ambos reciben desde la tribuna consejos tácticos e impetuosas solicitudes de jugadores para incorporar al equipo: mayor presencia de Fulano, Mengano o Pereiro; más recursos para la educación, la salud, la seguridad... y un largo etcétera.
Siguiendo esta línea, y como corresponde en un país de tres millones de directores técnicos, este artículo no será la excepción. Por consiguiente, a continuación se analizará el torneo fiscal local –los campeonatos anteriores y las proyecciones para el final de la temporada 2015-2019– a partir de un particular esquema táctico, la regla de oro, y la cantidad de minutos de un jugador muy importante, la Inversión Pública.
El fútbol total y la regla de oro
No siempre la táctica estrella del fútbol fue el actual 4-4-2. En sus inicios (allá por 1875), el fútbol era un juego basado esencialmente en impulsos individuales, y la formación típica de la época consistía en un defensa, un mediocampista y ocho delanteros. Con el tiempo la táctica se fue refinando, y los jugadores se fueron disponiendo más ordenadamente en la cancha, atravesando diferentes y variadas etapas: la primacía del sistema piramidal (2-3-5) en los primeros 50 años; el sistema doble uve (3-4-3) de la década del 20; el cerrojo suizo (4-3-3) de las décadas del 30 y 40; el 4-2-4 del Brasil de los 50; el catenaccio del Milan de los 60; el fútbol total del Ajax y la Holanda de los 70; hasta llegar al 4-4-2 que reina en la actualidad.
Del mismo modo, no siempre el valor estrella que resume la responsabilidad fiscal de un país fue el actual déficit fiscal. La historia da cuenta del uso, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, de la “regla de oro”, que establecía que los gastos corrientes debían igualarse a los ingresos corrientes, y los gastos de capital financiarse con deuda. Esta regla –probablemente la primera regla fiscal que existió–, fue defendida por economistas de prestigio como Keynes (el Juan Ramón Carrasco de la economía, que cuando la cosa estaba complicada planteaba poner más delanteros y lanzar al Estado al ataque) o su compañero de Cambridge, el profesor Pigou (el Marcelo Bielsa de la economía, un hombre parco, férreo, neutro, bravo, sereno pero tajante, siempre en búsqueda de justas compensaciones). Este último planteaba, en su estudio sobre finanzas públicas de 1929, que “en épocas normales el gasto del gobierno debería ser cubierto con los ingresos regulares de dicho año. No puede haber dudas, en un gobierno ordenado el gasto debería ser financiado con impuestos, y no con deuda. (…) Esta tesis es universalmente aceptada.” A continuación, agregaba que “el gasto del gobierno dedicado a producir bienes de capital, cuyos frutos se recuperarán subsecuentemente, debiera financiarse con préstamos. Sobre estos asuntos no hay lugar a controversia.”
La regla de oro era, en síntesis, la regla básica del buen Ministro de Economía: durante la primera mitad del siglo XX se encuentra el uso de esta doble contabilidad en países como Suecia, Dinamarca, Canadá y los Estados Unidos. La regla de oro también era utilizada en Uruguay, como nos recuerda el Instituto de Economía: “(...) el resultado corriente pretende ser una aproximación al grado en que los recursos logran cubrir los gastos que no son inversión. Este indicador cobra particular importancia bajo la concepción prevaleciente en las primeras décadas del siglo, que entendía que el gobierno debía financiar sus gastos corrientes con ingresos tributarios y que podía permitirse cubrir inversión con deuda, en tanto ésta implicaría retornos que se convertirían en ingresos futuros.”
La regla de oro y la Rendición de Cuentas
¿Qué sucedería si, macumba mediante, pudiéramos revivir al profesor Pigou, y le pidiéramos opinión sobre la evolución reciente y proyectada de las cuentas fiscales? El profesor seguramente estudiaría con detenimiento el pasado a través de las series históricas del Ministerio de Economía, las proyecciones a futuro a partir del capítulo quinto de la Rendición de Cuentas, agarraría una hoja de papel y, aplicando la regla de oro para el último año de los últimos tres períodos, haría un gráfico. Analizándolo desde la perspectiva de la regla de oro, el profesor Pigou concluiría que el objetivo trazado por el gobierno para 2019 se corresponde con esta regla: lograr un equilibrio entre gastos e ingresos corrientes, recurriendo a endeudamiento solamente para cubrir las inversiones.
Contento por el cumplimiento de la regla de oro, y a punto de volver a reclinarse en su tumba, seguramente recordaría a un muchacho llamado Aschauer (de más bajo perfil que los dos anteriores, el Mario Saralegui de la economía: rústico, básico, poco afecto a lo sofisticado, observador de lo fundamental, el capital y el crecimiento, va bala), quien concluyó que la inversión pública en infraestructura fue el ingrediente clave en la época dorada norteamericana de las décadas del 50 y 60, y mostró también la relación entre inversión pública y productividad para los países desarrollados del G7 durante las décadas del 60, 70 y 80. Pigou se pondría a pensar, decíamos, a partir de este recuerdo, si el 2,5% de inversión pública es suficiente o no. Y entonces, aprovechando el pop y la gallina que sobraban de la macumba, reviviría también a Aschauer, y le daría unos documentos para que estudiara. Mientras Aschauer estudia los documentos, hagamos un paréntesis y vayamos a otro tema de vital trascendencia: el lateral izquierdo.
La Rendición de Cuentas y la ley del orsai
El lateral izquierdo ha sido históricamente el puesto más complicado de la selección uruguaya. En esta posición hemos visto, en los últimos tiempos, a jugadores como el Pelado Cáceres, el Palito Pereira, Gastón Silva, Jorge Fucile, entre otros. El Maestro decide a cual poner según el desempeño de cada uno, la conformación del resto del equipo y las características del partido que la Selección Uruguaya tiene que jugar.
Supongamos que, por algún extraño designio de la FIFA, a distintos jugadores se le aplican diferentes reglas: por un lado, Gastón Silva podrá moverse libremente por el campo de juego, sin que lo afecte la ley del orsai; por otro lado, al Pelado Cáceres se le cobrará orsai cada vez que pase la mitad de la cancha. En este marco no sería extraño que el Maestro, con independencia de las características y el desempeño de cada jugador, decida incluir como titular a Gastón Silva, dejando al Pelado Cáceres sentado en el banco de suplentes.
Esta regla, claro está, no se aplica en el fútbol actual. Qué ridiculez, dirá usted. Sin embargo, este aparente sinsentido opera, llamativamente, en el terreno fiscal. La inversión pública es computada en su totalidad en el déficit fiscal el año que se ejecuta, mientras que los Contratos de Participación Público-Privada (PPP) no (adicionalmente, el endeudamiento para financiar inversión pública computará como deuda pública, mientras que el endeudamiento por PPP no). Dada esta regla, si usted necesita invertir pero no quiere que el juez le cobre orsai, entonces se inclinará por hacer PPP. Esto es lo que señala el Fondo Monetario Internacional cuando dice que “en muchos países, los proyectos de inversión se han adquirido como PPP no por razones de eficiencia, sino para eludir las restricciones presupuestarias y postergar el registro de los costos fiscales de la prestación de servicios de infraestructura”.
La ley del orsai y las necesidades de infraestructura
Volvemos ahora a Aschauer, quien luego de estudiar los documentos diría con voz clara y serena: “He estudiado los documentos. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en Latinoamérica se debería invertir anualmente un 6,2% del PIB en infraestructura, pero en 2015 la cifra sólo llegaba a 2,3%. Las estimaciones del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) muestran a Uruguay por debajo del promedio de América Latina. El Banco Mundial señala que el desarrollo de infraestructura en un país como Uruguay está en manos de las empresas públicas, por lo que una restricción a la inversión de éstas es, en definitiva, una restricción a las posibilidades de desarrollo de infraestructura del país. La rendición de cuentas respeta la regla de oro, lo que hace feliz a mi amigo Pigou; pero a mí no me termina de convencer, porque en términos de inversión pública, parece no ser suficiente.”
Aschauer y Pigou se calzarían sus sombreros e irían a plantearle el tema al gobierno, con quien tendrían una conversación más o menos así:
-Buen día miembros del gobierno, gracias por recibirnos.
-Buen día profesores Pigou y Aschauer, mucho gusto y bienvenidos nuevamente al mundo de los seres vivos.
-Muchas gracias. Hemos estado observando su déficit corriente, y vemos que sus planificaciones proyectan cumplir la regla de oro, felicitaciones.
-Muchas gracias, son ustedes muy amables.
-Sin embargo, revisamos también la inversión pública, y nos parece medio baja.
-Pasa que no podemos aumentarla mucho.
-¿Por?
-Porque aumenta el déficit fiscal.
-¿Tienen problemas de endeudamiento?
-No, estamos bien en ese sentido.
-¿Entonces?
-Es que en esta época se evalúa a un gobierno por el déficit fiscal. Si incrementamos las inversiones de manera importante, va a aparecer en el numerito mágico, que es el que miran los economistas al final del año y determinan si las cosas estuvieron mal o estuvieron bien.
-¿Por?
-Porque es así.
-¿Y si tienen una inversión con una alta rentabilidad, no la hacen?
-No.
-¿Y entonces cómo van a hacer con la brecha de infraestructura?
-Vamos a complementar la inversión pública con una herramienta novedosa, las PPP.
-¿Qué son las PPP?
-Son contratos a largo plazo con el sector privado.
-¿Contratos entre el Estado y el sector privado? Pero eso es más viejo que el agujero de la taza de té...
-Bueno, pero ahora es novedoso, y además es más eficiente.
-¿Es más barato?
-Ehh... no, en realidad es más caro.
-Ah, ok, pero entonces debe ser más ágil.
-Ehh... sí, sí, es mucho más ágil (al fondo el Ministro de Obras Públicas dice algo, pero no se escucha).
-¿Están seguros?
-Sí... o por lo menos eso es lo que nos dijeron… y además está el tema de que no podemos aumentar más la inversión pública.
-¿Por qué, si el déficit corriente y el endeudamiento están bien, y además tienen en carpeta inversiones que son rentables?
-Es que en esta época se evalúa a un gobierno por el déficit fiscal...
-Ok, ok, ya entendimos. Bueno, suerte con eso.
-Gracias, muchas gracias.
Maestro, ¡la Inversión Pública es uruguaya!
En este intenso torneo fiscal, Gastón Silva tiene cada vez más minutos, mientras que el Pelado se va resignando al banco de suplentes. Y ojo, la decisión del Maestro tiene su lógica, debe moverse según las reglas de juego: si al Pelado le van a cobrar orsai por pasar la mitad de la cancha, se puede entender que se le den más minutos a Silva.
Y en realidad, lo más preocupante no es tanto que Silva juegue más partidos, porque quizás haya algunos en los que sea más conveniente ponerlo a él que al Pelado. Y tampoco que, a pesar de que nos dijeron que Silva pica rapidísimo por la raya, todavía no lo hayamos visto llegar hasta el fondo y mandar un centro; quizás sea cuestión de tener un poco más de paciencia.
Lo que resulta más preocupante es que, a fuerza de repetir una y otra vez lo mismo en las conferencias de prensa, terminemos convenciéndonos de que Silva es mejor que el Pelado, independientemente del partido que se juegue. O, peor aun, que creamos que lo estamos poniendo en la cancha por su superioridad futbolística, olvidando que en realidad nuestras decisiones están determinadas, desde antes que pite el juez y se mueva la pelota, por la ley del orsai de la Rendición de Cuentas.
Referencias:
Aschauer (1988) - Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics 23, 177-200, North-Holland
Aschauer (1988) - Public investment and productivity growth in the Group of Seven, Federal Reserve Bank of Chicago
Azar, P., Bertino, M., Fleitas, S., García Repetto, U., Bertoni, R., Sanguinetti, C., &Sienra, M. (2009). ¿De Quiénes, para Quiénes y para Qué? Las Finanzas Públicas de Uruguay en el Siglo XX. Montevideo: Fin de Siglo.
BID (2016). Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe: ¿Cómo, Cuánto y Quién?, Washington DC, BID
Basetto, M., y Sargent, T. (2005). Politics and efficiency of separating capital and ordinary government budgets. Cambridge: National Bureau of EconomicResearch.
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Lovrincevich (2002) – Análisis de evolución de los sistemas de juego en el fútbol, Revista Digital - Buenos Aires - Año 8 - N° 53 - Octubre de 2002 Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd53/futbol1.htm
FMI (2004), Public Investment and Fiscal Policy (Prepared by the Fiscal Affairs Department and the Policy Development and Review Department (In consultation with other departments and in cooperation with the World Bank and the Inter-American Development Bank)) Disponible en: https://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/pifp.pdf
Senosiain (2012). Lo suficientemente loco. Una biografía de Marcelo Bielsa. FMI (2016). Fondo Monetario International (2016). PPP Fiscal Risk Assessment Model (P-FRAM). Disponible en: http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/#4
Pigou (1929), cita extraída de Balassone y Franco (2001). EMU Fiscal Rules: A new answer to an old question?, Research Department, Banca d’Italia.
Datos del MEF en https://www.mef.gub.uy/538/1/mef/datos.html
Rendición de Cuentas en https://www.mef.gub.uy/21740/1/mef/poder-ejecutivo-presento-al-poder-legislativo-rendicion-de-cuentas-2016.html
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.
Uno de los conceptos más complejos de la fe cristiana, pero a la vez fundamento de esta, es la doctrina de la Santísima Trinidad. Esta doctrina permitió incorporar el cristianismo como religión del Imperio Romano, ya que validaba la adoración a Jesucristo. La Santísima Trinidad consiste en aceptar la idea de que Dios es uno y tres al mismo tiempo: Dios es Dios, y a la vez es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿A qué viene esta introducción religiosa? ¿Este no era un artículo sobre las empresas públicas? El punto es que este concepto religioso (perdón, Batlle) es muy interesante para conceptualizar a las empresas públicas en Uruguay, ya que también son una y tres al mismo tiempo: son empresas públicas, y a la vez son empresas comerciales, instrumentos de política macroeconómica y agentes de desarrollo. El problema es que la conjunción de estas funciones genera resultados extraños, en la medida en que se las intenta evaluar con el primer concepto, se las utiliza de acuerdo con el segundo y se las defiende siguiendo al tercero. Amén.
En primer lugar, existe una tensión entre la visión comercial y el uso como instrumento de política macroeconómica. Esta tensión se visualiza en la discusión de cada cambio tarifario, cuando se contrastan las visiones particulares de las empresas y la visión global del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero también se detecta en las debilidades de los estudios que intentan examinar la eficiencia de las empresas públicas por medio, exclusivamente, de sus resultados económicos, sobre todo en contextos en los que sus principales variables pueden responder a objetivos no comerciales. Si los resultados de la empresa empeoran porque las tarifas se ajustan con el objetivo de abatir la inflación, ¿se puede concluir que su gestión ha empeorado? Si los resultados mejoran porque las tarifas se ajustan teniendo en cuenta el déficit fiscal, ¿se puede decir que su gestión ha mejorado?
También existe una tensión entre la concepción de empresa comercial y la de agente de desarrollo. Por poner un ejemplo, el desarrollo de la electrificación rural es una política desarrollada por UTE que ha permitido a Uruguay ser uno de los países con mayores tasas de electrificación. Esta política, que tiene importantes justificaciones desde el punto de vista del desarrollo económico y social del país, no tiene una justificación comercial, implica pérdidas, y la decisión de impulsarla tiene asidero en la concepción de la empresa pública como agente de desarrollo.
Un ejemplo interesante de convivencia de las tres dimensiones es el caso de ANCAP. La empresa tuvo que ser recapitalizada a principios de 2016, y si uno analiza la discusión parlamentaria, tanto en sala como en la comisión investigadora, encuentra tres relatos paralelos. ¿La empresa tuvo que ser recapitalizada porque fracasó su gestión comercial? ¿Fue un sacrificio necesario en el marco de una política de desarrollo nacional? ¿Fue por culpa de decisiones de política macroeconómica, ajenas a la empresa? La posibilidad de que efectivamente convivan tres relatos resulta un poco frustrante, dificulta la realización de diagnósticos y genera como respuesta la voluntad de romper la Santísima Trinidad y decantarse por convertir a las empresas públicas en empresas exclusivamente comerciales. Pero... ¿es esta la solución más apropiada?
Nuevas religiones: el gobierno corporativo
El cristianismo tuvo, a lo largo de su historia, cambios de visiones y discusiones que desembocaron en diferentes ramas, como el anglicanismo, el protestantismo y el calvinismo. Cada una de ellas tenía detrás diferentes grupos de poder y se centraba en algún aspecto teológico o reglamentario particular: la Biblia como única fuente, la posibilidad de los pastores de contraer matrimonio, la cantidad de sacramentos, la autoridad de Dios.
En el marco de las empresas públicas, una nueva corriente viene cobrando fuerza: la agenda del gobierno corporativo. Esta corriente centra su análisis en el gobierno de las empresas (“gobernanza” es el anglicismo de moda), y la definición técnica sería: el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa. Más allá de esta definición, los documentos que desarrollan este concepto incorporan elementos que trascienden la mera dimensión administrativa. El documento de cabecera sobre gobierno corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Privatización y Gobierno Corporativo de Activos Públicos, y plantea que “el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva desde el punto de vista económico”. En un documento elaborado por el Banco Mundial, titulado con el aséptico nombre de “Gobierno corporativo en empresas estatales. Un conjunto de herramientas” –material que fuera repartido en las jornadas sobre gobierno corporativo organizadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el año pasado–, se encuentran frases como “las reformas del gobierno corporativo deberían estar acompañadas de otras reformas, tales como la reestructuración y privatización de las empresas estatales”.
Sin embargo, más allá de la génesis del concepto, hay propuestas que se enmarcan en el discurso del gobierno corporativo que resultan interesantes y no están necesariamente atadas a una agenda privatizadora. Por nombrar algunas: la identificación del papel del accionista en una unidad centralizada; las mejoras en la contabilidad de las empresas públicas para diferenciar diferentes tipos de costos; los cambios en la contabilidad del déficit fiscal de forma de evitar el sesgo anti inversión pública; el desfasaje entre los ciclos de los directorios de las empresas públicas y los ciclos electorales; la profesionalización de los directorios; la no presencia de los ministerios en los directorios de las empresas; la separación clara de las funciones regulatorias y las funciones de propiedad.
La principal preocupación del gobierno corporativo es la vieja y querida discusión sobre la eficiencia del sector público. Más allá de cada una de las propuestas puntuales, en su retórica subyace una definición global implícita: concebir a las empresas públicas como empresas comerciales. Es decir, escoge como preferida y absoluta sólo una faceta de la Santísima Trinidad. Tomar partido por esta definición no es algo menor, sobre todo en Uruguay; es, en realidad, una definición previa, y más profunda, a la discusión sobre gobierno corporativo, que refiere a cuál debe ser el rol de las empresas públicas.
La importancia del tamaño de Dios
Cuentan que un periodista ateo le preguntó a la madre Teresa de Calcuta si Dios es grande o pequeño, a lo que la futura santa respondió: “Dios es tan pequeño que cabe dentro de mi corazón, y tan grande que no cabe en tu cabeza”. De esta forma, la madre Teresa se salteaba con gran elegancia el problema del tamaño de Dios.
Sin embargo, la opción de eludir el problema del tamaño no resulta válido cuando hablamos de empresas públicas. La retórica del gobierno corporativo relaciona los problemas de eficiencia con la ausencia de una unidad que ejerza la propiedad de la empresa, y para corregir este problema plantea la creación de una unidad centralizada que se encargue de esta dimensión: un holding de empresas públicas. El ejemplo estrella que se suele citar es el caso de Chile, donde el Sistema de Empresas Públicas (SEP) representa los intereses del Estado en las empresas públicas y aconseja sobre la designación y la remoción de los integrantes de los directorios. Tomando este ejemplo, se plantea crear una unidad similar en Uruguay, y se menciona como empresas objeto del control de dicha unidad a Antel, a UTE y a ANCAP.
Sin embargo, si bien es verdad que el SEP chileno supervisa el funcionamiento de más de 20 empresas estatales en Chile, también es verdad que Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile), su principal empresa estatal –que representa la mitad de las exportaciones chilenas y 15% de la recaudación tributaria total–, no es controlada por este organismo. Tampoco están en el SEP la ENAP (la ANCAP chilena) ni Banco Estado (el Banco República chileno).
La experiencia chilena nos enseña las virtudes asociadas con crear un holding de empresas públicas, pero también nos muestra que ellos no han incluido a las grandes empresas en este esquema. El trasfondo de esta decisión radica en una de las leyes de la dialéctica: diferencias cuantitativas generan saltos cualitativos. El salto cualitativo, en el caso de las empresas públicas, es la diferencia entre una empresa pequeña cuyas decisiones tienen impactos marginales en la economía y una empresa grande que puede influir de forma significativa en las grandes variables macroeconómicas. Plantear una perspectiva exclusivamente comercial es relativamente sencillo para las primeras, pero no para las segundas, cuyo impacto no es una cuestión de opinión, sino un dato de la realidad: en el caso de Uruguay, en la inflación –al punto de que se elaboran indicadores específicos que excluyen a las tarifas–, el déficit fiscal –el Ministerio de Economía y Finanzas propone disminuir un punto porcentual de déficit fiscal a partir de las empresas públicas– y la inversión –un cuarto de la inversión de la economía es del sector público, del cual la mitad correspondió a las empresas públicas–.
La lección del Concilio de Constantinopla
El Concilio de Constantinopla ratificó oficialmente, en el año 381, la doctrina de la Santísima Trinidad, luego de siglos de discusiones teológicas. Esta visión permitió que conviviera la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todas en el mismo nivel de jerarquía, dándole fortaleza y unidad a la iglesia católica. El arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo, y la doctrina de Macedonio de Constantinopla, que negaba la divinidad del Espíritu Santo, fueron condenados como heréticos.
La solución que aparece implícita en el paquete de medidas del gobierno corporativo es cercenar las pretensiones de utilizar a las empresas públicas como agentes de desarrollo o instrumentos de política macroeconómica. Sin ánimo de asumir definiciones autoritarias ni de declarar hereje a nadie, sería prudente tomar nota del Concilio de Constantinopla, reconocer la existencia de las tres dimensiones de las empresas públicas y, en lugar de intentar negar dos de ellas, enfocar los esfuerzos en aprender a administrar las tensiones que esta trinidad genera.
Aprender a administrar las tensiones resulta no sólo conveniente, sino necesario, porque estas aparecen incluso sin que uno se lo proponga o se dé cuenta. Por ejemplo, desde el ámbito técnico-académico se suele cargar las tintas sobre el sistema político al plantearse que desde un lugar más “técnico” se entiende la necesidad de que las empresas públicas se conduzcan de forma comercial, pero luego en los cargos de conducción los políticos caen en la tentación de utilizarlas como instrumentos de política macroeconómica. Sin embargo, también es frecuente ver, entre los propios técnicos y analistas, argumentos que responden a las diferentes dimensiones según la preocupación del momento: en el programa de la mañana, cuando el tema es la eficiencia de las empresas públicas, aparece la visión comercial y la necesidad de buenos resultados económicos; en el informativo de la tarde, cuando se habla de inflación, de déficit fiscal o del rol contracíclico de las políticas de inversión del Estado, los mismos analistas solicitan a las empresas públicas acciones que las enmarcan como instrumentos de política macroeconómica.
La idea de lograr un equilibrio entre las tres dimensiones no sólo es recomendable para los partidarios de una visión exclusivamente comercial, sino también para aquellos que se inclinan por concebir a las empresas públicas como agentes de desarrollo. Es más, estos últimos deberían ser los primeros en apostar por una visión integral. No son pocos los casos en que, luego de una etapa de primacía de la visión de desarrollo, acompañada de un deterioro de los aspectos comerciales, se llega a un escenario de debilidad empresarial tal que se hace imposible continuar por ese sendero. La historia nos demuestra que una visión desarrollista estrecha, ajena a las otras dimensiones, puede terminar generando las condiciones de su propia destrucción, cavando su propia tumba bajo el canto del desarrollo.
Al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios
Tras su entrada en Jerusalén, durante sus debates con los principales sacerdotes, Jesucristo eludió una trampa que le tendieron algunos de los fariseos y herodianos, quienes lo interrogaron acerca del pago de los tributos al césar. Jesús les respondió sentenciando: “Al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios”. Este pasaje de la Biblia es frecuentemente utilizado como enseñanza de lo adecuado que resulta separar los temas terrenales de los espirituales.
Un mecanismo similar para mejorar la administración de las tensiones de la Santísima Trinidad de las empresas públicas –que también se recoge en algunos documentos de gobierno corporativo, vale decirlo– es profundizar en la contabilización separada de las diferentes acciones, de forma de poder evaluar con mayor claridad cada una de las dimensiones. Avanzar en la explicitación de paramétricas y subsidios cruzados permitiría separar la paja del trigo, asignando costos y resultados que responden a diferentes facetas de una misma empresa.
Volvamos a ejemplificar. En un momento de la discusión sobre los resultados deficitarios de ANCAP, surgió la hipótesis de que la pérdida de 120 millones de dólares en 2014 se debía al subsidio al boleto –que muestra la mezcla entre un resultado comercial y un objetivo de desarrollo–. Esta hipótesis pudo ser rápidamente descartada, ya que en este caso sí existe un subsidio claro y explícito que se presenta de forma contable, que no afecta el resultado de ANCAP, puesto que este actúa solamente como agente de retención, y que permite diferenciar las diferentes facetas de la Santísima Trinidad.
La discusión sobre gobierno corporativo presenta varias propuestas, muchas de ellas beneficiosas e interesantes para mejorar la eficiencia de las empresas públicas. Sin embargo, importaciones acríticas de esta corriente pueden resultar contraproducentes. La concepción de las empresas públicas como meras empresas comerciales no es un buen punto de partida para elaborar diagnósticos o recomendaciones, ni un buen punto de llegada para trazarse objetivos, sobre todo en las empresas grandes, dada la importancia que tienen en la economía de un país como Uruguay. Asumir la Santísima Trinidad de las empresas públicas como una potencia, no un problema, e intentar mejorar la administración de las tensiones que esto genera resulta central en la discusión actual sobre las empresas públicas uruguayas.
El Estado es ineficiente; el Estado no tiene plata
Dos fantasmas recorren Uruguay: el fantasma del Estado ineficiente y el fantasma del Estado sin plata. El primero, elegante, moderno, técnico, conciliador, de traje y corbata, ha ido ajustando su personalidad, y si bien tuvo épocas más gloriosas -¡qué década la de 1990!-, sigue presente circulando en las discusiones, integrándose al sentido común y llevando su mensaje como un mantra único y poderoso: “El Estado es menos eficiente que el sector privado”.
El segundo fantasma, muy amigo del primero, tiene perfil más bajo pero es igual o más poderoso. Parco, de pocas palabras, gris, con camisa a cuadros y chaleco de oficinista, saca su libreta y mirándonos por encima de los lentes nos recuerda constantemente: “El Estado no tiene plata”.
Estos dos fantasmas suelen aparecer en las discusiones sobre infraestructura, y corresponden a los dos axiomas fundamentales que sostienen, a nivel político y del sentido común, el andamiaje conceptual de las modalidades alternativas de inversión pública y los contratos de participación público-privada (PPP). Son, por lo tanto, dos fantasmas con los que vale la pena conversar.
El fantasma del Estado ineficiente
Este primer fantasma, que debe reconocerse que ha sido bien alimentado por los recientes e importantes episodios de empresas estatales fundidas y recapitalizadas, se encuentra muy presente en un país que, a pesar de su arraigado batllismo -o, más bien, como su contracara- tiene la extraña patología de reflexionar siempre en relación al Estado: ante la caída de una empresa pública, la reflexión es sobre la gestión pública; ante la caída de una empresa privada, la reflexión es sobre la política macroeconómica.
¿Es más eficiente desarrollar proyectos productivos por medio del sector privado? Para buscar respuestas a esta pregunta se pueden considerar varios elementos, pero hay una distinción que me resulta particularmente destacable: la relación entre costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. Por un lado, existen proyectos en los que lo más importante es la gestión (una heladería, una pizzería, una peluquería); por otro lado, existen proyectos en los que lo más caro es la inversión (un parque eólico, una carretera, una represa). En este segundo tipo de proyectos, la eficiencia se juega en la cancha de la inversión y, por ende, en el costo del financiamiento. Ramón Méndez, ex director de Energía, ejemplifica con claridad este modelo de negocio para el caso eólico: “Uno tiene que entender que el negocio eólico es básicamente financiero. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el costo del combustible? Es gratis, básicamente. ¿Cuál es el costo de operación y mantenimiento? Muy bajito. ¿Cuál es, entonces, el costo de la energía? Repagar la inversión inicial. Esto significa dos cosas: primero, conseguir el mejor precio; segundo, conseguir la mejor tasa de interés”.
De esta forma, si el problema central radica en la financiación, la estrategia más eficiente será aquella que consiga financiamiento a menor costo. Y un hecho de consenso en la literatura económica es que, entre el Estado y el sector privado, el primero es el que tiene capacidad de conseguir financiamiento más barato. En este sentido, resulta elocuente lo que plantea un informe del Parlamento británico sobre las PPP desarrolladas en su país: “El costo del financiamiento es significativamente mayor en una PPP. Por lo tanto, el costo financiero del repago de la inversión es considerablemente mayor que el costo de amortización de un préstamo gubernamental. No hemos visto evidencia que sugiera que este ineficiente método de financiamiento haya sido compensado por los beneficios de la transferencia de riesgos de la PPP. Por el contrario, hay evidencia de lo opuesto”.
El mismo informe plantea que “el costo de capital de un proyecto PPP típico está por encima de 8%, el doble que la tasa de interés de largo plazo a la que el gobierno puede endeudarse, aproximadamente 4%”. ¿Es mucho o es poco este 4% de diferencia? Para que se haga una idea, suponga que usted va al Banco Hipotecario a pedir un préstamo de 100.000 dólares a 25 años para comprar su casa. Si el banco le presta a un interés de 4%, va a pagar una cuota de 15.000 pesos por mes; si el banco le presta a 8%, pagará una cuota de 22.000 pesos. O sea, 7.000 pesos de diferencia por mes, casi 50% más de cuota todos los meses. Multiplique esta idea por miles de millones de dólares, y tendrá una dimensión del sobrecosto financiero del que hablan los ingleses.
En este marco, serviría apelar a un camino privado sólo si esta modalidad es tanto más eficiente en la construcción y desarrollo del proyecto que pueda compensar el encarecimiento del crédito. Si bien es cierto que en Uruguay el marco normativo de las PPP contempla esto y obliga a hacer una comparación, la lógica secuencial por la que se toman las decisiones (en la que las alternativas reales son hacer el proyecto vía PPP o no hacerlo) terminan viciando el proceso y sesgándolo fuertemente hacia la aprobación de la PPP.
(Paradoja fantasmal 1: el auge de las PPP, apoyado en la retórica del fantasma del Estado ineficiente, florece en el terreno de la infraestructura, en el que en general los proyectos son de alta inversión y bajos costos de operación y mantenimiento, y por lo tanto la variable clave es el costo del financiamiento).
El fantasma del Estado sin plata
El segundo fantasma, que plantea que “el Estado no tiene plata” (o, en la versión que nos gusta a los economistas, “no hay espacio fiscal”), es muy frecuentemente escuchado, y es bastante difícil de rebatir. Si el Estado no tiene plata, bueno, pues, no tiene plata, qué se le va a hacer, una pena. El problema es que la derivación de esta afirmación debería ser que, si no hay plata, entonces que no se realice el proyecto de inversión. Pero no. La derivación actual de este “hecho” es: entonces el proyecto lo debe llevar a cabo un privado.
Y allí viene el privado con sus recursos y hace el proyecto de infraestructura. Y el modelo cerraría, por lo menos para mí, desde el punto de vista lógico, si el privado hace el proyecto y cobra al público un precio por su uso, y con eso repaga la inversión, sin que el Estado (ese que no tenía plata) tenga que poner plata (porque no tenía). Pero lo que en general sucede es que el que termina pagando la infraestructura es… el Estado. Por ejemplo, mediante un contrato a largo plazo llamado PPP. Ese Estado que no tenía plata para financiar la obra termina siendo posteriormente el que asegura el flujo de dinero para financiar la obra.
Más extraño aun resulta el proceso cuando el Estado invierte pero mediante modalidades alternativas de inversión (usted debe de haber escuchado estas palabras: “fideicomiso”, “leasing”, “sociedad anónima”). En este escenario, el proceso lógico actual es el siguiente: el Estado no tiene plata –> el Estado no puede invertir –> pero el Estado debe invertir –> entonces armemos algo raro, por ejemplo... un fideicomiso –> ahora sí, el Estado (que no podía invertir porque no tenía plata) ahora puede invertir (porque ahora puede).
Es importante recordar, para reflexionar sobre este segundo axioma, que para realizar cualquier proyecto de infraestructura lo que hace el Estado es pedir un préstamo, igual que lo hace un privado. Cuando hablamos de inversiones, el problema no es si el Estado tiene plata o no en una cajita para pagar una inversión, sino si tiene capacidad de pedir un préstamo para financiarla. Tanto tomando la opción de hacerla directamente y pidiendo un préstamo, como haciéndola por intermedio de otra entidad (que va a pedir un préstamo) y asegurándole a esta un flujo de fondos a futuro (para repagar ese préstamo), lo que está haciendo es endeudarse. O se endeuda comercialmente, o se endeuda financieramente, pero siempre se endeuda.
(Paradoja fantasmal 2: El fantasma del Estado sin plata habita plácidamente los terrenos de los proyectos de infraestructura, que por sus características económicas no suelen nacer espontáneamente del mercado, y suelen necesitar al Estado como financiador en un extremo de la cadena de pagos).
El alma de los fantasmas: la economía y la contabilidad
El mensaje del primer fantasma es, esencialmente, ideológico, político, económico. Confluyen en su construcción miles de trabajos, libros, artículos, experiencias concretas y siglos de gente pensando una de las preguntas centrales de la economía: cómo organizar la producción. ¿Qué es más eficiente, organizar la producción de forma privada o pública? ¿Para qué casos es mejor una opción, para qué casos es mejor la otra? Ambas opciones -y el abanico intermedio que existe entre ellas- tienen pros y contras, y la discusión de cuál es más apropiada es una de las más interesantes de la economía, y siempre estará abierta.
La esencia del planteo del segundo fantasma es, sin embargo, un poco más escurridiza. El hecho de plantear que el Estado no tiene plata para hacer una inversión, para acto seguido proponer una forma alternativa de canalizarla por la que, a fin de cuentas, el que paga es el Estado, es más difícil de comprender.
¿Por qué el desarrollo de la generación eólica se basó fundamentalmente en contratos con privados, que consiguen financiamiento a mayores costos? ¿Por qué está tan de moda el avance de las PPP como solución a los problemas de infraestructura, aunque salgan más caras? ¿Por qué el complejo Antel Arena se realizará como fideicomiso, si por esta modalidad costará ocho millones de dólares más? ¿Por qué UTE decidió alquilar una línea de trasmisión (mediante la modalidad de leasing), o empezar a alquilar medidores, en lugar de comprarlos directamente?
Entiendo que la respuesta madre a estas cuestiones radica en la contabilidad pública y en cómo esta relaciona inversión pública con déficit fiscal (disculpe si en algún momento ya me escuchó decir esto, lo que pasa es que es mi núcleo delirante...). La diferencia fundamental es que si el Estado invierte directamente, toda esa inversión impacta en el déficit fiscal, pero si lo hace mediante modalidades alternativas o mediante contratos con privados, ese impacto se diluye a lo largo del tiempo. De esta forma, “inversión pública = déficit fiscal más alto”, e “inversión por otros caminos = déficit fiscal más bajo”. Para ejemplificar, en un trabajo reciente calculamos que haber realizado una mayor proporción de parques eólicos directamente por UTE habría sido más eficiente, por lo menos en términos de costo de financiamiento y ahorro de exoneraciones tributarias, pero también habría hecho saltar al déficit fiscal a valores superiores a 5%.
Como contrapartida de encarecer los proyectos de inversión, el camino escogido nos permite ir a las calificadoras de riesgo para, bien peinaditos, mostrarles que nuestras cuentas fiscales están equilibradas, que nuestro déficit fiscal no es tan alto, y decirles que nos mantengan el investment grade, para luego ir, nuevamente bien peinaditos, a los inversores y mostrarles que tenemos un sote, que somos confiables, que traigan su dinero a este bendito país. Y es verdad, son las reglas de juego, y en un país como Uruguay, fuertemente dependiente de la inversión externa, es muy difícil escapar de estas reglas. Pero aceptemos que estamos jugando a este juego, en lugar de plantear en la presentación de cada proyecto de infraestructura que las decisiones tomadas siempre se basan en que “el Estado es ineficiente” o que “el Estado no tiene plata”.
El esquema en el que actualmente tomamos decisiones de inversión se basa en una regla contable que tiene un fuerte sesgo anti inversión pública, restringe la inversión en infraestructura y es una de las principales y menos nombradas causas de ineficiencia económica. Resulta imprescindible rediscutir este esquema, con la esperanza de alcanzar un punto más razonable en donde el centro de la discusión de las inversiones públicas vuelva a ser, más que la apuesta a esconderlas contablemente, la real búsqueda de eficiencia económica.
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Uno se levanta de mañana, sale a la calle y ve los titulares de los diarios en el quiosco, con las cifras récord del déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Es una locura, aumenta todos los años, desde 25 millones de dólares en 2010 hasta 400 millones de dólares en 2016. Luego se sube al ómnibus, escucha con el resto de los pasajeros la radio que le gusta al chofer, se manijea un poco más y sale indignado, pronto para tuitear: “¡Qué indignación! ¿Cómo puede ser que haya crecido el Déficit Fonasa? ¡Qué fracaso de gestión! ¡Renunciá, Bonomi!”.
¿Qué pasó? ¿Qué extraño agujero negro provoca este aumento deficitario? ¿Hay un problema de gestión? ¿Ya sabemos a quién hay que echar? Las próximas líneas intentarán desentrañar estas cuestiones.
El ¿Déficit? Fonasa
En primer lugar, este muchacho es problemático ya desde su nombre. Muchos plantean que no debería llamarse “Déficit”. ¿Por qué? En general se asocia la palabra “déficit” con un problema de eficiencia o de sostenibilidad de un algo que tiene ese déficit. De esta forma, uno intuye que no es bueno que una empresa o un país tenga déficit, mucho menos indefinidamente, y que es bueno cuando se achica y malo cuando se agranda. Si llamamos Déficit Fonasa a la diferencia entre ingresos y egresos del Fonasa, entonces la intuición nos dice que ese número no debería ser grande, y mucho menos crecer.
Sin embargo, esta intuición no siempre es válida. Para esto debe recordarse que el Fonasa no es una empresa, sino un fondo para financiar la salud, con reglas que determinan cómo ingresa dinero y cómo sale. Y también debe recordarse que una de las reglas es que esta diferencia entre ingresos y egresos se cubrirá con aportes de Rentas Generales. No es algo novedoso o inesperado, sino que estaba planificado dentro del diseño del Fonasa: el propio cronograma de ingreso de personas al Fonasa (y en particular el ingreso de los pasivos aprobado por el Parlamento en 2010) tenía implícito un crecimiento de este aporte de Rentas Generales. Por estas cosas es que la utilización del nombre “Déficit Fonasa” es controvertida, porque conceptualmente no es exactamente igual a lo que uno suele llamar “déficit”.
Pero bueno... en realidad todo el mundo le llama Déficit Fonasa, y la verdad es que es mucho más fácil nombrarlo así que decir todo el tiempo “la diferencia entre ingresos y egresos del Fonasa que es cubierta por Rentas Generales”, así que no nos pongamos demasiado exquisitos, economicemos palabras y asumamos este nombre: hablemos del Déficit Fonasa. Así, con mayúscula, sin comillas, con nombre y apellido.
El padre (o el abuelo) de la criatura: el aumento del Déficit Fonasa
La reforma de la salud tiene, como pilar fundamental del cambio en el modelo de financiamiento, la intención de separar el aporte de cada persona de la prestación que recibe. Del lado de los ingresos, la idea es que cada uno pague de acuerdo a su capacidad contributiva. Del lado de los egresos, que el gasto en salud no se asocie a lo que uno pagó, sino a lo que uno necesita y le cuesta al sistema.
La institución de salud a la que una persona está afiliada recibirá de acuerdo al gasto esperado de la persona: si es una niña de tres años, la institución recibe 1.700 pesos por mes; si la persona es un joven de 28 años, recibe 900 pesos; si es un abuelo de 79 años, recibe 4.700 pesos. Estos montos son independientes del aporte que haga al Fonasa la niña, el joven o el abuelo.
De esta forma, la evolución del Fonasa dependerá de los ingresos y egresos asociados a las personas que vayan entrando. No hay que ser un doctor en economía, pues, para entender que si al Fonasa entra un señor que aporta 1.000 pesos pero cuesta 4.700 pesos, entonces la entrada de ese señor implicará un aumento del Déficit Fonasa. Y si entran miles de estos señores y señoras, entonces el Déficit Fonasa aumentará más todavía.
Esencialmente es esto lo que ha pasado en los últimos años: entre 2012 y 2015 entraron 300.000 jubilados al Fonasa, un colectivo marcadamente deficitario (sí, suena horrible decirle “deficitario” a un grupo de gente, pero avancemos...). Si uno quisiera podría incluso realizar el cálculo de la diferencia entre ingresos y egresos del Fonasa que corresponde solamente a los pasivos, ponerle un segundo apellido al Déficit Fonasa y llamarle “Déficit Fonasa Pasivos”. Este valor al día de hoy supera los 400 millones de dólares, una magnitud muy similar… al Déficit Fonasa. Este fenómeno se ve con mayor claridad si uno grafica la evolución del Déficit Fonasa separando el “Déficit Fonasa Pasivos” del déficit del resto (al que le daremos el nombre técnico de “Déficit Fonasa del Resto”).
Es importante recalcar que este aumento en la brecha entre ingresos y egresos no significa una pérdida de eficiencia, ni de productividad, ni un despilfarro de recursos. Es una evolución esperable en un proceso de incorporación de personas que gastan más de lo que aportan al Fonasa. ¿Con esto se está diciendo que no se puede discutir sobre la eficiencia del sistema? No, para nada. Se puede y se debe seguir discutiendo. Lo que no se debe es tomar el Déficit Fonasa como un indicador de la eficiencia del sistema de salud, ni su aumento como un problema de gestión o de productividad, porque son cosas bien diferentes.
Las posibles soluciones
Supongamos que igual no nos conforma la explicación, que igual no nos gusta esa resta entre ingresos y gastos que se apellidan Fonasa, y que queremos eliminar ese número rojo. Entonces a uno se le ocurren cuatro formas básicas de encarar el Déficit Fonasa:
Aumentar los ingresos (por ejemplo, aumentando las tasas de aporte o eliminando la devolución Fonasa que, dicho sea de paso, equivale a un cuarto del déficit).
Disminuir los egresos (lo que implicaría que les llegue menos dinero a las instituciones de salud).
Desandar el camino, achicando la cobertura del Fonasa y eliminando los colectivos deficitarios, empezando por los más viejos, esos seres ridículos que gastan más de lo que aportan (sobre todo si son pobres), y continuando con los menores y los cónyuges.
No modificar los ingresos, tampoco los egresos, ni cambiar los colectivos, y convivir con un sistema que se financia en parte con ingresos Fonasa y en parte con aportes de Rentas Generales.
Cada una de estas opciones implica caminos bien diferentes. Sería interesante que quienes se muestran preocupados por el Déficit Fonasa planteen con claridad cuál de las opciones prefieren recorrer. Si bien puede haber excepciones, la sensación que dejan algunas apariciones públicas y editoriales es que, bajo el manto de aparentes planteos neutros, “técnicos”, de gestión y números macro, no se encuentra ni la opción 1, ni la 2, ni la 4. La que se encuentra en el fondo, agazapada pero pronta para salir, es la opción 3. Y cuidado, la opción 3 no es una opción alocada, sino que era la realidad cotidiana del sistema de salud de hace apenas diez años.
El futuro
¿Si dejamos pasar el tiempo, el Déficit Fonasa desaparecerá? Lamentablemente, el futuro no se vislumbra demasiado prometedor. Estudios con proyecciones a futuro (1) muestran que el Déficit Fonasa podría seguir creciendo. Salvo que uno suponga un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 6% anual (un escenario muy optimista), en cualquier otro escenario el Déficit Fonasa seguiría existiendo, pudiendo incluso superar 3% del PIB para 2035. ¿Esto se debe a una proyección del despilfarro estimado por gestiones horribles de los sucesivos gobiernos que vendrán? No, esto sucedería simplemente por un efecto demográfico, porque la población envejece, y cada vez habrá más pasivos y menos activos.
Este es un problema ya no uruguayo, sino mundial. En un escenario futuro de crecimiento de los déficits en los sistemas de financiamiento de la salud y la seguridad social, cada vez más grande será la presión por desarmarlos, para así no ver ese número rojo. Y la discusión fue, es y seguirá siendo entre sostener sistemas de financiamiento colectivos, universales y solidarios, o volver a sistemas en donde cada uno se arregle como pueda. Y sin esos sistemas colectivos de financiamiento, o el gasto lo soporta la persona y/o la familia (si pueden), o no habrá gasto (y por lo tanto, no habrá prestación). El centro del problema es, nada más ni nada menos, qué debe financiarse de forma privada y qué debe financiarse de forma pública. El Déficit Fonasa puede y debe discutirse, pero recordando que es sólo la punta del iceberg; debajo del agua hay una discusión mucho más profunda, seguramente una de las discusiones más importantes que puede tener una nación: cuál debe ser el alcance de su matriz de protección social.
(1). Leticia Zumar (2013): “Reforma del Sistema de Salud de Uruguay. Efectos fiscales de largo plazo”.
El problema
“¡Marta, se rompió el lavarropa, tenemos que comprar uno nuevo!”, plantea Jorge al descubrir que, luego de muchos años, el viejo electrodoméstico se ha roto. Marta, su señora, ama de casa y administradora por excelencia de los gastos del hogar, lo mira con desdén. “Jorge, ya sabés: no-hay-pla-ta”, responde secamente. “Ya sé Marta, obvio que no tenemos plata ahora, pero podemos usar la tarjeta de crédito”, propone Jorge. Marta niega con la cabeza y, levantando el dedo índice, comunica: “No señor, la cuota mensual de la tarjeta ya está muy alta, no podemos endeudarnos más”.
Desaceleración económica, déficit fiscal, restricciones. Necesidades de inversión, necesidad de no aumentar la deuda. Esta compleja coyuntura resulta el caldo ideal para el surgimiento de un conjunto amplio de opciones alternativas a la inversión pública tradicional: fideicomiso, leasing operativo, sociedad anónima, entre otros. Una de las modalidades estrella en este menú de opciones es la participación público-privada (PPP).
La solución
Jorge hace los cálculos y comprueba que comprar el nuevo lavarropa le implicaría un aumento de 500 pesos por mes en la tarjeta de crédito. Acongojado, acude al auxilio de su vecino, que le propone una opción alternativa: a dos cuadras de su casa hay una lavandería. Por un módico precio puede tener la ropa impecable, limpita y con un olor riquísimo. Su vecino se lo recomienda: “¡No sabés qué bueno el suavizante que usan! Además, ellos son expertos en lavado de ropa, se dedican a eso, no como vos que además tenés que hacer un montón de cosas...”.
A partir del año 2011 una nueva herramienta se consolida en Uruguay: la ley 18.786 establece el marco regulatorio para los Contratos de Participación Público-Privada. Sus partidarios destacan que esta modalidad cuenta con un conjunto importante de beneficios: la posibilidad de conseguir financiación, las bondades de la distribución de riesgos, el aseguramiento de calidad mediante el control de indicadores, la virtud de que el Estado se desentienda de actividades secundarias (como el cuidado de la infraestructura) y se encargue de sus cometidos principales (servicios de salud, servicios de educación, seguridad y rehabilitación de personas). Sus detractores plantean que, en el fondo, las PPP son una forma de privatización encubierta, en tanto la propiedad y/o gestión de los activos pasa a la órbita privada.
Jorge no sabe qué hacer, e intenta buscar una solución; el sólo hecho de tener que volver a lavarse los calzoncillos a mano lo incomoda profundamente. Unos rápidos cálculos mentales lo llevan a concluir que mandar la ropa a la lavandería le costaría unos 800 pesos por mes, más caro que la cuota de la tarjeta si compra un lavarropa, y la verdad que eso es difícil de justificar. A esto se le suma la opinión de Marta, que si bien le encanta lograr no sumar un gasto en el recibo de la tarjeta, todavía no está satisfecha con la propuesta de la lavandería.
Realizar una inversión por PPP tiene, desde el punto de vista contable, dos virtudes. En primer lugar, la inversión no impacta en el déficit fiscal el año que se realiza, sino que se registra a través de pagos a lo largo de todo el contrato. En segundo lugar, la deuda generada con la empresa privada no aparece como deuda pública. Estos criterios contables, más que ser elementos secundarios de la modalidad, son una de las claves –sino el motivo principal– de la creciente apuesta por las PPP en contraposición con la inversión pública tradicional.
En el boliche se encuentra con el dueño de la lavandería, quien luego de unas copas lo asesora. “Jorgito, Jorgito, es verdad que está bueno tener un lavarropa en tu casa, no hay duda, pero… ¡ojo que eso implica un montón de riesgos también! Por ejemplo, los que te lo traen pueden golpearlo al bajarlo del camión, y eso le reduce la vida útil. Además tenés que revisarlo cada tanto, y si llegás a tener algún problema tenés que llamar al sanitario. Y si llega a haber un terremoto, o un ciclón extratropical, fenómenos que están cada vez más presentes con esto del cambio climático, se te rompe el lavarropa y marchaste... Sin embargo, si yo te lavo la ropa, estás mucho más tranquilo. ¿Tenés idea de todos los riesgos que te puede dar tener un lavarropa propio? ¡Es un dolor de cabeza!”.
Desde el punto de vista teórico, el pilar conceptual que justifica el uso de la herramienta PPP es la distribución de riesgos. Mediante una adecuada distribución de los riesgos entre el sector público y el privado se podría lograr mayor “Valor por Dinero”. De esta forma, un informe clave para justificar la realización de un proyecto mediante PPP es el estudio de este valor, que demuestre que es más eficiente hacer una obra por PPP en lugar de hacerlo como obra pública tradicional. La ley 18.786 lo plantea explícitamente: “se deberá mostrar que el modelo de contratación propuesto es el que permite al Estado obtener el mayor ‘Valor por Dinero´”.
Jorge hace un listado de los riesgos, estima su probabilidad, los cuantifica. Revisa, corrige, agrega riesgos, tacha, borra, recalcula, hasta que finalmente llega a un resultado satisfactorio, y corre a anunciárselo a su mujer. “Mirá Marta, mirá, si nos compramos un lavarropa nos gastamos 10.000 pesos, ¡pero además un montón de riesgos, de que se rompa, de que se caiga, de tener que llamar un sanitario, que valen como 10.000 pesos más! Por suerte hice estos cálculos, ahora me da que es mejor mandar la ropa a la lavandería.” Marta mira los cálculos y sonríe satisfecha, pensando en que logró no mover el saldo de la tarjeta de crédito. “Muy bien Jorge, muy bien. Llevaremos la ropa a la lavandería”.
Veamos un ejemplo concreto del informe de Valor por Dinero: el informe de la línea ferroviaria Algorta-Fray Bentos. La línea argumental, en resumidas cuentas, es la siguiente. Si se realiza una comparación simple entre el PPR (el Proyecto Público de Referencia, que sería el proyecto realizado por el Estado de la manera tradicional) y la PPP, los montos son bien diferentes: 179 millones de dólares contra 267 millones. O sea, 88 millones más cara la modalidad PPP, un 50% más de costo. Sin embargo, cuando el informe agrega el análisis de los riesgos –esto es, se supone una lista de riesgos, se estima su costo, se supone determinada probabilidad a cada uno, se los distribuye– se llega a la conclusión que realizar la inversión como obra pública tradicional cuesta 269 millones de dólares, y hacerla por PPP 258 millones (ahora sí, 11 millones más barata la PPP, un 4% del total). A partir de estos cálculos en el informe se “concluye contundentemente que la modalidad de ejecución PPP genera Valor por Dinero”, y se decide continuar por el camino de la PPP.
El problema
Jorge vuelve de la lavandería con la ropa limpia en la bolsa, pensando que tener el servicio de lavado no está nada mal. Es verdad que presenta algunas limitaciones: el suavizante no es exactamente el que a él le gusta, y además sólo puede ir a lavar ropa de lunes a viernes. Además, el aumento de precio que tuvo la lavandería la semana pasada, algo excesivo, lo agarró por sorpresa. Pero bueno, siempre se tienen que hacer algunos ajustes cuando se cambia. Sin embargo, está contento: no tendrá que lavar los calzoncillos a mano. Además, ver a Marta radiante, mirando cómo el saldo de la tarjeta de crédito no ha aumentado, también lo llena de satisfacción.
Más allá de las discusiones metodológicas asociadas a los estudios de Valor por Dinero (que, debe decirse, son documentos extensos, complejos y bien documentados), hay dos problemas conceptuales que los preceden y condicionan. En primer lugar, en teoría el informe de Valor por Dinero es un estudio previo que se realiza para luego determinar si es mejor realizar una obra de forma tradicional o mediante PPP. Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que de forma previa se define que una obra se ejecutará mediante PPP, y luego se realiza el informe de Valor por Dinero. Esto no es ninguna novedad: ya en 2002 el periodista George Monbiot planteaba en Inglaterra, cuna de la modalidad PPP, lo siguiente: “Las autoridades nos han prometido que los servicios públicos serán financiados mediante PPP sólo si esta modalidad ofrece una mejor relación calidad-precio que la obra pública tradicional. Sin embargo, las mismas autoridades plantean que no hay recursos para realizar inversiones mediante obra pública tradicional. En palabras del secretario de estado de Salud, Alan Milburn, “es PPP o nada”. De esta forma, los organismos públicos que deseen construir nuevos hospitales, escuelas, cárceles y caminos tenderán deliberadamente a ubicar el costo del Proyecto Público de Referencia más alto que la PPP.”. El segundo problema es referido a la relación entre el manejo contable y la distribución de riesgos. En teoría, la metodología plantea como objetivo que la parte en mejores condiciones de administrar un determinado riesgo sea quien lo asuma. En la práctica, la distribución de riesgos está fuertemente determinada por el registro contable que se derivará de los mismos: si no se desplazan suficientes riesgos al privado, el proyecto se registrará totalmente como inversión en el año que se ejecute –como una obra pública tradicional– anulando el “beneficio” contable de que no aparezca en las cuentas fiscales. Estos elementos no son exclusivos de Uruguay, y pueden encontrarse en estudios para diversas partes del mundo, como el Reino Unido, Portugal, Australia, Canadá, Europa del Este, África, entre otros.
A la noche, al calentar el agua para la bolsa de agua caliente Jorge detecta una falla en la cocina. La hornalla no funciona bien. “Está andando mal otra vez, la tercera hornalla que se rompe… le queda poco tiempo a esta cocina…”, piensa.
Las PPP pueden ser instrumentos válidos y útiles para el desarrollo del país, pero el procedimiento por el cual decidimos optar este camino –que parece descansar en un problema más contable que económico o político– dista de mostrarnos un escenario auspicioso. Además de las discusiones relacionadas con el informe clave que justifica las PPP (el Valor por Dinero), vale la pena destacar tres elementos adicionales. En primer lugar, en relación con las PPP como solución a un problema de financiamiento, debe recordarse lo que nos plantean los profesores Liebe y Pollock en un artículo sobre el sistema de salud británico: “la PPP es deuda pública incluso si no es contabilizada de esa manera. El sector público se compromete a repagar la deuda a un consorcio privado de la misma forma que sucede en cualquier otra deuda”. En segundo lugar, un elemento que surge de la propia sinceridad de las PPP: ellas nos dicen, claro y en voz alta, que son alternativas más caras que la obra pública tradicional. En tercer lugar, algo que nunca debe obviarse: las PPP en general implican algún grado de resignación del control estatal de los activos, que pasa a manos privadas, con quienes el Estado hace un contrato. De esta forma, las PPP le ofrecen al Estado que no se preocupe por la realización de una inversión y sus riesgos, pero a cambio de una triple contrapartida: aumento de deuda, mayores costos del proyecto y pérdida de la propiedad y/o control del Estado.
Cuando se acuesta en la cama Jorge dice, como distraído, en voz alta y mirando al techo, “la cocina está andando mal…”. Marta, sin sacar la vista de su libro de sudokus, espeta su muletilla: “no-hay-pla-ta”. Jorge, sereno, sonríe: “tranquila Marta, no estoy pensando en comprar una nueva. Lo que se me ocurrió, que es mucho mejor, es que cuando se rompa del todo… ¡podemos hacer un convenio con el bar de la esquina y empezar a comprar ahí la comida todos los días! Así nos aseguramos comida deliciosa y, además, no tenemos todos los riesgos de quemarnos con el aceite caliente o tener que andar comprando ollas cuando se rompen, así que al final de cuentas la comida nos va a salir más barata todavía.” Y luego de darle un beso a su mujer, apaga la luz, se da vuelta conforme y, casi saboreando las milanesas con papas fritas, se duerme tranquilo.
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.
Referencias
Bankwatch (2008), Never mind the balance sheet. “Los gobiernos en Europa Central y Oriental han sido atraídos por las PPP, consistentes en un arreglo “Construir ahora, pagar después” que aparenta (falsamente) acceder a inversiones que de otra forma serían inaccesibles”.
CND (2014), Estudio valor por dinero “Rehabilitación tramo ferroviario Algorta – Fray Bentos”. En el caso del estudio de Valor por Dinero de la línea Algorta Fray Bentos, además de la distribución de riesgos se considera el IRAE que generaría el proyecto PPP, restando este valor (USD 34 millones) al costo total del proyecto.La misma lógica tienen los informes realizados para justificar las PPP en la cárcel de Punta de Rieles y las rutas que se realizaran por este mecanismo.
Cruz y Marques (2013), Theoretical Considerations on Quantitative PPP Viability Analysis. “Uno de los problemas principales con el informe de Valor por Dinero es que, en muchos casos, hay presión política para desarrollar proyectos PPP. Esta presión surge fundamentalmente por la dificultad de los presupuestos públicos para afrontar la presión financiera de los proyectos, sobre todo en los primeros años (la fase de construcción). En este caso, la alternativa de no desarrollar la PPP es no realizar el proyecto. De esta forma, en cierta medida, la alternativa no es realmente una alternativa”.
Engel, Fischer y Galetovi (2014), Finance and Public-Private Partnerships.
Gerchuni (2014), ¿Por qué PPP?
Heald (2002), Value for money test and accounting trreatment in PFI.
Irwin (2013), PPPs on the Balance Sheet, Please!
Jimena Castillo (2016), ¿Recursos frescos o privatización encubierta?
Leighland (2006), Is the public sector comparator right for developing countries?
Liebe y Pollock (2009), “The experience of the private finance initiative in the UK’s National Health Service”. A pesar de la irracionalidad y el elevado precio de la política, el gobierno sigue comprometido con el modelo PPP. En un contexto de menores recursos para la inversión pública, la política puede encontrar un nuevo ímpetu gracias a su habilidad por mantener a los proyectos fuera de las cuentas públicas. Los tomadores de decisión, sin embargo, no deberían olvidar la dura lección que hemos aprendido: las PPP no liberan recursos. Por el contrario, el costo de las PPP excede el costo del financiamiento público, e incluyen retornos a los inversionistas que son más altos que un razonable pago por el riesgo”.
Martner y Tromben (2005), Opciones para enfrentar el sesgo anti-inversión pública.
MEF (2012), Determinación del Valor por Dinero.
MEF, Proyecto ferroviario Algorta – Fray Bentos.
Monbiot (2002), Very British Corruption. (Las citas de textos en inglés son traducciones propias).
Morallos y Amekudzi (2008), The State of the Practice of Value for Money Analysis in Comparing Public Private Partnerships to Traditional Procurements. “Dado que el resultado de que el PPR dé más barato que la PPP conducirá técnicamente a la cancelación del proyecto, las agencias pueden hacer pequeños ajustes en los cálculos del Valor por Dinero de forma que la PPP parezca más barata.”
Office for National Statistics (2015), Wider Measures of Public Sector Debt.
Siemiatycki y Farooqi (2012), Value form Money and Risk in Public-Private Partnerships, Journal of the American Planning Association, Summer 2012, Vol. 78, No. 3, pág 296. “En la práctica, sin embargo, el desarrollo el informe de Valor por Dineroes sólo un paso hacia el final del proceso de proceder con una PPP” “Teniendo en cuenta el proceso de planificación de PPP en Ontario, el informe de Valor por Dinero se utiliza para confirmar la PPP”.
Hace tiempo ya que una palabra sobrevuela las discusiones de diferentes proyectos de inversión pública: el “financiamiento”. En más de una ocasión, y sobre todo en esta época de menor crecimiento económico, se alegan “problemas de financiamiento” que dificultarían la concreción de inversiones. Lo que resulta llamativo es que estos problemas no necesariamente provocan la detención del proyecto, sino que lo redirigen hacia su concreción mediante modalidades alternativas.
Tres ejemplos permiten ilustrar este fenómeno. En primer lugar, en el primer semestre del año pasado las metas de déficit fiscal del gobierno implicaron la detención del Antel Arena. Varias voces se alzaron en contra de la paralización del proyecto, por lo que diferentes actores comenzaron a trabajar para viabilizar su concreción. De esta forma, comenzaron a verse titulares de prensa que planteaban “la comisión que estudia cómo financiar el Antel Arena entregará al presidente Tabaré Vázquez un documento con tres alternativas” (El País, 21/7/2015), “Antel Arena: comisión entregará informe para su financiamiento” (CX30, 23/7/2015), “Gobierno evalúa alternativas para financiar Antel Arena” (Radio Rural, 16/7/2015). De esta forma, parecería que el problema que inviabilizaría el Antel Arena era un problema de “financiamiento”, y a partir de estas consideraciones se planteó la realización de un fideicomiso para la concreción del proyecto.
Un segundo ejemplo es la construcción de la línea de transmisión en alta tensión Tacuarembó-Melo. Esta línea será construida bajo la modalidad de leasing *operativo, una modalidad alternativa de “financiamiento” que se utilizó para concretarla. Este proyecto en particular tiene dos elementos que resultan destacables. En primer lugar, una primera versión del proyecto, concebido como obra pública tradicional, ya tenía financiamiento aprobado por parte de dos entidades financieras, y este financiamiento fue descartado. En segundo lugar, esta sería la primera línea de transmisión que no sería propiedad de UTE. Según información publicada por Presidencia el 4/4/2016, las autoridades plantearon que la línea será propiedad de UTE, pero esta afirmación -además de implicar la extraña suposición de que uno alquila algo que es suyo- contradice las condiciones mismas del pliego del *leasing (pueden verse por ejemplo la respuesta número 3 de la Circular 2 y la respuesta número 14 de la Circular 6, en el listado general de licitaciones en la sección Compras del portal de UTE).
Un tercer ejemplo lo constituye la propuesta para reformar el Hospital de Clínicas. Se plantea que el Estado y la Universidad de la República están de acuerdo en que hay que reformarlo, pero “tienen diferencias acerca de cómo se debe financiar esta reestructura” (por ejemplo, en el informe especial de Código país, Canal 12, de junio de este año), en que “dada la situación económica del país y las prioridades en infraestructura, las posibilidades de financiamiento de una obra de este tipo eran por medio de mecanismos de participación público-privada (PPP)” y que [la PPP “es una alternativa de financiamiento”(http://ladiaria.com.uy/AGR5).
Los tres casos implican decisiones de pasar de realizar obra pública tradicional a modalidades alternativas de inversión, ya sea fideicomiso, leasing o PPP. Desde el punto de vista del financiamiento, esencialmente los tres casos implican sustituir un flujo de pagos a futuro a un banco o institución financiera por un flujo de pagos a futuro a otra entidad. En alguno de estos casos la propiedad deja de ser estatal. En la PPP puede alegarse que hay además elementos de mantenimiento y gestión de la infraestructura que la diferencian de la obra pública tradicional, y que también existen transferencias de riesgo, una categoría tan utilizada como oscura, que por momentos parece tener más asidero en la necesidad de justificar un tratamiento diferente desde el punto de vista contable que en su dimensión real.
A riesgo de resultar simplista, en general un problema de financiamiento se da cuando uno no puede conseguir recursos para hacer algo. Problemas de financiamiento tiene mi amigo Alfredo, que por tener ingresos bajos y fluctuantes no consigue un banco que le preste plata como para comprarse una casa. O mi vecina Julia, que ya tiene un nivel de endeudamiento importante en la tarjeta de crédito, por lo que no es conveniente que siga endeudándose. Pero en los ejemplos de inversión pública mencionados anteriormente no parece haber un problema de restricciones para tomar deuda, y si hubiera un problema de nivel de deuda, tampoco se salva con modalidades alternativas, porque lo que se hace simplemente es cambiar un tipo de deuda por otro (así como Julia no solucionaría sus problemas de endeudamiento pidiéndole prestado a un vecino, por más que esa deuda no le aparezca en el recibo de la tarjeta).
Mi impresión -confieso, antes de continuar, que puedo estar sesgado, pues tengo cierta obsesión con este tema- es que el uso que se le da al término “financiamiento” es producto de la forma de registro contable de la inversión pública, que se registra totalmente en el momento que se ejecuta y no repartida a lo largo del tiempo (como en la contabilidad privada), provocando un impacto contable diferente, tanto en el déficit fiscal como en la deuda, que produce un sesgo favorable a las modalidades alternativas de inversión. Es verdad que hay elementos adicionales que permean las discusiones de estos proyectos. En el caso del Antel Arena, qué tan pertinente es que Antel realice un emprendimiento de este tipo; en el caso de la infraestructura de salud y educación mediante PPP, las virtudes que puede tener que un privado se encargue de las funciones de infraestructura y el Estado de la provisión del servicio, o las bondades de la adecuada distribución de riesgos. Pero estos elementos, que son sumamente relevantes e interesantes, son en realidad ajenos al concepto de “financiamiento”.
La propuesta de realizar inversiones por modalidades alternativas puede ser, además de una trampa al solitario, un arma de doble filo. La generación de pasivos contingentes por medio de estos mecanismos genera también endeudamientos que pueden comprometer acciones futuras, siendo estos, además, un fenómeno de creciente interés por parte de los organismos multilaterales de crédito y las calificadoras de riesgo. Si la respuesta al noble propósito de realizar inversiones necesarias es adoptar estas modalidades alternativas de inversión como solución al “problema del financiamiento”, podemos terminar en un peligroso final: un endeudamiento importante -quizá con menos deudas financieras pero con más deudas no financieras-, además de la pérdida de propiedad estatal de sectores claves en la economía.
Una versión previa de esta columna fue publicada en el blog Razones y personas.
¿Privatización de la generación eléctrica?
El proceso de cambio de la matriz eléctrica ha sido una de las políticas estrella del gobierno. Energía limpia, renovable, autoabastecimiento energético, primeros lugares en rankings mundiales. “Donde Uruguay lidera, el resto del mundo lucha por seguirle el ritmo”, “La revolución renovable uruguaya”, “Uruguay, a un paso de ser el primer país sustentable” han sido titulares de reconocidos medios internacionales que destacan el cambio en la matriz eléctrica uruguaya, ponderando sus virtudes.
Sin embargo, este aplaudido proceso debería permitirnos algunos aprendizajes. Hay quienes aseguran que durante los últimos diez años hemos asistido a un proceso de privatización de la generación eléctrica. Otros, por su parte, contraponen que no cabe la palabra “privatización”, ya que los actores privados han crecido en la incorporación de potencia nueva (nada público se ha vendido), que se ha realizado con una fuerte presencia del Estado como regulador y que el principal generador sigue siendo UTE. Más allá de si el mote “privatización” es apropiado para describir el proceso de los últimos tiempos, resulta interesante indagar sobre las razones que explican por qué hace una década la generación eléctrica era exclusivamente de UTE y ahora, luego de diez años de gobierno frenteamplista, casi un cuarto de la energía consumida en 2015 surgió de generadores privados, con perspectiva creciente para el futuro.
Algunos sostienen que este fenómeno es consistente con la visión económica que tiene el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, quien plantea que “el mundo está cambiando hacia un nuevo paradigma en el que no importa tanto quién es el dueño de los fierros, sino qué es lo que se hace con ellos, quién los gestiona, quiénes reciben y cómo se distribuyen los beneficios que estos generan.” Quienes sostienen esta hipótesis plantean que si este es el “nuevo paradigma”, en el que la propiedad de los medios de producción ya no importa, entonces el desarrollo de la propiedad privada en el sector eléctrico no debería resultar una sorpresa.
Sin embargo, y a riesgo de ser acusado de ingenuo, no creo que ninguna de estas hipótesis sea el factor explicativo principal del proceso al que hemos asistido este último tiempo. Hay un elemento que en general no es considerado y que, a pesar de ser menos ideológico y sonar mucho más aburrido, es, a mi entender, fundamental: la relación contable entre inversión pública y déficit fiscal.
Inversión pública y déficit fiscal
La contabilidad nacional registra con criterio caja el déficit fiscal. Esto implica que las inversiones públicas son consideradas en su totalidad el año que se ejecutan, de la misma forma que se contabiliza un gasto. Si, por ejemplo, UTE construye un parque eólico de 100 millones de dólares, entonces habrá 100 millones de dólares ese año que se contabilizarán para el déficit fiscal. Sin embargo, si la inversión la realiza un privado, o la realiza UTE por intermedio de una modalidad alternativa (leasing, fideicomiso, sociedad anónima, participación público-privada), entonces no aparece en el déficit fiscal, o aparece una pequeña parte ese año. De aquí que muchas veces se opte, para no aumentar el déficit fiscal pero poder realizar inversiones, por soluciones que no pasan por la inversión pública tradicional.
Se podrá decir que, aunque dicho criterio contable fuera modificado, aunque la inversión de la empresa pública en el déficit fiscal se distribuyera a lo largo de su vida útil (como se contabiliza en una empresa privada) y no enteramente el año que se ejecuta, igual UTE no podría haber afrontado la enorme cantidad de recursos asociados al desarrollo eólico, o que asumirla habría implicado un endeudamiento excesivo de la empresa. Esta afirmación parece ser razonable; sin embargo, en el caso de la opción por el desarrollo eólico privado de estos últimos años, no aplica. En términos esquemáticos, el desarrollo eólico privado en Uruguay se sustenta en contratos a largo plazo de venta de energía con UTE, que garantizan un flujo de pagos razonable y seguro como para que un banco le preste dinero al emprendedor privado. Estos contratos de largo plazo son, en esencia, pasivos de UTE, que comenzaron a aparecer como notas de los estados contables en 2009, y en la actualidad aparecen como “Pasivos por concesión de servicios”, por un monto importante (unos 1.000 millones de dólares) y con una perspectiva de tendencia creciente. El desarrollo eólico privado no sólo no ha evitado el endeudamiento de la empresa pública, sino que lo ha incrementado sustancialmente, con la única diferencia de que los pasivos, en lugar de ser con entidades financieras, son con los generadores privados.
El gobierno ha planteado un plan de inversión en infraestructura de 12.000 millones de dólares para el quinquenio. En el sector energético en particular, se plantea una inversión de 4.230 millones de dólares, de los cuales 40% será vía inversión tradicional y 60% vía modalidades alternativas. Vale la pena preguntarnos si esta división surge de criterios económicos, y qué tanto está influenciada por el criterio contable y su impacto en el déficit fiscal. Por poner un ejemplo, ¿la decisión de realizar la línea de transmisión de alta tensión Tacuarembó-Melo mediante la modalidad alternativa de leasing operativo -con la que se configura, por primera vez en la historia de Uruguay, una línea de transmisión que no será propiedad de UTE- es producto de un análisis económico que pondera las supuestas virtudes que tendría alquilar esta línea en lugar de comprarla? ¿O es una opción escogida porque permite que dicha inversión no impacte en las cuentas públicas? Vale aclarar nuevamente que, más allá de cómo ingrese en la contabilización del déficit fiscal, la inversión generará una deuda que estará a cargo de UTE, bajo cualquier modalidad.
De esta forma, la contabilidad nos ha jugado -y nos sigue jugando- dos malas pasadas. Por un lado, la forma de contabilizar la inversión pública en el déficit fiscal provoca un sesgo a favor de la inversión privada; por otro lado, el endeudamiento de la inversión privada termina impactando directamente en los pasivos de UTE.
La identificación de este problema contable no es una novedad. Se encuentra presente en documentos de grandes entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo publicados en la última década. En Uruguay se pueden encontrar menciones a este problema contable en intervenciones de importantes figuras del gobierno, como por ejemplo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, en el Seminario sobre Regulación de Empresas Públicas en América Latina en enero de 2015, o el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo en la Comisión Investigadora de ANCAP en octubre de 2015 (vale aclarar antes de continuar -porque el tema contamina cualquier discusión de estos asuntos- que este análisis no tiene nada que ver con las pérdidas y la capitalización de ANCAP, que tienen explicaciones que corren por carriles diferentes).
Posibles soluciones
Las soluciones tampoco son novedosas, ni histórica ni geográficamente. Durante la primera mitad del siglo XX, la práctica contable en el mundo y en Uruguay era la de contabilizar de forma diferente gastos e inversiones: los primeros debían cubrirse con ingresos corrientes; los segundos, con deuda. A este criterio se lo conocía como “la regla dorada”.
En los últimos tiempos, en Chile las estadísticas fiscales cubren el gobierno general, y no se consolidan los saldos con las empresas públicas; la práctica de México excluye del cálculo del déficit tradicional a los proyectos de inversión de petróleo y energía, por intermedio de los Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto). En Europa existen experiencias de metas fiscales asociadas a la “regla dorada”: Alemania utiliza desde 1969 este tipo de regla, en el que se excluye de la meta fiscal a la inversión pública; el código de estabilidad fiscal de Reino Unido desde 1998 plantea un criterio similar. También hay experiencias de excluir la inversión pública de las reglas fiscales en Brasil, Ecuador, Hong Kong y Japón. Adicionalmente, la aplicación completa de los principios de contabilidad pública del manual de FMI de 2001 permitiría solucionar este problema.
Esta relación contable es realmente problemática, particularmente en una coyuntura de menores tasas de crecimiento y alto déficit fiscal, y sobre todo en un país como Uruguay. Como plantea el economista Gabriel Oddone, “no podemos seguir estando en un régimen en el que las inversiones de las empresas públicas, en el consolidado de la contabilidad del sector público no financiero, son un gasto. Esto es una locura. Restringe las inversiones de las empresas, afecta el desarrollo de la infraestructura en un país -como lo ha señalado el BM- en donde este desarrollo está en manos de las empresas públicas. Este no es un país en donde el desarrollo de infraestructura esté en manos de un sector privado muy dinámico; la provisión de infraestructura está, y va a estar por mucho tiempo, en manos de las empresas públicas. Tener un sistema de contabilidad que no favorece a transparentar cuándo una inversión pública es una compra de un activo, y por lo tanto no debe ser consolidado en el ajuste global del sector público no financiero como una erogación de caja, es un tema crucial.”
Tratar desde una perspectiva contable de igual forma al gasto y a la inversión en el déficit fiscal no es un axioma inviolable, no vino escrito en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés; es un criterio técnico que se maneja actualmente y, como tal, existe la posibilidad de discutirlo. Cambiar el criterio contable no implicará que toda la inversión pase a ser pública; no es el objetivo, ni sería recomendable. Lo que sí nos permitirá es -si se me permite la expresión- “descontaminar contablemente” la discusión sobre decisiones de inversión, y utilizar los diferentes instrumentos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Inversión pública tradicional, inversión pública por modalidades alternativas, participación público-privada e inversión privada deberían ser alternativas de un menú de opciones que tenga como ejes de evaluación criterios económicos y políticos, no contables.
Debe reconocerse que la actual forma de contabilizar la inversión pública en el déficit fiscal tendría la supuesta virtud de operar como una restricción a esta y, desde una visión de prudencia fiscal, puede plantearse el temor a que su modificación conduzca a un escenario de mayor dilapidación de recursos. Sin embargo, lo que sucede en la actualidad no es que el criterio contable restrinja las inversiones, sino que en realidad las desvía hacia otras modalidades, en muchos casos más caras y con menores controles. El cambio en la forma de registro de la inversión pública en el déficit fiscal no debe concebirse como una liberación de las restricciones a la inversión pública, sino como un cambio conceptual de cuál debe ser la correcta restricción. Las inversiones operan en el largo plazo, por lo que no tiene sentido asignarles una restricción de corto plazo (el déficit fiscal), sino una de largo plazo (por ejemplo, la deuda). El cambio de restricción debe, sin dudas, acompañarse por controles que aseguren inversiones de alta calidad y justificada rentabilidad. Medidas como la creación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, o el avance en las áreas de control del endeudamiento de las empresas públicas que comenzó con la Rendición de Cuentas de 2010 y fue mejorándose en años sucesivos, son avances acertados, que complementan la propuesta y fortalecen la gestión eficiente de la inversión pública.
El tema, sin dudas, no suena épico; difícilmente se convoque una marcha para el cambio de la contabilidad pública. Sin embargo, el futuro de la generación, transmisión y distribución del sector eléctrico, así como el desarrollo de infraestructura en el país, tiene una importante relación con esta definición. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso y caro si tiene como única justificación eludir una definición contable. Esta definición no es una verdad revelada, sino una regla que es necesario discutir; el objetivo debería ser que las decisiones de inversión se asienten en fundamentos económicos y políticos, y no continuar asistiendo pasivamente a la penosa victoria de la contabilidad sobre la economía.
Una versión previa de esta columna fue publicada en el blog Razones y personas.
Juan lleva las cuentas de su casa de manera impecable. Mes a mes completa una planilla con sus gastos, que intenta que sean menores o iguales que sus ingresos. Cuando lo logra, subraya el resultado con un resaltador verde; cuando gasta más de lo que ganó, subraya con rojo. El proceso de registro, heredado de su padre -un viejo almacenero-, es una costumbre que él continúa de forma rigurosa.
Luego de muchos años Juan logra una vieja aspiración. Con un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y sus escasos ahorros logra por fin comprar su casa, que hasta el momento alquilaba. Comprarla, además de darle un horizonte finito de pagos que terminará en 15 años, le permitirá hacerle algunas reformas que siempre quiso realizar. Sin embargo, la noche del último día del mes, cuando se apresta como siempre a hacer un resumen de los gastos e ingresos, se encuentra con una importante disyuntiva. En términos de gastos e ingresos comunes este mes ha sido bueno, con un saldo positivo. Sin embargo, si incluye en la planilla el costo de la casa que ha podido comprar, el mes se convierte en el peor de su historia, con una pérdida enorme. El número en rojo lo interpela, ¿habrá sido una buena decisión comprar la casa? La disyuntiva de Juan tiene dos soluciones: o anota todo el gasto de la compra de la casa ese mes, o utiliza otro criterio que distribuya de alguna manera ese gasto a lo largo del tiempo.
La primera solución es la que se utiliza en la contabilidad pública: el gobierno central y las empresas públicas registran las inversiones en su totalidad en el año en que se realizan. La segunda opción es la que se adopta en el sector privado: las empresas registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. Este pequeño detalle contable genera una de las discusiones más importantes de política fiscal en Uruguay: la referida a la relación entre déficit fiscal e inversión pública.
Juan acude a los apuntes de su padre, que fijaba en un cuaderno de tapas negras los criterios a utilizar. Encuentra que, al principio de su vida, el viejo buscaba que cada mes los gastos comunes fueran iguales a los ingresos, y que los gastos de largo aliento -la compra de la heladera del almacén, la inversión en la camioneta- se empataran con el pedido de un préstamo, siempre y cuando la cuota de ese préstamo pudiera ser pagada en el futuro. Sin embargo, en un momento el viejo cambió el criterio y pasó a registrar todo el gasto en el mes en que se realizaba.
La práctica contable mundial en la primera mitad del siglo XX seguía un criterio conocido como “la regla de oro”, que estipulaba que los gastos corrientes debían financiarse con ingresos corrientes, y los gastos de capital, con deuda pública. Este criterio se sustituyó luego; en América Latina se hizo fundamentalmente bajo el influjo del Manual de contabilidad pública del Fondo Monetario Internacional (1986), y se pasó a registrar toda la inversión pública en el año en que se ejecuta. Dicho manual fue modificado en 2001 -se reemplazó el criterio de caja por el criterio de lo devengado-, pero ese cambio no ha sido incorporado aún totalmente en Uruguay, aunque sí en otros países de la región.
Juan, consternado por el rojo en su planilla -¡qué diría el viejo si se levantara de la tumba, qué vergüenza!-, consulta entre sus conocidos, quienes le aconsejan diferentes opciones. María le plantea que, en la medida en que la cuota del BHU es igual que el anterior alquiler, estuvo bien la decisión de comprar su casa, porque el gasto en el futuro va a ser igual que el de antes, con la diferencia de que va a tener una casa propia. López, el vecino, le propone otra solución: él le ofrece comprarle la casa y alquilársela mes a mes, para que no tenga problemas con el rojo en su planilla. Cardozo, un conocido contador, le sugiere la creación de una sociedad anónima a medias con él y unos criterios que le permitirían sobrellevar el problema de los números rojos. El hijo de Cardozo, también contador, le dice que es mejor inclinarse por un fideicomiso financiero, que tiene virtudes financiero-contables muy sofisticadas que le permiten distribuir el riesgo de los bienes que lo integran...
El gobierno se enfrenta a la razonable necesidad de reducir el déficit fiscal. Esta necesidad está atada, inexorablemente, a la definición contable que plantea que la inversión pública forma parte del déficit en el momento que se ejecuta. El problema es que este criterio -que es discutible, que no se ha utilizado siempre y que no se utiliza necesariamente en todos los países- no es inocuo. Implica, por la vía de los hechos, uno o varios problemas: la no realización de inversiones imprescindibles (y que de no hacerse de forma oportuna implican más gastos en el futuro), la pérdida parcial o total de la propiedad estatal de activos fundamentales para el país, así como una menor capacidad de control de los gastos, al realizarse éstos de formas legales alternativas y/o mediante procesos que simplemente terminan siendo más costosos. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso si tiene como única justificación eludir una definición contable. El problema central radica en que decisiones que deberían adoptarse en el terreno de la planificación estratégica, de la discusión del rol del Estado en la economía, del papel de las empresas públicas, parecen terminar cerrándose, de forma pueril, en el terreno de la contabilidad. Es la penosa victoria de la (mala) contabilidad sobre la política.
Juan, mareado por los consejos y su planilla, da vueltas en la cama. No entiende bien qué está sucediendo, pero lo que sabe es que la planilla no debería tener un número rojo tan grande. La regla que utilizaba su padre es sagrada, no puede modificarla. Piensa en ir al otro día al BHU a reconsiderar el préstamo y cancelar el contrato de compraventa de la casa. Así, por fin, se duerme tranquilo, pensando en el flúo verde con el que podrá marcar la planilla mañana.
Una versión previa de esta columna se publicó en el blog Razones y Personas.
En un artículo anterior (ver http://ladiaria.com.uy/UGW) se analizó la relación entre los partidos políticos y el voto a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Los datos por circuitos evidenciaban un claro vínculo entre el voto por Sí y el partidario: los votantes del Frente Amplio (FA), en su enorme mayoría, no apoyaron el plebiscito (solamente cerca de 20% puso la papeleta del Sí), mientras que sucedió lo inverso con los votantes de los partidos tradicionales (74% y 88% de votos con papeletas para los partidos Nacional y Colorado, respectivamente). En el caso del Partido Independiente (PI), la estimación arrojó una alta proporción de votos con papeletas del Sí, pero este resultado debe matizarse debido a la mayor varianza y el poco peso electoral del PI en cada circuito.
El objetivo de este artículo es realizar un análisis por edad. ¿Los adultos tuvieron mayores niveles de adhesión al plebiscito? ¿Los jóvenes se rebelaron contra éste? Dado que no se cuenta con información voto a voto (la Corte Electoral no informatiza esos registros), un primer acercamiento consiste en realizar una regresión en base a información de circuitos como la realizada para los partidos políticos, teniendo como variable dependiente el porcentaje del Sí a la baja en cada circuito, y como variables explicativas el porcentaje de votantes jóvenes (menores de 30), adultos (30-65) y adultos mayores (mayores de 65).
Los resultados de la regresión indican que los circuitos con votantes de mayor edad tuvieron mayores niveles de apoyo al plebiscito. Bajo algunos supuestos, se puede deducir que 42% de los jóvenes, 46% de los adultos y 56% de los adultos mayores incluyeron la papeleta del Sí.1 Una consideración apresurada de la regresión podría llevarnos a concluir que hay un corte etario que explica el resultado del plebiscito, pero un análisis más pormenorizado permite afinar y matizar esa conclusión.
En primer lugar, este perfil etario no parece demasiado alejado del promedio total de votos por Sí. Al representar la nube de puntos entre el porcentaje de apoyo al plebiscito y el porcentaje de votantes de cada tramo etario en cada circuito, a diferencia de lo que sucede cuando se representa por partido político, el resultado no sugiere relaciones claras entre las edades y los votos por el Sí.
La pregunta que surge a continuación es si la relación entre edades y adhesión al plebiscito no está mediada en realidad por otra variable (por ejemplo, que los jóvenes votaron en forma mayoritaria al FA). Para saber cuál es la variable preponderante, se puede realizar una regresión con ambos tipos de variables (partidarias y por edades).2 Este análisis nos plantea dos elementos; el primero, que la combinación de ambos argumentos aporta información, pero no mucha más que la que se obtiene del análisis utilizando únicamente el voto a partidos. En segundo lugar, da una idea del bajo poder explicativo de las edades. Mientras que la diferencia en el porcentaje de adhesión al plebiscito entre un votante del FA y uno del Partido Nacional es importante (55%), la diferencia entre un votante joven y uno viejo del mismo partido es, en promedio, menos de 2%.
¿Esto implica que no hubo una mirada generacional sobre el problema? ¿Implica que no existe la “generación no a la baja”? No, para nada. El concepto de “generación no a la baja” refiere a un actor colectivo que jugó un papel fundamental en la construcción de una campaña política que encolumnó a casi la totalidad de los actores juveniles de todo el espectro político y al Uruguay organizado detrás de la defensa de los derechos de adolescentes y jóvenes. Lo que sí parecen indicarnos los datos es que este sesgo en la acción colectiva no necesariamente se tradujo en un sesgo etario en la conducta electoral ante el plebiscito, o al menos que ese eventual sesgo no fue apartidario.
El artículo metodológico está disponible en el blog penillanura.wordpress.com. Las estimaciones se obtuvieron bajo el supuesto de constancia de Goodman. Más allá de la incertidumbre sobre los valores exactos, la diferencia de apoyo al plebiscito por edades es robusta con diferentes especificaciones y agrupaciones de cohortes. ↩
Nuevamente, se realiza el análisis como si los coeficientes de los circuitos en forma agregada representaran coeficientes individuales. ↩